Titulares12 de junio de 2019

En Hong Kong, manifestantes se enfrentaron con la policía en la segunda manifestación masiva de los últimos días contra el proyecto de ley que permitiría la extradición de los residentes de Hong Kong a China Continental. La policía antidisturbios lanzó gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta contra los manifestantes que protestaban frente a los edificios del Gobierno. Ese mismo día, más temprano, los legisladores habían anunciado que pospondrían el debate de hoy sobre la cuestionada legislación. Quienes critican el proyecto de ley dicen que la medida podría violar la independencia de Hong Kong y los derechos legales y humanos de los residentes de Hong Kong.

En el estado de Arizona, Estados Unidos, un caso contra un voluntario de ayuda humanitaria que proporcionó comida, agua y refugio a migrantes indocumentados terminó en la nulidad del juicio el martes después de que el jurado no llegara a un acuerdo para emitir un veredicto. Scott Warren, de los grupos No Más Muertes y Samaritanos de Ajo, se enfrentaba a hasta 20 años de prisión luego de ser acusado por dos delitos graves por albergar a inmigrantes ilegales y otro por conspiración. Ocho miembros del jurado encontraron a Scott Warren no culpable; cuatro dijeron que era culpable. Los fiscales se negaron a comentar si procurarían un nuevo juicio contra Warren. Estas fueron las palabras de Scott Warren hablando con sus partidarios y la prensa después de la audiencia de ayer.

El activista Scott Warren dijo: “Desde mi arresto en enero de 2018, se recuperaron al menos 88 cuerpos en el corredor de Ajo en el desierto de Arizona. Sabemos que es un número mínimo y que hay muchos más que todavía no se han encontrado. ¿Cuál es el plan del Gobierno en medio de esta crisis humanitaria? Políticas dirigidas contra los indocumentados, los refugiados y sus familias; juicios para criminalizar la ayuda humanitaria, la amabilidad y la solidaridad; y ahora, donde vivo, la noticia de que construirán un vasto y costoso muro a lo largo de un enorme tramo del ininterrumpido desierto de Sonora, en el sudoeste de Arizona”.

Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron el martes para autorizar al Comité Judicial a demandar al Gobierno del presidente Donald Trump ante un tribunal federal para exigir el cumplimiento de las citaciones al ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn y el fiscal general William Barr. Los legisladores están buscando documentos y el testimonio de McGahn en relación con la investigación de Mueller y la posible obstrucción de la justicia por parte de Trump. El Comité suspenderá por ahora la ejecución de la citación de Barr después de que el Departamento de Justicia acordara el lunes entregar algunas de las pruebas que sustentan el informe de Mueller.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el martes que recomendó que Trump use el privilegio ejecutivo para bloquear las notificaciones de desacato contra Barr y el secretario de Comercio Wilbur Ross por su negativa a entregar documentos relacionados con la adición de una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tenía previsto hoy sobre el procedimiento de desacato.

Donald Trump Jr. declarará en una audiencia a puertas cerradas ante el Comité de Inteligencia del Senado hoy. El panel encabezado por los republicanos lo citó el mes pasado después de que se negara dos veces a declarar sobre su papel en la investigación de Rusia, incluida la reunión en la Torre Trump en 2016 y el proyecto de una Torre Trump en Moscú.

En Moscú, informes locales denuncian que la policía rusa detuvo a cerca de 100 personas, incluyendo al político opositor Alexei Navalny, en una manifestación que condenaba la corrupción policial por el reciente arresto del periodista independiente Ivan Golunov.

Golunov fue liberado el martes después de una protesta pública generalizada. Golunov, quien informó sobre la corrupción y la censura de la prensa, fue arrestado la semana pasada y acusado de tráfico de drogas. Sus abogados y los defensores de la libertad de prensa dicen que esos cargos fueron inventados después de que la policía plantara pruebas falsas. Tras el arresto, Golunov fue absuelto de los cargos y los agentes que se encargaron del arresto fueron suspendidos en espera de los resultados de una investigación interna.

Los informes de Golunov incluyen una investigación sobre las finanzas de la familia del subalcalde de Moscú, la financiación de obras públicas en Moscú y los esfuerzos para reprimir la libertad de prensa. La prensa rusa también mostró apoyo a Golunov, con tres importantes periódicos de negocios que publicaron la misma portada el lunes en repudio de su arresto. Rusia ocupa el puesto 149 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2019 de Reporteros sin Fronteras, que describe al país como un “ambiente opresivo para los periodistas independientes”.

En Arabia Saudí, un ataque con misiles hutíes en un aeropuerto al suroeste del país culminó con al menos 26 civiles heridos, según un comunicado de la coalición liderada por Arabia Saudí. Según se informó, entre los civiles heridos se encontraban algunos niños que fueron trasladados a un hospital cercano. El ataque se produjo un día después de que autoridades saudíes dijeran que interceptaron dos drones hutíes en el sur del país. No se reportaron daños ni víctimas de ese ataque.

La guerra en curso en Yemen entre la coalición saudí respaldada por Estados Unidos y los rebeldes hutíes ha provocado el peor desastre humanitario del mundo. Naciones Unidas estima que la cantidad combinada de muertos por los combates, el hambre y las enfermedades ha alcanzado casi el cuarto de millón de personas desde el inicio del conflicto.

En Sudán, los líderes de los manifestantes y el gobernante Consejo Militar de Transición acordaron reanudar las conversaciones luego de una sangrienta represión militar contra manifestantes pacíficos. Los líderes de la protesta acordaron interrumpir por el momento las acciones de desobediencia civil en curso. La noticia fue transmitida por mediadores etíopes en Sudán.

Un grupo de médicos que participa en el movimiento de protesta declaró que al menos 118 personas murieron por la represión en el lugar de la protesta el lunes pasado. Los médicos también dicen que los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron al menos 70 violaciones desde la redada.

Los militares de Sudán asumieron el poder en abril después de que un levantamiento popular de un mes llevó al derrocamiento del régimen autoritario de Omar al-Bashir, quien estuvo en el poder durante casi 30 años.

En Botsuana, defensores de las personas LGBTQ y de los derechos humanos celebraron el martes cuando el país anuló leyes de larga data que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. El histórico fallo se produjo después de que un estudiante de 21 años presentó un caso contra la ley promulgada durante la era colonial, en virtud de la cual cualquier persona declarada culpable de cometer actos homosexuales podía enfrentar hasta siete años de cárcel.
Una declaración emitida por el grupo de defensa Lesbianas, Homosexuales y Bisexuales de Botsuana expresó: “[La decisión] no solo provee confirmación legal y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ, sino que también permite un espacio significativo para abordar problemas de salud pública de manera más eficiente. Finalmente podemos empezar a construir una sociedad más tolerante”.

En Estados Unidos, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, sostuvo el martes ante el Congreso que 60.000 menores han sido puestos en custodia de dicha agencia gubernamental, solamente en los últimos 40 días.
Los críticos sostienen que el testimonio de McAleenan es parte de un continuo esfuerzo para fortalecer un caso que permita el incremento de la financiación destinada a la frontera entre Estados Unidos y México. Su audiencia se anticipó a una votación del Comité de Apropiaciones del Senado, programada para la próxima semana, sobre la solicitud de 4.500 millones de dólares en gastos de emergencia vinculados a la frontera estadounidense hecha por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, defensores de los derechos humanos y migratorios continúan alertando sobre las condiciones extremas en las que se encuentran los menores migrantes detenidos.

Mientras tanto, el político de línea dura contra la inmigración Ken Cuccinelli asumió el papel de jefe interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Varios miembros prominentes del Partido Republicano se han manifestado en contra del nombramiento temporal de Cuccinelli, y el jefe de disciplina del Partido Republicano en el Senado, John Thune, advirtió que es poco probable que esa cámara, controlada por la mayoría republicana, apruebe una posible nominación para que Cuccinelli se convierta en el jefe permanente de la agencia. Como legislador estatal en Virginia, Cuccinelli fue autor de una legislación que intentaba obligar a los empleados a hablar inglés en el lugar de trabajo, y luchó infructuosamente para eliminar la cláusula de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense que establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

En una emotiva audiencia llevada a cabo el martes en el Congreso de Estados Unidos, Jon Stewart criticó a los legisladores por su falta de acción antes de una votación sobre la renovación de la financiación a la asistencia médica otorgada a los miembros de los equipos de primeros auxilios del 11-S que se enfermaron como resultado de su trabajo tras el ataque terrorista. El comediante y expresentador del programa The Daily Show, defensor de larga data del personal de primeros auxilios del 11 de septiembre, ha denunciado en diversas ocasiones los recortes propuestos para el fondo, que expirará en 2020. La congresista demócrata por el estado de Nueva York Carolyn Maloney presentó a comienzos de este año una legislación para financiar el programa de forma permanente. Estas son las palabras de Stewart dirigiéndose a un subcomité del panel judicial de la Cámara de Representantes.

Jon Stewart afirmó: “Detrás de mí, una sala llena de miembros de los equipos de primeros auxilios del 11 de septiembre. Y frente a mí, un Congreso casi vacío. Enfermos y agonizantes, se trasladaron hasta aquí para no hablar con nadie. Vergonzoso. Es una vergüenza para el país y es una mácula para esta institución. Deberían sentirse avergonzados por los que no están aquí, pero no lo estarán porque la asunción de responsabilidades no parece ser algo que ocurra en esta Cámara”.

En el estado de Alabama, en Estados Unidos, la gobernadora republicana Kay Ivey promulgó una ley que obliga a los autores de delitos sexuales cometidos contra niños a someterse a la castración química como condición impuesta para su libertad condicional. La ley se aplicaría a cualquier persona declarada culpable de haber cometido un delito sexual contra un niño o niña menor de 13 años. Otros seis estados poseen leyes similares para ciertos delincuentes sexuales.

Expertos en medicina y agrupaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación sobre la práctica. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Alabama sostiene que la castración química es inconstitucional, ya que viola las leyes de debido proceso y privacidad. El director ejecutivo de la organización expresó sobre la nueva ley: “Realmente no entienden de qué se tratan las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales no tienen que ver con la gratificación sexual. Se trata de poder. Se trata de control”.

En noticias relacionadas con los derechos reproductivos en Estados Unidos, el gobernador del estado de Vermont, Phil Scott, firmó el lunes un proyecto de ley que afirma que el aborto constituye un “derecho fundamental”. La ley prohíbe al Gobierno interferir con la decisión de abortar y protege el acceso a la anticoncepción, la esterilización y la planificación familiar. Anteriormente, un portavoz de Scott sostuvo que el gobernador no firmaría el proyecto de ley aprobado el mes pasado por legisladores estatales del Partido Demócrata, aunque la ley de Vermont habría permitido que la legislación entrara en vigencia.

Mientras tanto, en el estado de Maine, la gobernadora demócrata Janet Mills firmó un proyecto de ley que permite a los auxiliares médicos y a algunos enfermeros registrados realizar abortos —en lugar de que sean realizados únicamente por médicos—, lo que afirma que aumentará el acceso al aborto para las mujeres de Maine que residen en áreas rurales.

En Nueva York, los defensores de los derechos a la vivienda celebran luego de que los legisladores estatales anunciaron haber llegado a un acuerdo que ofrecería la protección para arrendatarios más amplia establecida en más de un cuarto de siglo. El acuerdo se produjo solamente unos días antes del final de esta semana, fecha prevista para el vencimiento de las actuales regulaciones de las viviendas en alquiler. Los legisladores acordaron abolir las leyes que permiten a los propietarios desregular el precio de los alquileres de los apartamentos después de que excedan cierto límite. Asimismo, limitarán las disposiciones que permiten a los propietarios aumentar el alquiler de los apartamentos con alquiler controlado tras realizar renovaciones. Se espera que la ley otorgue a los municipios de todo el estado de Nueva York más autoridad para regular los alquileres y garantizar un mayor acceso a viviendas asequibles.