Titulares14 de octubre de 2020

Los casos de coronavirus siguen aumentando en las comunidades de todo Estados Unidos al tiempo que el clima de otoño se asienta en el país, con más de 54.000 nuevos casos registrados el martes y niveles récords de la enfermedad en 20 estados. Los funcionarios de la ciudad de Oklahoma sostienen que se han quedado sin lugar en las unidades de terapia intensiva. En la ciudad de Bismarck, en el estado de Dakota del Norte, se informó que solo queda una cama disponible para los pacientes en terapia intensiva. Asimismo, seis hospitales importantes del estado de Misisipi ya no tienen más capacidad en las unidades de cuidados intensivos. Oficialmente, se ha registrado una cifra de 216.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos este año, pero un nuevo estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense predice que la cifra total de muertes relacionadas con la pandemia en 2020 podría alcanzar las 400.000 Esa información se revela al tiempo que los periódicos The Washington Post y The New York Times informan que los funcionarios del Gobierno de Donald Trump declaran haber adoptado una política de permitir deliberadamente que gran parte de la población estadounidense se contagie del virus, con el fin de lograr la “inmunidad colectiva”. Los expertos en salud advierten que es posible que esa estrategia ni siquiera sea viable y que podría causar más de dos millones de muertes en el país. El lunes, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la inmunidad colectiva solo debe alcanzarse mediante la vacunación, no a través del contagio natural de la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es problemático desde el punto de vista científico y ético”.

Apenas una semana después de que le dieran el alta del hospital Walter Reed, donde recibió tratamiento para la COVID-19, el presidente estadounidense Donald Trump continúa realizando actos de campaña repletos de gente, donde rara vez se usan mascarillas y donde no se respeta el distanciamiento social. El martes, Trump reunió a sus seguidores en la ciudad de Johnstown, en el estado de Pensilvania. El miércoles, el presidente estadounidense planea llevar a cabo un mitin en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa, que tiene una tasa récord de hospitalizaciones por la COVID-19. Mientras tanto, el martes por la noche, el Departamento de Trabajo admitió que la esposa del secretario de Trabajo, Eugene Scalia, tiene coronavirus. Trish Scalia no ha dicho cuándo fue la primera vez que dio positivo por coronavirus. Ella estaba sentada junto a la asesora presidencial, Kellyanne Conway, en el ahora infame evento supercontagiador del virus organizado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el 26 de septiembre. La Casa Blanca se ha negado a realizar el rastreo de las personas expuestas a ese brote. Un proyecto de colaboración abierta para rastrear casos de COVID-19 vinculados a la Casa Blanca ha identificado 39 casos positivos de coronavirus, que incluyen al presidente estadounidense y a la primera dama.

La gigante farmacéutica Eli Lilly ha suspendido los ensayos clínicos de su fármaco con anticuerpos monoclonales debido a un “posible problema de seguridad” no especificado. El presidente Donald Trump promocionó un medicamento similar producido por la empresa Regeneron como una “cura” para la COVID-19, tras recibir una dosis mientras estaba internado en el centro médico Walter Reed a principios del mes de octubre. Tanto Eli Lilly como Regeneron han solicitado autorizaciones para el uso de emergencia de sus tratamientos con anticuerpos.

El martes, la nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, regresó al Congreso de EE. UU. para un segundo día de audiencias de confirmación. Durante las 11 horas que duraron las audiencias, Barrett se negó repetidamente a responder cómo se pronunciaría sobre varios temas clave, como los derechos reproductivos, la atención médica y el derecho al voto. También se rehusó a responder si se recusaría en el caso de que la Corte Suprema tuviera que decidir el resultado de las elecciones de 2020. Para más información sobre la nominación de la jueza Barrett, visite nuestro sitio web, democracynow.org/es.

El martes, un agente del FBI testificó que los miembros de un grupo antigubernamental de extrema derecha acusados de conspirar para secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, también planeaban atacar al gobernador demócrata del estado de Virginia, Ralph Northam. Según se informa, los miembros del grupo, que se hace llamar Wolverine Watchmen (los “Vigilantes de Wolverine”, en español), estaban indignados por las medidas de confinamiento del gobernador Northam destinadas a frenar la propagación del coronavirus. En la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia, el Dr. Northam culpó a la retórica del presidente Trump de incitar a la violencia de extrema derecha.

Gobernador Ralph Northam: “Estas amenazas y esta retórica no vienen de otro país; vienen de Washington. Y eso es algo que lamento. Necesitamos que esto pare”.

Mientras seguían vigentes las medidas de confinamiento por el coronavirus en abril, el presidente Trump publicó en Twitter el mensaje ”LIBEREN A VIRGINIA y salven su gran Segunda Enmienda. ¡Está bajo asedio!” Trump tuiteó ”LIBEREN A MICHIGAN” ese mismo día.

En el estado de Washington, más testigos presenciales han corroborado las afirmaciones de que la policía no intentó arrestar al activista antifascista Michael Reinoehl el 3 de septiembre, antes de asesinarlo con una ráfaga de disparos. De los 22 testigos presenciales que fueron entrevistados por el periódico The New York Times todos menos uno han informado que los oficiales no se identificaron ni le dieron ninguna orden a Reinoehl antes de abrir fuego. Cinco de los testigos dijeron que los agentes comenzaron a disparar en el instante en que sus vehículos sin identificación se acercaron a Reinoehl, quien, según los informes, murió tras recibir varios disparos mientras masticaba golosinas y sostenía el teléfono celular con una mano y una bolsa con la otra. Trump había calificado el tiroteo como un “castigo” después de que supuestamente Reinoehl matara a un partidario de extrema derecha del presidente en la ciudad de Portland. El martes, Trump volvió a plantear el caso durante su mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

Presidente Donald Trump: “Pasaron dos días. Pasaron tres días. Dije: '¿Por qué diablos no lo han arrestado?' Y sabían quién era. Y enviamos a los alguaciles federales. Y todo acabó en 15 minutos. Y eso fue todo. Y eso fue todo”.

En el acto político del martes en el estado de Pensilvania, el presidente Trump también apeló a las votantes blancas que viven en los suburbios, jactándose de que había derogado los reglamentos de vivienda justa implementados por el presidente Obama, que estaban destinados a ampliar las oportunidades de vivienda suburbana para personas de bajos ingresos.

Presidente Donald Trump: “Entonces, ¿les puedo pedir un favor? Mujeres suburbanas, ¿podrían quererme? ¿Recuerdan? Por favor. Por favor. Salvé su maldito vecindario, ¿de acuerdo?”

El Gobierno de Donald Trump ha estado aumentando los subsidios a agricultores con anticipación a las elecciones, y se prevé que los pagos alcanzarán un récord de 46 mil millones de dólares este año. Los agricultores se han visto muy perjudicados por las disputas comerciales actuales del presidente con China y Europa, además de por la pandemia del coronavirus. Ken Cook, presidente de la organización Grupo de Trabajo Ambiental, dijo: “Esta es una toma de poder autoritaria para comprar el apoyo político de los votantes que son esenciales para su reelección”.

El martes, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno de Donald Trump puede ordenar a la Oficina del Censo que detenga su conteo del año 2020 un mes antes de lo planificado, lo que supone un gran golpe para los grupos de derechos civiles. Los activistas argumentan que la decisión llevará a que se considere una cantidad mucho menor de inmigrantes y comunidades de color, lo que tendrá repercusiones considerables para los derechos electorales y la asignación justa de fondos federales. La jueza Sonya Sotomayor, quien fue la única que disintió de la decisión, escribió: “Los daños causados por apresurar el conteo del censo de este año son irreparables. Y los encuestados sufrirán su impacto perdurable que los afectará durante al menos los próximos 10 años”.

El martes en el estado de Virginia, un cable presuntamente cortado por accidente provocó que colapsara todo el sistema virtual de empadronamiento de votantes del estado durante dos horas, en la fecha límite de empadronamiento antes del día de las elecciones. Los activistas por el derecho al voto condenaron a los funcionarios electorales estatales por el mal funcionamiento del sistema y advirtieron que es probable que miles de personas con derecho al voto no hayan podido empadronarse. Un error similar ocurrió en el año 2016. El miércoles, se presentará una demanda en el tribunal para extender el plazo de empadronamiento.

El martes, se inició la votación anticipada en el estado de Texas y multitudes inmensas hicieron fila para votar durante horas. Lo mismo ocurrió el lunes en el estado de Georgia, cuando se abrió la votación anticipada en ese estado. Asimismo, un tribunal federal en Texas ratificó una directiva del gobernador republicano Greg Abbott que limita los centros para la entrega de papeletas electorales de voto por correo a uno por condado, incluido el condado de Harris, hogar de 4,7 millones de personas, de las cuales la mayoría son votantes demócratas.
El partido republicano del estado de California ha admitido haber engañado a los votantes colocando decenas de urnas falsas para la entrega de papeletas de voto por correo en los condados de Los Ángeles, Fresno y Orange. El secretario del estado de California ha enviado órdenes de cese y desistimiento a los funcionarios republicanos para advertirles que todas las personas que distribuyan urnas falsas para el voto por correo podrían estar sujetas a un proceso penal.

En noticias de inmigración, el martes por la tarde, más de 100 solicitantes de asilo de Camerún fueron deportados en masa a pesar de la intervención de algunos miembros del Congreso y los esfuerzos de activistas, que organizaron una movilización en el aeropuerto Fort Worth Alliance en el estado de Texas para intentar detener los vuelos de deportación. Entre los deportados se encontraban varios inmigrantes que lideraron una huelga de hambre realizada en el centro de detención de Pine Prairie del estado de Luisiana y dos mujeres camerunesas que temen haber sido sometidas sin saberlo a esterilizaciones forzadas en el centro de detención del condado de Irwin en el estado de Georgia. Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos obligaron a los solicitantes de asilo a firmar sus órdenes de deportación después de meses de tortura y maltrato. Los solicitantes de asilo dicen que estuvieron detenidos en confinamiento solitario por haber participado en las huelgas de hambre. Muchos de ellos temen que los asesinen apenas lleguen a Camerún. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los solicitantes de asilo cameruneses que habló desde una de las prisiones del Servicio de Inmigración.

Solicitante de asilo camerunés: “Estamos bajo la custodia del Servicio de Inmigración, que sigue torturándonos. Nos han retenido durante varios años y quieren enviarnos de regreso a nuestro país, que es violento… Muchos de nosotros no tendremos hogar si regresamos a nuestro país… A mi madre le dispararon delante de mí. Imagínense lo que le está pasando a nuestro país”.

El Gobierno mexicano afirma haber identificado al menos a dos mujeres que podrían haber sido sometidas a cirugías ginecológicas invasivas sin su consentimiento mientras estaban encarceladas en el centro de detención del condado de Irwin en el estado de Georgia. Según los informes, una de las mujeres dice que le hicieron una operación sin darle explicaciones en español sobre la intervención quirúrgica ni el diagnóstico médico.

El periódico The Wall Street Journal informa que agentes de seguridad fronteriza de Estados Unidos que trabajaban en Guatemala detuvieron y deportaron a un grupo de solicitantes de asilo hondureños en un operativo no autorizado en enero. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han sido desplegados por toda América Latina para capacitar a las autoridades locales en cuanto a las tácticas de inmigración y control fronterizo de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado les prohíbe participar de forma directa en operativos de control de inmigración en países extranjeros. Los hallazgos recientes fueron publicados por demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quienes argumentan que este es el primer caso conocido en el que agentes estadounidenses participan de forma directa en la deportación de solicitantes de asilo en un país extranjero.

Un fiscal federal no ha encontrado pruebas de conducta indebida en una investigación sobre alegaciones de que ex funcionarios del Gobierno de Obama “divulgaron” ilegalmente los nombres de estadounidenses cuyas comunicaciones fueron interceptadas por miembros de la Inteligencia de EE. UU. El fiscal general William Barr ordenó la investigación después de que el presidente Trump y algunos legisladores republicanos acusaran al Gobierno de Obama de una conspiración política. No se ha hecho público ningún informe sobre la investigación.

En Bielorrusia, funcionarios del Gobierno amenazaron con matar a manifestantes antigubernamentales y afirmaron que la policía puede disparar contra los disidentes con munición real. Las declaraciones se producen al tiempo que las movilizaciones generalizadas continúan exigiendo la convocación de nuevas elecciones, después de que el antiguo presidente autoritario Alexander Lukashenko se proclamara victorioso en unas elecciones que, según los opositores, fueron manipuladas. El lunes, jubilados se unieron a las manifestaciones mientras se intensificaban las demandas para la renuncia de Lukashenko.

Manifestante: “Me duele que las autoridades estén haciendo quién sabe qué con nuestros hijos. Quiero que nuestros hijos tengan una voz, tengan derechos. Deben poder protegerse. Quiero que tengamos nuevas elecciones libres y que se libere a los presos políticos”.
Esto ocurre después de que el lunes la Unión Europea acordara imponer sanciones contra el presidente Lukashenko.