La asediada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declarará hoy en el juicio político en su contra; un juicio que mucha gente considera un golpe de estado orquestado por la derecha opositora al gobierno. Luego de denunciar este procedimiento, Rousseff propuso la realización de elecciones anticipadas para mantener la unidad nacional. El juicio político a Rousseff se produjo a partir de acusaciones de que había manipulado las cuentas del gobierno para ocultar un déficit presupuestario. Desde su suspensión a principios de año, ella se ha declarado inocente, acusando a sus oponentes políticos de lanzar este procedimiento para protegerse frente a procesos judiciales en su contra, y también con el fin de desarticular las políticas progresistas de los últimos años. La organización brasileña Transparencia Brasil dice que el 60% de los legisladores brasileños está bajo investigaciones judiciales o ya tiene condenas por delitos que van desde la corrupción hasta el fraude electoral. La oposición necesita 54 votos, o dos tercios de los 81 escaños del Senado, para hacer efectiva la condena de Rousseff por violación a las leyes de presupuesto. Su destitución marcaría el fin de un período de 13 años de gobiernos de izquierda en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, y dejaría al presidente interino, Michel Temer, en el poder por los dos años restantes del mandato de Rousseff. Temer casi no tiene apoyo popular y también está siendo investigado por la justicia, acusado de recibir contribuciones ilegales en su campaña, vinculadas a la petrolera estatal Petrobras.
Para más información al respecto, vea nuestra entrevista (en inglés) con el galardonado periodista Glenn Greenwald.
Inicio