Titulares09 de diciembre de 2016

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Andrew Puzder, director ejecutivo de una cadena de comida rápida, como nuevo secretario del Departamento de Trabajo. Puzder es el director de la empresa que tiene la franquicia de los locales de comida rápida Hardee’s y Carl’s Jr. Ha sido donante del Partido Republicano durante años y un fuerte crítico del aumento del salario mínimo, el Movimiento Lucha por los 15 (para fijar el salario mínimo en 15 dólares) la ampliación del pago de las horas extras, la licencia médica remunerada y la Ley de Cuidado de Salud Asequible. En 2012, Andrew Puzder obtuvo 4,4 millones de dólares en ganancias, alrededor de 300 veces más de lo que gana un trabajador promedio del sector gastronómico. Kendall Fells, de la campaña Lucha por los 15, dijo: “Nombrar a Puzder secretario del Departamento de Trabajo es como poner a Bernie Madoff, el banquero de Wall Street que cometió el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona, a cargo del Departamento del Tesoro”. Puzder también se ha expresado a favor de que robots sustituyan a los trabajadores en los restaurantes de comida rápida. En una entrevista con Business Insider, Puzder dijo que los robots son “siempre amables, siempre venden más, nunca se toman vacaciones, nunca llegan tarde, nunca entablan demandas por accidentes laborales ni demandas por discriminación por razón de edad, sexo o raza”. El periódico The Riverfront Times de Saint Louis también informó que Puzder ha sido acusado de maltratar a su exesposa en varias ocasiones. En un incidente ocurrido en 1986, su exesposa dijo que Puzder “me atacó, me asfixió, me tiró al suelo, me golpeó en la cabeza, me puso la rodilla en el pecho, me torció el brazo y me arrastró por el piso, me empujó contra la pared, intentó impedir que llamara al 911 y me pateó en la espalda”. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre Andrew Puzder en una entrevista con Mary Kay Henry, la presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, que representa a dos millones de trabajadores el sector público, inmobiliario y de la salud.

Legisladores demócratas afirman que intentarán impedir el nombramiento de Scott Pruitt como director de la Agencia de Protección Ambiental. Un funcionario anónimo de la EPA dijo al periódico The Guardian que Pruitt podría representar “un desastre sin precedentes” para el medio ambiente y la salud pública. Pruitt es considerado un estrecho aliado de la industria de los combustibles fósiles. En 2014, The New York Times reveló que Pruitt y otros fiscales generales republicanos habían formado lo que el periódico describió como una “alianza secreta sin precedentes” con los principales productores de energía del país para contrarrestar las iniciativas del presidente Barack Obama en defensa del clima. El senador Bernie Sanders dijo: “Pruitt no solo tiene un historial de negador del cambio climático, sino que además es alguien que ha trabajado estrechamente con la industria de los combustibles fósiles para que este país se vuelva más, y no menos, dependiente de los combustibles fósiles”. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista sobre Pruitt con May Boeve, directora ejecutiva de 350 Action, y Wenonah Hauter, directora ejecutiva de Food & Water Watch.

En la ciudad de Nueva York, una agencia inmobiliaria ha estado utilizando la protección del Servicio Secreto de Donald Trump como un nuevo “servicio” para publicitar sus apartamentos en la Trump Tower. Politico informa que una semana después de que Donald Trump fuera electo, la agencia inmobiliaria Douglas Elliman envió un correo electrónico con el asunto: “¿Para los compradores de la Quinta Avenida que estén interesados en la protección del Servicio Secreto?”. El correo electrónico publicitaba un condominio de 2,1 millones de dólares en la Trump Tower, en la Quinta Avenida.

Las Naciones Unidas advierten que cientos de hombres y niños han desaparecido en Siria al huir de las partes de Alepo que están bajo control de los rebeldes y cruzar hacia territorio controlado por el Gobierno, en medio de la ofensiva aérea y terrestre del Gobierno sirio para recuperar la totalidad de la ciudad de Alepo. La ofensiva es considerada un momento decisivo en la guerra entre los rebeldes opositores al Gobierno y el Gobierno sirio, que comenzó como un alzamiento popular en 2011 y desde entonces se ha convertido en una devastadora guerra civil. En los últimos días, decenas de miles de civiles han huido del este de Alepo, controlado por los rebeldes, mientras el Gobierno sirio ha recuperado al menos 75% del territorio de los rebeldes. Mientras tanto, hoy se cumplen tres años del secuestro de la destacada abogada y defensora de los derechos humanos siria Razan Zeitouneh, que fue secuestrada junto a otras tres personas el 9 de diciembre de 2013 en la oficina del Centro de Documentación de Violaciones de Derechos Humanos en Duma. Zeitouneh cofundó los Comités de Coordinación Local y fue perseguida por el Gobierno y por grupos extremistas a causa de su activismo. Antes de su secuestro, Zeitouneh habló varias veces con Democracy Now! sobre el alzamiento popular democrático en Siria y denunció la brutal represión del presidente sirio, Bashar al-Assad, contra la revolución. Esta es Zeitouneh en diciembre de 2011.

Razan Zeitouneh dijo: “Desde que comenzaron las clases en las escuelas este año, hemos sido testigos de protestas a diario. No es algo organizado. Todos los días, a la salida de clases los estudiantes van a manifestarse. Los arrestan, los golpean y los castigan de un modo muy severo. Y recientemente, lo que es sorprendente es que cada vez hay más manifestaciones estudiantiles en las universidades de Alepo. Es importante porque, hasta ahora, Alepo no participaba en el movimiento, en general”.

Amy Goodman: “¿Cómo logra Bashar al-Assad mantener el poder en este momento? ¿Y qué ocurre con la falta de medios de Occidente en Siria que puedan realmente retratar lo que está ocurriendo?

Razan Zeitouneh: “Solo matando. Creo que ningún otro régimen […] [ha ejercido] toda esta violencia contra su propio pueblo solamente para permanecer en el poder”.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional sostiene que alrededor de medio millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en medio de la brutal represión del Gobierno en las regiones de población mayoritariamente kurda en el sureste de Turquía. El informe advierte que el desplazamiento generalizado y la demolición de viviendas en el último año podrían constituir un “castigo colectivo”, que es un crimen de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra. Mientras tanto, se está ampliando la represión contra los kurdos, los activistas pro kurdos, legisladores y periodistas en toda Turquía. En noviembre, el Gobierno turco despidió a 10.000 funcionarios públicos, ordenó el cierre de 15 medios de noticias principalmente kurdos, detuvo a docenas de periodistas y realizó redadas en las oficinas del periódico galardonado Cumhuriyet por acusarlo de terrorismo. También en noviembre, las autoridades turcas arrestaron a dos líderes y a al menos otros diez legisladores del Partido Democrático de los Pueblos, conocido como HDP. El HDP es el tercer principal partido en el Parlamento turco.

El parlamento de Corea del Sur votó por abrumadora mayoría la destitución de Park Geun-hye, en medio de un escándalo de corrupción. La presidenta se enfrentó a protestas generalizadas, como una manifestación en noviembre en la que aproximadamente un millón de personas salieron a las calles de Seúl para exigir su renuncia, con base a declaraciones de que ella ayudó a un amigo cercano a malversar hasta 70 millones. Los manifestantes celebraron la noticia de su destitución.

Choi Jae-Hun expresó: “Esperaba que el parlamento aprobara la destitución. Creo que esto demuestra que el sentimiento público es aceptado y funcionó de esta forma. Me siento muy orgulloso de estar en el centro de este momento histórico y espero que el nuevo gobierno refleje la voluntad de la gente en cuanto a los asuntos del gobierno, para no permitir que esto suceda de nuevo”.

Se especula que el secretario general saliente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, podría llegar a ser el próximo presidente de Corea del Sur.

En Egipto, grupos de derechos humanos denunciaron el arresto de Azza Soliman, destacada feminista egipcia y fundadora del Centro de Asistencia Legal para Mujeres Egipcias. La semana pasada se le impidió salir del país en el aeropuerto de El Cairo. Más adelante, el miércoles, fue detenida por la policía en su casa por razones desconocidas. Su arresto es parte de una represión gubernamental activa contra activistas y periodistas.

La comunidad científica afirma que las jirafas están en peligro de extinción. La cantidad de jirafas en todo el mundo ha disminuido casi 40% en los últimos 30 años. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advierte que la especie está enfrentando una “extinción silenciosa”. Su descenso es parte de una extinción global masiva en curso que, según advertencias de los científicos, podría conducir a la desaparición de dos tercios de la fauna salvaje del planeta antes de 2020, en comparación con los niveles de población de 1970.

En París, hoy las autoridades ofrecen transporte público gratuito por tercer día consecutivo como medida para combatir la peor contaminación del aire invernal en esa ciudad en una década. Los funcionarios también prohibieron circular a algunos coches como parte de las medidas para limitar las emisiones. Estas son dos parisinas.

Parisina expresó: “Trato de no estar en la calle ni caminar demasiado, suelo caminar mucho, pero ahora decidí recurrir al transporte público, como el autobús”.

Anne-Laure Poulet enunció: “Nunca me había afectado mucho la contaminación, hasta ahora. Cuando otras personas la sintieron, yo no, pero en estos últimos días tengo una tos seca inusual que no puedo explicar, me pica la garganta”.

En Estados Unidos, la cantidad de personas asesinadas por la policía y otras fuerzas de la ley este año es superior a 1.000, según una investigación de The Guardian titulada “The Counted” (“Los contados”, en español), que recurre a noticias y bases de datos locales para rastrear cada asesinato policial en Estados Unidos. La gran mayoría –más de 900 personas– murieron por disparos de la policía, aunque al menos 20 fallecieron tras ser atacados con pistolas Taser por la policía y otros 30 murieron mientras estaban bajo custodia policial. Las tres víctimas más jóvenes de los agentes de la ley este año fueron Nathan Roman, de 10 años de edad, quien fue asesinado por su padre, un oficial de policía que mató a su hijo y a su esposa con su arma de servicio en el estado de Nueva York; Ciara Meyer, de 12 años de edad, asesinada a tiros por un agente del estado de Pennsylvania que cumplía una orden de desalojo contra su familia, y Tyre King, de 13 años de edad, a quien le dispararon mientras huía, después de que los oficiales presuntamente confundieron con un arma real una pistola de perdigones que llevaba el niño.

El jueves por la noche, en una votación dividida, 4 votos contra 4, la Corte Suprema falló no detener la ejecución de un hombre de Alabama. Ronald Smith fue declarado culpable de haber matado al empleado de una tienda. Su ejecución se produce después de que el jurado del caso recomendara una sentencia de cadena perpetua, pero un juez impuso la pena capital.

En Dakota del Norte, la policía arrestó a un hombre que fue filmado el lunes cuando amenazaba a los protectores del agua que luchan contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800 millones de dólares. Jesse McLain, un hombre de 33 años de edad residente de Bismarck, se enfrenta a dos cargos de “aterrorizar”, después de que él y otro hombre, con los rostros cubiertos, rodearan un coche en el que se encontraban dos protectores del agua, en el hotel Ramada Inn, y comenzaran a amenazarlos mientras impedían que el coche saliera. Este es un fragmento del video grabado por Dean Dedman junior, miembro de la tribu sioux de Standing Rock también conocido como Shiye Bidziil, que ha sido reproducido más de un millón de veces.

Jesse McLain: “Llévense sus [bip] protestas a su casa”.

Shiye Bidziil: “Vámonos”.

Jesse McLain: “Sí, enciende tu teléfono”.

Shiye Bidziil: “Vámonos”.

Jesse McLain: “Sí, váyanse”.

Protector del agua: “No puedo”.

Jesse McLain: ¡Malditos manifestantes, váyanse a casa! La gente de Dakota del Norte los vamos a joder”.

Shiye Bidziil: “Vamos, vámonos”.

Jesse McLain: “A cada uno de ustedes”.

Protector del agua: “No puedo, nos están bloqueando…
Muchachos, en serio, nos vamos a ir”.

Jesse McLain: “Sabemos quiénes son ustedes”.

Protector del agua: “Nos vamos”.

Ese era un residente de Bismarck que amenazaba a Shiye Bidziil y otro protector del agua. Mientras tanto, Bidziil y otros dos operadores de medios de comunicación indígenas, entre ellos Myron Dewey, del medio Digital Smoke Signals, fueron atacados anoche por personas que conducían motos de nieve y un camión, que intentaron empujar su coche fuera de la carretera. El video que grabaron desde el coche muestra a los tres hombres conduciendo por un largo tramo helado de la carretera cuando las motos de nieve parecen desviarse delante de su coche, y luego sus conductores les gritan una serie de improperios. Los protectores del agua dicen que estos dos incidentes son parte de una creciente ola de amenazas y hostigamiento por parte de residentes blancos de Dakota del Norte contra los protectores del agua indígenas que luchan contra el oleoducto.

En Camerún, la policía mató a cuatro manifestantes contrarios al gobierno, en medio de las protestas que comenzaron hace un mes, cuando docentes y abogados exigieron mejores condiciones de trabajo. Reuters informa que la policía inicialmente intentó dispersar la protesta del jueves con gas lacrimógeno, y luego comenzó a disparar municiones reales contra la multitud, matando al menos a cuatro personas.

Y el sábado es el Día de los Derechos Humanos, celebrado cada año en el aniversario del 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Filipinas, familiares de personas que murieron en ejecuciones extrajudiciales, en medio de la escalada de la llamada “guerra contra las drogas” que lleva adelante el presidente Rodrigo Duterte, pidieron justicia en las manifestaciones previas a la conmemoración del sábado. Desde que Duterte asumió el poder este verano la policía ha matado a por lo menos 2.000 personas, y los justicieros por mano propia han matado por lo menos a otras 3.500. Decenas de miles más han sido arrestadas o se entregaron a la policía por temor a ser asesinadas. Los grupos de defensores de los derechos humanos afirman que muchos de los muertos han sido fusilados sumariamente y no tenían nada que ver con el tráfico de drogas. Una investigación reciente de BuzzFeed revela que el Departamento de Estado de Estados Unidos continúa enviando millones de dólares en ayuda, así como entrenamiento y equipo, a la Policía Nacional de Filipinas, en medio de la ola de asesinatos. Esta es la madre de una de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales, que tenía 18 años de edad.

Grace Fonollera declaró: “Somos pobres, no nos escuchan. Es lamentable que los pobres sean asesinados, porque no importa cuánto intentemos explicar, no nos escuchan. Nos juzgan porque somos pobres y el caso se cierra o se desestima inmediatamente”.