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El miércoles, la empresa TranCanada Corporation presentó una demanda judicial en un tribunal federal estadounidense alegando que el rechazo del presidente Obama al oleoducto Keystone XL excede los poderes que le confiere la constitución de Estados Unidos. TransCanada también inició acciones judiciales amparadas en el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA, por su sigla en inglés), denunciando la negación del permiso para el oleoducto como “arbitraria e injustificada”. En la demanda presentada bajo el NAFTA, reclama una indemnización de 15 mil millones de dólares. Las acciones judiciales de TransCanada tienen lugar pocos días antes del último discurso de Obama sobre el estado de la unión, en el que se espera que promocione su polémico Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o TPP. Este tratado comercial, que se negocia secretamente entre Estados Unidos y otros 11 países de la costa del Pacífico, podría tener el poder de regular hasta el 40% de la economía mundial. Luego de conocerse la demanda judicial de TransCanada el miércoles, la organización Amigos de la Tierra emitió un comunicado en el que declara: “Por cuestiones como esta es que Amigos de la Tierra se opone al Acuerdo Traspacífico y otros tratados comerciales que permiten a las empresas e inversionistas impugnar judicialmente decisiones que toman soberanamente los gobiernos para proteger la salud pública y el ambiente”. Tratamos el tema con Lori Wallach, directora del observatorio sobre comercio internacional de la organización Public Citizen.
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