El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller, en el que detalla la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, los contactos de la campaña de Trump con Rusia, y los intentos del presidente de obstaculizar la investigación del fiscal especial. El documento, cuya extensión es de 448 páginas, establece que la campaña de Trump “esperaba poder beneficiarse electoralmente de la información robada y divulgada a través de los esfuerzos de Rusia”, pero concluyó que “la investigación no establece que miembros de la campaña de Trump hayan conspirado o coordinado con el Gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones”. El informe revela que cuando se le informó sobre la investigación del fiscal especial, el presidente Trump se desplomó en su silla y exclamó: “Dios mío, esto es terrible. Será el fin de mi presidencia. ¡Estoy j***!”. El jueves, Trump respondió al informe.
El presidente Donald Trump expresó: “Es un buen día para mí. Se determinó que no hubo conspiración ni obstrucción”.
El informe de Mueller describe al menos diez instancias en las que Trump intentó obstaculizar la investigación del fiscal especial, pero no llega a ninguna conclusión definitiva sobre si Trump infringió la ley obstruyendo la justicia. En el informe, Mueller sugiere que esa es una decisión que debería tomar el Congreso. Esto contradice la conclusión del fiscal general designado por Trump, William Barr, quien afirmó que el presidente no obstruyó la justicia. Jarrod Nadler, el director del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, afirmó que le solicitará a Mueller que comparezca ante el Congreso “lo antes posible”.
El director del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jarrod Nadler, expresó: “He solicitado formalmente al fiscal especial Mueller que testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo antes posible, a fin de obtener algunas respuestas a estas preguntas cruciales, porque claramente no creemos en lo que nos dice el fiscal general”.
Algunos legisladores afirmaron que el informe abre el camino para un juicio político contra Trump. La congresista recientemente electa Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó: “El informe de Mueller señala claramente la responsabilidad del Congreso en investigar si el presidente obstruyó la justicia. Tal como lo señala el Artículo 1, Sección 2, Cláusula 5 de la Constitución de Estados Unidos, es nuestro trabajo. Por lo tanto, me sumaré a la resolución de juicio político de @RashidaTlaib”. Visite democracynow.org/es para acceder a nuestra entrevista sobre el informe de Mueller y sus implicaciones con los periodistas ganadores del premio Pulitzer David Cay Johnston y Glenn Greenwald.
El Gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump planea gastar 40 millones de dólares en construir un par de campamentos de detención al sur de Texas para encarcelar a familias migrantes, incluyendo a los niños. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin MacAleenan, afirmó el miércoles que los campamentos serían “temporales” y que son parte de una estrategia para reducir la presión sobre los agentes fronterizos en la ciudad de El Paso y en otros puntos de entrada a Estados Unidos. Según los críticos, la medida tiene como objetivo detener indefinidamente a familias enteras en condiciones deplorables, en un nuevo intento por impedir que los migrantes soliciten asilo en Estados Unidos.
Al sur de México, las autoridades detuvieron una caravana de cientos de migrantes centroamericanos que se dirigía a la frontera estadounidense, en donde esperaban poder solicitar asilo. Los migrantes fueron detenidos en Chiapas por agentes del Instituto Nacional de Migración, al tiempo que el Gobierno de México enfrenta grandes presiones del Gobierno de Trump para que frustre el intento de los solicitantes de asilo por avanzar hacia el norte. Las siguientes son declaraciones de Elizabeth, una madre hondureña de un niño de tres años que sostiene que ella y su familia sufrieron abusos físicos por parte de las autoridades mexicanas.
Elizabeth expresó: “Bajan, y como si fuéramos delincuentes. Desde un principio se dijo, que si veníamos, veníamos pacíficamente. No hemos hecho ningún escándalo, no se ha agredido a ninguna persona. Entonces, ¿cómo es posible que ahora sean ellos los que vienen a agredirnos a nosotros? ¿De qué se está tratando? Si vieron que venía mi esposo con el niño en brazos, ¿por qué lo patearon y arrojaron al suelo, sabiendo que tiene un bebé en los brazos? ¿Qué es lo que pasa?”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) advierte que vigilantes armados están trabajando directamente con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para detener de manera ilícita a cientos de migrantes, a punta de pistola, a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. La organización hace referencia a videos publicados en las redes sociales, que muestran a integrantes de una milicia persiguiendo a migrantes en el desierto de Nuevo México, al oeste de la ciudad de El Paso, Texas, a los que secuestran contra su voluntad. Uno de los videos muestra a vigilantes armados con rifles de asalto que se aproximan a un grupo de varias decenas de personas que están sentadas en el piso, mientras el narrador del video, un hombre llamado Jim Benvie, filma la escena.
Jim Benvie dijo: “Hola a todos, soy Jim y pertenezco a [las agrupaciones] Patriotas Constitucionales Unidos y Nosotros construimos el muro (United Constitutional Patriots y We Build the Wall). Como pueden ver, finalmente hemos logrado acorralar a todos [estos migrantes]. Fue una combinación de nuestro esfuerzo y el de algunos caballos. Básicamente, un trabajo en equipo”.
En una carta dirigida al gobernador de Nuevo México y al fiscal general en la que solicita una investigación, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles calificó a la agrupación Patriotas Constitucionales Unidos de “organización miliciana fascista armada”, y añadió: “El vil racismo del Gobierno de Trump ha alentado a nacionalistas blancos y fascistas a infringir descaradamente la ley”.
En Nicaragua, la policía arrestó el miércoles a decenas de manifestantes que tomaron las calles para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. Ha transcurrido un año desde que estallaron las protestas contra el gobierno en Nicaragua. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos afirman que al menos 324 personas murieron en enfrentamientos entre los manifestantes y el Gobierno, la policía y las milicias que están a favor del Gobierno. Esta semana, el Gobierno de Nicaragua liberó a más de 600 prisioneros, en un gesto hacia los grupos que integran la oposición, pero los activistas sostienen que solo una pequeña fracción de los liberados eran presos políticos.
El primer ministro de Malí renunció el jueves, junto con la totalidad de su gabinete, al tiempo que se incrementaban las protestas públicas por la incapacidad del Gobierno para frenar la violencia étnica. El mes pasado, 160 personas pertenecientes a una comunidad fulani fueron asesinadas por hombres armados, en tanto que agrupaciones en defensa de los derechos humanos advertían del aumento de los asesinatos de civiles por parte de la milicia en el centro y el norte del país. Los asesinatos provocaron protestas masivas de miles de manifestantes en la capital, Bamako, a principios de este mes, en reclamo de la dimisión del Gobierno y la salida de las fuerzas extranjeras asentadas en Malí.
En Sudán, cientos de miles de manifestantes continuaron organizando protestas el jueves y el viernes en ciudades de todo el país, para reclamar el fin del gobierno militar. Las protestas surgen cuando se cumple una semana desde la destitución del presidente Omar al-Bashir por parte de los principales generales sudaneses, en medio de un levantamiento popular contra su mandato, que se prolongó durante 30 años. Desde el derrocamiento de Al-Bashir, miles de manifestantes liderados por jóvenes han estado realizando una sentada pacífica en las afueras del Ministerio de Defensa, en la capital, Jartum. Un consejo militar ha señalado que supervisará un período de transición que podría extenderse por hasta dos años; por su parte, los manifestantes exigen que los militares entreguen rápidamente el poder a un Gobierno encabezado por civiles. La Unión Africana comparte esas exigencias y sostiene que en caso contrario Sudán deberá abandonar el bloque. Al-Bashir se encuentra ahora en la misma prisión en la que condenó a muerte a numerosas personas.
Activistas en Bangladesh exigen justicia para Nusrat Jahan Rafi, una joven de 19 años que murió quemada en el centro educativo al que asistía, tras presentar una queja de agresión sexual contra su director. A fines de marzo, Nusrat acudió a la estación local de policía en su ciudad natal, al sur de la capital, Daca, para presentar una queja. Su declaración fue filmada en un teléfono celular por un oficial de policía, en un video que posteriormente se filtró a los medios locales. En la filmación, que fue hecha el mismo día de la presunta agresión, Nusrat, visiblemente conmocionada, afirmó que el director la había tocado de manera inapropiada antes de que ella lograra escapar de su oficina. Cinco días después de presentar la queja, Nusrat regresó al centro educativo, donde fue rodeada por cuatro o cinco personas que le exigieron que se retractara de su testimonio contra el director. Cuando ella se negó a hacerlo, la rociaron con queroseno y la prendieron fuego. Nusrat sobrevivió al ataque el tiempo suficiente para emitir una declaración ante la policía, antes de sucumbir a sus heridas. El caso ha vuelto a generar atención a la difícil situación de las sobrevivientes de agresión sexual en Bangladesh, así como a la impunidad de la que a menudo se benefician los perpetradores de violencia sexual.
El miércoles en Arabia Saudí, un tribunal pospuso indefinidamente una audiencia para un grupo de 11 prominentes activistas en favor de los derechos de las mujeres, encarceladas por cargos que las agrupaciones de derechos humanos consideran fabricados. Las mujeres fueron arrestadas hace casi un año mientras hacían campaña contra el sistema de “tutela” masculina del reino y la prohibición de conducir automóviles impuesta a las mujeres. Los arrestos se llevaron a cabo pocas semanas antes de que el reino levantara esa prohibición. Entre las arrestadas se encontraba Loujain al-Hathloul, de 29 años. Su hermano Walid sostuvo el miércoles ante la cadena BBC que su hermana ha sido víctima de severos abusos estando bajo custodia saudí.
Walid al-Hathloul sostuvo: “Todo tipo de torturas: electrocuciones, ahogamiento simulado, acoso sexual. Y de hecho, esto es llevado a cabo por Saud al-Qahtani, el principal asesor del príncipe heredero. Él estaba supervisando las torturas en esta instalación secreta, porque las torturas sucedían en las instalaciones secretas, fuera de la prisión de Dhahban. Tuvieron lugar en un sótano. Y él se encontraba ahí mientras reía y la amenazaba con violarla y asesinarla”.
Los informes más recientes sobre la tortura en Arabia Saudí son posteriores al veto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso a una resolución sobre el proyecto de Poderes de Guerra que reclamaba que Estados Unidos pusiera fin al apoyo militar para la guerra liderada por los saudíes en Yemen, que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo.
El jueves en Irlanda del Norte, una periodista de 29 años fue asesinada de un disparo cuando estallaron violentas protestas en una sección nacionalista irlandesa de la ciudad de Derry. Lyra McKee era una incipiente estrella del periodismo de investigación que había publicado artículos en las revistas The Atlantic y Mosaic Science, así como en el medio de noticias BuzzFeed News. Los investigadores afirman que están tratando su muerte como un “incidente terrorista” y han puesto en marcha una investigación sobre el asesinato. Los disturbios se desataron después de una redada policial que, según las autoridades, desmanteló un complot para organizar ataques durante este fin de semana, pocas horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, concluyera una visita a Derry, donde encabezó una delegación congresual que marcó el aniversario del acuerdo de paz de 1998, conocido como el Acuerdo de Viernes Santo y en cuya negociación participó Estados Unidos.
En el estado de Florida, Estados Unidos, el departamento del sheriff del condado de Broward afirma que investigará las acciones capturadas por una cámara de video que muestran a oficiales de policía agrediendo brutalmente a adolescentes tras responder a una llamada que denunciaba una pelea que se suscitó al salir de clases en un estacionamiento de McDonald’s situado en las cercanías de la escuela secundaria a la que asistían los adolescentes, en la ciudad de Coral Springs. El video del incidente, que circuló de forma viral por internet, muestra a los ayudantes del sheriff rociando con gas pimienta a los adolescentes y golpeando la cabeza de uno de ellos contra el pavimento antes de golpearlo repetidamente en la cabeza. Como consecuencia de los golpes el muchacho sufrió una fuerte hemorragia y posteriormente fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial.
El Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una histórica legislación sobre el cambio climático dirigida a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de los grandes edificios. Según la ley aprobada el jueves, la mayoría de los edificios de más de 2.323 metros cuadrados deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 40% para 2030, y en un 80% para 2050.
Mientras tanto, en la noche del jueves, cientos de manifestantes se congregaron en el Ayuntamiento de Nueva York y marcharon por el puente de Brooklyn para exigir la paralización del proyecto de gasoducto propuesto por la empresa Williams, que transportaría gas extraído por medio de la técnica de “fracking” desde los campos de esquisto de Pennsylvania hasta el puerto de Nueva York. Decenas de funcionarios electos se han unido a cientos de grupos ecologistas y a decenas de miles de solicitantes que se oponen a la iniciativa. El gobernador Andrew Cuomo tiene plazo hasta el 16 de mayo para detener el proyecto.
El jueves, Gina Haspel, la directora de la CIA, hizo una inusual aparición pública en la que pronunció un discurso ante estudiantes de la Universidad de Auburne, en Alabama, que muchos describieron como un discurso de reclutamiento para la agencia de espionaje. A solamente unos minutos de comenzar a hablar, Haspel fue interrumpida por un manifestante, justo después de que describiera la emoción que sintió cuando fue juramentada por primera vez como agente de la CIA.
Un manifestante dijo: “¿Recuerda la emoción de los centros clandestinos de detención de la CIA en los que torturó a la gente y la evidencia que destruyó? Dígaselo a estos jóvenes. Dígales a quiénes torturó. ¡Usted sabe los nombres! ¡Aún están en la Bahía de Guantánamo!”.
Haspel es una veterana de la CIA que estuvo 33 años en la agencia y fue responsable de dirigir un centro clandestino de detención de la agencia en Tailandia en 2002, en el que, mientras ella ocupaba el cargo, al menos un prisionero fue sometido a ahogamiento simulado y a otras formas de tortura. Asimismo, Haspel supervisó la destrucción de videos que mostraban torturas perpetradas en ese centro clandestino de detención.