Titulares09 de noviembre de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició las conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, en Beijing, tras una ostentosa bienvenida que tuvo lugar el miércoles y que fue anunciada como una visita de Estado “del más alto nivel”, que incluyó la primera cena estatal para un presidente estadounidense dentro de la Ciudad Prohibida. La ceremonia de bienvenida, que se llevó a cabo frente al Gran Salón del Pueblo de Beijing, fue transmitida en vivo por la televisión estatal, lo que representa un tratamiento sin precedentes para un líder visitante. Trump aprovechó las conversaciones para pedirle a China que corte sus vínculos con Corea del Norte.

Donald Trump declaró: “Estados Unidos está comprometido con la desnuclearización completa y permanente de Corea del Norte, que es muy importante. China puede solucionar este problema de forma fácil y rápida. Hago un llamado a China y a su gran presidente para que trabajen con mucho empeño. Sé algo acerca de su presidente: si él trabaja arduamente, esto sucederá. No hay dudas. Ellos lo saben”.

China insiste en que ya está aplicando plenamente las sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas. Los activistas por los derechos humanos e incluso miembros del partido de Trump lo han instado a utilizar su viaje para amonestar a China por la represión que ejerce contra los disidentes y para pedir la liberación de los presos políticos. Trump se encuentra en una gira por cinco países asiáticos. Ahora se dirige a Vietnam, donde tiene programado reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump culminará su viaje a Asia en Filipinas. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura desde Beijing con más información sobre la visita de Trump a China.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos dijo el miércoles que iba a llevar a cabo audiencias para revisar el poder del presidente Donald Trump para iniciar una guerra nuclear. El presidente del comité, el senador republicano Bob Corker, afirma que la audiencia de la semana próxima será la primera instancia desde 1976 en que la Cámara de Representantes o el Senado examinen la autoridad de un presidente para lanzar un primer ataque nuclear. Los planes para las audiencias se producen después de que el senador Corker cuestionara varias veces si Donald Trump era apto para ser presidente. Trump ha amenazado en más de una ocasión con “destruir totalmente” a Corea del Norte y desatar “fuego y furia” contra la nación de 25 millones de habitantes.

El gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump impuso nuevas restricciones severas contra los ciudadanos estadounidenses que visiten Cuba, lo que impide que los estadounidenses se alojen en decenas de hoteles y pone en la lista negra a decenas de empresas cubanas. La medida invierte gran parte de los avances que se habían logrado durante la presidencia de Barack Obama en las relaciones diplomáticas con Cuba. Las restricciones no pondrán fin a los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba, pero traen grandes dificultades para los estadounidenses que deseen viajar de forma individual a la isla. Las sanciones fueron inmediatamente condenadas por las autoridades cubanas. Esta es Josefina Vidal, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Josefina Vidal expresó: “Las sanciones unilaterales no funcionan. Las sanciones unilaterales afectan a la gente, lastiman a la gente. Por lo tanto, nos oponemos enfáticamente a las sanciones unilaterales, por lo que nunca verán al gobierno cubano adoptar este tipo de sanciones contra otras personas ni contra otros países, incluido Estados Unidos”.

En Washington DC, el sindicato que representa a los empleados del servicio exterior advierte que el gobierno del presidente Donald Trump está perjudicando a la diplomacia estadounidense a “velocidad vertiginosa”, ya que se ha reducido la cantidad de cargos diplomáticos y se han congelado las contrataciones en todo el Departamento de Estado. Desde que Trump asumió el cargo, tres de los cinco embajadores de carrera del Departamento de Estado se han retirado o renunciado, y casi la mitad de los enviados diplomáticos de carrera –el siguiente rango inferior– también se han ido. Esta semana, en una carta a los miembros de la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos, la embajadora Barbara Stephenson escribió: “El personal que se está dejando ir ahora no es solo nuestro mejor personal, sino también personal que no puede generarse de la noche a la mañana. La pérdida rápida de tantos funcionarios con experiencia tiene un efecto grave, inmediato y tangible sobre la capacidad de Estados Unidos para influir en los acontecimientos mundiales”.

Un nuevo informe sobre la desigualdad en Estados Unidos halló que los tres hombres más ricos del país poseen más riqueza que la mitad más pobre de los estadounidenses: más de 160 millones de personas. El informe del Instituto de Estudios de Políticas titulado “Billionaire Bonanza 2017” (“Bonanza multimillonaria 2017”, en español) concluye que Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett tienen entre los tres un total de 248.500 millones de dólares, mientras que el 20% de los hogares de Estados Unidos más empobrecidos tiene riqueza cero o negativa. Los autores del informe, Chuck Collins y Josh Hoxie, advierten: “En las últimas décadas, una parte increíblemente desproporcionada de los ingresos y ganancias de Estados Unidos se ha dirigido a la cima de nuestro espectro económico”. Los hallazgos se producen cuando los senadores republicanos se preparan para desvelar su plan de recorte tributario, un proyecto de ley que podría aumentar en gran medida la deuda nacional y reducir los impuestos a las corporaciones y a la riqueza heredada, otorgando la mayoría de sus beneficios a los estadounidenses más acaudalados.

En Texas, el vicepresidente Mike Pence se reunió el miércoles con las familias de las víctimas de la masacre del domingo pasado, que tuvo lugar en una iglesia en la comunidad de Sutherland Springs, donde el agresor, Devin Patrick Kelley, usó un rifle de asalto semiautomático para matar a 26 personas y herir a otras 20. Kelley pudo comprar su rifle a pesar de haber sido condenado por un tribunal militar por cargos de abuso doméstico. Pence consideró que el ataque era culpa de “los problemas de salud mental” del autor y de “fallas burocráticas”.

Mike Pence enunció: “En unos momentos nos reuniremos con las familias de los caídos, los abrazaremos y les aseguraremos que cada estadounidense los tiene en sus corazones… fue un crimen que el agresor pudiera llegar a comprar un arma de fuego, en primer lugar. Él mintió en su solicitud. Tenía antecedentes de enfermedad mental y hubo fallas burocráticas”.

Pence es un antiguo miembro de la Asociación Nacional del Rifle estadounidense (NRA, por su sigla en inglés) y cuenta con una calificación “A” en el grupo de lobby de armas. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas, para que se redujeran las reglas en las compras interestatales y a favor de una legislación nacional que habría permitido a los propietarios de armas portar armas ocultas.

El gobierno de España afirmó el miércoles que analizará la posibilidad de implementar cambios en la Constitución que permitan a los gobiernos regionales realizar referendos por la independencia, similares al que fue prohibido el 1 de octubre, que desencadenó una crisis política en la región española de Cataluña. El aparente gesto de paz se ofreció mientras los activistas a favor de la independencia convocaron a una huelga general el miércoles. En Barcelona, la policía antidisturbios arrestó a los estudiantes que ocuparon una estación de trenes y suspendieron el servicio ferroviario de alta velocidad. La policía también retiró a los manifestantes que impedían el paso en caminos y carreteras de toda la ciudad. Estas son las palabras de Adriana, una estudiante de Barcelona que afirmó que los manifestantes exigen la liberación de los líderes políticos catalanes que fueron arrestados y acusados de rebelión y sedición.

Adriana sostuvo: “Romper con la imagen de normalidad, como si aquí no estuviera pasando nada, y después reivindicar la libertad de los presos políticos que tenemos y continuar la movilización en las calles, porque la república que se declaró se tiene que defender y se tiene que reivindicar y, por lo tanto, tenemos que continuar organizados y tenemos que continuar movilizados”.

El Tribunal Supremo de Apelaciones de Egipto confirmó la condena de cinco años de prisión y cinco años de libertad condicional para Alaa Abd El-Fattah, uno de los más destacados activistas a favor de la democracia del país. El fallo es definitivo y no puede apelarse. El-Fattah ya cumplió tres años y medio de la condena, por lo que pasará el próximo año y medio en prisión. La libertad condicional implica que tendrá que pasar hasta 12 horas por día en una delegación policial durante los cinco años siguientes a ser liberado. El-Fattah fue condenado por incitar a una protesta en 2013, que violó una ley que prohíbe realizar reuniones públicas sin la aprobación del gobierno. También enfrenta un juicio en el marco de otro caso por insultar al sistema judicial, cuyo veredicto está previsto para diciembre. Según la organización Human Rights Watch, el gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, ha arrestado o presentado cargos contra al menos 60.000 personas, y ha desaparecido forzadamente a cientos de personas durante meses, ha fallado a favor de condenas a muerte preliminares contra cientos de personas y ha enviado a más de 15.000 civiles a tribunales militares.

Nuevamente en Estados Unidos, un activista de Black Lives Matter (“Las vidas afroestadounidenses importan”, en español) y periodista ciudadano cuya fotografía de una protesta se difundió ampliamente fue electo para integrar el concejo de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. La fotografía de Braxton Winston del año pasado lo muestra levantando el puño frente a una línea de oficiales de la policía antidisturbios mientras participaba en las protestas que se produjeron a raíz del asesinato de Keith Lamont Scott, un padre de familia afroestadounidense que fue asesinado por un oficial de la policía de Charlotte que luego fue absuelto del crimen. Winston prometió centrarse en el desarrollo económico y en que la policía rinda cuentas de sus actos.

Mientras tanto, el electorado de Virginia del Norte eligió al demócrata Lee Carter, de 30 años y veterano de la Infantería de Marina, para ocupar un cargo en la Cámara de Delegados del estado. Carter se identifica como socialista demócrata. Derrotó al republicano Jackson Miller, quien ocupaba el cargo desde hacía mucho tiempo y que es líder de la mayoría en el estado.

En Texas, el ciudadano mexicano de 47 años Rubén Ramírez Cárdenas falleció el miércoles por la noche luego de que los funcionarios de la prisión le inyectaran una dosis única letal del fármaco pentobarbital. La ejecución de Cárdenas se produjo dos décadas después de que fuera condenado por el asesinato de su prima de 16 años. La ejecución se produjo en medio del fuerte rechazo de los diplomáticos mexicanos, que afirman que Texas violó los derechos del recluso al debido proceso y no tuvo en cuenta las contradicciones de los testimonios de los testigos durante el juicio, además de haberse negado a permitir que se realizaran nuevas pruebas de ADN.

En Indiana, la Universidad de Notre Dame dio marcha atrás en sus planes de dejar de cubrir el control de natalidad para profesoras, funcionarias y estudiantes, luego de las protestas que tuvieron lugar en la universidad católica. El intento de Notre Dame de restringir la cobertura de los métodos anticonceptivos se produjo a menos de un mes de que el gobierno del presidente Donald Trump redujera drásticamente la cobertura de anticonceptivos contemplada en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

En Hollywood, más de una docena de hombres salieron a la luz para acusar al actor Kevin Spacey de acoso y abuso sexual. Las acusaciones más recientes se produjeron el miércoles, cuando la presentadora de noticias de la televisión de Boston Heather Unruh afirmó que Spacey atacó sexualmente a su hijo el año pasado en un bar de Nantucket.

Heather Unruh afirmó: “Sucedió tarde en la noche dentro del restaurante y bar Club Car, en la isla de Nantucket. La víctima, mi hijo, era un joven de 18 años, heterosexual, deslumbrado por la fama, que no tenía idea de que el famoso actor era un supuesto depredador sexual o de que él se convertiría en su próxima víctima”.

El miércoles, el director Ridley Scott afirmó que eliminará al actor Kevin Spacey de la película ya finalizada “All the Money in the World” y que volverá a filmar las escenas con Christopher Plummer en el papel que interpretaba Spacey.

En Texas, una solicitante de asilo que estaba recluida en el centro de detención privado T. Don Hutto, exclusivo para mujeres, afirmó que fue abusada sexualmente por una guardia y que tiene miedo de las represalias por haber hecho la denuncia. La mujer asegura que una guardia femenina que trabajaba en el área de recreación la tocó de forma indebida varias veces. En una carta otorgada a un defensor durante las horas de visita, la mujer escribe que la guardia “aprovechaba cualquier momento que tenía para tocar mi pecho o mis piernas” y “lo que me hizo a mí se lo hizo también a otras prisioneras”. El grupo Grassroots Leadership informa que la mujer fue tratada con desconfianza luego de que los agentes del sheriff la entrevistaran esta semana, bajo la observación de las autoridades migratorias. Aproximadamente 500 mujeres se encuentran recluidas en Hutto, una prisión gestionada por la empresa CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America.

Y un juez federal afirmó que uno de los primeros beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) en ser arrestados durante una redada de inmigración en el marco del gobierno del presidente Donald Trump tiene derecho a impugnar las acciones del gobierno. Daniel Ramírez Medina tenía permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos como parte de dicho programa, pero las autoridades le retiraron su estatus legal luego de la redada en febrero. El gobierno falló que puede cancelar el estatus de beneficiario del programa a cualquier persona, en cualquier momento, sin ningún motivo. Pero Ramírez denuncia que su derecho al debido proceso fue violado. El miércoles, el juez Ricardo Martínez se negó a desestimar el caso y afirmó: “Lo que se declara a los solicitantes de DACA no indica ni debe insinuar que no tienen derecho a un proceso, especialmente en el caso [de Ramírez], en el que los beneficios ya fueron otorgados”.