Un tribunal federal estadounidense dictaminó que nadie –ni siquiera el presidente de Estados Unidos– tiene la potestad de declarar legal la tortura. El fallo unánime del viernes por parte de un panel de jueces en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito reabrió el proceso judicial contra el contratista militar CACI. La demanda acusa a la contratista CACI de dirigir y participar en las torturas de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, en 2004, donde fue contratado por Estados Unidos para brindar servicios de interrogatorio. Cuatro hombres iraquíes afirman haber sido sometidos a temperaturas extremas, choques eléctricos, rotura de huesos, amenazas de muerte y abuso sexual.
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