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El martes, la Corte Suprema de EE.UU. analizó los alegatos, para decidir si Puerto Rico puede evitar el colapso financiero mediante la reestructuración de una parte de su deuda de setenta mil millones de dólares. El tema presentado ante el tribunal era una ley de quiebras de la legislatura de Puerto Rico aprobada en el año 2014 que permitiría que las empresas de servicios públicos de la isla reestructuren cerca de veinte mil millones de dólares que dichas entidades deben a los tenedores de bonos. Conocida como la Ley de recuperación, la ley fue derogada el año pasado después de que varios grandes tenedores de bonos iniciaran juicio con éxito en tribunales federales para oponerse. Juan González escribe acerca del caso en su nueva columna publicada en el periódico New York Daily News, “El futuro de Puerto Rico está en manos de la Corte Suprema de EE.UU”.