Un informe secreto del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de tortura de la CIA cuestiona el marco legal subyacente del programa y acusa a la agencia de obstaculizar a sus supervisores y manipular los medios de comunicación. Según las conclusiones del informe, obtenidas por McClatchy, la CIA realizó declaraciones incorrectas acerca de la cantidad de personas que detuvo y sometió a las mal llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”, caracterizó erróneamente la eficacia de las técnicas, evitó o impidió activamente la supervisión del Congreso, el Departamento de Justicia y su propio inspector general, ignoró las críticas internas y “manipuló los medios de comunicación mediante la coordinación de la entrega de información clasificada, que calificaba inapropiadamente la eficacia de las técnicas de interrogatorio mejoradas de la agencia”. El Comité de Inteligencia del Senado votó a favor de la desclasificación de las conclusiones y otras secciones del informe, pero no antes de que sean revisados por la CIA.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una fuerza de paz de 12.000 miembros en República Centroafricana, donde la violencia entre cristianos y musulmanes ha provocado temores de genocidio. Miles de personas han muerto y cientos de miles fueron desplazadas durante meses de enfrentamientos. Milicias cristianas han estado cometiendo asesinatos por venganza después de los abusos cometidos por los rebeldes musulmanes Seleka que tomaron el poder en un golpe de Estado en marzo pasado. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores del país elogió la resolución de la ONU de intervenir.
Toussaint Kongo-Doudou declaró: “Tenemos el desafío de la reconciliación política. Como mencioné en mi discurso, no es responsabilidad de la comunidad internacional resolver nuestro problema. La ONU o la comunidad internacional nunca van a resolver un problema a ningún país del mundo. Pero la ONU va a crear el marco necesario donde todos los ciudadanos de República Centroafricana puedan sentarse a negociar, hablar unos con otros, con el fin de encontrar una solución duradera a la crisis en República Centroafricana”.
El pasado martes, en el último episodio de violencia, al menos 30 personas murieron cuando una milicia cristiana atacó una ciudad controlada por los rebeldes en una zona rural al norte de la capital, Bangui.
Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y Rusia respecto a Ucrania. La OTAN ha lanzado imágenes de satélite que muestran aviones de combate y tanques rusos cerca de la frontera con Ucrania, donde afirma que se han reunido unas 40.000 tropas rusas. Rusia, por su parte, ha advertido que podría cortar el suministro de gas natural a Ucrania si el gobierno no paga sus deudas, una medida que podría afectar el suministro de gas a Europa. Hablando ante un panel del Senado el jueves, la portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland, alta diplomática estadounidense ante Europa, dijo que Estados Unidos ha puesto en marcha una “campaña por la verdad” en Ucrania.
Nuland declaró: “No podemos igualar la cantidad de dinero y esfuerzo que una sociedad cerrada como Rusia está invirtiendo en esto, pero sin duda podemos ayudar a nuestros amigos y asociados a desenmascarar las mentiras, obtener la historia correcta. Hemos reorientado una gran cantidad de fondos públicos de diplomacia para montar nuestra propia campaña por la verdad”.
Victoria Nuland fue grabada a principios de este año favoreciendo a ciertos funcionarios para liderar el nuevo gobierno de Ucrania, antes de que el Presidente Viktor Yanukovich fuera derrocado en un golpe de Estado. Su aparente favorito, Arseniy Yatsenyuk, es ahora Primer Ministro interino. Yatsenyuk se encuentra hoy en la ciudad natal de Yanukovich, Donetsk, en un intento de aliviar las tensiones con los manifestantes pro-rusos que han ocupado un edificio del gobierno.
En Taiwán, la policía se movilizó para expulsar a los manifestantes que estuvieron ocupando el Parlamento desde hace más de tres semanas en oposición a un nuevo acuerdo comercial con China. Cientos de manifestantes salieron el jueves después de que el presidente del Parlamento accediera a demandas clave, pero cientos más habían permanecido durante la noche. Conocido como el movimiento Girasol, ya que usa girasoles como un símbolo de esperanza, los estudiantes ingresaron al Parlamento el dieciocho de marzo para oponerse al acuerdo comercial que, según ellos, beneficiaría a las corporaciones ricas mientras amenazaba la democracia en Taiwán. A pesar de los aumentos de violencia y los intentos de la policía para expulsarlos, permanecieron en el lugar hasta esta semana. Ahora afirman que van a dirigir su movimiento a la sociedad más amplia.
Estados Unidos se ha negado a dar acceso a la Canciller alemana Angela Merkel a su archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y a responder las preguntas de Alemania sobre la vigilancia de Estados Unidos. Esta información fue revelada cuando un miembro del Parlamento alemán preguntó al gobierno de Alemania sobre las medidas que había adoptado después de los informes de que la NSA había espiado las llamadas telefónicas de Merkel. La NSA ha instituido una política general de retener registros de las personas que quieren saber si la agencia los ha espiado.
La Secretaria de Salud y Servicios Humanos del Presidente Obama, Kathleen Sebelius —quien supervisó el desastroso despliegue de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio— dimitió tras un mandato de cinco años. Sebelius fue objeto de fuertes críticas tras los problemas técnicos que afectaron el lanzamiento de la ley de salud. El jueves, Sebelius dijo que cerca de siete millones y medio de personas ya se han inscrito en el seguro a través de los nuevos mercados privados. Hoy Obama está nominando a Sylvia Mathews Burwell, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, para sustituir a Sebelius.
Legisladores republicanos continúan con su batalla contra Lois Lerner, la funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) en torno a quien gira la presunta persecución de grupos políticos desarrollada por ese organismo. Una unidad del IRS utilizó palabras clave para identificar a ciertos grupos políticos, la mayoría de los cuales eran de derecha. El jueves, una comisión de la Cámara de Representantes aprobó declarar a Lerner en desacato por negarse a dar testimonio en dos de sus audiencias. El día anterior, otra comisión de la Cámara de Representantes aprobó solicitar al Departamento de Justicia que evalúe la presentación de cargos penales contra Lerner.
Obama rindió tributo al movimiento por los derechos civiles y al Presidente Lyndon Johnson el jueves, durante un evento llevado a cabo en la biblioteca presidencial Johnson en Austin, Texas. Obama alabó la aprobación de programas sociales como Medicare y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que fue destruida por la Corte Suprema el año pasado. El evento conmemoró el cumplimiento de los 50 años desde que Johnson promulgó la histórica Ley de Derechos Civiles, el 2 de julio de 1964.
Obama expresó: “Yo rechazo este cinismo porque he vivido la promesa de las acciones de Johnson. Porque Michelle ha vivido el legado de esas acciones. Porque mis hijas han vivido el legado de esas acciones. Porque yo y millones de mi generación estuvimos en condiciones de tomar la batuta que él nos entregó”.
Afuera de la biblioteca, activistas por los derechos de los inmigrantes se encadenaron a sí mismos a una estatua de Martin Luther King Jr. en protesta contra el récord del gobierno de Obama en deportación de inmigrantes, dos tercios de los cuales han cometido infracciones menores (como infracciones de tránsito), o no tienen antecedentes penales de ningún tipo.
El Departamento de Justicia emitió un informe acerca de lo que califica como “deficiencias sistémicas” que inundan el Departamento de Policía de Albuquerque, en el que agentes han disparado y causado la muerte a al menos 23 personas desde el año 2010. Recientemente, dicho departamento enfrentó críticas por matar a James Boyd, un hombre sin hogar que aparentemente se estaba entregando cuando la policía abrió fuego. El informe llama a efectuar 44 modificaciones en políticas y entrenamiento, incluyendo mejores procedimientos para el trato con personas que padecen enfermedades mentales. Las conclusiones fueron transmitidas por Jocelyn Samuels, asistente adjunta del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Samuels dijo: “Nuestra investigación se centró en los tiroteos con intervención policial que condujeron a muertes entre 2009 y 2012, y hallamos que la mayoría de ellos no fueron razonables y violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Concluimos que los oficiales utilizaron fuerza letal contra personas que no representaban una amenaza inmediata de muerte o daño grave a los funcionarios u otras personas, y también contra personas que representaban una amenaza solamente para sí mismas. De hecho, encontramos que en algunos casos la conducta de los propios funcionarios fue la que intensificó el peligro y acrecentó la necesidad de usar la fuerza”.
El informe detalla abusos que implican la utilización de pistolas taser de choque eléctrico o pistolas de aturdimiento y hace referencia a que la policía aplicó una descarga eléctrica a un hombre de 75 años de edad que se negó a abandonar una estación de ómnibus, dio una descarga eléctrica y golpeó a un hombre que padecía una discapacidad mental que le impedía hablar, aplicó una descarga eléctrica a un joven de dieciséis años de edad que se negó a tirarse al suelo porque estaba lleno de vidrios rotos y dio una descarga eléctrica a un hombre que cargaba gasolina, provocando así que se prendiera fuego.
General Motors (GM) suspendió con paga a dos ingenieros, en el marco del escándalo que se amplía en relación a un dispositivo de encendido defectuoso vinculado al menos a trece muertes, y probablemente a cientos más. GM agregó además otra reparación a los 2,6 millones de automóviles que retiró del mercado con dispositivos de encendido defectuosos. Los vehículos exigirán además nuevos cilindros para la llave, debido a una falla que permite que las mismas sean retiradas mientras el motor se encuentra encendido. GM afirma haber recibido varios cientos de quejas por “llaves que se salen del encendido”.
Un juez federal aceptó un acuerdo por el que se declara culpable la financiera de fondos de riesgo SAC Capital, sellando así un acuerdo penal por 1.200 millones de dólares por negociaciones en base a información confidencial. En total, la compañía acordó pagar 1.800 millones de dólares para resolver su causa civil y penal, lo que constituye lo que el Departamento de Justicia calificó como el mayor acuerdo de la historia por negociación en base a información confidencial. Ocho ex empleados de SAC fueron hallados o se declararon culpables de cargos penales, pero esa lista no incluye al fundador y Director Ejecutivo Steven Cohen, contra quien no se han presentado cargos penales. La compañía de Cohen, a la que se le cambió el nombre por Point72 Asset Management, supervisará ahora su fortuna personal, que asciende a 9.000 millones de dólares.
Glenn Greenwald y Laura Poitras, los dos periodistas que dieron la primicia acerca de las filtraciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA, regresan a Estados Unidos hoy, por primera vez desde la publicación de sus informes. Asistirán a una ceremonia en Nueva York en el día de hoy para recibir el Premio George Polk por informar sobre seguridad nacional. Greenwald dijo al periódico The Huffington Post que quiere regresar porque “ciertas facciones del gobierno de Estados Unidos han intensificado deliberadamente el clima hostil hacia los periodistas” y “ese es el principio por el cual no debería permitir que esas tácticas me impidan regresar a mi propio país”. El compañero de Greenwald, David Miranda, estuvo detenido durante nueve horas en el Aeropuerto de Heathrow en Londres el año pasado en virtud de una ley antiterrorista. Laura Poitras, premiada realizadora cinematográfica que informa acerca de las guerras y el espionaje de Estados Unidos, también ha sido detenida decenas de veces en el pasado, al reingresar a Estados Unidos.