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Pocos días después de completar una solicitud de protección por bancarrota, las autoridades de Puerto Rico han anunciado el cierre de 179 escuelas públicas. Dicha solicitud busca la reestructuración de las obligaciones de deuda y pensiones que ascienden a 123 mil millones de dólares y convierten a Puerto Rico en el mayor caso de insolvencia gubernamental en la historia de Estados Unidos. Se trata de una medida que probablemente también implique recortes en el sistema de salud, pensiones e infraestructura. El pedido de asistencia por parte del “territorio no incorporado de Estados Unidos” se realiza bajo el Título III de la Ley PROMESA, que reconoce que Puerto Rico no es parte de ningún estado estadounidense y debe ser tratado en algunos aspectos como territorio soberano. Por su estatus jurídico, Puerto Rico se ve impedido de invocar el Capítulo 9 de la Ley federal de quiebras, que es la estrategia generalmente seguida por los gobiernos estatales o municipales insolventes en Estados Unidos.
Para ampliar esta información, vea (en inglés) el informe de Democracy Now! sobre el tema.
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