Titulares21 de noviembre de 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que apoyará a Arabia Saudí en relación con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien no volvió a ser visto tras ingresar al consulado saudí en la ciudad turca de Estambul el 2 de octubre. En una extraordinaria declaración escrita, plagada de signos de exclamación y subtitulada “Estados Unidos primero”, Trump escribió: “Es posible que el príncipe heredero de la corona [de Arabia Saudí] haya estado al tanto de este trágico suceso; ¡quizás estaba al tanto o quizás no! Dicho esto, cabe aclarar que quizás nunca conozcamos todos los hechos que rodean el asesinato del Sr. Jamal Khashoggi. En cualquier caso, nuestra relación es con el Reino de Arabia Saudí”. Trump hizo esa declaración a pesar de que el periódico The Washington Post informó el viernes que la CIA tiene una “gran certeza” de que el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato de Khashoggi. El martes, Trump tuvo que responder a los reporteros que le preguntaron por qué apoyaba a Arabia Saudí más allá de las afirmaciones de sus propias agencias de inteligencia..

El presidente Donald Trump expresó: “Creo que si rompemos relaciones con Arabia Saudí los precios del petróleo se dispararán. Yo los he mantenido bajos. Ellos me han ayudado a mantenerlos bajos. Ahora mismo, tenemos precios bajos o relativamente bajos. Me gustaría que bajen mucho más. Pero para mí es una ecuación muy simple: yo me dedico a hacer grande a Estados Unidos de nuevo y a poner a Estados Unidos primero”.

Más tarde, Trump sostuvo que Arabia Saudí invierte 400.000 millones de dólares en la economía estadounidense y que ha creado cientos de miles de empleos, una afirmación que es falsa. Pero un nuevo informe elaborado por el Centro de Política Internacional afirma que las inversiones de Riad en Estados Unidos han generado menos de 20.000 empleos al año y han significado solo una fracción de la cifra en inversiones mencionada por Trump.

Al defender a Arabia Saudí en relación con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue blanco de la condena de varios integrantes del Congreso estadounidense. El senador demócrata por el estado de Virginia Tim Kaine calificó la declaración de Trump como “Una nueva postración servil ante un [régimen] autoritario extranjero”. Incluso algunos legisladores republicanos, entre ellos los senadores Lindsey Graham y Rand Paul, se sumaron a las solicitudes de que se apliquen nuevas sanciones a la familia real saudí.

El periodista saudí Jamal Khashoggi residía en Estados Unidos y era columnista del periódico The Washington Post; en una declaración, el editor y director ejecutivo del periódico, Fred Ryan, afirmó: “El presidente Trump tiene razón al decir que el mundo es un lugar muy peligroso. Su rendición ante este asesinato ordenado por el Estado solo lo hará más peligroso. [Trump] está colocando sus relaciones comerciales e intereses personales por encima de los intereses de los estadounidenses, en su deseo por continuar haciendo negocios como siempre con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí”. El martes, Trump negó tener vínculos financieros con Arabia Saudí.

El presidente Donald Trump expresó: “No tengo nada que ver con Arabia Saudí. Para que les quede claro, no hago acuerdos con Arabia Saudí. No tengo dinero de Arabia Saudí. No tengo nada que ver con ellos. No podría importarme menos”.

Sin embargo, estas declaraciones de Trump se contradicen con un comentario que hizo en julio de 2015: “Me agradan los saudíes. Hago mucho dinero con ellos. Me compran todo tipo de cosas”. Según el periódico The Washington Post, los vínculos financieros de Trump con Arabia Saudí se remontan a la década de 1990, y solamente el año pasado los lobistas saudíes gastaron 270.000 dólares en reservas de habitaciones en el hotel de Trump en Washington D.C.

Agrupaciones que defienden los derechos humanos advierten que en Arabia Saudí, algunas de las más prominentes feministas han sido torturadas y acosadas sexualmente tras permanecer detenidas durante meses, sin que se haya presentado cargo alguno en su contra y sin tener acceso a un abogado. A mediados de mayo, las autoridades saudíes comenzaron una serie de arrestos de mujeres, muchas de las cuales habían luchado durante años en contra de la prohibición de conducir automóviles que regía para las mujeres en Arabia Saudí. Tanto Amnistía Internacional como la agrupación Human Rights Watch sostienen que los guardias saudíes recurren con frecuencia a las golpizas, los choques eléctricos, la privación del sueño y la tortura psicológica contra las detenidas.

En Yemen, un nuevo informe de la organización de caridad Save the Children estima que unos 85.000 niños menores de cinco años murieron por desnutrición aguda provocada por la guerra encabezada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto, residentes de la ciudad portuaria yemení de Hodeidah afirmaron que en los últimos dos días la violencia llegó a su punto más alto, en una ofensiva saudí cuyo objetivo es retomar el control de la ciudad, que actualmente está en manos de rebeldes hutíes. Maged Ghaleb, residente de Hodeidah, perdió cuatro hijas en un ataque aéreo de la coalición saudí que impactó en su hogar el fin de semana; una quinta hija se encontraba en soporte vital en un hospital del que la mayoría del personal médico huyó al temer por sus vidas.

Maged Ghaleb expresó: “Si observan mi casa, ya no me queda ni un cuarto kilo de trigo. Imaginen cómo es cuando suceden estos crímenes. Ya nos estamos muriendo de hambre, y llegan estos ataques aéreos y nos matan y multiplican nuestros problemas. Les pedimos a todas las personas honestas del mundo, a todas las personas de todas las religiones, a cualquiera que tenga corazón, que detengan este derramamiento de sangre. No podemos soportarlo. Los yemeníes y sus hijos están siendo asesinados a sangre fría”.

Save the Children sostiene que el abastecimiento de alimentos a través de la ciudad de Hodeidah se ha reducido considerablemente debido a los combates, y que con una reducción del abastecimiento aún mayor el país sería conducido directamente a la hambruna. La Organización de las Naciones Unidas calificó la situación actual en Yemen como la peor crisis humanitaria en medio siglo, en la que unas 14 millones de personas están en riesgo de sufrir hambruna.

En Afganistán, una bomba estalló el martes cuando se produjo un atentado suicida durante una reunión de líderes religiosos en la capital, Kabul. El explosivo causó la muerte de al menos 50 personas e hirió a otras 70. El ataque tuvo como objetivo a un grupo de clérigos musulmanes que se habían reunido en un salón de bodas para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma. Ninguna agrupación se atribuyó la responsabilidad por el ataque, que fue condenado por los talibanes. El autoproclamado Estado Islámico ha reivindicado bombardeos similares que tuvieron lugar recientemente en Kabul.

En el estado de California, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, recorrió el martes el tramo del muro fronterizo entre México y Estados Unidos que separa Imperial Beach de la aledaña Tijuana. Nielsen advirtió a un grupo de integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que cruzaron México para llegar a Estados Unidos, que se congregaron del otro lado del muro, que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump probablemente rechazará sus solicitudes de asilo político.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, expresó: “Querer un empleo no es un criterio para solicitar asilo bajo la ley estadounidense. Querer reunirse con sus familias no es un criterio para solicitar asilo bajo la ley estadounidense. Querer vivir en Estados Unidos no es un criterio para solicitar asilo bajo la ley estadounidense”.

Nielsen agregó: “La crisis es real y está del otro lado de este muro”.

La visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, a la frontera con México se produjo al tiempo que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció que comenzará el retorno de miles de soldados que envió a la frontera previo a las elecciones de mitad de período que se celebraron recientemente en Estados Unidos, y luego de que un juez federal suspendiera los planes del presidente de negar el asilo a toda persona que ingrese a Estados Unidos por fuera de los pasos establecidos. Tras el fallo, 29 familias de migrantes serán liberadas del South Texas Family Residential Center, en Dilley. Muchos de ellos provienen de una región de Centroamérica conocida como el Triángulo Norte, que abarca El Salvador, Guatemala y Honduras y está marcada por una pobreza generalizada y por una violencia extrema relacionada con las pandillas. En una declaración, Amnistía Internacional celebró las liberaciones como un paso positivo, pero criticó al Gobierno de Trump por sus políticas inmigratorias: “Es inadmisible criminalizar a madres, padres e hijos que han perdido todo. El Gobierno [de Estados Unidos] debe abandonar inmediatamente sus planes de construir más centros y campos de detención”.

En el estado de Mississippi, en Estados Unidos, donde los votantes acudirán a las urnas la próxima semana para una segunda vuelta de las elecciones para adjudicar un escaño en el Senado, se hicieron públicas varias fotografías en las que se ve a la senadora republicana titular, Cindy Hyde-Smith, con una gorra del ejército confederado y posando con un rifle antiguo, una espada y otros objetos con los que se identifican los confederados. Las imágenes fueron publicadas por la senadora en la red social Facebook en 2014, con el pie de foto “¡Lo mejor de la historia de Mississippi!”. Esto se produce luego de que se divulgara un video grabado unos días antes de las elecciones de mitad de período que tuvieron lugar recientemente, en el que se Hyde-Smith elogia a un simpatizante de su campaña diciendo: “Si él me invitara a un ahorcamiento público, estaría en la primera fila”. Mississippi ha sido considerado la capital de los linchamientos en Estados Unidos, y el oponente demócrata de Hyde-Smith, Mike Espy, es afroestadounidense.

En otras noticias relacionadas con el estado de Mississippi, Estados Unidos, un juez federal impidió la entrada en vigencia de una severa ley en contra del aborto. Conocida como la Ley de la Edad Gestacional y firmada en marzo por el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, la ley prohíbe la práctica de la mayoría de los abortos luego de transcurridas las 15 semanas de gestación, sin prever excepciones en casos de violación o incesto. En su fallo, que declara la ley inconstitucional, el juez de distrito Carlton Reeves escribió: “El hecho de que los hombres, incluyéndome a mí mismo, determinen cómo las mujeres pueden elegir administrar su salud reproductiva es una triste ironía que no pasa desapercibida en la corte”.

El periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que el Departamento de Justicia procesara penalmente al ex director del FBI James Comey y a la excandidata a la presidencia por el Partido Demócrata Hillary Clinton. El periódico cita a dos fuentes anónimas que señalan que el asesor jurídico de Trump en la Casa Blanca, Don McGahn, solamente logró disuadirlo tras advertirle que esas iniciativas podrían desencadenar un juicio político en su contra.

El periódico The Washington Post informa que el fiscal general interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, recibió un pago de más de 1,2 millones de dólares por liderar una organización benéfica cuya fuente de financiación no ha sido públicamente divulgada. La organización se autoproclama como un órgano de control no partidista, incluso cuando promovía exclusivamente causas conservadoras. La organización benéfica, conocida como FACT (Fundación para la Responsabilidad y el Fideicomiso Cívico, en español), es una entidad sin fines de lucro que se rehúsa a revelar sus fuentes de financiamiento; sin embargo, se sabe que uno de sus fundadores es el multimillonario conservador Charles Koch. Desde 2014 Whitaker fue el único empleado de la organización benéfica durante tres años, hasta que se mudó a Washington para desempeñarse como jefe de personal del ex fiscal general Jeff Sessions.

Desde 1954, los líderes de la industria de combustibles fósiles de Estados Unidos tenían conocimiento de que la contaminación por dióxido de carbono que se acumulaba en la atmósfera representaba una amenaza creciente para la vida en la Tierra, pero no informaron de ello a la población. Esto es lo que sostiene una nueva investigación publicada por el historiador de la Universidad de Stanford Benjamin Franta en la revista académica Nature Climate Change. Franta descubrió que en la década de 1950 el Instituto Estadounidense del Petróleo encomendó una investigación a un científico de la Universidad Caltech, que concluyó que los niveles globales de dióxido de carbono habían aumentado un cinco por ciento en un siglo. Se trata de la primera investigación conocida, financiada por la industria, sobre el cambio climático. Los hallazgos condujeron, en parte, a un informe sobre la amenaza que plantea el calentamiento global, presentado en 1965 por el Comité Asesor Científico del entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. Ese año, al dirigirse a los miembros de una conferencia de la industria petrolera, el entonces presidente del Instituto Estadounidense del Petróleo, Frank Ikard, advirtió: “Este informe sin duda avivará las emociones, aumentará los temores y generará una demanda de acción. Su esencia es que todavía hay tiempo para salvar a las poblaciones del mundo de las consecuencias catastróficas de la contaminación, pero el tiempo se está acabando”. El Instituto Estadounidense del Petróleo, en cambio, continuó financiando durante décadas la negación del cambio climático, y oponiéndose a cualquier intento por cambiar a fuentes de energía renovable.

Los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá advierten que todas las lechugas romanas compradas recientemente, o que están actualmente a la venta, no son seguras para ser ingeridas en cualquiera de sus formas. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos advierten que este tipo de lechuga podría contener un tipo peligroso de la bacteria Escherichia coli, por lo que debe desecharse. La primavera pasada, un brote de esta bacteria relacionado con esta hortaliza causó la muerte de cinco personas y enfermedades a más de 200. Eso ocurrió después de que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump decidiera suspender las reglamentaciones de análisis de agua diseñadas durante el mandato del expresidente Barack Obama, las cuales, de haber estado vigentes, podrían haber evitado el brote.

La expresidenta de la Universidad Estatal de Michigan fue acusada de haberle mentido a la policía durante la investigación de los delitos cometidos por Larry Nassar, el exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos condenado por haber abusado sexualmente de cientos de niñas y mujeres jóvenes. La policía señala que la expresidenta, Lou Anna Simon, mintió cuando les dijo a los investigadores que no tenía conocimiento de que Nassar había sido objeto de una investigación del Título 9 IX en 2014, a raíz de una denuncia de agresión sexual en el campus. Posteriormente, Nassar fue absuelto por la universidad de toda culpa en ese caso. Simon renunció en marzo, el mismo día en que Larry Nassar fue condenado a 175 años de prisión por haber abusado sexualmente de más de 150 personas. Simon enfrenta dos cargos por delitos graves y dos cargos por delitos menores que podrían acarrear hasta cuatro años de prisión. Con Simon, ya son tres los funcionarios o exfuncionarios de la Universidad Estatal de Michigan acusados de encubrir a Nassar.

En la ciudad de Nueva York, Mujahid Farid, un destacado impulsor de la liberación de las personas mayores que se encuentran en prisión, falleció de cáncer el martes en su hogar, rodeado de amigos y familiares. Farid fundó la campaña “Release Aging People in Prison” (Liberar a las personas mayores en prisión, en español) conocida como RAPP, cuando fue puesto en libertad en 2011, después de haber cumplido 33 años de una pena de cadena perpetua revisable tras 15 años. En una entrevista realizada en 2016 para Democracy Now!, describió el mensaje de RAPP: “Si el riesgo es bajo, déjelos ir”.

Mujahid Farid afirmó: “Una de las razones por las que nuestra campaña se centró en las personas mayores es porque presentan el menor riesgo de reincidencia. Y si las comisiones de libertad condicional estuvieran realmente preocupadas por la seguridad pública cuando alguien es puesto en libertad, estas son las personas que deberían ser liberadas. En realidad, estamos preocupados por la encarcelación en masa, en general, y por todo el espectro, pero pensamos que al enfocarnos en esta población en particular, nos presentaríamos como la voz de la razón y mostraríamos cómo esta política punitiva que se ha implantado realmente está fuera de control”.

Esas fueron las palabras de Mujahid Farid, quien falleció el martes a la edad de 69 años. Haga clic aquí para ver la entrevista completa.