Titulares27 de marzo de 2019

El estado de Oklahoma llegó un acuerdo por 270 millones de dólares con la compañía farmacéutica Purdue Pharma, fabricante del medicamento OxyContin, en una demanda que acusaba a la compañía de contribuir a la muerte de miles de residentes de Oklahoma al minimizar los riesgos de adicción a los opioides y exagerar los beneficios del medicamento. Como parte del acuerdo, más de 100 millones de dólares serán destinados a fundar un nuevo centro de investigación y tratamiento de las adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma, con sede en la ciudad de Tulsa. Se trata del primer acuerdo alcanzado por Purdue, en medio de otras 2.000 demandas que relacionan al analgésico OxyContin con la crisis de los opioides. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre la crisis de los opioides.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró revertir este martes el veto emitido por el presidente Donald Trump sobre una resolución que anulaba su declaración de emergencia nacional en la frontera entre México y Estados Unidos. Sólo catorce legisladores republicanos votaron a favor este martes, y el resultado de 248 votos a 181 no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para invalidar el veto, el primero que emitió Trump desde que asumió la presidencia. La acción de Trump de declarar una emergencia para eludir la aprobación del Congreso y poder financiar la construcción del muro fronterizo aún deberá enfrentar varias objeciones legales en cortes federales.

El Senado de Estados Unidos rechazó este martes el llamado “New Deal Ecológico”, luego de que 43 demócratas dijeran “presente”, en lugar de votar a favor o en contra de la medida presentada por el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell. Otros cuatro legisladores demócratas y la totalidad de los 53 senadores republicanos votaron en contra del “New Deal Ecológico”. Los demócratas, condenaron la acción de McConnell y la catalogaron como una “votación falsa” diseñada para obligar al Partido Demócrata a tomar posición sobre una resolución que aún genera divisiones.

Los republicanos se han dedicado a desinformar sobre el “New Deal Ecológico”, un proyecto impulsado por la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez que busca transformar la economía estadounidense mediante la financiación de las energías renovables, y eliminar las emisiones de dióxido de carbono para 2030. Los líderes del Partido Demócrata se han resistido a respaldar la medida, que, por otra parte, cuenta con el apoyo de todos los congresistas demócratas aspirantes a la presidencia en 2020.

En otras noticias sobre el clima, las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaron su punto máximo en la historia en 2018, con una suma de más de 33.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que generan el efecto de invernadero liberadas a la atmósfera. Un estudio de la Agencia Internacional de la Energía halló que los niveles globales de CO2 aumentaron 1,7% el año pasado. Las emisiones de Estados Unidos aumentaron 3%, mientras que las de Europa y Japón disminuyeron levemente.

Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró este martes que el ciclón Idai es la más reciente “señal de alarma” sobre los peligros del cambio climático. La tormenta causó la muerte de más de 750 personas y dejó a casi dos millones con necesidades de asistencia en Mozambique, Malaui y Zimbabue, en el sureste de África.

El secretario general António Guterres expresó: “El cliclón Idai fue una tormenta inusualmente prolongada y extrema, otra señal de alarma sobre los peligros del cambio climático, en especial en países vulnerables que están en riesgo. Estos eventos se están volviendo más frecuentes, más graves y devastadores, y cada vez afectan a más personas, y esto solo empeorará si no tomamos acciones ahora mismo”.

En Yemen, la organización no gubernamental Save the Children informa que un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí causó la muerte de siete personas, entre ellas cuatro niños, cuando este martes un misil golpeó un hospital en las afueras de la ciudad de Saada. La directora de la organización, Helle Thorning-Schmidt, expresó: “Niños y trabajadores de la salud inocentes han perdido la vida en lo que parece haber sido un ataque indiscriminado a un hospital, en una zona civil densamente poblada. Los ataques de este tipo constituyen una violación al derecho internacional”. Mientras tanto, miles de yemeníes se congregaron en una marcha de protesta en la capital, Sanaa, el pasado martes, cuando se cumplió el cuarto aniversario del comienzo de los ataques en Yemen lideradas por Arabia Saudí.

Un nuevo estudio del grupo de recolección de datos Yemen Data Project halló que más de 17.500 civiles han resultado muertos o heridos como consecuencia de ataques aéreos iniciados en marzo de 2015 por la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La cuarta parte de los más de 8.000 civiles muertos fueron mujeres y niños. La guerra ha devastado la infraestructura y la economía de Yemen, empujando a la mitad de la población del país, de 28 millones de personas, al límite de la hambruna.

Aviones de guerra israelíes atacaron la Franja de Gaza durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles, a pesar de un supuesto alto el fuego, luego de que un misil palestino fuera disparado hacia la ciudad israelí de Ashkelon. Tanto Hamas como la Yihad Islámica negaron su responsabilidad por el lanzamiento del misil, acción que atribuyeron a un “acto individual”. Mientras tanto, las fuerzas israelíes mataron a disparos a un palestino de 18 años en los territorios ocupados de Cisjordania durante una redada de arresto en un campo de refugiados cerca de Belén.

Las recientes agresiones ocurrieron al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retornaba a Israel en forma anticipada de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca y recibió a legisladores republicanos y demócratas en la conferencia anual del grupo lobista Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por su sigla en inglés).

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro ordenó al Ejército conmemorar el golpe de Estado de 1964, que contó con el apoyo de Estados Unidos y abrió paso a dos décadas de dictadura militar. Bolsonaro dijo que los generales deberían organizar celebraciones en todo el país el próximo 31 de marzo, fecha que marcará el 55º aniversario del golpe. Bajo el gobierno militar, los medios de comunicación brasileños sufrieron una fuerte censura y los disidentes políticos se enfrentaron a la tortura, el exilio y la muerte. A pesar de esto, en una declaración emitida el pasado martes un portavoz de Bolsonaro expresó que “el presidente no considera que lo ocurrido el 31 de marzo de 1964 haya sido un golpe militar”. Mientras tanto, el predecesor de Bolsonaro, el expresidente Michel Temer, fue liberado de prisión este martes, luego de que un juez anulara su “detención preventiva” mientras enfrenta acusaciones por corrupción. Temer fue arrestado el jueves pasado y acusado de liderar una trama de malversación y lavado de dinero. Temer tomó el poder luego de que su predecesora, Dilma Rousseff, fuera destituida en lo que muchos críticos definieron como “golpe de Estado legislativo”.

En Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó una masiva reforma de las normas de derechos de autor que, según sus críticos, provocará una censura generalizada en internet. Una de las medidas gravaría en la práctica a sitios como Google cuando permitan visualizar fragmentos de material protegido bajo derechos de autor, entre los que se incluyen los artículos de noticias. Otra de las medidas aprobadas podría provocar que los sitios web como YouTube instalen filtros que busquen, y luego eliminen automáticamente, las publicaciones que se consideren violaciones de derechos de autor. En los días previos a la votación, que se llevó a cabo el martes, las normas propuestas provocaron protestas masivas, incluidas manifestaciones que durante el fin de semana reunieron a más de 100.000 personas en diversas ciudades de Europa. Laura Tribe, la directora ejecutiva de la organización OpenMedia, afirmó en un comunicado: “La votación de hoy es un gran golpe para el internet abierto. Esta directiva posiciona a internet como una herramienta para las corporaciones y las ganancias, no para las personas”. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden condenó la votación en una publicación en su cuenta de Twitter, escribiendo en alemán: “Nunca olviden lo que ellos han hecho”.

El periódico The New York Times informa que el candidato nominado por el presidente estadounidense Donald Trump para dirigir el Departamento del Interior canceló un importante estudio, realizado a finales de 2017, que halló que tres pesticidas de uso general representaban una amenaza existencial para 1.200 especies en peligro de extinción. El periódico revela que David Bernhardt, exabogado de la industria petrolera que entonces se desempeñaba como subsecretario del Interior, canceló la publicación de un estudio sobre los peligros de los pesticidas, que llevó varios años de trabajo, justo antes de que los resultados se hicieran públicos. La decisión tomada por Bernhardt benefició a los principales fabricantes de pesticidas, entre ellos FMC Corporation y Dow AgroSciences. Este último fue un importante contribuyente en la campaña electoral de Trump, y donó un millón de dólares a su comité inaugural. El jueves, Bernhardt testificará ante el Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales en sus audiencias de confirmación.

El martes, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, se negó a opinar acerca de si debería permitirse a los centros educativos discriminar a los estudiantes por su orientación sexual o su identidad de género. Estas son las palabras de Betsy DeVos ante las preguntas del legislador demócrata Mark Pocan, del estado de Wisconsin, durante un testimonio ante un subcomité de asignaciones de educación de la Cámara de Representantes.

Mark Pocan: “¿Cree que está bien que una escuela discrimine a alguien en base a su orientación sexual o su identidad de género?”.

Betsy DeVos: “Tenemos leyes que abarcan los intentos discriminatorios, y nuestra Oficina de Derechos Civiles ha sido constante en su diligencia en investigar cualquier alegación de discriminación y continuará haciéndolo”.

Mark Pocan: “¿Entonces, eso es un sí o es un no? Estoy tratando de obtener un sí o no, supongo, acerca de eso”.

Betsy DeVos: “Seguimos la ley tal como el organismo…”.

Mark Pocan: “¿No tiene una opinión personal al respecto?”.

Betsy DeVos: “… la define, y…”.

Mark Pocan: “Está bien. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Usted les está otorgando fondos a algunos centros educativos chárter que sí discriminan”.

El Gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump afirmó que ampliará la denominada “ley mordaza global”, una política instaurada durante el mandato del expresidente Ronald Reagan, que prohíbe la financiación estatal para cualquier organización internacional de atención médica que practique abortos, defienda la legalización del aborto o incluso haga mención al aborto. El martes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo que Estados Unidos recortará los fondos a las organizaciones no gubernamentales extranjeras que financien a otras agrupaciones que proveen o promueven la realización de abortos. En Twitter, la organización NARAL Pro-Choice America advirtió que las políticas de la ley mordaza del Gobierno de Trump darán lugar a “2,2 millones de abortos inseguros y 21.700 muertes maternas evitables de aquí al año 2020”.

Un juez federal anuló una ley que regía en el estado de Carolina del Norte desde 1973, que prohibía a las mujeres realizarse abortos después de la semana 20 de embarazo. Este fallo coincide con el aumento del número de estados que aprueban las llamadas leyes de “latido fetal”, medidas altamente restrictivas que prohíben el aborto una vez que es posible detectar el latido cardíaco del feto, algo que normalmente ocurre en las primeras seis semanas de embarazo, un momento en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden sostuvo el martes que lamentaba su papel en las audiencias de confirmación del juez Clarence Thomas para un puesto en la Corte Suprema, celebradas en 1991. Durante las audiencias, Anita Hill, una mujer afroestadounidense que se había desempeñado como abogada para Clarence Thomas, fue interrogada por el Comité Judicial del Senado, compuesto en su totalidad por hombres blancos, sobre sus alegaciones de que Thomas había abusado sexualmente de ella en el lugar de trabajo. En su discurso de la noche del martes en la ceremonia de entrega de los Premios Biden Courage, en Nueva York, Biden condenó a “la cultura del hombre blanco” por no tomarse en serio las afirmaciones de Hill.

Joe Biden dijo: “Sabíamos mucho menos sobre el alcance del acoso en ese entonces, hace más de 30 años. Pero [Anita Hill] pagó un precio terrible. Ella fue abusada continuamente en la audiencia. Se aprovecharon de ella. Su reputación fue atacada. Ojalá pudiera haber hecho algo [para impedirlo]”.

Las palabras de Biden provocaron una condena generalizada. Muchos comentaristas de redes sociales señalaron que Biden era el presidente del Comité Judicial del Senado en el momento en el que Anita Hill prestó su testimonio. Biden ha puesto en marcha un nuevo comité de acción política antes del ampliamente esperado anuncio de que buscará la nominación demócrata para la presidencia en las elecciones de 2020. Permanece incierto si alguna vez se disculpó personalmente con Anita Hill.

En la ciudad de Chicago, Estados Unidos, la fiscalía retiró los cargos por delitos graves contra el actor Jussie Smollett, quien el mes pasado fue arrestado y acusado de simular en enero un ataque que desató una indignación generalizada. Smollett, protagonista del exitoso programa televisivo “Empire”, emitido por Fox, inicialmente le dijo a la policía que había sido atacado violentamente en la calle en lo que aparentaba ser un crimen de odio. Smollett, que es afroestadounidense y homosexual, afirmó que los atacantes le colocaron una soga alrededor del cuello y le gritaron insultos homofóbicos, racistas, y en favor del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, los investigadores de la policía creen que Smollett pagó a dos hermanos, a quienes conocía personalmente, para escenificar el ataque. El martes, los fiscales afirmaron que retiraron los cargos contra el actor después de que este aceptó hacer servicio comunitario y renunciar al reembolso de su fianza de 10.000 dólares. Smollett sostiene que dio un relato veraz sobre lo ocurrido, y continúa afirmando que fue víctima de un crimen de odio.

Jussie Smollett: “He sido sincero y coherente en todos los niveles desde el primer día. No sería el hijo de mi madre si fuera capaz de un ápice de lo que me han acusado”.

La fiscal estatal Kim Foxx sostuvo que, a pesar de la decisión tomada, su oficina no ha exonerado a Smollett. La medida provocó la indignación del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien lo calificó de “blanqueamiento de la justicia”. El sindicato de la policía de Chicago, la Orden Fraternal de la Policía, pidió al Departamento de Justicia que inicie una investigación al respecto. Estas son las palabras del superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson.

El superintendente Eddie Johnson expresó: “¿Creo que se hizo justicia? No. ¿Qué creo que sería justo? Creo que aún se le debe una disculpa a la ciudad”.