El martes, un juez federal en Hawái bloqueó la mayor parte de la última versión de la prohibición de viaje emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pocas horas antes de que entrara en vigencia. El juez de distrito estadounidense Derrick Watson, que previamente había bloqueado los planes gubernamentales de prohibir el ingreso al país a refugiados y viajeros de seis países con mayoría musulmana, dictaminó que la última prohibición “claramente discrimina por nacionalidad”, lo que constituye una violación de la ley y de los “principios fundadores de la nación estadounidense”. La prohibición hubiera impedido el ingreso a algunos viajeros de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen. Sin embargo, la orden del juez Watson permitirá la prohibición del ingreso a Estados Unidos de algunos norcoreanos y venezolanos. La Corte Suprema tenía programada una audiencia este mes para escuchar los argumentos sobre una versión anterior de la prohibición, pero la canceló cuando Trump emitió nuevas restricciones. La Casa Blanca declaró que apelará éste último fallo.
En el Capitolio de Washington DC, dos senadores declararon el martes que se había llegado a un acuerdo para estabilizar el mercado de los seguros de salud, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizaba una campaña destinada a erradicar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida también como Obamacare. El acuerdo limitado del senador republicano Lamar Alexander, de Tennessee, y la senadora demócrata Patty Murray, de Washington, financiará los subsidios de seguro de salud para los estadounidenses de bajos ingresos durante dos años. El presidente Trump afirma que va a respaldar el acuerdo, a pesar de que la semana pasada declaró que iba a poner fin a los millones de dólares en subsidios federales para las aseguradoras como parte de su intento por “dejar que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio implosione”.
En el estado de Florida, Myeshia Johnson, viuda del sargento del Ejército estadounidense La David Johnson, lloró sobre el ataúd de su marido cuando su cadáver llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el martes, antes del funeral planificado para el fin de semana. El sargento Johnson fue uno de los cuatro soldados estadounidenses fallecidos en una emboscada durante una patrulla en Níger el pasado 4 de octubre, una incursión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no reconoció públicamente hasta que un periodista lo confrontó al respecto esta semana. El martes, la congresista de Florida Frederica Wilson relató que Trump había llamado a Myeshia Johnson mientras ella acompañaba a la familia del sargento hacia el aeropuerto en un coche. La congresista declaró haber escuchado a Trump en el altavoz del teléfono cuando dijo: “Él sabía para lo que se había apuntado… pero cuando eso sucede, igual duele”. En respuesta, Wilson opinó en el periódico The Miami Herald: “Creo que es muy insensible. Es una locura. No hay necesidad de decir eso. No se le dice eso a alguien que perdió un familiar, un padre, al sostén de la familia. Puedes decir: ‘Siento mucho tu pérdida. Es un héroe’. No puedo creerlo”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó indignación el lunes cuando afirmó falsamente que el ex presidente Barack Obama no llamaba personalmente a las familias de los soldados estadounidenses muertos en combate. El comentario provocó que el ex subjefe de personal del ex presidente Obama calificara estas declaraciones de “malditas mentiras” y llamara a Trump “animal desquiciado”. El martes, el presidente redobló los comentarios en una entrevista para Fox News Radio.
El presidente Donald Trump declaró: “Si no me equivoco, creo que he llamado a todas las familias de las personas que fallecieron. Y es la llamada más difícil de hacer. Y lo dije muy fuerte y claro ayer. Lo más difícil para mí es hacer eso. Ahora, en lo que respecta a otros representantes, no lo sé. Quiero decir, podrían preguntarle al general Kelly: ‘¿recibió una llamada de Obama?’ Podrían preguntarles a otras personas. No sé cuál era la política de Obama. Yo escribo cartas y también llamo”.
Trump se refería a su jefe de gabinete, el general retirado del Cuerpo de Infantes de la Marina John Kelly, cuyo hijo, el teniente primero Robert Kelly, falleció en Afganistán en 2010 al pisar una mina. Kelly se ha negado a hablar públicamente sobre la muerte de su hijo. El periódico The Washington Post informa que en 2011 John Kelly asistió a un desayuno celebrado por el entonces presidente Obama para las familias de soldados muertos en combate.
En Somalia, nuevos detalles sobre el atentado con bombas del sábado revelan que el acusado de planificar el ataque podría haber estado motivado por una incursión mortal estadounidense del verano pasado, que dejó un saldo de diez civiles muertos, entre ellos, niños. El medio The Guardian informa que el presunto terrorista pertenece a la comunidad que fue atacada en agosto pasado, una población cercana a la capital, Mogadiscio. El ataque del sábado causó la muerte de más de 300 personas y dejó cerca de 400 heridos.
En Afganistán, una ola de ataques de los talibanes contra las fuerzas de seguridad afganas dejó un saldo de 80 muertos y casi 300 heridos, en el peor día de violencia del país en al menos cinco meses. En el ataque más letal, los combatientes talibanes utilizaron una serie de bombas para traspasar un complejo policial en la ciudad de Gardez, ingresar al edificio e iniciar una batalla con armas de fuego que tuvo una hora de duración.
En Kenia, el líder de la oposición, Raila Odinga, canceló una campaña de protesta el martes, después de que tres personas fallecieran por disparos de la policía mientras se manifestaban contra la comisión electoral de Kenia. Con las últimas muertes, los grupos de derechos humanos afirman que al menos 67 de los partidarios de Odinga murieron en protestas por las elecciones fallidas del 8 de agosto. El presidente actual, Uhuru Kenyatta, ganó las elecciones con el 54% de los votos, pero la Corte Suprema de Kenia anuló el resultado con el argumento de que hubo irregularidades en el sistema de votación electrónica del país. Odinga declaró la semana pasada que no iba a participar en la nueva votación, programada para el 26 de octubre, si no se producía una reforma electoral.
El ejército israelí allanó canales de televisión y oficinas de medios de comunicación a lo largo de los territorios ocupados de Cisjordania durante la noche del martes. En el operativo el ejército confiscó equipos, obligó a los locutores a salir del aire y arrestó a dos personas palestinas. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel acusaron a los medios de comunicación de incitar al terrorismo. El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó la represión y declaró que iba a congregar a los trabajadores de los medios de comunicación frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Ramallah.
Las incursiones se produjeron al tiempo que Israel aprobaba los planes para construir 31 viviendas nuevas en un asentamiento de la ciudad palestina de Hebrón. Es la medida más reciente del primer ministro Benjamin Netanyahu, que desafía el derecho internacional mediante la expansión de los asentamientos judíos. Las siguientes son palabras de Hagit Ofran, del grupo israelí Peace Now.
Hagit Ofran enunció: “Este plan va a estar en el núcleo de la ciudad palestina de Hebrón. Va a aumentar la cantidad de colonos israelís en un 20%. Es una mala decisión que Israel ahora permita ampliar el asentamiento, que representa el rostro más feo de la ocupación de Israel”.
Documentos recientemente desclasificados revelan que los diplomáticos de la embajada estadounidense en Jakarta, Indonesia, tenían conocimiento y apoyaron la campaña de exterminio masivo perpetrada por el gobierno indonesio en la década de 1960, que tuvo como resultado la muerte de cientos de miles de civiles y, según algunas estimaciones, más de un millón de personas. Desde 1965, las fuerzas militares y paramilitares de Indonesia comenzaron a asesinar a las personas acusadas de comunistas y disidentes tras derrocar al gobierno electo democráticamente. El Ejército contó con el apoyo del gobierno del presidente Lyndon Johnson y fue dirigido por el general Suharto, quien pasó a gobernar Indonesia durante décadas. En distintos memorandos que se publicaron el martes, los funcionarios de la embajada estadounidense celebraban los informes que describían la “matanza” y el “asesinato indiscriminado” de indonesios. Un memorando de fines de 1965 indicaba: “Por lo general, las víctimas son retiradas de las áreas pobladas antes de ser asesinadas y los cuerpos se entierran en lugar de tirarse al río”. Los historiadores afirman que Estados Unidos proporcionó al Ejército de Indonesia apoyo financiero, militar y de inteligencia durante la época en que se realizaron los asesinatos en masa.
Nuevamente en Estados Unidos, el candidato del presidente Donald Trump para experto en drogas, el congresista republicano Tom Marino, se retiró de la contienda el martes, luego de que una investigación llevada a cabo por el periódico The Washington Post y el programa 60 Minutes hallara que Marino había encabezado un intento respaldado por la industria farmacéutica para debilitar la capacidad del gobierno federal en cuanto a tomar medidas contra la epidemia de opioides. La legislación, respaldada por Marino, hizo casi imposible que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) pudiera mantener fuera del mercado negro enormes cantidades de analgésicos opioides que requieren receta médica para su compra. En un tuit, el presidente Trump reconoció que Marino se retiraría y se refirió a él como “un buen hombre y un gran congresista”.
En Los Ángeles se incendió durante la noche una enorme refinería de petróleo cercana al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El fuego iluminó el cielo nocturno y afectó los barrios residenciales próximos con enormes columnas de humo. La policía recomendó a los habitantes cercanos al área que cerraran las ventanas, y los bomberos trabajaron durante aproximadamente media hora para extinguir las llamas. Chevron describe el sitio como la mayor refinería de petróleo de la región occidental de Estados Unidos, que procesa más de 250.000 barriles de petróleo crudo por día.
Mientras tanto, en el norte del estado de California se desató el martes un nuevo incendio forestal en los Montes de Santa Cruz, al suroeste de San José, el más reciente en una temporada de incendios sin precedentes. La cifra oficial de fallecidos a causa de los incendios ascendió a 41, la mayor en la historia de California. Decenas de personas más continúan desaparecidas y, según el sheriff del condado de Sonoma, algunas víctimas fueron reducidas a cenizas y huesos, por lo que no podrán ser identificadas.
En Texas, la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles afirma que el gobierno del presidente Donald Trump no permite que una adolescente indocumentada embarazada pueda abortar. En la demanda presentada ante un tribunal federal, la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles sostiene que la adolescente de 17 años, que vive sin acompañamiento en un refugio, obtuvo un permiso de un juez para interrumpir su embarazo, pero los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias se negaron a transportarla a una clínica de salud femenina para que se le practique el procedimiento.
El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó un proyecto de ley que permitirá que los habitantes marquen un tercer género al solicitar documentos oficiales. A partir de 2019, cualquier persona que solicite una licencia de conducir o certificado de nacimiento podrá identificarse como perteneciente al género “femenino”, “masculino” o “no binario”. La ley sigue los pasos de proyectos similares que se aprobaron en Oregon y Washington DC, y está previsto que otros estados, como Nueva York, hagan lo mismo.
En Chechenia, un ciudadano ruso que afirma haber sido secuestrado y torturado por la policía se convirtió en el primer testigo abiertamente homosexual en describir lo que los grupos de derechos humanos denominan un “pogromo homosexual” llevado a cabo por las autoridades chechenas. Maxim Lapunov, de 30 años, relató a los periodistas el lunes que fue secuestrado en las calles de la capital de Chechenia, Grozny, en marzo y que fue llevado a una celda de prisión manchada de sangre donde fue torturado durante 12 días.
Maxim Lapunov afirmó: “La celda era aterradora. Medía aproximadamente cuatro metros cuadrados y una cuarta parte estaba cubierta en sangre. No era sangre de ayer ni de antes de ayer. Era sangre fresca que empapaba el piso. Primero me golpearon con tubos de plástico. No puedo decir por cuánto tiempo, pero fue bastante. Me caía sobre mis rodillas porque ya no podía estar parado. Me golpearon en las piernas, muslos, glúteos, espalda. Me dejaban respirar de vez en cuando, pero luego me volvían a poner de pie para continuar golpeándome, al tiempo que me gritaban, me amenazaban y me acusaban de cosas”.
Los grupos de derechos humanos afirman que al menos 100 personas, principalmente hombres jóvenes homosexuales, fueron recogidas por la policía chechena y torturadas a comienzos de este año.
Nuevamente en Estados Unidos, la Casa Blanca desmintió un polémico artículo publicado por la revista The New Yorker, que afirma que el presidente Donald Trump bromeó con que el vicepresidente Mike Pence “quiere colgar” a los homosexuales. Según la periodista Jane Mayer, Trump hizo estos comentarios durante una reunión privada con un académico experto en leyes con motivo de las opiniones del vicepresidente en materia de los derechos de las personas LGBT. “No le preguntes a él, los quiere colgar a todos”, habría dicho Trump, quien también se habría burlado de Pence por sus opiniones religiosas y su activismo en contra del aborto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó a los periodistas que nunca se habían hecho estos comentarios, pero The New Yorker mantiene sus afirmaciones y sostiene que para escribir el artículo se llevó a cabo una investigación meticulosa y se hicieron entrevistas a 60 funcionarios.
Y en la zona norte de Minnesota, un juez de distrito del condado de Hubbard falló que permitirá que los activistas presenten la llamada “defensa de necesidad” cuando se sometan a juicio tras haber sido acusados de cerrar las válvulas de un oleoducto en una acción de protesta directa el año pasado. A los activistas, que afirman que su decisión de quebrantar la ley fue propiciada por el peligro claro y actual que representa el calentamiento global, se les permitirá presentar los testimonios periciales de expertos sobre el cambio climático. Entre los que serán convocados a prestar testimonio se encuentra el ex científico climático de mayor rango de la NASA James Hansen y el fundador de 350.org Bill McKibben, quien afirmó al sitio web Common Dreams: “El planeta entero estará dentro de la sala de audiencia el día que comience el juicio. Es una oportunidad excepcional para explicar precisamente por qué es necesario hacer algo, y hacerlo de forma inmediata”.