Titulares16 de enero de 2019

En la peor derrota sufrida por un gobierno en la historia de Inglaterra, el acuerdo del Brexit –nombre con el que se conoce al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea– propuesto por la primera ministra, Theresa May, fue rechazado por una diferencia de 230 votos. John Barcow, el presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, fue el encargado de llevar a cabo el conteo de los votos.

John Barcow: “¡Orden! Los sí a la derecha, 202. Los no a la izquierda, 432. Gana el no. ¡Desbloqueo! Por cuestión de orden, [tiene la palabra] la primera ministra”.

Primera ministra Theresa May: “Gracias, señor presidente. La cámara ha hablado y el gobierno escuchará. Está claro que la cámara no apoya este acuerdo, pero la votación de esta noche no nos dice nada sobre qué es lo que apoya. No dice nada sobre cómo, o si intentará respetar la decisión tomada por el pueblo británico en un referéndum que el Parlamento decidió convocar”.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea está programada para dentro de diez semanas, pero el rechazo al acuerdo genera incertidumbre con respecto al futuro. Poco después de la votación del martes, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, convocó a una moción de no confianza contra el gobierno de May para las siguientes 24 horas. Fuera del Parlamento, los partidarios de un segundo referéndum sobre el Brexit festejaron el resultado. Estas son las palabras de la activista en contra del Brexit Rebecca Ireland.

Rebecca Ireland expresó: “Estoy muy feliz, esto es un primer paso. Necesitamos una votación del pueblo. Debe haber una opción intermedia entre seguir perteneciendo a la Unión Europea y el acuerdo de Theresa May”.

Visite democracynow.org/es para acceder a nuestra entrevista en inglés sobre el Brexit con el periodista Paul Mason, en Londres.

El Consejo de la Casa Blanca de Asesores Económicos de Estados Unidos duplicó la cifra que había estimado que le costará el cierre del gobierno a la economía del país. Numerosos economistas advierten que esta situación podría conducir al país a una recesión. La advertencia se produce al tiempo que el presidente Donald Trump ordenó a casi 50.000 funcionarios federales suspendidos que regresen a sus puestos de trabajo sin recibir sueldo, mientras el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos comienza su 26º día sin que se vislumbre una solución. Entre aquellos a quienes se les ordenó que regresen a sus puestos de trabajo se encuentran inspectores alimenticios, funcionarios de seguridad aérea y empleados del Servicio de Rentas Internas que procesarán las devoluciones de impuestos por ingresos. El martes, un juez federal rechazó una demanda presentada por sindicatos que reclamaban que el gobierno pagara inmediatamente los salarios de los empleados que son obligados a trabajar.

En el Capitolio de Estados Unidos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó el martes la votación en esa cámara de un proyecto de ley para reabrir el gobierno federal que había sido aprobado por la Cámara de Representantes. Es la segunda vez que McConnell bloquea una votación que le pondría fin al cierre del gobierno. Mientras tanto, el presidente Donald Trump invitó a un puñado de demócratas de alto rango a un “almuerzo de trabajo” en la Casa Blanca con el fin de obtener apoyo para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero ninguno de ellos asistió.

Mientras tanto, el cierre del gobierno continúa sembrando el caos en las funciones básicas del gobierno de Estados Unidos. Algunas comunidades indígenas reportaron escasez de medicinas, al tiempo que el Servicio Indígena de Salud informó que carece de personal suficiente y se suspendió un programa de entrega de alimentos a reservas indígenas que funciona con financiación del gobierno. Tribunales de Inmigración han visto cómo 20.000 casos por semana se han sumado a un número récord de casos pendientes. Por otra parte, la Administración de Seguridad en el Transporte afirma que un hombre que portaba una pistola cargada pasó los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional de Atlanta. Los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte están siendo obligados a trabajar sin recibir sueldo, y cientos de ellos se han ausentado por enfermedad mientras se extiende el cierre del gobierno.

En Estados Unidos, un juez federal de la ciudad de Nueva York impidió que el gobierno encabezado por Donald Trump incluya una pregunta relativa a la ciudadanía en el censo 2020. Lo que posiblemente hará que la batalla legal sobre el tema llegue hasta la Corte Suprema. Los activistas por los derechos electorales afirman que la pregunta tiene el objetivo de disuadir a los inmigrantes de participar en el censo, lo que resultaría en un importante subregistro en estados con grandes comunidades de inmigrantes. Esto tendría un impacto en varios aspectos: desde la delineación de mapas electorales hasta la asignación de fondos públicos. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre el censo 2020.

El martes, en el Senado de Estados Unidos, comenzaron las audiencias de confirmación de William Barr, quien fue nominado por el presidente Donald Trump para el cargo de fiscal general, vacante desde noviembre tras el despido de Jeff Sessions. Barr se desempeñó como fiscal general durante el mandato del expresidente George H.W. Bush, desde 1991 hasta 1993, pero en la audiencia de esta semana los senadores hicieron pocas preguntas acerca del historial de Barr y, en lugar de ello, se focalizaron en su opinión sobre la investigación que el fiscal especial Robert Mueller lleva adelante con relación a la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Barr prometió que permitirá a Mueller finalizar su investigación, pero sugirió que el ampliamente esperado informe del fiscal especial podría no hacerse público. También defendió haber escrito el año pasado un memorándum no solicitado al fiscal general Rod Rosenstein, en el que criticó la investigación de Mueller. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre las audiencias de confirmación de William Barr.

En Kenia, hombres armados irrumpieron en un complejo hotelero de lujo ubicado en la capital, Nairobi, donde mataron a 14 personas e iniciaron una crisis de rehenes que se extendió durante casi un día. El grupo combatiente Al Shabaab, que tiene su base en Somalia, se atribuyó la responsabilidad por el ataque. Un ataque similar de Al Shabaab perpetrado en 2013 causó la muerte de al menos 67 personas en un centro comercial de Nairobi. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump dirigió a Al Shabaab un número sin precedentes de ataques aéreos a lo largo de todo el territorio de Somalia.

El expresidente de México Enrique Peña Nieto aceptó un soborno de 100 millones dólares de narcotraficantes, según un testigo que declaró el martes en el juicio del conocido narcotraficante mexicano conocido como “El Chapo” –Joaquín Guzmán Loera–, que tiene lugar en Nueva York. La acusación se produjo cuando un exsocio de El Chapo, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa, se subió al estrado como testigo en un tribunal federal de distrito en Brooklyn. Peña Nieto no respondió a la acusación, pero previamente negó los cargos de corrupción que pesan en su contra.

El martes en La Haya, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue absuelto por la Corte Penal Internacional de las imputaciones de crímenes de lesa humanidad que pesaban en su contra y será puesto en libertad. Gbagbo enfrentó cargos de responsabilidad por los hechos de violencia que causaron la muerte de más de 3.000 personas, que tuvieron lugar después de que Gbagbo se negó a renunciar a la presidencia, a pesar de haber perdido las elecciones celebradas en su país en 2010. Fue el primer ex jefe de Estado en ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Su absolución muestra similitudes con otros casos de los últimos años, en los que los fiscales fracasaron en su intento de lograr condenas para otros líderes africanos.

El recientemente investido presidente de Brasil, el político de extrema derecha Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto que facilita la tenencia de armas en los hogares. Los detractores de la medida señalan que agravará la tasa de homicidios del país sudamericano, que es una de las más altas del mundo, con más de 60.000 homicidios registrados por año.

El Programa Mundial de Alimentos disminuyó la asistencia que brindaba a los palestinos en el territorio de Cisjordania ocupado por Israel y en la franja de Gaza, aduciendo una acuciante carencia de fondos. El organismo sostuvo que esta semana más de 25.000 palestinos ya no recibirán asistencia y otros 165.000 verán su ayuda alimentaria reducida en un 20%. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, suprimió más de 500 millones de dólares en ayuda a los palestinos; las agrupaciones que prestan asistencia a esa población advierten que los recortes planificados suponen una amenaza para la concreción de nuevos proyectos, entre los que se incluyen un área de juegos para niños en Gaza y una nueva infraestructura para proporcionar agua potable a los hogares de esa ciudad.

El martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 424 votos a 1, una resolución en contra del uso de los términos “nacionalismo blanco” y “supremacía blanca”, en respuesta a los dichos recientes del congresista republicano por el estado de Iowa Steve King. La votación se produjo después de que King comentara en una entrevista publicada la semana pasada por el periódico The New York Times: “Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental. ¿En qué momento esas palabras comenzaron a ser ofensivas?”. La votación del martes no fue una censura formal a King, quien ha hecho comentarios similares a lo largo de sus 16 años de carrera en el Congreso.

En el Capitolio en Estados Unidos, la legisladora socialista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmó el martes en el Congreso que es momento de que los demócratas se adhieran a la propuesta de incluir una tasa impositiva marginal del 70% que se aplique a las personas que perciben mayores ingresos. Ocasio-Cortez señaló que las recaudaciones que se obtendrían al trasladar la carga impositiva a quienes más pueden pagar podrían financiar una legislación progresista como la atención médica universal o un “New Deal ecológico”. Cuando habló el martes en el Congreso Ocasio-Cortez expuso nuevos datos obtenidos en sondeos, que revelan que la idea es apoyada por la mayoría de los estadounidenses.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo: “No creo que sea un caso que tenga que presentar, porque la mayoría de los estadounidenses ya lo han hecho. Esta es una política que ya es popular. Es hora de apoyar a los trabajadores estadounidenses y es hora de que el Partido Demócrata luche, de manera plena, por la clase obrera en Estados Unidos. No apoyar una tasa impositiva marginal es realmente permitir que persista la galopante desigualdad económica”.

En Estados Unidos, la senadora demócrata por el estado de Nueva York Kirsten Gillibrand anunció el martes que se sumará a la contienda por la presidencia de ese país en 2020. Gillibrand comunicó su candidatura en el programa televisivo “The Late Show with Stephen Colbert”.

La senadora Kirsten Gillibrand sostuvo: “Bueno, voy a postularme para presidenta de Estados Unidos porque, como madre joven, voy a luchar por los hijos de otras personas tan arduamente como pelearía por los míos. Por eso creo que la atención médica debería ser un derecho y no un privilegio”.

Los asistentes de la senadora afirman que presentará un programa que respaldará el plan de atención médica “Medicare para todos” —propuesta que consiste en ampliar a toda la población estadounidense la cobertura sanitaria ofrecida por el programa público Medicare, que en la actualidad ofrece cobertura gratuita a las personas de bajos recursos—. También se comprometió a luchar por la licencia familiar universal remunerada y la financiación con fondos públicos para las elecciones federales. Gillibrand fue nombrada senadora junior de Nueva York en 2009, después de que Hillary Clinton dejó el cargo para convertirse en secretaria de Estado; desde entonces ha resultado vencedora en dos elecciones y ha conservado su escaño. Gillibrand llegó al Congreso como una demócrata conservadora que fue calificada favorablemente por la Asociación Nacional del Rifle; no obstante, desde entonces ha respaldado una legislación progresista en la que se incluye el “New Deal ecológico”.

En Rusia, activistas LGBTQ advierten de una nueva ola de represión contra gays y lesbianas, en la que al menos 40 personas fueron arrestadas en diciembre y, según reportes, dos personas fueron torturadas hasta la muerte. Las autoridades de Chechenia han negado esa información, que se basa en entrevistas a las víctimas llevadas a cabo por la agencia de noticias Associated Press y otros medios de comunicación. En 2017, agrupaciones en favor de los derechos humanos afirmaron que cerca de 100 personas, principalmente hombres jóvenes homosexuales, fueron detenidas por la policía y torturadas en lo que se describió como un “pogromo gay” perpetrado por funcionarios chechenos.

Karen Pence, esposa del vice presidente de Estados Unidos, está trabajando en un centro de enseñanza privado en Virginia que prohíbe explícitamente el ingreso de trabajadores y estudiantes LGBTQ. Pence comenzó a trabajar esta semana en la Escuela Cristiana Immanuel, situada en los suburbios de Washington DC. El formulario de solicitud de empleo de la institución requiere que los interesados se comprometan a no participar en actividades homosexuales y a no incumplir los “roles únicos de hombres y mujeres”. El formulario también informa a las mujeres que “a una esposa se le ordena que se someta a su esposo como la iglesia se somete a Cristo”.

Los legisladores del estado de Nueva York, en Estados Unidos, aprobaron dos normativas destinadas a proteger a la comunidad LGBTQ. Una de ellas prohíbe que los profesionales con licencia en el campo de la salud mental participen en lo que se conoce como “terapia de conversión”, una práctica pseudocientífica que se propone obligar a jóvenes homosexuales a renunciar a su sexualidad. La segunda expande la definición de “delitos de odio” para incluir las agresiones motivadas por la identidad o expresión de género. David Kilmnick, presidente de la red LGBT,* señaló: “Prohibir la dañina ‘práctica’ de la terapia de conversión salvará vidas. Nueva York ha enviado hoy un mensaje importante al resto de la nación de que, sin importar quién esté en la Casa Blanca, el progreso y la lucha por la igualdad y la justicia continuarán avanzando”. Sin embargo, algunos defensores de las personas trans objetan la expansión de la definición de crímenes de odio en Nueva York. Chase Strangio, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, argumenta que las leyes relacionadas con los delitos de odio apuntan en forma desproporcionada a las comunidades de población mayoritariamente de color, e incluso podrían ser utilizadas para aumentar las sentencias a las personas trans y homosexuales condenadas por lo que el FBI denomina crímenes de odio “antiheterosexuales”.