El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ha comenzado hoy su séptimo día, y aparentemente se extenderá hacia el año nuevo mientras el presidente Donald Trump continúa insistiendo en que se incluyan 5.000 millones de dólares para la financiación de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México antes de acceder a firmar cualquier medida de gasto. El jueves, Trump arremetió nuevamente publicando en la red social Twitter: “¿Se han dado cuenta finalmente los demócratas de que desesperadamente necesitamos seguridad en las fronteras y un muro en la frontera sur? Necesitamos evitar que las drogas, la trata de personas, los pandilleros y los delincuentes entren a nuestro país. ¿Se dan cuenta los demócratas de que la mayoría de las personas que no están recibiendo su salario son demócratas?”. Trump aún no ha reconocido los recientes fallecimientos de dos niños migrantes que se encontraban bajo la custodia de Estados Unidos. Anteriormente, Trump había afirmado que estaría orgulloso de ser responsable de cerrar el gobierno a causa del muro fronterizo, antes de desplazar la culpa por el cierre en el Partido Demócrata.
En enero, los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes, lo que podría dificultar aun más la aprobación de una normativa que incluya la financiación del muro fronterizo. 800.000 empleados federales han sido suspendidos o están trabajando sin paga.
La madre de Felipe Gómez Alonzo, el niño guatemalteco de ocho años que falleció mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, habló sobre la muerte de su hijo. Estas son palabras de Catarina Alonzo.
Catarina Alonzo expresó: “Fue una sorpresa cuando mi esposo dijo que mi hijo murió. Cuando me despedí de él estaba sano. Pero luego mi esposo dijo que murió apaciblemente. Se fueron [de Guatemala] debido a la pobreza. Mi esposo me llamó desde México, dijo que no habían tenido ningún problema y que se encontraban bien”.
Gómez Alonzo, quien falleció en la víspera de Navidad después de haber caído enfermo y sufrir fiebre alta mientras se encontraba detenido junto a su padre en un punto de control situado en la carretera, es el segundo niño en morir este mes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Una niña indígena guatemalteca de siete años de edad, Jakelin Caal Maquín, murió el 8 de diciembre, dos días después de que ella y su padre se presentaran en la frontera solicitando asilo.
Un reciente informe publicado por el Centro de Estudios sobre Migración reveló que los funcionarios de inmigración rehúsan el suministro de atención médica de forma sistemática y desproporcionada a los inmigrantes que hablan idiomas indígenas. Tanto Jakelin Caal Maquín como Felipe Gómez Alonzo provenían de comunidades indígenas de Guatemala.
Según informes, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitará hoy la frontera entre México y Estados Unidos, al tiempo que se acrecienta la indignación ante los fallecimientos de los dos niños migrantes. El miércoles, Nielsen recibió de nuevo críticas tras emitir una declaración en la cual culpaba al Congreso y a los “jueces activistas” por no haber “protegido nuestras fronteras”. El jueves, la senadora por el estado de California Dianne Feinstein hizo un llamado para que el Comité Judicial celebre una audiencia sobre el tema, un día después de que la presunta presidenta entrante de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigiera la realización de investigaciones por parte del Congreso y el Departamento de Seguridad Nacional sobre las muertes.
En más noticias relacionadas con la inmigración en Estados Unidos, el jueves en la ciudad de Washington un juez federal rechazó una petición del gobierno encabezado por Donald Trump que solicitaba posponer la fecha límite en un caso de prohibición de asilo. El caso involucra a seis personas a las que se les prohibió solicitar asilo tras haber ingresado a Estados Unidos por fuera de los puertos legales de entrada. El gobierno encabezado de Trump intentó retrasar la fecha límite impuesta citando el cierre del gobierno; no obstante, el juez Randolph Moss sostuvo que los plazos se mantendrían, ya que el caso afectó la seguridad de los demandantes.
En Arabia Saudí, el rey Salman consolidó el poder en favor del príncipe heredero Mohammed bin Salman ordenando una reorganización de su Gabinete, casi tres meses después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que provocó conmoción internacional y puso al liderazgo saudí bajo un estricto escrutinio. En particular, el ministro de Relaciones Exteriores, Adel al-Jubeir, fue degradado al cargo de ministro de Estado para Asuntos Exteriores. Al-Jubeir culpó del asesinato de Khashoggi a agentes saudíes rebeldes; también, previamente, caracterizó el clamor internacional causado por el asesinato de Khashoggi como “bastante histérico”. La reorganización del Gabinete es considerada un beneficio para el príncipe heredero, ya que coloca a los funcionarios fieles a su régimen en cargos clave. Bin Salman mantendrá sus funciones en el gobierno, entre ellos el de viceprimer ministro y ministro de Defensa.
A principios de este mes, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que establece que considera que el príncipe heredero es responsable del asesinato del periodista. Khashoggi, residente de Estados Unidos y columnista del periódico The Washington Post, fue asesinado por agentes saudíes después de haber ingresado, el 2 de octubre, al Consulado de Arabia Saudita situado en la ciudad de Estambul.
En República Democrática del Congo aumenta la agitación política ante las inminentes elecciones presidenciales previstas para el domingo. El miércoles, la Comisión Electoral declaró que la votación en tres ciudades se iba a posponer hasta marzo, debido al riesgo de propagación del virus del Ébola y a la violencia actual en esas áreas. Manifestantes tomaron las calles en respuesta a estas noticias, y muchos afirmaron que sus votos podrían no contabilizarse si los resultados de las elecciones se anuncian en enero, de acuerdo a lo planeado. El presidente Joseph Kabila debió terminar su mandato en 2016, pero las elecciones se han pospuesto en reiteradas ocasiones. Esto ocurre al tiempo que el Gobierno ordenó al embajador de la Unión Europea en Congo que se retirara del país, después de que ese organismo extendiera sanciones contra un grupo de funcionarios, entre los que se encuentra Emmanuel Ramazani Shadary, el candidato presidencial del partido en el poder, por su violenta respuesta a las protestas y por retrasar varias veces las elecciones.
República Democrática del Congo está sufriendo uno de sus brotes más letales de Ébola, con informes de funcionarios de salud que denuncian más de 350 muertos.
En Sudán, decenas de personas murieron en protestas contra el gobierno que estallaron la semana pasada. Las autoridades gubernamentales anunciaron 19 muertos, aunque Amnistía Internacional dijo a principios de esta semana que la cifra llegó a 37. El gobierno declaró un estado de emergencia y, aparentemente, censuró o cerró los periódicos que cubrían las manifestaciones. Las protestas, que fueron provocadas por un fuerte aumento en el precio del pan, denuncian el agravamiento de la situación económica del país y al régimen militar del presidente Omar Hassan al-Bashir, y muchas personas exigen la destitución del partido en el poder, Congreso Nacional.
El jueves, un juez de Filadelfia, Estados Unidos, dictaminó que el ex pantera negra encarcelado Mumia Abu-Jamal puede volver a argumentar su apelación en el caso ante la Corte Suprema de Pensilvania. El juez citó que el entonces presidente de la Corte Suprema, Ronald Castille, debería haberse retirado del caso por su cargo anterior como fiscal de distrito de Filadelfia cuando Abu-Jamal estaba apelando su caso. En 1981, Abu-Jamal fue declarado culpable del asesinato del oficial de policía Daniel Faulkner, pero siempre ha sostenido su inocencia. Los abogados de Abu-Jamal argumentaron que las declaraciones que había hecho Castille sobre personas acusadas de asesinar a policías indicaban que debería haberse recusado del caso. En 2011, Abu-Jamal fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2011, Abu-Jamal fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre esta historia con Johanna Fernández, una de las coordinadoras de la campaña para liberar a Mumia de la cárcel.
En Ohio, los legisladores estatales republicanos no lograron reunir suficientes votos para aprobar la ultrarrestrictiva ley de aborto conocida como “el proyecto de ley del latido del corazón”, por medio de la anulación del veto al proyecto de ley impuesto por el gobernador republicano saliente John Kasich la semana pasada. Kasich, quien firmó más de 20 proyectos de ley contra el aborto mientras estuvo en el cargo, argumentó que la legislación debería ser considerada anticonstitucional. Este proyecto de ley prohibiría el aborto a partir de que se escuche un latido fetal, lo que puede ocurrir apenas a las seis semanas de embarazo. Sin embargo la semana pasada, Kasich firmó un proyecto de ley que prohíbe la dilatación y la evacuación, el método abortivo más utilizado en el segundo trimestre de embarazo.
El congresista republicano saliente Bob Goodlatte ha bloqueado la legislación destinada a mejorar la respuesta federal a los asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas estadounidenses. El proyecto de ley fue promovido por la senadora Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte, y se aprobó por unanimidad en el Senado este mes, pero el cargo de Goodlatte como presidente del Comité Judicial le permite vetar la votación en la Cámara de Representantes. La senadora Heitkamp debe dejar su escaño del Senado por haber perdido la reelección el mes pasado, pero la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, se comprometió a retomar el proyecto de ley el año próximo. El proyecto de ley es llamado Ley de Savanna en honor a Savanna LaFontaine-Greywind, miembro de la tribu Spirit Lake, quien fue brutalmente asesinada el año pasado cuando tenía ocho meses de embarazo. Según informes, le arrancaron el bebé del vientre mientras ella todavía tenía vida.
El veto a la Ley de Savanna se produce al tiempo que venció el plazo para renovar la financiación de los programas relacionados con la Ley de Violencia contra la Mujer, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, en medio del actual cierre parcial del gobierno.
En Misisipi, la familia de una mujer afroestadounidense de 37 años que murió el domingo en la cárcel, exigió respuestas y expresó sus sospechas de que detrás de su muerte hubiera ocurrido un acto criminal. Lanekia Michelle Brown fue arrestada durante un control de tránsito en noviembre y estaba encarcelada a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico. Según informes, Brown se quejó de dolores de estómago poco antes de su muerte. Su familia afirma que estaba en las primeras etapas de un embarazo.
Y en la ciudad de Nueva York, la famosa celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square este año rendirá homenaje al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Tim Tompkins, presidente de la Alianza de Times Square, declaró que el grupo eligió al CPJ para “celebrar la libertad de prensa y el periodismo, y a aquellos que trabajan para protegerlo, preservarlo y practicarlo”. Los periodistas se unirán a las celebraciones, y ayudarán a iniciar la anticipada “caída de la bola” en la cuenta regresiva para el año nuevo. En su informe anual recientemente publicado sobre periodistas asesinados, el CPJ halló que este año al menos 53 periodistas fueron asesinados en su trabajo y 34 en represalia por su trabajo, prácticamente duplicando la cifra de asesinatos selectivos contra periodistas en 2017.