Titulares21 de octubre de 2020

El martes, las fuerzas de seguridad de Nigeria abrieron fuego contra los manifestantes en la ciudad de Lagos, después de que las autoridades impusieran un toque de queda de 24 horas para frenar las crecientes manifestaciones contra la brutalidad policial. Hay relatos contradictorios sobre la cantidad de manifestantes que fueron impactados por los disparos. Amnistía Internacional anunció que había recibido “pruebas creíbles pero perturbadoras” de que manifestantes murieron debido a los disparos de la policía. Un oficial de policía nigeriano le dijo al periódico The New York Times que habían muerto 11 manifestantes. Otras decenas de manifestantes también han sido hospitalizados. Algunos testigos publicaron videos en las redes sociales en los que se podía escuchar una ráfaga de disparos.

Testigo: “Por favor, dígaselo a la gente. Por favor, dígaselo a la gente. Las personas están teniendo que huir. Les están disparando en el peaje de Lekki. Anúncienlo en las redes sociales”.

Las muertes de los manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en Nigeria se producen dos semanas después de que comenzaran las protestas contra una rama de la policía nigeriana conocida como el Escuadrón Especial Antirrobo, que ha sido acusado de cometer tortura, asesinato y extorsión durante mucho tiempo. Las muertes del martes provocaron la indignación de los nigerianos en todo el mundo. Estas fueron las palabras expresadas por Odion Ighalo, la estrella del fútbol que juega para el equipo Manchester United, en un video que publicó en Internet.

Odion Ighalo: “No soy el tipo de persona que habla de política, pero no puedo seguir guardando silencio sobre lo que ocurre en Nigeria. Sí le diré al Gobierno nigeriano, que ustedes son una vergüenza para el mundo por asesinar a sus propios ciudadanos, desplegar militares en las calles para matar a manifestantes desarmados porque están protestando para defender sus derechos. Es injustificado”.

En Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, instó a las autoridades nigerianas a que “cesen la violenta represión contra los manifestantes en Nigeria”.

El martes, Estados Unidos registró más de 60.000 casos nuevos y más de 900 muertes por coronavirus, a medida que un tercer aumento de los contagios en el país parece proclive a superar a los dos picos anteriores. Ese mismo día, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que la cifra total de personas que han fallecido debido a todas las causas de muerte en Estados Unidos en lo que va del año supera el número previsto en alrededor de 300.000 muertes. En este momento, 31 estados cumplen los requisitos para que se los clasifique como “zonas rojas”, según las políticas del equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.

En el estado de Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham impuso nuevas restricciones que afectan a tiendas minoristas, restaurantes y bares, al tiempo que los casos de COVID-19 han ocupado más del 80 % de las camas de hospital para adultos del estado.
Los funcionarios de salud han ordenado a los estudiantes de la Universidad del estado de Michigan que se pongan en cuarentena en sus hogares y dormitorios después de que se identificara que fiestas celebradas fuera del campus universitario son la causa de más de la mitad de todos los nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Ann Arbor.

El martes, un comité de la Cámara de Representantes sobre la crisis del coronavirus publicó informes de la Casa Blanca que revelan que el Gobierno de Donald Trump ha estado al tanto durante más de un mes de un aumento alarmante de casos en todo el país. Durante este mismo lapso de tiempo, el presidente le restó importancia a la gravedad del coronavirus públicamente, se enfermó de COVID-19 y mantuvo eventos de campaña abarrotados que contribuyeron a la propagación de la enfermedad.

Los casos de coronavirus continúan incrementándose en toda la Unión Europea mientras el frío está llevando a las personas a espacios cerrados y la fatiga por la pandemia se asienta en toda la población. En Alemania, se ordenó a algunos residentes del estado de Baviera que se quedaran en casa durante dos semanas, en lo que constituyen las primeras medidas de confinamiento en la nación desde abril.

La ministra de salud de Bélgica advierte que los hospitales del país pronto podrían colapsar ante lo que ella denominó como un “tsunami” de pacientes con COVID-19.

El martes, el papa Francisco usó mascarilla durante un servicio público en el Vaticano, lo que marca la primera vez que el pontífice cumple al pie de la letra con los protocolos de la Ciudad del Vaticano, que entraron en vigencia el 6 de octubre.

En América Latina, el número oficial de muertes por COVID-19 se acerca a las 155.000 en Brasil. Argentina acaba de registrar un millón de casos de coronavirus, superando a España como el quinto país del mundo más afectado por el virus.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia demandó al gigante tecnológico de Google con una demanda antimonopolio masiva que tendrá consecuencias importantes para el resto de las grandes empresas de tecnología y que podría llevar a la desintegración de Google. Fiscales generales de 11 estados diferentes se sumaron a la demanda del Departamento de Justicia. En el documento, puede leerse que “Google ha utilizado tácticas anticompetitivas para mantener y expandir sus monopolios en los mercados de servicios de búsqueda general, publicidad en búsquedas y publicidad de texto en búsquedas generales: los pilares de su imperio”. Para más información sobre la demanda antimonopolio contra Google, visite nuestro sitio web, democracynow.org/es.

En noticias de inmigración, los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que trabajan para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México afirman que no han podido encontrar a los padres de 545 niños bajo custodia estadounidense, ya que la mayoría de los padres ya han sido deportados a América Central. La cadena NBC News informa que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros grupos jurídicos fueron designados para ayudar a reunificar a los niños separados de sus padres a causa de un programa piloto de “tolerancia cero” implementado por el Gobierno de Donald Trump en el año 2017, que separó a más de 1.000 familias. Solo se ha conseguido reunir a casi la mitad de las familias. El Gobierno tampoco conoce el paradero de varios de los niños.

En Estados Unidos, una investigación del periódico Los Ángeles Times ha descubierto 265 llamadas a la policía para denunciar violencia física y sexual contra solicitantes de asilo dentro de las cuatro cárceles de inmigración privadas del estado de California, de las cuales casi ninguna fue procesada. La mitad de las denuncias eran casos de violación y agresión sexual, y el resto eran denuncias por amenazas con agresión física. Un caso involucra a un solicitante de asilo de El Salvador que fue golpeado por un oficial de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el 2018, después de que el agente lo amenazara con “molerlo a golpes” si el solicitante de asilo se negaba a firmar documentos. El solicitante de asilo dice que el agente lo golpeó contra una pared de concreto. En total, solo se procesaron tres casos de maltrato contra los reclusos.

En la ciudad de Chicago, el sábado inició la votación anticipada para cientos de reclusos en la cárcel del condado de Cook. Los reclusos se encuentran entre los 20.000 presos que aguardan juicio en el estado de Illinois que cuentan con acceso a papeletas de votación por correo e incluso, en algunos casos, a máquinas de votación en las cárceles.

Recluso del condado de Cook: “Puedo expresar mi opinión y avisarles a todos que seguimos siendo seres humanos y que todavía contamos. Nosotros también tenemos que lidiar con las mismas cosas que todos los demás cuando se trata de la sociedad, la vida y nuestros derechos”.

Un nuevo informe del centro de investigación y defensa Sentencing Project señala que a 5,2 millones de ciudadanos estadounidenses se les prohíbe votar debido a las leyes que privan de su derecho al voto a las personas con condenas por delitos mayores. Uno de cada 16 afroestadounidenses en edad de votar está privado de su derecho al voto.

En el estado de Texas, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los funcionarios electorales pueden anular las papeletas electorales enviadas por correo si determinan que no se puede verificar una firma de la papeleta. Según el fallo del tribunal, los funcionarios no tienen que informar a los votantes que sus papeletas fueron rechazadas hasta después de las elecciones.

En el estado de Minesota, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses ha demandado a la empresa de seguridad privada Atlas Aegis por reclutar a exsoldados de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos para desplegarlos en los centros de votación, calificando la medida como intimidación ilegal de votantes y como una violación a la Ley del Derecho al Voto.

La Secretaría de Estado de Michigan ordenó la prohibición de la portación de armas de fuego de manera visible dentro de los 30 metros de distancia de los centros de votación.

En el estado de Florida, el Departamento de Policía de la ciudad de Miami anunció que sancionará al oficial Daniel Ubeda después de que lo fotografiaran en uniforme usando una mascarilla a favor de Trump y portando un arma de fuego enfundada afuera de un centro de votación.

Todo esto ocurre después de que Donald Trump Jr. hiciera un llamado para que voluntarios se desplieguen en los distritos electorales demócratas como parte “del ejército de vigilantes electorales de Trump”.

En Estados Unidos, el equipo de transición del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, está evaluando a varios republicanos prominentes para puestos en el gabinete. El medio Político informa que los candidatos incluyen al exgobernador del estado de Ohio John Kasich; la ejecutiva corporativa Meg Whitman; el gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker; el exsenador del estado de Arizona Jeff Flake; y el excongresista del estado de Pensilvania Charlie Dent, quien ha trabajado como cabildero en la industria de la salud desde que dimitió de su cargo en el Congreso en el año 2018.

Esto se produce al tiempo que el periódico The New York Times informa que la campaña de Biden ha recaudado casi 200 millones de dólares por parte de donantes que dieron al menos 100.000 dólares. Además, la campaña se niega a revelar los nombres de sus principales recaudadores de fondos, encargados de organizar y cobrar cheques de otros donantes importantes.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo campaña en el estado de Pensilvania, donde miles de partidarios hicieron caso omiso de las pautas de distanciamiento social al abarrotarse en el mitin organizando en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Erie, donde muchos no usaron mascarilla. La primera dama, Melania Trump, tenía programado participar en el evento, pero terminó quedándose en la Casa Blanca. El jefe del Gabinete dijo que la primera dama todavía presenta una “tos persistente” mientras se recupera de la COVID-19.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el programa 60 Minutos y su presentadora, Leslie Stahl, luego de concluir abruptamente una entrevista con la cadena CBS News en la Casa Blanca. Después de ponerle fin a la entrevista, Trump publicó en Twitter un mensaje en el que podía leerse: “en nombre de la exactitud de los reportajes, estoy considerando publicar mi entrevista con Lesley Stahl de 60 Minutes, ¡ANTES DE SU EMISIÓN! Así todo el mundo podrá ver lo que es una entrevista FALSA y SESGADA”.

En otras noticias del martes, Trump ordenó al fiscal general, William Barr, que iniciara una investigación contra la familia Biden por alegaciones de corrupción no verificadas vinculadas con el tiempo que Hunter Biden trabajó en la junta directiva de una empresa petrolera ucraniana. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente en una entrevista con el canal Fox News el martes.

Will Cain: “¿Va a nombrar a un fiscal especial?”

Presidente Donald Trump: “Tenemos que hacer que el fiscal general actúe. Tiene que actuar, y tiene que actuar rápido. Tiene que nombrar a alguien. Se trata de un caso de corrupción importante, y hay que exponerlo antes de las elecciones”.

La prometida del columnista asesinado del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, ha entablado una demanda civil en la ciudad de Washington, D. C. contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por ordenar la tortura y el asesinato del periodista hace dos años dentro del consulado saudí de la ciudad turca de Estambul. La demanda también nombra a más de dos decenas de saudíes que, según alega, formaron parte de un complot para “silenciar permanentemente” a Khashoggi, quien había comenzado a escribir artículos que criticaban a la familia real saudí.

En Colombia, el martes, dos líderes del movimiento político de izquierda Colombia Humana fueron asesinados en dos regiones distintas del país. Según los informes, Eduardo Alarcón fue asesinado a tiros en su casa por unos asaltantes que huyeron en motocicleta, mientras que Gustavo Herrera recibió disparos cuando caminaba por la calle.

Los asesinatos se producen al tiempo que miles de líderes indígenas y otros líderes sociales planean llevar a cabo un paro nacional en la ciudad de Bogotá el miércoles para oponerse a las políticas sociales y económicas del Gobierno y para exigirle al presidente de derecha Iván Duque que ponga fin a la violencia y a los asesinatos contra líderes sociales en Colombia.

En el Caribe, grupos ambientalistas advierten de un desastre petrolero inminente, ya que una embarcación en mal estado podría provocar un derrame que podría igualarse a la catástrofe del Exxon Valdez de 1989, en la que se vertieron millones de litros de crudo en las proximidades de Alaska. En las imágenes, se puede ver al buque inclinándose drásticamente hacia un costado mientras continúa llenándose de agua no muy lejos de Trinidad y Tobago. El petrolero de origen venezolano tiene 80 millones de galones de petróleo a bordo. El buque ha estado inactivo en el Golfo de Paria desde enero, cuando el Gobierno de Donald Trump le impuso un embargo a la industria petrolera de Venezuela.

En el estado de Kentucky, un miembro del gran jurado que escuchó pruebas del caso del asesinato de Breonna Taylor argumenta que los jurados nunca tuvieron la oportunidad de considerar los cargos de homicidio contra los agentes de policía de la ciudad de Louisville. Los agentes mataron a Taylor a tiros en marzo, cuando irrumpieron en su residencia con una orden de allanamiento que les permitía ingresar sin anunciarse. En una declaración emitida a través de su abogado, el jurado anónimo escribió: “El gran jurado no estuvo de acuerdo en que ciertas acciones estuvieran justificadas, ni decidió que la acusación debería ser la única en el caso de Breonna Taylor. El gran jurado no tuvo la oportunidad de deliberar sobre esos cargos”.

La agencia de noticias Associated Press ha revelado que la nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, sirvió durante casi tres años en la junta de una escuela privada cristiana que prohibía abiertamente que trabajaran allí docentes homosexuales y que, en efecto, no admitía el ingreso de niños con padres del mismo sexo. Trinity Schools, que tiene escuelas en los estados de Indiana, Minesota y Virginia, está afiliada al hermético grupo religioso People of Praise, al cual pertenece Barrett desde hace mucho tiempo. Las escuelas enseñan a los estudiantes que la homosexualidad es una abominación en contra de Dios. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado planea votar sobre la confirmación de Barrett el día jueves, a pesar de las protestas de los demócratas, que acusan a los republicanos de apresurar la confirmación para llevarla a cabo antes de las elecciones.

Un nuevo informe que investiga la presencia de plomo en el agua corriente muestra que, de las casi 800 familias de todo el país incluidas en el estudio, la mayoría tenía niveles detectables de plomo en el agua corriente, y por lo menos el 15 % tenía niveles de plomo que podrían causar la reducción del coeficiente intelectual de los bebés que solo se alimentan con una mezcla de fórmula y agua corriente. El estudio también descubrió que los bebés negros tienen un riesgo mucho mayor de estar expuestos al plomo en el agua corriente.