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Amy Goodman y Denis Moynihan
Antes de ser presidente, Donald Trump afirmaba estar a favor de la libertad de elegir abortar. Actualmente, no para de tomar medidas para negarles a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos. Siguiéndoles el paso al vicepresidente Mike Pence y a algunos de los miembros de su coalición de derecha con mayor oposición al aborto, Trump ha vuelto global su cruzada. Esta semana, EE.UU. presionó para que se apruebe una versión lavada de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirigida a poner fin a las violaciones y la violencia sexual en la guerra. El embajador interino de Estados Unidos ante la ONU amenazó con vetar cualquier resolución que contenga referencias a la “salud reproductiva”. El objetivo de la exigencia, según la mayoría de los observadores, es garantizar que las mujeres que sean violadas en el marco de una guerra no reciban ninguna ayuda para poner fin a los posibles embarazos resultantes. Este episodio es apenas el más reciente en la acelerada y cada vez más exitosa campaña para penalizar el aborto, llevada a cabo por una minoría fuerte y acaudalada en Estados Unidos.
Durante casi medio siglo, el derecho al aborto seguro y legal en el país ha sido garantizado por el histórico fallo de la Corte Suprema conocido como Roe contra Wade. Durante muchos años, la corte ha reafirmado sistemáticamente este fallo, en el marco de un equilibrio entre jueces progresistas y conservadores. Sin embargo, con el sorpresivo retiro del magistrado Anthony Kennedy y su reemplazo por el magistrado Brett Kavanaugh, tan conservador como polémico, el equilibrio en la corte se ha desplazado notablemente hacia la derecha, y el futuro del fallo Roe contra Wade es totalmente incierto.
Confiados en que la actual Corte Suprema, de tener oportunidad, anularía esta jurisprudencia, los activistas en contra de la opción del derecho al aborto y sus aliados en las legislaturas estatales de mayoría republicana están impulsando una nueva ola de proyectos de ley antiaborto. Ellos esperan que esto pueda sentar las bases para un fallo de la Corte Suprema que elimine el derecho de la mujer a la privacidad y a tomar sus propias decisiones de salud, consagradas en el fallo Roe contra Wade.
El Instituto Guttmacher, que apoya el derecho al aborto, señaló recientemente en un informe: “La naturaleza extrema de los proyectos de ley de este año no tiene precedentes. […] La legislación que se está considerando en 28 estados prohibiría el aborto de varias maneras”. Entre las diversas estrategias empleadas se encuentran las “cláusulas gatillo”, que harían que el aborto fuera completamente ilegal en determinados estados en caso de que la jurisprudencia de Roe fuera revocada; las prohibiciones de edad gestacional, que consideran ilegal el aborto después de que un feto se haya gestado seis, 12 o 18 semanas, o algún otro período (a menudo, estas prohibiciones son conocidas como leyes de “latido fetal”); las prohibiciones de motivo, que prohíben los abortos por razones de sexo, raza o discapacidad del feto; y las prohibiciones de método, que prohíben ciertos tipos de procedimientos abortivos.
A eso hay que sumarles las leyes específicas para los proveedores de servicios de aborto, que imponen reglamentaciones extraordinarias e incómodas, que la mayoría de las clínicas pequeñas no pueden cumplir. Estas leyes no mejoran la seguridad de las pacientes, sino que obligan a las instalaciones que brindan servicios de aborto a cumplir con una serie de condiciones onerosas, como poseer corredores de cierto ancho y salas de examen de un tamaño específico. Con frecuencia, los costos financieros de cumplir con estas regulaciones arbitrarias obligan a las clínicas a cerrar.
Si bien más de dos tercios de los estadounidenses están a favor del derecho al aborto, los activistas en su contra llevan la ventaja en los gobiernos estatales, con mayoría republicana en aproximadamente dos tercios de las cámaras de representantes estatales y 27 de las 50 gobernaciones del país. Pero, en varios estados, legisladores progresistas están impulsando proyectos de ley para proteger el acceso a un aborto seguro y legal, mejorar la disponibilidad de anticonceptivos y ampliar la educación sexual. Del mismo modo, los tribunales federales continúan rechazando los esfuerzos más atroces e inconstitucionales para controlar las decisiones de salud reproductiva de las mujeres.
Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump emitió lo que los defensores del derecho al aborto llaman “regla mordaza del Título X”, que prohíbe a los médicos brindar a sus pacientes la gama completa de opciones al considerar la salud reproductiva. El martes, en Oregon, el juez federal de distrito Michael J. McShane emitió un recurso judicial preliminar contra la regla mordaza, a la que calificó de “enfoque equivocado en torno a la política de salud pública”.
La Dra. Leana Wen, presidenta de la organización Planned Parenthood Federation of America, declaró sobre el fallo de McShane: “Si bien esta es una victoria para médicos y pacientes, este alivio es preliminar. Seguiremos luchando contra el gobierno de Trump-Pence en los tribunales y en el Congreso para garantizar que la salud y los derechos de nuestros pacientes están protegidos”.
Volviendo a la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Trump-Pence ha expandido al terreno internacional su agenda contra el derecho al aborto al eliminar toda referencia a la “salud sexual y reproductiva” de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos bélicos. Indignado por la postura de Estados Unidos, el embajador francés ante la ONU expresó: “Es intolerable e incomprensible que el Consejo de Seguridad sea incapaz de reconocer que las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual en conflictos, y que obviamente no eligieron quedar embarazadas, deberían tener derecho a interrumpir su embarazo”. El gobierno estadounidense también eliminó la palabra “género” de la resolución y diluyó las referencias a la Corte Penal Internacional, lo que dificulta que mujeres y niñas procuren justicia.
El propio Donald Trump ha sido acusado de acoso sexual y agresión sexual por no menos de 16 mujeres. ¿Realmente se lo puede considerar un líder mundial digno de modelar la política global sobre violencia sexual?
© 2019 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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