Titulares14 de febrero de 2019

El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar hoy un masivo proyecto de ley de gasto que evitaría que el viernes se lleve a cabo un nuevo cierre de los servicios no esenciales del gobierno, al tiempo que otorgaría casi 1.400 millones de dólares destinados a la construcción de 88,5 kilómetros de nuevas barreras en la frontera entre Estados Unidos y México, una fracción de los 5.700 millones de dólares exigidos por el presidente Donald Trump. En la Casa Blanca, Trump dijo que buscaría “minas terrestres” en el acuerdo antes de decidir si lo firmará.

El presidente Donald Trump sostuvo: “Vamos a echarle un vistazo cuando llegue [el acuerdo]. No quiero ver un cierre de gobierno. Un cierre [de gobierno] sería algo terrible”.

La controversia sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump se produce al tiempo que la policía antidisturbios detuvo el miércoles en el norte de México a cientos de migrantes centroamericanos desesperados que intentaban escapar de un complejo industrial abandonado en el que han permanecido encarcelados mientras aguardan que Estados Unidos procese sus solicitudes de asilo. Más de 1.700 inmigrantes han estado retenidos desde el 5 de febrero en una maquiladora situada en la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras, luego de que arribaron como parte de una caravana que aspiraba a solicitar asilo en Estados Unidos. Una vasta mayoría de la caravana de migrantes ha permanecido detenida en el lugar, luego de que el Gobierno de Trump adoptara la política que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México, procesando solo 15 solicitudes de asilo por día en el cercano cruce fronterizo Eagle Pass. Estas son las palabras de uno de los migrantes, hablando con la agrupación a favor de los derechos de los inmigrantes RAICES, que tiene sede en Texas.

Uno de los migrantes centroamericanos expresó: “No nos dejan salir. Nos tienen encerrado como presos. Nosotros solicitamos a otras organizaciones que nos puedan apoyar con [donaciones de] gorros, con guantes, o con cosas [como] sábanas, bufandas. Eso es lo que necesitamos, porque esta haciendo un frío tremendo. Esta como a 3 grados. Y la mera verdad es que hay niños aquí. Hay personas enfermas. Hay personas de la tercera edad. Y la verdad es que este albergue es una bodega, que estaba abandonada y ahora la están utilizando como albergue”.

El miércoles en el Capitolio de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por los saudíes en Yemen, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo en medio siglo. Dieciocho republicanos se unieron a la mayoría demócrata en la votación del miércoles, aprobada por 248 votos contra 177. Los demócratas que integran la Cámara de Representantes piden al Senado que asuma el proyecto de ley, luego de que la mayoría de los senadores aprobaron en diciembre de 2018 una medida similar. El presidente Donald Trump ha señalado que vetaría la legislación, lo que constituiría el primer veto de su gobierno. La organización británica Save the Children estima que más de 85.000 niños yemeníes menores de cinco años fallecieron por desnutrición aguda desde que el gobierno estadounidense encabezado por el expresidente Barack Obama respaldó por primera vez una campaña de bombardeos perpetrados en 2015 por la coalición liderada por Arabia Saudí. La Organización de las Naciones Unidas advierte que la mitad de la población de Yemen, más de 14 millones de personas, se encuentra al borde de la inanición.

En Bruselas, la Unión Europea añadió a Arabia Saudí a una lista negra de países que representan una amenaza debido al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo. La decisión tomada por la Unión Europea no generará sanciones contra Arabia Saudí, sino que obligará a los bancos europeos a reforzar los controles de las transacciones saudíes. Asimismo, la Unión Europea agregó cuatro territorios de Estados Unidos a su lista negra: Puerto Rico, Guam, Samoa Estadounidense y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En Afganistán, los talibanes anunciaron el miércoles que se reunirán el próximo lunes con los emisarios de Estados Unidos en la capital de Pakistán, Islamabad, a fin de mantener negociaciones para poner un alto el fuego a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que desea retirar alrededor de la mitad de las 14.000 tropas estadounidenses actualmente desplegadas en Afganistán; no obstante, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, dijo esta semana que no ha recibido ninguna orden de retiro. Los talibanes han señalado que quieren que todas las tropas estadounidenses se retiren de Afganistán antes de comprometerse a un acuerdo de paz.

El anuncio de la próxima reunión que mantendrán los talibanes y los emisarios de Estados Unidos se produce al tiempo que nuevos datos revelados por el Pentágono muestran que en 2018 Estados Unidos arrojó más bombas sobre Afganistán que durante cualquier otro año en al menos una década. El Comando Central estadounidense afirma que sus combatientes, bombarderos y aviones no tripulados lanzaron casi 7.400 bombas el año pasado, después de que el presidente Donald Trump proporcionara a los generales estadounidenses amplia libertad para llevar a cabo ataques aéreos sin revisión de la Casa Blanca.

En Irán, al menos 27 miembros de la Guardia Revolucionaria de élite murieron el miércoles luego de que un atacante suicida hizo estallar un coche bomba junto a su convoy militar, cerca de la frontera con Pakistán. El ataque en la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste de Irán, fue reivindicado por un grupo militante sunita que lucha por la independencia de Baloch.

El ataque a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní se produjo al tiempo que el Gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump convocó una conferencia en Varsovia, Polonia. Anunciada como una cumbre de paz en Medio Oriente, la conferencia estaba orientada en gran medida a reforzar el apoyo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Los ministros de Relaciones Exteriores de más de 60 países se unieron a las negociaciones, que fueron dirigidas por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, junto con el asesor principal y yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Francia y Alemania –que se opusieron a la retirada del Gobierno de Trump del Acuerdo Nuclear de Irán de 2015– declinaron enviar a sus ministros de Relaciones Exteriores a la conferencia. Antes de iniciar las negociaciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se jactó de que la conferencia tenía como objetivo promover la guerra con Irán. Estas son las palabras expresadas por Netanyahu en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó: “Lo importante de esta reunión… –y esta reunión no es secreta, porque hay muchos de ellos presentes– es que se trata de una reunión abierta con representantes de los principales países árabes, que se sientan junto a Israel para avanzar en el común interés de la guerra con Irán”.

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló al margen de la cumbre de Varsovia para exhortar al derrocamiento del gobierno de Irán, durante un discurso en un mitin de exiliados iraníes conocido como MEK, que en el pasado figuraba en la lista de vigilancia de terroristas de Estados Unidos. Posteriormente, Giuliani admitió que el grupo le pagó para que hablara en el mitin. Esta semana se conmemora el 40º aniversario de la revolución iraní que derrocó a la dictadura respaldada por Estados Unidos.

Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que el Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump reforzó un programa secreto destinado a sabotear cohetes y misiles de Irán, programa que podría estar detrás de los recientes fracasos experimentados por la agencia espacial iraní para poner sus satélites en órbita. El periódico mencionó a funcionarios anónimos que se desempeñan en el Gobierno estadounidense, quienes afirmaron que Estados Unidos ha trabajado en secreto durante años para introducir piezas y materiales defectuosos en la cadena de suministro aeroespacial de Irán.

En Washington, DC, el nuevo representante especial de Estados Unidos ante Venezuela, Elliott Abrams, testificó el miércoles en el Capitolio sobre los esfuerzos de Estados Unidos por destituir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tres semanas después de que ese país reconociera al líder de la oposición Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela. Abrams es un belicista de derecha que también estuvo vinculado al intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, cuando se intentó derrocar a Hugo Chávez. Abrams fue condenado en 1991 por mentirle al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, pero luego fue indultado por el presidente George H.W. Bush —el escándalo Irán-Contra es como se conoce al operativo político mediante el cual a mediados de la década de 1980 funcionarios gubernamentales de Estados Unidos vendieron armas a Irán a pesar del embargo impuesto a ese país, para luego destinar el dinero obtenido de esa venta a financiar a la Contra nicaragüense en su lucha contra el Gobierno sandinista—. También en la década de 1980, Abrams defendió al general Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco, cuando dirigió una campaña de asesinatos en masa y torturas a indígenas. Años después Ríos Montt fue condenado por genocidio. Las siguientes son las palabras de la congresista demócrata de Minnesota Ilhan Omar al confrontar a Abrams sobre su historial el miércoles.

Ilhan Omar: “En 1991 se declaró culpable de dos cargos de ocultar información al Congreso respecto a su participación en el escándalo Irán-Contra, por lo cual luego fue indultado por el presidente George H.W. Bush. No logro comprender por qué los integrantes de este comité o el pueblo estadounidense deberían considerar sincero cualquier testimonio que nos brinde hoy”.

Elliott Abrams: “Si puedo responder…”

Ilhan Omar: “No fue una pregunta”.

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El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un par de proyectos de ley que se proponen extender la revisión federal de antecedentes para las compras de armas de fuego, en lo que sería la primera nueva legislación sobre el control de armas en años. Los demócratas votaron a favor del proyecto, que fue aprobado con 23 votos a favor y 15 en contra, siguiendo las líneas partidarias. Uno de los votos a favor fue el de Lucy McBath, congresista recientemente electa por el estado de Georgia, cuyo hijo Jordan Davis, de 17 años, fue asesinado con un arma de fuego en 2012 en una estación de servicio de Florida.

La congresista Lucy McBath expresó: “Los dos proyectos de ley que tenemos hoy ante nosotros asegurarán que madres y padres tengan una razón menos de qué preocuparse cuando envíen a sus hijos a la escuela. Les darán a los estudiantes una cosa menos que temer cuando ingresen a sus escuelas. Y, lo que es más importante, hará que nuestras comunidades y nuestra nación sean un lugar más seguro. Yo dialogo con las víctimas. He estado trabajando con las víctimas durante los últimos seis años y me niego a hablar una vez más con un padre que todos los días tenga miedo al enviar a sus hijos a la escuela”.

La legislación será sometida a votación por la Cámara de Representantes en pleno, pero los líderes republicanos afirman que será derrotada cuando llegue al Senado. Los proyectos de ley fueron aprobados un día antes del primer aniversario de la masacre escolar que tuvo lugar el día de San Valentín en la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en la que un exalumno, armado con un rifle semiautomático, asesinó a 17 estudiantes, empleados y docentes en solo tres minutos. Desde entonces, las armas se han cobrado las vidas de casi 1.200 estudiantes en Estados Unidos. Haga clic aquí para acceder a más información sobre el aniversario de la masacre de Parkland.

El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias estadounidense (FEMA, por su sigla en inglés), Brock Long, anunció el miércoles su renuncia, tras haber ocupado ese cargo por menos de dos años. La renuncia de Long se produjo luego de que un auditor público comprobara que utilizó de forma indebida vehículos gubernamentales para viajes de ida y vuelta a su hogar en Carolina del Norte. Como administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Long supervisó la muy criticada respuesta del gobierno del presidente Donald Trump a los devastadores incendios forestales que tuvieron lugar en California y otros estados del oeste de Estados Unidos, así como a una serie de grandes huracanes que se produjeron en 2017: Harvey, Irma y María. El año pasado, un estudio realizado por la Universidad George Washington por encargo del gobernador de Puerto Rico halló que más de 3.000 personas murieron como consecuencia directa del impacto del huracán María en la isla. Cuando Trump cuestionó los resultados de las investigaciones, Long defendió al presidente.

Brock Long expresó: “Estos estudios están por todas partes. La investigación de [la Universidad de] Harvard se llevó a cabo de forma diferente, analiza un período diferente en comparación con la investigación de [la Universidad] George Washington. Hay una gran discrepancia tanto en muertes directas como en muertes indirectas”.

En respuesta a la renuncia de Brock Long anunciada el miércoles, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, tuiteó: “Brock Long fue el verdugo de Trump en el fracaso del esfuerzo puertorriqueño por obtener ayuda tras los huracanes Irma y María. Debería haber sido despedido y responsabilizado por las pérdidas de vidas”. El director adjunto de FEMA, Peter Gaynor, ocupará el cargo de administrador interino hasta que el Senado confirme un reemplazo.

En Estados Unidos, una jueza federal sentenció el miércoles que Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente Donald Trump, infringió los términos de un acuerdo de culpabilidad cuando “mintió deliberadamente” al FBI, a un gran jurado y a fiscales federales. La jueza de distrito de Washington DC Amy Berman Jackson, sentenció que Manafort mintió sobre su vínculo con un presunto operador de la inteligencia rusa llamado Konstantin Kilimnik, así como sobre otros asuntos relacionados con la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller. Este fallo podría implicar que se agreguen años a la sentencia en prisión de Manafort, quien el año pasado fue condenado por ocho cargos penales, entre ellos fraude bancario y evasión fiscal, y luego se declaró culpable de dos cargos adicionales por conspiración.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos amenaza con destituir al fiscal general interino Matthew Whitaker. El comité sugiere que habría mentido cuando testificó ante el Congreso sobre sus comunicaciones con el presidente Donald Trump respecto al exabogado del presidente Michael Cohen. En una carta enviada el miércoles a Whitaker, el congresista demócrata de Nueva York Jerrold Nadler escribió: “Integrantes de ambos partidos hallaron sus respuestas insatisfactorias, incompletas o contradictorias con otras evidencias”.

Esto ocurre al tiempo que el Senado se prepara para votar hoy la confirmación de William Barr, el nominado por el presidente Trump para reemplazar a Jeff Sessions en el cargo de fiscal general.

La Reserva Federal de Estados Unidos informa que un récord de siete millones de estadounidenses llevan tres meses o más de atraso en los pagos de sus autos, un indicio preocupante para la economía. El índice de créditos automovilísticos incobrables es incluso mayor que en 2010, cuando el desempleo en Estados Unidos superó el 10%, en el momento álgido de la Gran Recesión.

En Argentina, decenas de miles de personas marcharon el miércoles por la capital, Buenos Aires, donde bloquearon calles para manifestarse en contra del alto índice de desempleo y de las medidas de austeridad impuestas por el presidente Mauricio Macri, entre ellas recortes a los subsidios de servicios públicos. Dichas medidas de austeridad, que condujeron a un aumento en las tarifas de agua y electricidad, fueron impuestas al tiempo que Argentina se sometió a un plan del Fondo Monetario Internacional para reducir gran parte de su déficit fiscal para fines de este año. Las siguientes son palabras del líder sindical argentino Hugo Godoy.

Hugo Godoy expresó: “Nuestro pueblo no quiere este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que queremos revocar. Tenemos proyectos de ley y propuestas de políticas gubernamentales que contemplan las necesidades de la gente”.

En Filipinas, la galardonada periodista Maria Ressa fue liberada bajo fianza en la mañana del jueves, luego de ser arrestada en el marco de un caso de difamación cibernética ampliamente considerado como motivado políticamente. Ressa es la fundadora del sitio web de noticias independiente Rappler y una enérgica crítica del autoritario presidente filipino, Rodrigo Duterte. Las siguientes son declaraciones de Maria Ressa, hablando tras ser liberada de la custodia de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI, por sus siglas en inglés).

Maria Ressa declaró: “Mi última noche en la NBI me hizo pensar acerca de qué se trata todo esto. Y para mí, se trata de dos cosas: del abuso de poder y del uso de la ley como un arma. Esto no es solamente sobre mí o sobre Rappler. El mensaje que el Gobierno está enviando es muy claro, y anoche alguien le dijo esto a nuestro reportero: ‘Mantente callado o serás el próximo’. De modo que los exhorto a ustedes a no mantenerse callados incluso, y especialmente, si ustedes son los próximos”.

Haga clic aquí para ver nuestra reciente entrevista con Maria Ressa.