Titulares07 de octubre de 2014

La Corte Suprema ha brindado una gran victoria para la igualdad en el matrimonio rechazando las apelaciones de cinco estados que procuraban prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión deja intactas las resoluciones de tribunales inferiores que quitaron la prohibición del matrimonio homosexual en Virginia, Utah, Oklahoma, Indiana y Wisconsin. Rob MacPherson, un demandante en el caso de Indiana, celebró el fallo con su esposo, Steven Stolen.

Rob MacPherson declaró: “Hemos estado juntos por 27 años y esto sólo lo hace oficial. Podemos marcar algunas casillas y obtener el seguro de salud para Steven porque lo necesitaba; no me lo podrán seguir denegando nunca más, ni a él, y nuestra hija ahora está protegida en caso de que nos sucediera algo y eso es maravilloso”.

Pocas horas después del fallo, los funcionarios de condado en los cinco estados comenzaron a emitir libretas de matrimonio a parejas del mismo sexo. La decisión de la Corte extenderá también el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a seis estados más cubiertos por los mismos tribunales federales de apelaciones que los cinco estados iniciales: Colorado, Wyoming, Kansas, Virginia Occidental, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Eso convierte la cifra total de los estados donde el matrimonio homosexual es legal a 30: una mayoría en el país.

Los aviones de guerra liderados por Estados Unidos tienen como objetivo los militantes del Estado Islámico cerca de la ciudad sitiada siria Kobane, a lo largo de la frontera con Turquía. Las fuerzas kurdas están intentando obligar a retroceder a los militantes después de que avanzaran sobre la ciudad el lunes, tomando el control de los vecindarios del este y obligando a huir a cientos de civiles. Los ataques dirigidos por Estados Unidos en la zona durante las últimas dos semanas hasta ahora no han logrado detener el avance de los militantes, que en caso de capturar Kobane estarían controlando una gran franja de la frontera entre Turquía y Siria.

Según el Comando Central de Estados Unidos, Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo más de 340 ataques aéreos en Irak y Siria hasta el lunes, alrededor del 70% de ellos en territorio iraquí. Aparte de ocho ataques dirigidos contra el Grupo Khorasan, todas las incursiones tuvieron como objetivo al Estado Islámico. El Comando Central afirma que los ataques aéreos alcanzaron posiciones de combate, campos de entrenamiento y almacenamiento de armas, y que destruyeron o dañaron más de 300 vehículos, entre ellos decenas de vehículos militares “Humvee” estadounidenses capturados de las fuerzas iraquíes por el Estado Islámico. El Comando Central también informó que ha comenzado a volar helicópteros en Irak por primera vez como parte de la campaña. Este paso podría poner a las tropas estadounidenses bajo riesgo de fuego de los militantes en el terreno.

Un informe reciente halló que un gran porcentaje de las municiones utilizadas por los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria provino de Estados Unidos. El grupo con sede en Londres Conflict Armament Research analizó municiones de pequeño calibre recuperadas de los militantes. Si bien los cartuchos recuperados tienen origen en 21 países, entre ellos China y Rusia, casi el 20% de ellos vino de Estados Unidos. El informe afirma que “las fuerzas del Estado Islámico parecen haber adquirido una gran parte de su arsenal actual a partir de las existencias incautadas o abandonadas por las fuerzas de defensa y de seguridad iraquíes. Estados Unidos obsequió gran parte de este equipamiento a Irak”.

Más de 100 personas se encuentran desaparecidas después de que un barco que transportaba inmigrantes procedentes de Siria y África subsahariana se hundiera en el Mar Mediterráneo, frente a la costa de Libia. Decenas de otros inmigrantes fueron rescatados. Un informe publicado el pasado mes divulgó que más de 3.000 inmigrantes han muerto este año al cruzar el Mar Mediterráneo hacia Europa, más del doble del máximo anterior, registrado en 2011.

Un ataque de aviones no tripulados de Estados Unidos mató a seis personas en el noroeste de Pakistán. Funcionarios de inteligencia no identificados dijeron a Reuters que el objetivo era un presunto campo de entrenamiento militante en el área de Shawal de Waziristán del Sur. El ataque del martes fue por lo menos el tercer ataque estadounidense en la zona en tres días. Los dos ataques anteriores provocaron cada uno la muerte de cinco personas, el domingo y el lunes.

El Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, anunció que dejará temporalmente su cargo con el fin de enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Kenyatta y su vicepresidente, William Ruto, están acusados de incitar violencia étnica que provocó la muerte de 1.200 personas tras las elecciones de Kenia de 2007. Al otorgar el poder a Ruto durante la audiencia de esta semana, Kenyatta evitará convertirse en el primer Presidente actuante en comparecer ante la Corte y alegó que tomó esta medida para preservar la soberanía de Kenia.

El Presidente Kenyatta declaró: “Yo ahora daré el paso extraordinario y sin precedentes de invocar el artículo 147.(3) de la Constitución y en breve voy a emitir el aviso legal necesario para designar al honorable William Ruto, vicepresidente, como presidente interino mientras asisto a la conferencia de La Haya en los Países Bajos”.

La práctica estadounidense de realizar alimentación forzada a los presos en huelga de hambre de Guantánamo está siendo sometida a una audiencia pública sin precedentes en un tribunal civil. El caso involucra a un huelguista de hambre sirio encarcelado durante más de una década. Abu Wa’el Dhiab sigue en Guantánamo a pesar de haber sido liberado de cargos para ser puesto en libertad en 2009. Ha estado en huelga de hambre periódicamente durante siete años en protesta por su detención indefinida. Los abogados de Dhiab están demandando las prácticas de alimentación forzada incluyendo “extracciones de la celda forzadas”, donde los prisioneros son transportados desde sus celdas para ser sometidos a la alimentación forzada por un equipo de soldados con uniformes antidisturbios, así como el uso de lo que los presos llaman “silla de tortura” donde les sujetan la cabeza y las cuatro extremidades mientras se les introduce un tubo de alimentación por la nariz. El Departamento de Justicia intentó mantener en secreto la audiencia de esta semana por motivos de seguridad nacional, pero la Jueza de distrito Gladys Kessler rechazó la petición y también ordenó que los videos con la alimentación forzada de Dhiab sean publicados después de ser editados.

El ex prisionero de Guantánamo Mozzam Begg afirma haber ofrecido su ayuda para garantizar la liberación del rehén británico Alan Henning, que fue ejecutado por combatientes del Estado Islámico la semana pasada. Begg, que encabeza el grupo en defensa de los prisioneros Cage, pasó tres años bajo custodia de Estados Unidos sin que mediaran cargos en su contra y sin haber sido juzgado. Recientemente, fue nuevamente arrestado y retenido durante siete meses por cargos de terrorismo en Inglaterra. Posteriormente, fue liberado tras derrumbarse el caso en su contra. Antes de su arresto, Begg había iniciado negociaciones con la cancillería británica a fin de colaborar para lograr la liberación de Henning, un conductor de taxis que estaba en misión de ayuda en Siria. Begg declaró a la BBC que quería enviar un mensaje de video al que consideraba que los combatientes prestarían atención.

Moazzam Begg expresó: “Si pudiera hacer una grabación de video con un mensaje en la lengua, la terminología, las palabras que el Estado Islámico pudiera comprender, decirles que yo mismo fui prisionero de Guantánamo, vestido de naranja y enfrentándome a una posible ejecución porque los estadounidenses habían construido las cámaras de ejecución. El mismo Abu Bakr al-Baghdadi fue prisionero de los estadounidenses, por lo que sería un mensaje muy sentido, un comunicado muy directo que quería hacer en lengua árabe”.

Begg afirmó haber pasado tiempo en Siria antes del levantamiento del ISIS y haber logrado la liberación de otros rehenes. Sostuvo además que el gobierno británico no logró considerar sus ofrecimientos seriamente debido a sus “intentos por demonizarme y criminalizarme”.

El gobierno de México ha enviado a la policía federal para que se haga cargo de la seguridad del sureño estado de Guerrero luego de la desaparición de 43 estudiantes y del descubrimiento de una fosa común que contenía decenas de cuerpos quemados. Los estudiantes de un centro de formación docente rural permanecen desaparecidos desde hace más de una semana, después de que la policía y hombres armados no identificados emboscaran los autobuses en los que viajaban en las cercanías de la pequeña ciudad de Iguala, a dónde se dirigían para solicitar donaciones para su centro educativo. Veintidós agentes de policía han sido detenidos. El alcalde de la ciudad y el jefe de policía parecen haber huido para evitar ser interrogados al respecto. La policía ha sido acusada de colaborar con una organización narcotraficante llamada Guerreros Unidos. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió que los responsables serían llevados ante la justicia.

Enrique Peña Nieto declaró: “Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes que lamentablemente se encuentran desaparecidos demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna”.

Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos continúan protestando contra el gobierno y afirmando que las autoridades no están haciendo lo suficiente para dar con el paradero de sus seres queridos. Macedonia Torres, la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, sostuvo que las autoridades harían más si fueran sus propios hijos los que se encontraran desaparecidos.

Macedonia Torres expresó: “Van a mover cielo y tierra y mar para encontrarlos. Es lo que vamos a hacer, haremos lo necesario y no vamos a descansar hasta encontrarlos”.

Prestadores de servicios de salud para las mujeres en Texas han solicitado a la Corte Suprema que deje sin efecto medidas contrarias al aborto que han restringido el acceso al aborto en ese estado. El fallo de un tribunal federal de apelaciones de la semana pasada permitió la inmediata entrada en vigencia de requisitos edilicios similares a los hospitalarios, provocando así el cierre de todas menos ocho clínicas en un estado que previamente contaba con más de 40. El tribunal obligó además al cierre de las únicas dos clínicas que quedaban en Rio Grande Valley. A las pacientes en procura de un aborto que llegaron a las instalaciones de Whole Woman’s Health en la ciudad de McAllen el pasado viernes se les informó que la clínica de abortos habilitada legalmente más cercana se encontraba ahora a unas cuatro horas en dirección norte. Whole Woman’s Health y otros prestadores han entablado un recurso de emergencia solicitando a la Corte Suprema que intervenga. En el mismo, expresan: “Nos vemos obligados a negar a las mujeres la posibilidad de acceder a cuidados de la salud seguros y compasivos simplemente a causa de la agenda ideológica de nuestros políticos”.

Mujeres inmigrantes recluidas al sur de Texas han acusado a guardias de haberlas agredido sexualmente. El centro de detención del condado de Karnes abrió sus puertas el pasado mes de agosto. Lo gestiona la compañía privada The Geo Group. El centro alberga a más de 500 madres y niños, la mayoría de los cuales solicitan asilo tras haber huido de la violencia y la persecución que vivían en América Central. En una demanda federal entablada la semana pasada se alega que los guardias prometen a las mujeres que las ayudarán con sus casos de inmigración a cambio de favores sexuales y de retirarlas de sus celdas durante la noche para abusar sexualmente de ellas. El miércoles, ofreceremos más información acerca del nuevo centro de detención familiar, así como de la crisis del acceso al aborto en Texas al transmitir en vivo desde San Antonio (en inglés).

Integrantes de la Asociación de Estudiantes de Ohio han ocupado la jefatura de policía de la localidad de Beavercreek en protesta por los mortales disparos efectuados por la policía contra John Crawford. El joven afroestadounidense de 22 años de edad fue asesinado en una tienda de Walmart el pasado mes de agosto luego de que en una llamada al 911 un denunciante lo acusara falsamente de estar apuntando con un arma a los clientes. En realidad, Crawford había tomado un rifle de aire comprimido descargado que estaba a la venta en el comercio. Un gran jurado se negó a condenar al agente que efectuó los mortales disparos contra él. La noche de ayer, unos veinte estudiantes durmieron en el hall de entrada del departamento de policía de Beavercreek. Solicitan el despido del agente que disparó contra Crawford y la presentación de cargos penales contra la persona que efectuó la llamada de denuncia al 911, Ronald Ritchie, cuyo relato se contradice con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Un juez federal ha determinado que la Policía en Ferguson, Missouri, violó la Constitución al responder a las manifestaciones en protesta por los mortales disparos efectuados por la policía contra el joven afroestadounidense de dieciocho años de edad Michael Brown. El caso está vinculado a la práctica policial de obligar a los manifestantes a mantenerse en movimiento permanente, indicándoles que no tenían permitido pararse o caminar muy lentamente.

Y la activista, docente y escritora Betty Reid Mandell, defensora de larga trayectoria de los derechos a la seguridad social, ha fallecido en Massachusetts a los 89 años de edad. Conocida a nivel local como el “hada madrina” de la oficina de seguridad social, Mandell daba consejos de supervivencia para ayudar a que las personas sin hogar accedieran a asistencia y con frecuencia publicaba artículos en desafío de lo que consideraba una guerra contra los pobres. Fue ex editora del periódico New Politics junto a Marvin Mandell, su esposo durante 60 años.