Titulares21 de diciembre de 2018

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que renunciará a fines de febrero, y al mismo tiempo reprochó la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su renuncia se produce al día siguiente de que el presidente Trump ordenara la retirada de los 2.000 soldados emplazados en Siria y de la mitad de las tropas –unos 7.000 soldados– de Afganistán. En su carta de renuncia, el general de cuatro estrellas criticó implícitamente la política exterior del presidente Trump. Mattis escribió: “Mis posturas de tratar a los aliados con respeto y de ser claros respecto de los agentes malignos y los competidores estratégicos cuentan con el respaldo y la experiencia de más de cuatro décadas de inmersión en estos asuntos. Debemos hacer todo lo posible para impulsar un orden internacional que proteja nuestra seguridad, prosperidad y valores, y en este esfuerzo nos vemos fortalecidos por la solidaridad de nuestras alianzas”. En la carta Mattis no habló directamente de Siria, pero sí mencionó a Rusia y a China. Gran parte de la clase dirigente de Washington expresó asombro por la renuncia de Mattis. Las siguientes son palabras del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

Chuck Schumer expresó: “El secretario Mattis fue uno de los pocos símbolos, uno de los pocos elementos que brindan fuerza y estabilidad a este gobierno. Todo lo que representa la estabilidad, la fuerza, el conocimiento abandonará este gobierno. El general Kelly, el general Mattis, muchos otros”.

Nancy Pelosi: “McMaster”.

Chuck Schumer: “McMaster, exacto. Ahora reina el caos en el gobierno”.

Si bien el presidente Trump afirmó inicialmente que Mattis iba a retirarse, luego de que se diera a conocer la carta se hizo evidente que su renuncia se debía a la política exterior de Trump. Visite democracynow.org/es para ver más información con el autor y coronel retirado Andrew Bacevich.

Mientras corre el tiempo, aún no queda claro si el Congreso de Estados Unidos y el presidente Trump alcanzarán un acuerdo que podría evitar un cierre parcial del gobierno. El jueves, el presidente Trump anunció que no firmará la normativa de gasto provisional de último minuto aprobada el miércoles por el Senado, ya que no incluye el financiamiento de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, del cual siempre dijo que México sería el que lo pagaría. En la noche del jueves, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de la provisión de fondos que incluye la financiación del muro fronterizo, pero se espera que el Senado la rechace hoy. En un discurso transmitido por video, Trump comparó el muro que propone con el muro que separa Israel de los territorios ocupados palestinos.

El presidente Donald Trump expresó: “Le estoy pidiendo al Congreso que defienda la frontera de nuestra país por una pequeñísima fracción –pequeñísima fracción– de su costo. Una poderosa barrera física es esencial para la seguridad de nuestra frontera. Los muros funcionan; nos guste o no, funcionan mejor que cualquier otra cosa. En Israel tiene un 99,9% de éxito, piénsenlo. Hablé con el primer ministro Benjamin Netanyahu hace dos días. Estábamos hablando del tema y él mencionó la cifra 99,9%. Salió de él, yo no se lo pregunté: él dijo que tenía un 99,9% de éxito”.

Si no se llega a un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno esta medianoche. Entre las agencias más afectadas por un posible cierre se incluyen las encargadas de la seguridad nacional, el orden público, los parques nacionales, el transporte y el alojamiento. Cientos de miles de trabajadores gubernamentales no recibirán su sueldo si el gobierno sufre un cierre. El presidente Trump afirma ahora que si ocurre el cierre parcial de los servicios no esenciales del gobierno, la culpa es de los demócratas. La semana pasada afirmó estar orgulloso de causar un cierre del gobierno si el muro no es financiado.

El jueves se dieron a conocer informes de que el fiscal general estadounidense interino, Matt Whitaker, rechazó el consejo brindado por un oficial de ética del Departamento de Justicia, quien sostuvo que Whitaker debería recusarse de supervisar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. Si bien Whitaker no tenía la obligación legal de recusarse, se le aconsejó que lo hiciera debido a la posibilidad de que surgiera un conflicto de intereses por los comentarios públicos realizados por Whitaker en el pasado sobre la investigación. Whitaker en una ocasión, se refirió a la investigación como una “caza de brujas”.

Esto ocurre luego de que se diera a conocer la noticia de que William Barr, el candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar el cargo de fiscal general, envió un “memorando no solicitado” en junio al Departamento de Justicia criticando la investigación en curso conducida por Mueller. En dicho memorando Barr escribió que Trump no estaba obstruyendo a la justicia cuando le solicitó al ex director del FBI James Comey que abandonara su investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Luego de lo cual, Trump despidió a James Comey.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció el jueves que comenzará a enviar a los solicitantes de asilo que hayan ingresado al país por la frontera sur de regreso a México, mientras esperan el resultado de sus peticiones de asilo. La nueva política parece haber sido impuesta sobre el Gobierno de México por Estados Unidos. México accedió a permitir que los migrantes centroamericanos trabajen y viajen dentro de México mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Bajo el sistema actual, el proceso de solicitud de asilo puede tardar meses e incluso años. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció la nueva política en una acalorada audiencia del Congreso, en la que el congresista demócrata Hank Johnson le preguntó: “¿Usted considera a los que llama “extranjeros ilegales” humanos o infrahumanos?”.

Hank Johnson: “¿Usted considera a los que llama ‘extranjeros ilegales’ humanos o infrahumanos?”.

Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen: “Los extranjeros ilegales son humanos, señor”.

En más noticias relacionadas con el Gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro anunció el miércoles que levantará las sanciones impuestas contra las empresas del oligarca ruso Oleg Deripaska. Las sanciones a las compañías de Deripaska comenzaron en abril, luego de que fuera acusado de “amenazar las vidas de sus rivales, interceptar ilegalmente el teléfono de un funcionario del Gobierno y participar en extorsiones y chantajes”. El millonario ruso seguirá estando sujeto a sanciones. Deripaska, quien tiene estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, figura en la investigación conducida por el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, en relación con las comunicaciones mantenidas con Paul Manafort, el ex presidente de campaña de Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de haber participado en una campaña de piratería informática de alcance global llevada a cabo durante 12 años, la cual incluyó entre sus objetivos al Gobierno y al Ejército de Estados Unidos. Se dice que los piratas informáticos forman parte de una red conectada a la Inteligencia china y que se infiltraron con éxito en múltiples agencias gubernamentales, entre las que se encuentran la oficina del fiscal de Estados Unidos en el estado de Nueva York, la NASA y la Marina. Información personal de más de 100.000 miembros de la Marina estadounidense fue presuntamente robada en el ciberataque.

En el estado de California, en Estados Unidos, Shaima Swileh, la madre yemení de un niño moribundo de dos años, logró reunirse con su hijo luego de que a principios de esta semana el Departamento de Estado le otorgara una exención a la restricción de viaje impuesta por el presidente Donald Trump. El niño, Abdullah Hassan, se encuentra en un hospital infantil situado en la ciudad de Oakland y padece una rara enfermedad cerebral. Tanto Abdullah como su padre, Ali, son ciudadanos estadounidenses, pero la madre, Shaima Swileh, es una ciudadana yemení que reside en Egipto. Yemen es uno de los cinco países mayoritariamente musulmanes cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos, según la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump. Estas son palabras del abogado Banan Al-Akhras, siendo entrevistado al tiempo que Swileh aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad de San Francisco.

Banan Al-Akhras afirmó: “Seamos claros, la visa emitida esta semana no fue un acto de bondad por parte del Departamento de Estado. La embajada y el Departamento de Estado tenían la obligación legal de adjudicar la solicitud de exención de Shaima en un tiempo razonable y no cumplieron con esa obligación. El resultado de ese incumplimiento es que un niño moribundo de dos años ha sufrido durante los últimos dos meses sin su madre a su lado”.

Un tribunal egipcio absolvió a 40 trabajadores pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, entre quienes hay ciudadanos estadounidenses y de otras naciones, tras la realización de un nuevo juicio sobre un caso que se remonta a 2013, cuando 43 personas fueron arrestadas y condenadas por utilizar ilegalmente financiación extranjera para incitar a la oposición contra el antiguo Gobierno militar. Muchos de los acusados de origen extranjero, incluidos 15 estadounidenses, salieron de Egipto en 2013 después de pagar una fianza, y fueron condenados sin estar presentes durante el juicio.

Este viernes, durante un discurso de Navidad que tuvo lugar en el Vaticano, el papa Francisco prometió que la Iglesia católica “nunca más” encubrirá crímenes de abuso sexual, y dijo que los miembros del clero culpables de abusar sexualmente de menores deben entregarse, añadiendo que deberían “prepararse para la justicia divina”.

Durante el último año la Iglesia católica se ha visto sacudida por una continuada crisis relacionada con abusos sexuales cometidos por parte del clero. La crisis alcanzó la semana pasada al círculo íntimo del papa Francisco, con la remoción de dos cardenales que se desempeñaban como sus asesores más cercanos y la renuncia de un tercero. Miembros de alto rango del clero fueron expulsados o dimitieron en países a lo largo del globo. En mayo, todos los obispos en Chile ofrecieron su renuncia tras el estallido del escándalo en ese país. En Estados Unidos, una investigación llevada a cabo por un gran jurado en el estado de Pensilvania reveló la existencia de abuso sexual sistemático y generalizado cometido por integrantes del clero de la Iglesia católica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto investigaciones en varias diócesis.

En el Reino Unido, comenzaron a reanudarse los vuelos en el aeropuerto de Gatwick, tras los avistamientos de drones ocurridos el miércoles y el jueves que ocasionaron la interrupción de los servicios durante más de un día, desencadenando el caos entre los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados, pospuestos o reencaminados. Las autoridades señalan que aún no saben quién está detrás de los dispositivos aéreos no tripulados.

En noticias relacionadas con el medioambiente, los legisladores de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, votaron por unanimidad la aprobación de un proyecto de ley de energía limpia que obliga a que el 100% de la electricidad sea generada de forma renovable para 2032. La legislación también exige que el transporte público y los vehículos de flota alcancen cero emisiones de carbono para el año 2045. El mandato se aplicaría a los edificios gubernamentales situados en la capital, incluida la Casa Blanca. El Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump ha sido criticado por agrupaciones defensoras del medioambiente por haber retrocedido de forma frenética en la imposición de límites de emisiones y otras regulaciones medioambientales.

Y en Francia, cuatro agrupaciones defensoras del medioambiente planean una posible acción jurídica contra el Gobierno de ese país, por no responder de manera efectiva al cambio climático. Estas son palabras del director de Greenpeace Francia.

Jean-François Julliard expresó: “Estamos emitiendo una queja legal contra el Gobierno francés porque pensamos que no hace lo suficiente para enfrentar el cambio climático. Por eso estamos intentando demandar al Gobierno francés, para asegurarnos de que aumente su ambición en términos de lucha contra el cambio climático, que no es lo que ocurre en este momento”.

Esas fueron las declaraciones hechas por Jean-François Julliard. Hasta el viernes por la mañana, más de 1,2 millones de personas firmaron una petición en línea apoyando la acción judicial. El Gobierno de Francia, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, ha sido atacado anteriormente por su falta de respuesta ante la crisis climática. En agosto, Nicolas Hulot, el ministro francés de Medio Ambiente, renunció a su cargo en un programa de radio emitido en vivo, señalando que lo hacía debido al fracaso de Francia en abordar adecuadamente el cambio climático y otras amenazas ambientales.