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Las cárceles de todo Estados Unidos enfrentan el aumento más grande de casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Según el Proyecto Marshall, casi un cuarto de millón de personas presas en EE.UU. han contraído COVID-19. En este contexto, grupos activistas están presionando para que se dé prioridad a las personas presas en el plan de vacunación del país. En el estado de California, todas las cárceles tienen casos activos de coronavirus, pero el Departamento Correccional de California continúa trasladando gente de una institución a otra. La cárcel estatal de San Quintín ha comenzado el traslado de casi trescientos presos a otras instituciones, en contra del consejo de los profesionales de la salud y a pesar de la resistencia de los propios presos, luego de que un tribunal de apelaciones de California ordenara a las autoridades penitenciarias reducir a la mitad la población de la superpoblada cárcel en octubre, tras una primera ola del coronavirus en la cárcel que dejó un saldo de 28 muertos. “El brote en las 34 cárceles está aumentando de una manera que muestra que las cárceles del estado, hacinadas y sin ventilación, no son seguras para proteger a las personas de la COVID-19, algo que las autoridades de salud pública han estado diciendo durante los últimos nueve meses”, dice James King, activista estatal del Centro de Derechos Humanos Ella Baker con sede en Oakland y miembro de la Coalición Frenen el Brote en San Quintín.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con James King.
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