La brecha del sistema judicial: rara vez se acusa a las empresas por violar la ley ambiental

AARON MATÉ: Terminamos el programa de hoy hablando de una investigación que durante ocho meses ha estado realizando The Crime Report que fue publicada el lunes, y que aporta pruebas sobre cómo las corporaciones casi nunca se enfrentan a investigaciones penales por sus violaciones ambientales.

AMY GOODMAN: De hecho, una inspección de violaciones del medio ambiente realizada por la Agencia de Protección Ambiental muestra que sólo la mitad del uno por ciento de las violaciones ambientales cometidas desencadenan un proceso penal.

Para más información, nos acompaña Graham Kates, el subdirector de la organización The Crime Report. Bienvenido a Democracy Now!

GRAHAM KATES: Gracias por invitarme.

AMY GOODMAN: Cuéntenos qué encontraron. ¿Qué quieren decir con “investigaciones criminales”? ¿Qué debe ser investigado?

GRAHAM KATES: Bueno, la EPA (Agencia de Protección Ambiental) rastrea violaciones en 800.000 plantas en el país, y 64.000 de ellas han, de alguna manera, violado la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia, u otras leyes ambientales federales. La EPA tiene varias opciones para manejar esto. Puede demandarlos y manejarlo civilmente o administrativamente, o puede iniciar una acción penal. Sólo 297 de las 64.000 que encontramos en el último año fueron investigadas criminalmente.

AMY GOODMAN: ¿Qué significaría una investigación criminal?

GRAHAM KATES: La aplicación de la ley, investigando de que modo fue violada la ley. ¿Fue la empresa deliberadamente negligente? ¿Estaban violando las leyes deliberadamente? ¿Lo estaban haciendo en exceso?

AMY GOODMAN: Denos ejemplos.

GRAHAM KATES: Bueno, uno de los casos que revisamos tenía que ver con Alpha Natural Resources, que es una de las mayores empresas de carbón del país. Desde 2000 hasta 2006, la antigua Massey Energy, que solía ser la empresa más grande del país, había violado las leyes de cuatro mil—

AMY GOODMAN: La responsable de las muertes en West Virginia.

GRAHAM KATES: La misma empresa envuelta en el desastre de la mina de Upper Big Branch en la que murieron 29 mineros, Esa empresa violó la ley 29— perdón, 4.500 veces en tan sólo seis años. Llegaron a un acuerdo por 20 millones de dólares. Después Alpha compró Massey y, en los siguientes seis años, violó la ley otras 6.000 veces. Y de nuevo llegaron a un acuerdo por 27.5 millones de dólares. Cuando le pregunté a la EPA: “¿Creen que, teniendo en cuenta esta historia, esta es una buena manera de manejar esta multitud de violaciones?”, la EPA dijo: “Bueno, sí, básicamente, ellos prometieron que iban a dejar de hacerlo, y nos pagaron más de 40 millones de dólares”.

AARON MATÉ: Así que, de nuevo, la cifra es que menos de la mitad del uno por ciento de las violaciones desencadenan investigaciones criminales. ¿Con qué tipo de recursos están trabajando los funcionarios del gobierno, en lo que se refiere a los agentes que se han asignado a estos casos?

GRAHAM KATES: Muy pocos. En todo el país, sólo hay 200 investigadores que se centran específicamente en delitos ambientales, y el Departamento de Justicia tiene sólo 38 fiscales.

AMY GOODMAN: Vamos a tener que dejarlo aquí, pero vamos a enlazar a su informe. Graham Kates, subdirector de la organización The Crime Report. Su investigación se llama “Delitos ambientales: La brecha del sistema judicial”. Vamos a enlazarlo en democracynow.org. Aquí termina nuestro programa. Voy a estar hablando en el Mark Twain House & Museum en Hartford, Connecticut, el lunes, 21 de julio, a las 7:00 pm Y el 26 de julio— eso es la noche del próximo sábado— en Martha’s Vineyard, a las 7:00 pm, voy a estar hablando en el Auditorio Cornell Katharine en la calle Spring en Vineyard Haven.

Traducido por Pablo Medina. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Español