En Honduras, agrupaciones defensoras de los derechos humanos están condenando al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández luego de que nadie fuera procesado por asesinar a 31 personas durante las protestas contra el resultado electoral que tuvieron lugar el pasado noviembre. Los manifestantes murieron en una brutal represión militar en medio de informes que indicaban que había habido un fraude electoral generalizado. Las familias de las víctimas afirman que fueron acosadas y amenazadas de muerte por exigir justicia. Esto se produce al tiempo que la hija de la ambientalista hondureña reconocida internacionalmente Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016, afirmó que la fiscalía retiene la evidencia del juicio por asesinato contra ocho hombres acusados por el crimen, programado para el 10 de septiembre. Bertha Zúniga Cáceres habló el lunes con la prensa.
Bertha Zúniga Cáceres expresó: “Este proceso se ha dado en medio de grandes irregularidades en la investigación manejada por el Ministerio Público, que ha monopolizado toda la investigación y que ha negado la condición de víctimas en este proceso, negándonos saber cuáles son las hipótesis manejadas y cual es la información que sustenta las investigaciones. Sin embargo, nosotros siempre, de manera paralela, hemos hecho los esfuerzo para construir las hipótesis y determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas”.
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