A punto de cumplirse el plazo impuesto por la justicia, más de 900 menores migrantes siguen separados de sus padres

Hace nueve semanas, el Gobierno de Trump desató una crisis nacional por separar a más de 2.500 menores migrantes de sus padres y a la fuerza, en la frontera entre Estados Unidos y México. La mayoría estaba pidiendo asilo para huir de la violencia en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala. En lugar de eso, se acusó a los padres en tribunales federales por cruzar ilegalmente la frontera y luego se los detuvo. Los niños, algunos de ellos bebés lactante, fueron enviados a centros de acogida ubicados en distintas partes de Estados Unidos. Hoy se cumple el plazo impuesto por la jueza federal Dana Sabraw para la reunificación de estas familias, pero el proceso es caótico y el Gobierno admite que al menos novecientos menores todavía deben ser restituidos a sus padres y que unas 463 personas ya fueron deportadas, a pesar de que sus hijos permanecen en centros de detención estadounidenses. Los funcionarios afirman que los padres acordaron voluntariamente dejar a sus hijos. Pero en los documentos judiciales presentados el miércoles, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sostuvo que muchos padres afirman haber sido obligados o inducidos a firmar formularios que no podían leer y haber estado confundidos acerca de qué estaban aceptando.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que les hicimos (en inglés) a dos abogados de inmigración, Ofelia Calderón y Carlos García. Ambos representan y asisten de forma gratuita a los padres separados de sus hijos. A algunos de dichos padres todavía no les restituyeron sus hijos conforme al plazo fijado por la justicia que se cumple hoy.