Titulares06 de enero de 2017

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo el jueves que los republicanos se están preparando para eliminar la financiación federal de Planned Parenthood, como parte de su iniciativa de derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. La medida pondría fin a alrededor de 400 millones de dólares de reembolsos anuales de Medicaid para Planned Parenthood. Los republicanos describieron la medida como un intento de detener los abortos, a pesar de que la ley federal ya impide que se paguen abortos mediante fondos federales, salvo en el caso en que la vida de la madre corra peligro. En Washington, la directora legislativa de Planned Parenthood, Jacqueline Ayers, dijo que se trataba de un ataque a la atención de la salud de las mujeres.

Jacqueline Ayers dijo: “Los líderes republicanos del Congreso han dejado en claro cuáles son sus prioridades, y tras el anuncio del presidente [de la Cámara Baja] Ryan en el día de hoy de que retirarán el financiamiento a Planned Parenthood sabemos que su verdadero objetivo es impedir el acceso a la atención de la salud. No podemos permitir que eso suceda. Sabemos que no solamente eliminarán el financiamiento para Planned Parenthood, sino que además retirarán el acceso a la atención de la salud en virtud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, y dejarán sin acceso al cuidado de la salud a 20 millones de personas que lo tienen por primera vez y a 55 millones de mujeres que tienen ahora acceso gratuito a métodos anticonceptivos”.

El jueves, Planned Parenthood anunció sus planes de realizar alrededor de 300 actividades en 47 estados, como marchas, protestas y campañas para enviar cartas.

En Washington, los legisladores republicanos programaron para la semana próxima las audiencias de confirmación de los miembros del gabinete designados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos seis candidatos declararán ante los senadores en el mismo día, una decisión que ha sido cuestionada como un claro intento de evitar las críticas de la opinión pública a los controvertidos nombramientos de Trump en su gabinete. Los seis candidatos al gabinete que comparecerán ante las diversas comisiones del Senado el 11 de enero son: Betsy DeVos, candidata a secretaria de Educación; Elaine Chao, candidata a secretaria de Transporte; John Kelly, candidato al Departamento de Seguridad Nacional; Rex Tillerson, candidato a secretario de Estado; Mike Pompeo, candidato a director de la CIA; y Jeff Sessions candidato a fiscal general. Sessions ha sido criticado por no completar el cuestionario de la Comisión Judicial del Senado, y muchas personas están solicitando que se posterguen sus audiencias de confirmación. Estas audiencias se anunciaron el mismo día que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, programó una votación rápida de una serie de asuntos, que ha sido denominada “vote-o-rama” e incluirá la votación de cuestiones relacionadas con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Además, el presidente electo Donald Trump ha programado su primera conferencia de prensa para el 11 de enero, la primera desde el mes de julio, en la que instó a Rusia a hackear los correos electrónicos de su rival en la carrera presidencial, la candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Mientras tanto, Donald Trump tiene previsto nombrar a Dan Coats director de Inteligencia Nacional. Coats es un ex senador republicano de Indiana que ocupó su banca durante dos legislaturas, además de un ferviente opositor de Planned Parenthood. En 2015 dijo: “Las prácticas salvajes de Planned Parenthood no deberían recibir un centavo del dinero de los contribuyentes”. En 2003, cuando era embajador de Estados Unidos en Alemania, Coats presionó al gobierno del país europeo para que no se opusiera a la invasión a Irak del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. De ser confirmado este nombramiento, Coats estaría a cargo de supervisar un servicio de inteligencia en expansión, que Donald Trump pretende controlar.

En el Capitolio de Estados Unidos, los máximos funcionarios de inteligencia dijeron a una audiencia receptiva, integrada por legisladores demócratas y republicanos de la Comisión de Servicios Armados del Senado, que Rusia intentó interferir en las elecciones de noviembre mediante una serie de manipulaciones y filtraciones.

James Clapper, el director de inteligencia nacional saliente declaró: “Rusia asumió una postura cibernética aún más agresiva al aumentar las operaciones de espionaje cibernético, filtrar datos robados de estas operaciones y atacar sistemas de infraestructura de vital importancia”.

Varios críticos, entre ellos el periodista Glenn Greenwald, han cuestionado la afirmación de que Rusia interfirió en las elecciones de noviembre. Cabe recordar que James Clapper mintió anteriormente al declarar bajo juramento en el Congreso. En marzo de 2013, el senador Ron Wyden le preguntó a Clapper: “¿La Agencia Nacional de Seguridad recopila todo tipo de información sobre millones o cientos de millones de estadounidenses?”, a lo que Clapper respondió: “No, señor”. Más tarde Clapper se defendió al afirmar que había respondido a la pregunta “de la manera en que faltaba menos a la verdad”. Donald Trump tiene programado reunirse hoy con Clapper, el director de la CIA John Brennan y el director del FBI James Comey, quienes afirman que presentarán pruebas al presidente electo de que hackers rusos interfirieron en las elecciones de noviembre.

Donald Trump reconoció hoy que no obligará a México a pagar por el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, al revertir una de sus principales promesas de campaña. Después de que la CNN comunicara el jueves por la noche que Trump pediría los fondos necesarios al Congreso para financiar la construcción del muro, Trump tuiteó: “Los medios deshonestos no informan de que el dinero que se gaste en la construcción del Gran Muro, por cuestiones de rapidez, lo terminará pagando México”.

La Cámara de Representantes votó por abrumadora mayoría el jueves para condenar una resolución de la ONU que declara a los asentamientos israelíes una flagrante violación del derecho internacional. Todos los legisladores republicanos, excepto cuatro, votaron a favor de la medida, que fue aprobada con 342 votos a favor y 80 en contra. Más de 100 representantes demócratas apoyaron la medida y 76 se opusieron. La resolución no vinculante declara el firme apoyo de Estados Unidos a Israel y condena la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue aprobada a finales de diciembre, después de que el gobierno de Barack Obama se negara a apoyar el veto promovido por funcionarios israelíes y el presidente electo Donald Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, habló al respecto.

Paul Ryan: “Estoy atónito. Estoy atónito ante lo sucedido el mes pasado. Este gobierno, nuestro gobierno, abandonó a nuestro aliado Israel cuando más nos necesitaba”.

Uno de los líderes de la minoría que se opuso a la resolución de la Cámara de Representantes fue el representante demócrata de Oregon, Earl Blumenauer.

Earl Blumenauer declaró: “Lamentablemente, el futuro de Israel está siendo amenazado por sus propias acciones, así como las de sus adversarios. Durante años, Estados Unidos y el resto del mundo se han opuesto a la expansión imprudente de los asentamientos. Están confiscando tierras palestinas de una manera que no solo es contraria a la histórica política estadounidense, sino que además es a menudo ilegal en virtud de la legislación israelí”.

Algunos de los principales legisladores republicanos, entre ellos los senadores Ted Cruz, de Texas, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, han propuesto recortar financiación a las Naciones Unidas como represalia a la condena del Consejo de Seguridad de los asentamientos israelíes.

En Israel, la Policía arrestó a dos personas por amenazar a los jueces que emitieron una condena por homicidio culposo contra un soldado israelí que fue registrado en video cuando ejecutaba a un palestino herido. El video del asesinato que tuvo lugar el pasado mes de marzo muestra al palestino Abdel Fattah al-Sharif inmovilizado en el suelo mientras el sargento israelí Elor Azaria le dispara un tiro en la cabeza desde corta distancia. La semana pasada, la condena de Azaria desató indignación en todo Israel; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se unió a los llamamientos de otorgar un perdón presidencial al soldado. El jueves, la Policía israelí dijo que arrestaron a un hombre y a una mujer que publicaron amenazas de muerte en las redes sociales contra los jueces militares que condenaron a Azaria. Este es el portavoz de la Policía Micky Rosenfeld.

Micky Rosenfeld expresó: “Las unidades de la Policía israelí están en la búsqueda de personas que publiquen información amenazando a las personas en relación con el caso, y esto seguirá así mientras sea necesario”.

Una de las dos personas arrestadas fue una mujer de 22 años que presuntamente amenazó a la jueza militar superior en el caso de Azaria, con las palabras: “Tomen una granada y hagan explotar a la jueza y dispersen todas sus partes en diferentes lugares; que se la coman los perros”. Según el periódico The Jerusalem Post, fue interrogada por la Policía y luego liberada con la prohibición de hacer publicaciones en Facebook durante 30 días.

En Chicago, cuatro adolescentes recibirán cargos por crímenes de odio por delitos graves y otros, después de haber publicado un video en Facebook en el que se los ve cuando torturan a un adolescente con discapacidad mental que está atado y amordazado, mientras lo insultan con epítetos raciales. Los cuatro podrían enfrentar sentencias de hasta 30 años de cárcel. Los sospechosos son afroestadounidenses y su víctima es blanca, lo cual desató reacciones racistas en las redes sociales. Los grupos supremacistas blancos intentaron vincularlos con el movimiento Black Lives Matter (BLM, “Las vidas afroestadounidenses importan”, en español) mediante el uso de la etiqueta “#BLMKidnapping” (“Secuestro de BLM”).

En Texas, los legisladores republicanos dijeron el jueves que presentarán leyes que exijan que los escolares y las personas que se encuentren en edificios del gobierno usen baños que se correspondan con su “sexo biológico”. Esta iniciativa es similar al “proyecto de ley de baños públicos” aprobado en Carolina del Norte que ha provocado un boicot y protestas generalizadas por parte de grupos LGTB.

Mientras tanto, en Mississippi, la Policía está investigando la muerte de Mesha Caldwell como homicidio, lo que la convierte en la primera mujer transgénero en ser asesinada en 2017. De 2010 a 2016, por lo menos 111 personas transgénero y de género no declarado fueron asesinadas en todo Estados Unidos. El 75% de estas personas asesinadas eran afroestadounidenses.

En Dakota del Norte, un protector del agua que se opone al oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800 millones de dólares, afirma que está dispuesto a ir a la cárcel por cargos de desacato antes que dar testimonio ante un gran jurado federal. El miércoles, un juez federal rechazó la moción de Steve Martínez para anular una orden judicial que le ordena testificar sobre las lesiones de Sofía Wilansky, una protectora del agua que sufrió graves heridas en un brazo durante una represión policial el 20 de noviembre. A Martínez se le ordenó que testifique el 1 de febrero, pero él considera que el gran jurado será una cacería con el propósito de obligarlo a mencionar nombres de otros activistas que se oponen al oleoducto.

Steve Martínez expresó: “Creo que el 1 de febrero voy a cometer desacato, porque no voy a cooperar con esto. Creo que es solo una forma de intimidarme para que dé nombres y ayudarlos. No quiero perder mi libertad en absoluto, pero es un pequeño precio a pagar”.

En Turquía, atacantes que tenían armas y granadas abrieron fuego contra un tribunal en la ciudad occidental de Izmir, antes de hacerse explotar en un atentado con coche bomba que mató a un oficial de policía y a un funcionario del tribunal. Las autoridades turcas culparon de esta violencia al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán.

El ataque se produjo después de que funcionarios turcos dijeran que habían identificado al responsable de la masacre de Año Nuevo en una discoteca de Estambul, que dejó 39 muertos. La Policía publicó una foto del sospechoso, del que afirma que sigue en libertad, pero no reveló su nombre.

Medios estatales en Siria anunciaron el jueves que al menos 11 personas murieron y otras 35 resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en la ciudad costera de Jableh. Es el primer ataque en la ciudad desde que una tregua inestable entrara en vigor la semana pasada. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero el autoproclamado Estado Islámico (ISIS), entre otros grupos, no formaba parte del cese del fuego acordado por rusos, iraníes y turcos.

Cuando faltan solo dos semanas para el día del traspaso de mando presidencial en Estados Unidos, la coalición contra la guerra y el racismo, ANSWER, ha sido informada de dónde se le permitirá llevar a cabo la manifestación. El Servicio Nacional de Parques concedió un permiso para una pequeña parte del extremo oeste de Freedom Plaza, en la capital del país. La agencia afirma que otras 24 solicitudes de permisos siguen pendientes porque el comité inaugural de Donald Trump no ha confirmado los lugares que no planea usar. Este es el abogado Carl Messineo, de Partnership for Civil Justice Fund (Fondo de la Asociación para la Justicia Civil).

Carl Messineo enunció: “El hecho es que el [Servicio Nacional de Parques] está intentando perturbar la organización de manifestaciones y descongestionar la ruta del desfile. La presidencia podrá ser de Trump a la brevedad, pero el espacio público pertenece al pueblo”.

Partnership for Civil Justice Fund sostiene que puede presentar una demanda para que se emitan más permisos. La directora ejecutiva de la organización, Mara Verheyden-Hilliard, habló al respecto.

Mara Verheyden-Hilliard declaró: “Estamos recibiendo llamadas de personas de todo el país que están preocupadas acerca de si deben comprar o no los boletos de autobús y si podrán hablar, y permanecer aquí. Estamos aquí para decirles que es seguro venir, es legal venir. Pueden traer a sus hijos, a sus padres. Hay espacio permitido en DC y es seguro y legal manifestarse. Compren sus boletos de autobús hoy mismo”.