Titulares17 de mayo de 2017

La Casa Blanca fue sacudida por un nuevo gran escándalo el martes luego de que el periódico The New York Times informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió personalmente al director del FBI, James Comey, que pusiera fin a la investigación sobre el exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn. El diario informa que Trump hizo esta solicitud extraordinaria a Comey durante una reunión en el Despacho Oval el 14 de febrero, un día después de que Trump despidiera a Flynn por mentir en ámbitos públicos y privados sobre sus contactos con los funcionarios de Rusia. Se informa que Trump habría pedido al vicepresidente Mike Pence y al fiscal general Jeff Sessions que se retiraran de la sala antes de hacerle el pedido a Comey y afirmar: “Espero que puedas encontrar el modo de dejar pasar esto, dejar pasar el asunto de Flynn. Es un buen hombre. Espero que lo puedas dejar pasar”. The New York Times fundamenta su artículo en dos fuentes que citaron un memorando escrito por el director Comey luego de esa reunión. El martes por la noche, Jason Chaffetz, el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, le pidió al FBI que presente todos sus “memorandos, notas, resúmenes y grabaciones” de las discusiones entre Trump y Comey. Esto se dio a conocer una semana después de que Trump despidiera a Comey luego de que se afirmara que el director del FBI pretendía obtener más recursos para su investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y la Organización Trump. El informe reafirma los indicios de que el presidente podría haber cometido el delito de obstrucción a la Justicia. Desde el Senado, el legislador demócrata de Nueva York y líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo a sus colegas: “La historia nos está observando”.

El senador Chuck Schumer sostuvo: “Las inquietudes sobre nuestra seguridad nacional, el Estado de Derecho y la independencia de nuestras principales agencias de orden público son cada vez mayores. El país está siendo puesto a prueba de forma nunca antes vista. Les digo esto a mis colegas del Senado: La historia nos está observando”.

El demócrata que ocupa el cargo más importante en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, de California, sostuvo que Comey volvería al Capitolio a testificar y prometió que requerirá como pruebas todos los materiales relevantes.

Mientras tanto, el periódico The New York Times también informó que durante la reunión del 14 de febrero en el Despacho Oval el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a James Comey que analizara la posibilidad de encarcelar a los periodistas que informen sobre las filtraciones de información clasificada. En una declaración, Bruce Brown, del Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa, escribió: “Ningún presidente tiene la potestad de encarcelar a los periodistas. Los periodistas tienen la protección de jueces y jurados, de un Congreso que confía en ellos para mantenerse informados, y de un Departamento de Justicia que durante décadas ha honrado el papel de la prensa libre y ha rechazado el procesamiento de periodistas por publicar filtraciones de información clasificada”.

El diario The New York Times informó que Israel era la fuente de la información de inteligencia sumamente confidencial que habría divulgado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y al embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, en la Casa Blanca la semana pasada. En una conferencia de prensa de emergencia que tuvo lugar el martes, el consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, quiso minimizar el daño de la divulgación hecha por Trump.

Jonathan Karl: “Tengo una pregunta directa: ¿El presidente compartió información clasificada con los rusos en esa reunión?”

H.R. McMaster: “Tal como dije anteriormente, no decimos qué es clasificado y qué no es clasificado. Lo que les diré nuevamente es que lo que compartió el presidente era totalmente apropiado”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció esta mañana compartir con el Congreso estadounidense una grabación de la reunión entre Trump, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y el embajador Kislyak que tuvo lugar en el Despacho Oval. No queda claro si esa grabación existe. Durante la reunión, el gobierno de Trump prohibió el ingreso de todos los medios de comunicación estadounidenses, mientras que le permitió a un fotógrafo de la agencia estatal de noticias rusa TASS ingresar al Despacho Oval.

Los crecientes escándalos en la Casa Blanca han llevado a varios legisladores estadounidenses a hablar abiertamente sobre la posibilidad de realizar un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lunes el congresista demócrata de Texas Al Green afirmó que Trump debería ser destituido por obstruir la investigación del FBI acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los congresistas Maxine Waters, de California, Tulsi Gabbard, de Hawái, Keith Ellison, de Minnesota, y otros demócratas que integran la Cámara de Representantes también plantearon la posibilidad del juicio político, tal como lo ha hecho el senador independiente Angus King, quien habló el jueves por la noche con el periodista de CNN Wolf Blitzer.

Wolf Blitzer: “Si estas acusaciones son verdaderas, ¿nos estamos acercando a la posibilidad de otro proceso de juicio político?”

Senador Angus King: “Aunque no lo quiera, Wolf, debo decir que sí, simplemente porque la obstrucción a la justicia es un delito muy grave”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca el martes. Trump alabó al líder autoritario y prometió continuar suministrando armas estadounidenses a Turquía. Erdogan elogió la victoria de Trump y se refirió a ella como un “triunfo legendario”, a la vez que expresó su rechazo a la decisión del gobierno de otorgar armamento a las fuerzas kurdas de Siria de la milicia Partido de la Unión Democrática (PYD, por su sigla en inglés). Erdogan también volvió a hacer referencia a su reclamo para que Estados Unidos extradite a Fethullah Gulen, un disidente turco que vive en Pensilvania y que según Erdogan es el responsable de encabezar un intento fallido de golpe de Estado en 2016.

Luego de la reunión celebrada el martes en la Casa Blanca, los miembros del equipo de seguridad del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacaron a manifestantes que llevaban a cabo una protesta pacífica en contra de Erdogan frente a la residencia del embajador turco en Washington, DC. Un video del incidente muestra cómo los hombres de traje golpean y patean a los manifestantes que llevan una bandera del Partido kurdo de la Unión Democrática (PYD, por su sigla en inglés). Nueve personas resultaron heridas y dos de los manifestantes tuvieron que ser hospitalizados por la gravedad de las lesiones que sufrieron. La policía arrestó a dos personas.

En últimas noticias de Afganistán, hombres armados con explosivos irrumpieron en las oficinas de la estación de radio y televisión nacional en Jalalabad. Al menos dos personas murieron y más de diez resultaron heridas. Los funcionarios advierten que se espera que la cantidad de víctimas aumente.

En Irak, el observatorio periodístico Airwars informa que un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos derribó el lunes una casa de civiles en la ciudad de Mosul, causando la muerte de ocho miembros de una misma familia. El ataque aéreo habría matado al residente Al-Haj Alaa al-Safi, su esposa, madre, hijos, hermano y cuñada.

En Kansas, la denunciante del ejército Chelsea Manning fue liberada de la cárcel de Fort Leavenworth esta mañana después de pasar siete años tras las rejas por filtrar a WikiLeaks más de 700.000 archivos y videos clasificados relacionados con la política exterior estadounidense y las guerras en Irak y Afganistán. Manning fue condenada a 35 años de prisión en 2013 tras haber sido condenada en virtud de la Ley de Espionaje, que data de tiempos de la Primera Guerra Mundial. En enero, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama conmutó su condena poco antes de dejar el cargo. Manning es ya la denunciante que ha estado retenida por más tiempo en la historia de Estados Unidos.

Mientras tanto, el activista por la independencia de Puerto Rico Oscar López Rivera será liberado hoy después de pasar 35 años en la cárcel, la mayor parte de ese tiempo en confinamiento solitario. En febrero, López Rivera fue trasladado a una cárcel de Puerto Rico para cumplir el resto de su condena. Tiene programado regresar a Chicago el jueves donde será recibido en una celebración con los legisladores estadounidenses de ascendencia puertorriqueña, incluyendo a los representantes Luis Gutiérrez y Roberto Maldonado.

En México, cientos de periodistas protestaron frente al Ministerio del Interior el martes para exigir el fin de la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La protesta se realizó pocas horas después del funeral del galardonado periodista Javier Valdez, quien fue asesinado por hombres armados el lunes. Otra periodista, Sonia Córdoba, también fue herida de bala el lunes en un ataque en el que murió su hijo. El martes, varios medios de comunicación digitales mexicanos organizaron una huelga de 24 horas, durante las cuales se negaron a publicar nada a excepción de un estandarte negro con información sobre periodistas asesinados. Las siguientes son declaraciones de la periodista galardonada Carmen Aristegui desde la protesta en Ciudad de México.

Carmen Aristegui expresó: “Valdez se convierte para nosotros en un caso emblema, Javier Valdez y su muerte deben significar profundas cosas para nosotros. Javier Valdez y todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino deben significar un motor para nosotros. No al silencio, no a la autocensura, no al miedo. Aquí, juntos, tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir denunciando, para seguir opinando, para decir, decir y decir”.

El martes, en Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, presentó el manifiesto de su partido antes de las elecciones generales programadas para junio. La plataforma propone aumentar los impuestos a las corporaciones y al 5% más rico de los asalariados. Los ingresos se destinarían a mejorar la atención de salud universal, poner fin a la matrícula de universidades públicas, cuidado infantil gratuito, subsidios a la vivienda, ampliación de los derechos de los trabajadores y otros programas. Estas son declaraciones que Jeremy Corbyn hizo el martes.

Jeremy Corbyn enunció: “La gente quiere un país administrado para el beneficio de muchos, no de unos pocos; debido a que durante los últimos siete años nuestro pueblo ha vivido lo contrario; un Reino Unido para los ricos y la élite y los intereses privados”.

De nuevo en Estados Unidos, un juez federal en Mississippi condenó a un hombre de Gulfport a 49 años de cárcel por el homicidio de una adolescente transgénero, en la primera acusación de crimen de odio que involucra a una víctima de esa condición. Joshua Vallum, quien se declaró culpable de matar a Mercedes Williamson, de 17 años de edad, fue condenado bajo la Ley de Prevención de Delitos Motivados por el Odio, de Matthew Shepard y James Byrd, Jr. En una declaración, el fiscal general Jeff Sessions elogió la condena, aunque cuando era senador, en 2009, votó en contra de esta ley. Williamson fue una de las por lo menos 21 personas transgénero asesinadas en Estados Unidos en 2015. En lo que va de este año, al menos diez personas transgénero han sido asesinadas en todo el país.

En Georgia, según informes, un inmigrante panameño se habría suicidado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), tras haber estado detenido durante 19 días en confinamiento solitario. Las autoridades federales afirman haber encontrado a Jean Jiménez-Joseph, de 27 años de edad, inmóvil, con una sábana alrededor del cuello el lunes por la mañana en el centro de detención del condado de Stewart, al sur de Columbus. El grupo de defensa de los derechos humanos Project South dijo a Democracy Now!: “El suicidio de este joven inmigrante en Stewart es una horrible tragedia que podría haberse evitado”. El centro de detención de Stewart tiene capacidad para más de 1.700 personas y está dirigido por CoreCivic, la empresa carcelaria privada conocida anteriormente como Corrections Corporation of America. Una investigación que se llevó a cabo durante un año comprobó la existencia de condiciones deplorables en las instalaciones, además de la carencia de acceso adecuado a tratamientos de salud mental. Los registros judiciales muestran que los jueces de allí ordenan más deportaciones que en cualquier otro lugar del país. Los críticos lo llaman el “agujero negro del sistema de inmigración” y han exigido su cierre.

En más noticias de Georgia, funcionarios penitenciarios ejecutaron al recluso condenado a muerte J.W. Ledford, de 45 años de edad, con una dosis letal del barbitúrico pentobarbital el miércoles por la mañana, después de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazara la apelación al método de ejecución. Los abogados argumentaron que había un alto riesgo de que la inyección no dejara totalmente inconsciente a Ledford, lo que lo expondría a una muerte inconstitucionalmente cruel e inusual. El alto tribunal rechazó esa moción y negó la petición de Ledford de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

Y en Filadelfia, Pensilvania, el abogado especializado en derechos civiles Larry Krasner se posiciona para convertirse en el próximo fiscal de distrito de la ciudad, después de obtener una victoria abrumadora en las elecciones primarias del Partido Demócrata del martes. Krasner ha representado a manifestantes de la organización Black Lives Matter, Act Up, Occupy Philadelphia y otros grupos progresistas. Se ha opuesto durante varios años a la pena de muerte y ha prometido no procurar nunca esta condena. Krasner se opone a las políticas policiales de “detener y cachear” y dijo al medio The Intercept que espera formar un equipo que investigue y procese a policías y a funcionarios públicos por abusos.