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Miles de personas se concentraron hace poco en el National Mall de la ciudad de Washington para pedir justicia por Puerto Rico, dos meses después que el huracán María se abatiera sobre la isla. Los manifestantes pidieron la rápida intervención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para restaurar los servicios en Puerto Rico y cancelar su deuda. La mitad de la isla sigue sin energía eléctrica y cientos de miles de residentes todavía no tienen acceso al agua potable. Esto se produce en momentos que el titular de PREPA, la empresa pública de energía de Puerto Rico, renunció tras la indignación y la polémica generalizadas por la firma de un contrato de $300 millones de dólares con la pequeña empresa Whitefish. Whitefish tiene sede en Montana y lleva el nombre del pueblo de origen de Ryan Zinke, secretario de Interior. Democracy Now! estuvo en Puerto Rico hace un mes y, apenas unos días antes que se anunciara la cancelación del contrato, fuimos al Coliseo Roberto Clemente. Allí, la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y su vice alcalde, Rafael Jaume, acababan de poner sus manos en los contratos y estaban analizando los detalles del acuerdo de $300 millones con Whitefish y otro de $200 millones entre la empresa de energía y Cobra, una empresa con sede en Oklahoma.
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