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La familia de un inmigrante mexicano asesinado por agentes de la patrulla fronteriza en el año 2010, va a dar un paso sin precedentes, para que Estados Unidos asuma la responsabilidad en el hecho. Hace seis años, en mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas trató de cruzar la frontera entre EE.UU. y México, para regresar a San Diego, donde había vivido durante 25 años y era padre de cinco niños. Hernández Rojas fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza. Nunca más iba a volver a ver a sus hijos. En un principio, los agentes dijeron que Hernández Rojas había respondido de modo hostil y se había resistido a la detención, pero un video que registró el hecho muestra que los agentes lo golpearon y le aplicaron la pistola taser. La oficina de medicina forense de San Diego clasificó la muerte de Anastasio Hernández como homicidio, al concluir que el hombre sufrió un ataque cardíaco y además presentaba “hematomas en el tórax, estómago, caderas, rodillas, espalda, labios, cabeza y párpados, cinco costillas rotas y lesiones en la columna”. A pesar de estos hallazgos, el Departamento de Justicia anunció el año pasado que no había pruebas suficientes para presentar cargos federales por violación de los derechos civiles u otros cargos federales contra los agentes. Después del programa de hoy, la familia de Anastasio Hernández Rojas presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC. Hablamos con el hermano de Anastasio, Bernardo Hernández Rojas, y con Roxanna Altholz, directora asociada del proyecto Clínica de la Ley Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Berkeley.
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