Un juez federal condena los centros de detención con fines de lucro de Texas para familias inmigrantes

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, El informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. Pasamos ahora al tema de inmigración, en lo que podría considerarse una gran victoria para los defensores de derechos humanos aquí en Estados Unidos. Un juez federal emitió una dura condena contra las detenciones masivas de mujeres y niños inmigrantes, y se refirió a las condiciones de las cárceles administradas con fondos privados como “deplorables”. El fallo emitido por la jueza de distrito, Dolly Gee, le da al gobierno de Obama 90 días para que libere a los más de dos mil mujeres y niños retenidos en dos prisiones de Texas, o bien presente motivos que justifiquen la detención. Abogados de inmigración afirman que el fallo ya tuvo un impacto importante, ya que los jueces de Texas empezaron a ordenar liberar sin fianza a las mujeres y niños, aunque muchos fueron obligados a usar tobilleras electrónicas. Los republicanos piden al gobierno de Obama que apele el fallo. Pero en una audiencia el martes en el Capitolio, miembros del Caucus Progresista del Congreso y de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes— y los demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara dijeron que la práctica debe terminar. Esta es la congresista demócrata de California, Judy Chu.

JUDY CHU: Yo fui una de los ocho que visitamos los centros de detención de Karnes y Dilley. Y cuando vi el centro de detención de Dilley quedé muy sorprendida por lo aislado e inhóspito que era. Lo primero que pensé fue que se parecía mucho a los campos de internamiento de japoneses-estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Observé los inhóspitos barracones, los sucios pasillo llenos de tierra, la masiva cafetería institucionalizada, y los guardias por todas partes. Y me sorprendieron y conmovieron mucho las súplicas desesperadas de cientos de madres que salieron a decirme: “Libéreme, yo no soy un criminal”. Y que escribieron mensajes en sus fundas de almohadas y sábanas. También me acordé de cómo los campos de internamiento de japoneses-estadounidenses se presentaban al público estadounidense como si el gobierno federal estuviera velando por la seguridad de los japoneses-estadounidenses. El gobierno ha esgrimido un argumento similar para detener a las familias, principalmente de Centro América, quienes huyen de una violencia incalificable. El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado repetidamente la detención a las familias por razones de disuasión, para enviar el mensaje de que los demás no son bienvenidos. Bueno, después de mucha presión y de un fallo de un tribunal federal de que tal política era inconstitucional, estoy feliz de decir que el Departamento de Seguridad Nacional finalmente ha revertido su curso y ya no volverá a usar la detención con ese fin. Y al igual que tenemos que llamar a los campos de internamiento de japoneses-estadounidenses por lo que eran— una prisión para personas que no eran criminales— tenemos que llamar a los centros de detención de Karnes y Dilley por lo que realmente son: prisiones para personas que no son criminales.

AMY GOODMAN: Entre los que testificaron el martes sobre las condiciones para las mujeres y los niños detenidos había una madre que fue liberada recientemente, llamada Sonia Hernández. Explicó cómo, después de que llegara con sus tres niños de El Salvador escapando de la violencia y de las amenazas a sus vidas, fue detenida 315 días, hasta el 9 de junio de este año en el Centro de Detención del Condado de Karnes en Texas, el que comparó a una prisión.

SONIA HERNÁNDEZ: Cuando mis hijos se enfermaban, cuando tenían fiebre, a veces hasta alcanzar los 40 grados, la único que podía hacer era meterlos en la ducha con el fin de reducir su fiebre. Cuando tenían hambre, tuve que comprar sopa de fideos instantánea para poder darles de comer. A veces los agentes de inmigración veían que parecía estar pasándola realmente mal, que no estaba bien, y me decían que debía ir al psiquiatra. Y les respondía: “El psiquiatra no va a resolver mis problemas. Lo único que va a resolver mis problemas es que me saquen de este lugar”.

AMY GOODMAN: Para más información, nos acompañan ahora desde Washington, DC, dos invitados, entre ellos una que tiene conocimiento del interior de las condiciones en Karnes. Olivia López es una trabajadora social con larga trayectoria que comenzó a trabajar en Karnes en octubre del año pasado pero decidió dejar su cargo en abril, luego de que dijera que estaba claro que había sido contratada para dar la apariencia de disponer de una unidad médica adecuada. Cuenta que sus esfuerzos para mejorar la documentación de la atención de las madres y sus preocupaciones fueron bloqueadas repetidamente. También nos acompaña Barbara Hines, abogada de inmigración de larga trayectoria con muchos clientes detenidos en centros de detención familiar en Texas. Anteriormente fue parte del Consultorio de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, ahora es miembro del Colectivo Emerson. Les damos la bienvenida a ambas a Democracy Now! Ambas testificaron ayer en la audiencia del Congreso. Comencemos con Barbara Hines. Hable acerca de la importancia de la resolución de la jueza Gee. ¿Esperaba esto? ¿Cuál es el alcance de la misma?

BARBARA HINES: Bueno, estoy muy satisfecha con el fallo de la jueza Gee. Creo que lo que el fallo de la jueza Gee hace es confirmar lo que los defensores de los inmigrantes han estado diciendo desde el mes de junio pasado y lo que los miembros del Congreso han estado diciendo, que es que el funcionamiento de estos centros de detención es una violación al acuerdo de Flores, el cual era un acuerdo que se introdujo en 1996 en relación al tratamiento de los niños. Y las piezas más importantes de la resolución de la jueza Gee son, número uno, que los niños no pueden ser alojados en instalaciones de seguridad sin licencia. Estas son instalaciones que no cuentan con una licencia de bienestar infantil del estado de Texas, y no hay— y no hay absolutamente ninguna supervisión independiente. La otra cosa que la jueza Gee reconoció es que los niños deben ser liberados– hay una preferencia por liberarlos–– la unidad de la familia es muy importante, y los niños deben ser entregados a sus padres. Y en este caso, sería a los padres que se encuentran detenidos con ellos.

AMY GOODMAN: ¿Y cuáles son los plazos de tiempo?

BARBARA HINES: Bueno, la jueza Gee dio al gobierno hasta el 3 de agosto para responder y luego cierta cantidad de tiempo- creo que es una semana, para que el gobierno responda. Y ella propone que el gobierno tenga un programa de implementación de 90 días, porque, en realidad, los campos de detención ilegales han estado funcionando por más de un año. Así que espero que el gobierno y la administración de Obama adhiera lo más rápido posible la resolución de la jueza Gee.

AMY GOODMAN: Barbara Hines ¿Puede hablar de las tobilleras que estas mujeres, si son puestas en libertad, se verán obligadas a usar?

BARBARA HINES: Sí.

AMY GOODMAN: ¿Qué son? ¿Quién las fabrica?

BARBARA HINES: De acuerdo. Bueno, en primer lugar, en realidad no son tobilleras. Creo que “tobilleras” realmente no representa lo que son. Las mujeres usan la palabra “grillete” en español. Son muy engorrosos. Las baterías no funcionan. Los cables son muy, muy cortos. Las mujeres están casi encadenadas a la pared tratando de mantener estas cosas cargadas. El gobierno, al igual que lo han hecho desde el verano pasado, nunca tiene una determinación individualizada del riesgo de fuga. Por lo tanto, para los solicitantes de asilo, debería de haber una presunción de que deberían de ser puestos en libertad. Entonces, en lugar de decir sin derecho a fianza, lo que ICE está haciendo, de manera coercitiva, es decirle a las mujeres, “La única manera de que puedas salir, es teniendo un grillete en el tobillo”. Te puedo dar un ejemplo de una de nuestras clientas. Su esposo es un residente legal permanente, entonces ella tiene significativos lazos familiares en este país. Fue puesta en libertad con un grillete en el tobillo, y su pierna se le lastimó porque le pusieron el grillete muy apretado. Su hija dice que la gente la mira cuando salen, porque normalmente las personas que tienen estos monitores en el tobillo son prisioneros. Y estas son mujeres que han sufrido tremendos traumas. Sus hijos han sufrido tremendos traumas. Y sin preguntarles–– sin hacer una determinación individualizada sobre si hay otros métodos menos intrusivos para la liberación de las mujeres. Por lo tanto, creo que son un problema significativo y no son la respuesta a cómo enfrentar a los solicitantes de asilo, a las madres y a los niños, que huyen de la violencia en Centro América.

AMY GOODMAN: ¿Qué empresa fabrica los grilletes?

BARBARA HINES: Bueno, son hechos por la compañía BI. Y recientemente me enteré que la empresa BI fue comprada por GEO, y GEO es la empresa privada de prisiones que maneja Karnes. Así que, a como puedes ver, esto está íntimamente ligado a la industria de las prisiones privadas.

AMY GOODMAN: Así que se benefician de cualquier manera, ya sea con ellos en la cárcel en Karnes— GEO maneja esta prisión— como si tienen estos grilletes en los tobillos.

BARBARA HINES: Así es.

AMY GOODMAN: Quiero presentar un extracto de una entrevista con Lilian Oliva Bardales, de 19 años de edad, quien fue detenida en el centro de detención en el condado de Karnes, Texas. Ella vino a EE.UU. con su hijo de cuatro años de edad, buscando asilo huyendo de su abusivo marido. Luego de que estuviera detenida durante meses y de que aumentara su desanimo, trató de cortarse sus muñecas. En una entrevista con McClatchy, describió lo que ocurrió cuando fue puesta bajo vigilancia contra suicidio.

LILIAN OLIVA BARDALES: Cuando ellos dijeron: “Como castigo, quítese la ropa para ponerse esto”, me dijeron: “Si no te desnudas, vamos a ver quién está a cargo, usted o nosotros. Le vamos a desgarrar la ropa”. Así que, como tenía miedo de eso, tuve que quitarme la ropa. Lloré. Deje de comer. Mi vida era muy triste en ese lugar. Me sentí que no era absolutamente nada en ese país. Y ellos no me dieron el apoyo cuando más lo necesitaba.

AMY GOODMAN: Esa era Lilian Oliva Bardales, quien estuvo detenida en el centro de detención del condado de Karnes propiedad de GEO Group. Poco tiempo después de que intentara suicidarse, fue deportada a su país natal, Honduras. La Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional ha abierto una investigación sobre su caso. ¿Cómo puede suceder algo así, Barbara Hines?

BARBARA HINES: Bueno, en realidad, RAICES y el Poyecto Karnes Pro Bono y otros abogados estaban involucrados en el caso de Lilian. Y estábamos tratando desesperadamente tener acceso a ella, para poder conseguir los papeles firmados, para poder retomar su caso— ella había estado siendo representada por otro abogado— y se nos negó el acceso a ella. Esto, lamentablemente, no es un incidente aislado. Varias semanas más tarde, representamos a otra clienta, que también fue puesta en vigilancia contra suicidio. Y lo que escuché de Lillian es inquietantemente familiar y muy similar a lo que nuestra segunda clienta nos contó que le ocurrió cuando fue puesta en aislamiento y separada de su hijo, mientras que el GEO— o, la unidad médica la observaba, bajo su supuesta vigilancia contra suicidio. ¿Cómo ocurre esto? Una de las razones es porque GEO es una prisión con fines de lucro, por lo que puedes recortar gastos o quieres recortar gastos siempre que puedas. Es un entorno de coacción. Es una cárcel. Esto no es un centro residencial para familias. Es un chiste llamar a esto un centro residencial. Hemos tenido muchas quejas sobre atención médica inadecuada. tanto en las instalaciones de Karnes, como en las de Berks en Pensilvania y en las de Dilley.

AMY GOODMAN: Estamos hablando con la abogada de derechos de inmigrantes Barbara Hines. Por lo general, hablamos con ella en Austin. Ella está en Washington, donde testificó ayer ante el Congreso. Vamos a una pausa y cuando volvamos hablaremos con Olivia López, trabajadora social de larga trayectoria. Ella va a describir lo que experimentó cuando estuvo dentro de este centro de detención. Quédense con nosotros.

Traducido por Linda Artola. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Español.