Titulares04 de octubre de 2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió abiertamente el jueves a los líderes de Ucrania y China que investigaran a su rival de campaña Joe Biden y a su hijo Hunter por corrupción. Los comentarios explícitos de Trump se produjeron luego de que líderes de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, siguieran adelante rápidamente con su investigación para la destitución del presidente estadounidense, que se centra en la llamada telefónica del 25 de julio de Trump con su par ucraniano, Volodímir Zelenski. Gritando a los periodistas por el ruido del helicóptero presidencial desde el patio de la Casa Blanca, Trump respondió qué era lo que esperaba obtener cuando le pidió a Zelenski que investigara a los Biden durante esa llamada.

El presidente Donald Trump declaró: “Bueno, yo pensaría que, si fueran honestos al respecto, iniciarían una gran investigación sobre los Biden. Es una respuesta muy simple. Deberían investigar a los Biden, porque ¿cómo hace una compañía que está recién formada, y todas estas compañías… y, por cierto, de la misma manera, China debería comenzar una investigación de los Biden, porque lo que sucedió en China es tan malo como lo que pasó en Ucrania”.

Los comentarios de Trump se conocieron luego de que la cadena de noticias CNN informara que el presidente Trump había hablado con el líder chino, Xi Jinping, sobre Joe Biden y otro rival de la campaña para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, durante una llamada telefónica en junio. Según se informa, un registro de esa conversación se trasladó al mismo servidor informático de alta seguridad utilizado para almacenar la conversación de Trump de julio con el líder de Ucrania. CNN también informó que Trump le prometió al presidente Xi que guardaría silencio sobre la represión de las autoridades de Hong Kong contra las protestas a favor de la democracia durante las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El pedido de Trump a los líderes extranjeros para que investiguen a los Biden parece ser una violación directa de la ley de financiación de campañas. La presidenta de la Comisión de Elecciones Federales, Ellen Weintraub, retuiteó una publicación que escribió en junio en la que advertía: “Es ilegal que cualquier persona ofrezca, acepte o reciba algo de valor de un ciudadano extranjero en relación con una elección nacional. Este no es un concepto nuevo”. Trump puede estar obteniendo lo que quiere: el periódico The Wall Street Journal informa que el principal fiscal de Ucrania está revisando investigaciones pasadas sobre una compañía de gas vinculada al hijo de Joe Biden, y podría reabrir las investigaciones en medio de las presiones del presidente Trump.

En el Capitolio de Washington, D. C., el ex enviado especial del presidente Trump a Ucrania, Kurt Volker, declaró el jueves durante nueve horas en una sesión a puertas cerradas por la investigación de juicio político impulsada por la Cámara de Representantes. Después de su declaración, los legisladores publicaron mensajes de texto comprometedores compartidos entre Volker y otros funcionarios del Departamento de Estado, que dejaban claro que Estados Unidos sólo mejoraría las relaciones con Ucrania si el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, cooperaba con la demanda de Trump de que investigara a los Biden. En un mensaje enviado a un asesor del presidente Zelenski unas horas antes de la ahora infame llamada telefónica con Trump, Volker propuso una posible reunión con Trump, escribiendo: “Según la Casa Blanca, y suponiendo que el presidente Z convenza a Trump de que investigará o ‘llegará al fondo de lo que pasó’ en 2016, fijaremos la fecha de la visita a Washington”. En otro mensaje de texto, Bill Taylor, el principal diplomático estadounidense en Ucrania, expresa su preocupación por el hecho de que la Casa Blanca haya congelado la ayuda militar a Ucrania, escribiendo: “Creo que es una locura retener la ayuda de seguridad a cambio de recibir ayuda para una campaña política”.

El periódico The Washington Post informa que un empleado del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos presentó una queja de un informante que denuncia que una persona designada por el Departamento del Tesoro trató de interferir indebidamente con las auditorías tributarias del presidente Trump o del vicepresidente Mike Pence. La queja se produce mientras Trump continúa resistiéndose a las medidas de los legisladores para obligarlo a entregar los registros de impuestos como parte de una investigación del Congreso sobre si el presidente violó las disposiciones anticorrupción de la Constitución, conocidas como las cláusulas de emolumentos. Mientras tanto, los investigadores de la Cámara de Representantes están investigando informes que indican que una asociación comercial y un Gobierno extranjero reservaron un gran número de habitaciones en los hoteles del presidente Trump, pero sólo utilizaron una parte de ellas. El congresista Gerry Connolly, que forma parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo al periódico Politico: “Es un intento obvio de ganarse el favor [del presidente Trump]”, y agregó: “Ahora estamos ante un puro soborno”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el miércoles que pronto comenzará a recolectar muestras de ADN de los cientos de miles de migrantes arrestados cada año por las autoridades de inmigración. Los datos se almacenarían en el Sistema Indexado Combinado de ADN del FBI, una enorme base de datos penales nacional accesible para las agencias del orden público estatales y federales. Entre las personas a las que se les tomaría y secuenciaría muestras de su ADN según el plan del Gobierno de Trump se encuentran niños y solicitantes de asilo que no han quebrantado ninguna ley de Estados Unidos. La abogada Vera Eidelman, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), criticó el plan, escribiendo: “Este tipo de recolección masiva cambia el propósito de la recolección de ADN, que es realizar investigaciones penales, para que pase a ser vigilar a la población, lo cual contradice nuestras nociones básicas de libertad y autonomía”.

En Irak, el número de muertos después de tres días de protestas contra el Gobierno ha aumentado a 44, mientras la policía y los soldados siguen abriendo fuego contra miles de manifestantes que desafían los toques de queda impuestos por el Gobierno. El mayor número de víctimas se ha producido en la ciudad de Nasiriya, donde decenas de personas han muerto por los disparos. Más muertes ocurrieron en Bagdad, cuando la policía abrió fuego con gas lacrimógeno y munición real contra los manifestantes en la plaza Tahrir de la ciudad.

Un manifestante expresó: “Somos iraquíes y exigimos nuestros derechos. Esto es todo lo que queremos. Queremos una ocupación, un trabajo que nos traiga algo bueno. ¿Qué nos ha hecho? ¿Le hemos puesto en el poder para llegar a un día como este? Usted nos ha hecho retroceder, y los clérigos religiosos son corruptos”.

El primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, se dirigió a la nación este viernes, calificando las demandas de los manifestantes como “legítimas”, pero ordenándoles que se dispersen.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está arremetiendo contra los fiscales federales en Estados Unidos que han presentado cargos de tráfico de armas y drogas contra su hermano. El miércoles, un fiscal estadounidense afirmó ante un tribunal federal en Brooklyn que el hermano del presidente, Tony Hernández, aceptó personalmente un soborno de un millón de dólares destinado al presidente Hernández del famoso narcotraficante mexicano conocido como “El Chapo”. Tony Hernández está acusado de traficar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos, y de proporcionar seguridad fuertemente armada para los cargamentos de drogas. El presidente Hernández es un firme aliado de Donald Trump. En una conferencia de prensa que tuvo lugar el jueves, negó los informes que sostienen que se había beneficiado del narcotráfico y prometió un apoyo continuo para el Gobierno de Trump.

El presidente Juan Orlando Hernández aseveró: “Y no vamos a renunciar a seguir trabajando para continuar convirtiendo a Honduras en un territorio hostil contra los narcotraficantes, maras y pandillas, tal como se ha reconocido en EE.UU. desde el propio presidente, vicepresidente, Departamento de Estado, la DEA, el Departamento de Seguridad Interior en todos estos años que hemos servido nosotros como presidente”.

Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo debido a la devastadora guerra contra las drogas y a una crisis política que deriva en parte de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que en 2009 derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya.

El presidente de Ecuador ha declarado una emergencia nacional, al tiempo que se propagan en todo el país las protestas por su decisión de poner fin a los subsidios al diésel y la gasolina. Las medidas de austeridad impuestas por el presidente Lenín Moreno responden a una demanda clave formulada por el Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo de 4.200 millones de dólares convenido en febrero. El jueves, los manifestantes invadieron las calles de Quito y otras ciudades cuando el costo de la energía aumentó de manera dramática. La policía lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes que establecieron barricadas. Uno de los manifestantes, Julio César, dijo que el presidente Moreno y otras élites deberían pagar para mantener los subsidios al combustible.

Julio César expresó: “Ellos deben pagar este paquetazo, esta crisis económica. El pueblo está sumido en la miseria. Y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha”.

El jueves, las cooperativas de transporte público, taxis y camiones declararon una huelga a nivel nacional para protestar por los aumentos del precio del combustible, suspendiendo rutas de autobuses y el servicio de taxis, y cerrando carreteras en todo Ecuador.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, juramentó el jueves en un nuevo gabinete después de que fracasara el cuestionamiento a su liderazgo por parte de opositores de derecha. El lunes, Vizcarra invocó una disposición constitucional para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias. El Congreso respondió suspendiendo a Vizcarra como presidente y declarando a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta interina de Perú. Sin embargo, dicho cuestionamiento se esfumó luego de que ningún Gobierno extranjero reconociera a Aráoz, quien renunció sólo horas después de haber sido juramentada.

En Brasil, una fotografía recientemente publicada muestra al presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, sonriendo y posando con un hombre que ha sido arrestado en relación con el asesinato de la activista de derechos humanos y concejal de la ciudad de Río de Janeiro Marielle Franco. Josinaldo Lucas Freitas fue arrestado el jueves y acusado de haberse deshecho de las armas utilizadas en el asesinato perpetrado en marzo de 2018. Se trata de la segunda fotografía de la que se tiene conocimiento en la que puede verse a Bolsonaro junto a un sospechoso del asesinato de Franco. Otra fotografía que circuló en la prensa brasileña muestra a Bolsonaro en un abrazo amistoso con un ex oficial de policía acusado de conducir el automóvil utilizado en el tiroteo. Marielle Franco, quien era negra y una miembro activa de la comunidad LGBTQ, mantuvo durante mucho tiempo una postura crítica contra la policía de Brasil, a la que se vincula con cientos de asesinatos y miles de incidentes de brutalidad en los empobrecidos barrios de la ciudad de Río de Janeiro conocidos como favelas.

En la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, MGM Resorts International ha llegado a un acuerdo de 800 millones de dólares con más de 4.000 sobrevivientes de la masacre perpetrada en 2017 fuera del casino Mandalay Bay. El acuerdo fue anunciado luego de que los sobrevivientes acompañaran el martes a amigos y familiares de los fallecidos en la conmemoración del segundo aniversario de la masacre. Fue el 1º de octubre de 2017, cuando un hombre armado llamado Stephen Paddock utilizó fusiles semiautomáticos alterados con dispositivos que permiten que los rifles semiautomáticos actúen como ametralladoras para abrir fuego desde el piso 32 del resort contra un festival de música country que se encontraba abajo, matando a 58 personas e hiriendo a 851 más. Este continúa siendo el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos.

En el estado de Maryland, en Estados Unidos, un nacionalista blanco teniente de la Guardia Costera se declaró culpable el jueves de cargos federales relacionados con tenencia de armas y drogas, luego de que investigadores descubrieron su complot para matar a prominentes figuras liberales, entre las que se incluyen legisladores demócratas, personalidades mediáticas y jueces. Christopher Hasson, de 50 años, fue arrestado con un arsenal de 15 armas y más de 1.000 rondas de municiones, tras haber utilizado su computadora de trabajo en la Guardia Costera para leer manifiestos escritos por asesinos en masa y para estudiar ataques perpetrados por francotiradores. Los fiscales federales no presentaron cargos de terrorismo contra Hasson, quien enfrenta hasta 31 años de prisión en una audiencia de sentencia que tendrá lugar en enero.

El equipo de campaña de Bernie Sanders afirma que el senador del estado de Vermont y precandidato presidencial para las elecciones estadounidenses de 2020 se está recuperando bien de una cirugía a la que fue sometido para limpiar una arteria bloqueada. El martes por la noche, Sanders fue hospitalizado tras quejarse de sentir dolor en el pecho durante un evento de campaña en Las Vegas. Jane Sanders dijo que su esposo pasará el fin de semana recuperándose en su casa en la ciudad de Burlington, en Vermont, y espera con ansias el debate del 15 de octubre, cuando 12 candidatos demócratas se enfrentarán en Columbus, la capital del estado de Ohio.

En Estados Unidos, un gran jurado federal acusó a dos activistas ambientales del estado de Iowa de varios delitos graves por sus intentos de retrasar la construcción del oleoducto Dakota Access, valuado en 3.800 millones de dólares. Hace tres años, las activistas y trabajadoras católicas Jessica Reznicek y Ruby Montoya reconocieron públicamente haber prendido fuego a cinco piezas de maquinaria pesada que estaban siendo utilizadas para construir el oleoducto, y haber destruido válvulas del oleoducto, retrasando la construcción durante semanas. Hablando con Democracy Now! en 2017, Jessica Reznicek negó que sus acciones hayan sido violentas.

Jessica Reznicek: “Creo que el petróleo que está siendo extraído del suelo, la maquinaria que lo hace y la infraestructura que lo sustenta, todo eso es violento. Estas herramientas y estos mecanismos que la industria, el poder corporativo y el poder del Gobierno se han confabulado para crear, esto es destructivo, esto es violento y necesita ser detenido”.