Titulares02 de julio de 2020

Estados Unidos ha establecido otro preocupante récord de casos de COVID-19, confirmando casi 52.000 en solo 24 horas. Los estados de Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Texas reportaron el miércoles niveles récord de la enfermedad en un período de 24 horas. Los hospitales de algunas regiones ya se encuentran desbordados con pacientes.

En el estado de Arizona, el gobernador Doug Ducey ordenó el cierre de bares, gimnasios, cines y parques acuáticos durante al menos 30 días en medio de un aumento exponencial en la cantidad de nuevos contagios.

El gobernador Doug Ducey sostuvo: “El mensaje que queremos transmitir hoy a los residentes de Arizona es claro: están más seguros en sus casas. Si salen, queremos que utilicen tapabocas. Queremos que mantengan la distancia física. Queremos que se laven las manos”.

El gobernador Ducey habló con la prensa tras reunirse con el vicepresidente Mike Pence, quien lidera el grupo de trabajo sobre coronavirus. Pence viajará este jueves al estado de Florida para dialogar con el gobernador republicano Ron DeSantis, quien prometió esta semana que “no retrocederá” en la reapertura de las actividades económicas de su estado, a pesar del aumento exponencial de nuevos contagios.

En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom volvió a imponer restricciones debido al coronavirus, ordenando el cierre de bares y la suspensión del servicio dentro de los restaurantes en 19 condados que albergan a más del 70% de la población de California.

La ciudad de Nueva York ha suspendido sus planes de reanudar el servicio de comidas en el interior de los restaurantes. Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han ordenado que los viajeros de los 16 estados que registran altas tasas de contagios permanezcan en cuarentena tras su llegada.

El número oficial de muertos por COVID-19 en Estados Unidos asciende actualmente a más de 128.000, con casi 2,7 millones de casos confirmados, los niveles más desfavorables por lejos registrados a nivel mundial, aunque funcionarios de salud pública sostienen que ambas cifras suponen un subregistro. El miércoles, el presidente Donald Trump sostuvo una vez más que el coronavirus pronto “desaparecería”.

El presidente Donald Trump afirmó: “Creo que nos irá muy bien con el coronavirus. Creo que en algún momento simplemente desaparecerá. Eso espero”.

Trump, quien se ha negado repetidamente a usar tapabocas en público, dijo: “Estoy totalmente a favor de los tapabocas, creo que son buenos”; no obstante, manifestó que dudaba que fuera necesario emitir un mandato nacional al respecto.

Esto ocurre al tiempo que un nuevo estudio, elaborado por el grupo inversionista de Wall Street Goldman Sachs, concluyó que un mandato federal de uso de tapabocas podría reducir la tasa de contagio por coronavirus. Además, el estudio halló que dicho mandato prevendría la imposición de nuevas medidas de confinamiento, evitando una caída del 5% en el Producto Interno Bruto, lo que representaría la impactante cifra de un billón de dólares para la economía estadounidense.

El miércoles, la secretaria de Salud de Pensilvania firmó una orden en la que exige que todos los residentes del estado utilicen tapabocas en los espacios públicos.

En el estado de Texas, al menos cinco miembros de un coro y orquesta de una inmensa iglesia de la ciudad de Dallas, que fue visitada por Mike Pence el pasado fin de semana, dieron positivo por COVID-19 antes del viaje del vicepresidente. Eso es lo que sostiene el medio BuzzFeed News, que reportó que los líderes de la iglesia no pusieron en cuarentena a los miembros del coro tras haber estado expuestos a personas contagiadas y, en su lugar, siguieron realizando ensayos durante el resto del mes. Más de 2.000 personas asistieron al evento llevado a cabo el domingo, en el cual Pence se sentó en la primera fila mientras el coro de más de cien personas cantaba sin tapabocas, frente a una audiencia cuya gran mayoría tampoco utilizó ningún tipo de máscaras.

Al menos 20 personas detenidas en la prisión estatal de San Quentin en California dieron inicio el lunes a una huelga de hambre para protestar por las condiciones inhumanas en el interior de dicha cárcel. Más de 1.100 individuos —un tercio de la población de San Quentin— han dado positivo por COVID-19 y una persona ha fallecido. Entre quienes dieron positivo se encuentra el periodista encarcelado Juan Moreno Haines. El periodista, que fue entrevistado por Democracy Now! en marzo, advirtió sobre la probabilidad de un brote de COVID-19 en San Quentin.

Juan Moreno Haines expresó: “Vivimos en tan estrecha cercanía que, en los 13 años que llevo en San Quentin, si veo a alguien enfermo o con gripe sé que voy a contraer esa enfermedad. Esto ya lo sé. Sé que la contraeré. No hay forma de evitarlo”.

En la ciudad de Seattle, policías fuertemente armados han despejado un gran campamento de protesta que creció en las últimas tres semanas después de que la policía de la ciudad abandonara una de sus comisarías. Al menos 44 personas fueron arrestadas el miércoles. El área era conocida como la zona de Protesta Organizada de Capitol Hill (CHOP, por sus siglas en inglés), o la Zona Autónoma de Capitol Hill (CHAZ, por sus siglas en inglés). Las autoridades implementaron medidas de represión en el campamento después de cuatro tiroteos que dejaron un saldo de dos muertos.

El miércoles en California, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó, por abrumadora mayoría, a favor de recortar el presupuesto del Departamento de Policía de la ciudad en 150 millones de dólares, también reduciendo la contratación de nuevos agentes. La medida, que se produce en medio de las protestas generalizadas que exigen recortes aún más drásticos en el presupuesto de la Policía de Los Ángeles, reduciría la fuerza policial de la ciudad a menos de 10.000 agentes, que sería el nivel más bajo desde 2008.

El presidente Trump ha calificado al lema Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”, en español) como “símbolo de odio”. Trump hizo la acusación en una publicación de Twitter donde atacó el plan del alcalde de Nueva York Bill de Blasio de pintar la frase “Las vidas negras importan” en letras grandes en la Quinta Avenida cerca de la Torre Trump. El presidente dijo que lo que planea la ciudad es “denigrar esta lujosa avenida”.

El alcalde de Richmond, en Virginia, ordenó el miércoles el retiro inmediato de los predios de la ciudad de un monumento al general confederado Stonewall Jackson. El alcalde Levar Stoney señaló que las estatuas confederadas representan una amenaza inmediata cada vez mayor para la seguridad pública.

El alcalde Levar Stoney expresó: “Desde hace 155 años, cuando finalizó el período durante el cual Richmond fue la capital de la Confederación, hemos estado sufriendo la carga de ese legado. El gran peso de esa carga ha recaído en nuestros residentes de color, pero también en todos nuestros hermanos y hermanas que vieron el potencial insatisfecho de Richmond para convertirse en ejemplo internacional de una comunidad diversa, compasiva e inclusiva”.

En Massachusetts, la Comisión de Arte de Boston votó el martes a favor de retirar una copia de la escultura llamada “Monumento a la Emancipación” de la exhibición pública. La estatua representa a un hombre esclavizado arrodillado a los pies de Abraham Lincoln. En San Antonio, en el estado de Texas, las autoridades retiraron una estatua de Cristóbal Colón el miércoles. Una estatua similar fue retirada del exterior de la Alcaldía de la capital de Ohio, Columbus, llamada así por el mercenario italiano del siglo XV. En Georgetown, Delaware, las autoridades municipales han retirado un poste de azotes de casi dos metros y medio de alto de la Corte del condado de Sussex. Delaware fue el último estado de Estados Unidos en llevar a cabo flagelaciones públicas, hasta incluso el año 1952, con un número muy desproporcionado de afroestadounidenses que recibieron ese tipo de castigo.

Mientras tanto, el presidente Trump amenazó esta semana con vetar la Ley de Autorización de la Defensa Nacional si incluía una disposición para renombrar Fort Bragg, Fort Lee y otras bases militares que reciben su nombre en honor a líderes confederados. El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional informó que ha creado un grupo de trabajo para proteger monumentos conmemorativos, estatuas e instalaciones federales.

En Baltimore, un tribunal de apelaciones indemnizó con 38 millones de dólares por daños y perjuicios a la familia de Korryn Gaines, una mujer negra de 23 años de edad que murió a manos de la policía del condado de Baltimore en 2016. En un fallo emitido el miércoles a última hora, el tribunal de apelaciones dijo que un juez del condado de Baltimore se equivocó al anular la decisión de un jurado de conceder a la familia de Gaines millones de dólares por daños y perjuicios y que el tribunal inferior había abusado de la facultad discrecional de la que dispone.

Gaines murió en agosto de 2016 debido a disparos de la policía, después de que un equipo SWAT le derribara la puerta e irrumpiera en su casa para ejecutar una orden de allanamiento relacionada con una infracción de tránsito. Su hijo de 5 años, Kodi, resultó herido por disparos de la policía, pero sobrevivió. No se presentó ningún cargo penal en contra del oficial de policía que le disparó a Gaines.

En California, la familia de Andrés Guardado, un adolescente salvadoreño de 18 años de edad que murió en junio a causa de disparos efectuados por el ayudante del sheriff de la ciudad de Gardena, exige que se publique inmediatamente el informe de la autopsia. La semana pasada, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles impuso lo que se conoce como un “bloqueo de seguridad” en la autopsia de Guardado, lo que impide la divulgación pública de los hallazgos. Guardado estaba trabajando como guardia de seguridad en un taller de carrocerías cuando dos oficiales de policía se le acercaron. Uno de sus compañeros de trabajo dice que Guardado se asustó y corrió después de que un oficial sacara un arma. La policía dice que Guardado blandió un arma de fuego ilegal; su familia afirma que le dispararon por la espalda y que la pistola recuperada por los oficiales no le pertenecía.

En Sacramento, California, familiares y amigos de víctimas de la violencia policial se congregaron en el Capitolio estatal este miércoles para exigir a los legisladores que se inicien investigaciones por las recientes muertes de sus seres queridos. Entre ellos se encontraba la familia de Sean Monterrosa, de 22 años de edad, quien fue baleado por la policía en las afueras de una farmacia Walgreens en la ciudad de Vallejo durante protestas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Por otro lado, la familia de Erik Salgado exige una investigación para esclarecer por qué agentes de la Patrulla de Carreteras de California dispararon 40 veces de forma indiscriminada contra el auto de Salgado durante un control de tránsito en Oakland. Salgado resultó muerto y su pareja, Brianna Colombo, que estaba embarazada, sufrió heridas graves. Ambos pasajeros se encontraban desarmados. Estas son las declaraciones de la hermana de Erik Salgado, Amanda Majail-Blanco.

Amanda Majail-Blanco expresó: “La Patrulla de Carreteras de California publicó un informe diciendo que él era esto y lo otro, que hizo esto y aquello, pero ese no es el punto. A ver ¿era un delincuente? Bueno. ¿Y eso justifica que les disparen a él y a su hijo no nacido? La madre de su hijo se encontraba en el auto, ¿también tenían que dispararle a ella? [Mi hermano] ni siquiera tenía un arma. Ni siquiera se bajó del auto. Le dispararon adentro del auto en su propio barrio”.

En el estado de Texas, la familia de la joven desaparecida Vanessa Guillén, soldado de la base militar Fort Hood, de 20 años de edad, informó este miércoles que es probable que los restos de la joven hayan sido encontrados en una tumba de poca profundidad cerca de la base militar, lo que pondría fin a una dolorosa búsqueda que comenzó hace meses cuando desapareció Guillén, el pasado 22 de abril. El Ejército manifestó este miércoles que hay un sospechoso detenido en relación con la desaparición de Guillén. Un segundo sospechoso en el caso —un soldado cuya identidad fue mantenida en reserva— se quitó la vida en Killeen, Texas, al ser localizado por agentes este martes.

Visite democracynow.org/es para ver más información sobre el caso de Vanessa Guillén.

En Honduras, un periodista de la televisión y un camarógrafo fueron baleados a muerte este miércoles en la ciudad norteña de La Ceiba. Según se informa, German Vallecillo y Jorge Posas se encontraban trabajando cuando dos hombres armados que iban en un vehículo se detuvieron y les dispararon. Cinco sospechosos habrían sido detenidos. El Colegio de Periodistas de Honduras ha informado que 86 periodistas fueron asesinados en el país desde 2001, y solo siete de dichos asesinatos terminaron en enjuiciamientos. La violencia contra líderes sociales y periodistas en Honduras se ha disparado tras el respaldo de EE.UU. al golpe de Estado en 2009.

Funcionarios de aduanas de EE.UU. en Nueva York confiscaron 13 toneladas de productos confeccionados con cabello humano provenientes de China. Las autoridades sospechan que los productos —entre los que se incluyen extensiones de cabello— provienen de uigures privados de libertad y otras minorías étnicas detenidas en campos de trabajo forzoso en la provincia china de Xinjiang.

En Rusia, autoridades electorales afirman que el 78% de los votantes apoya el cambio constitucional que posibilitaría la permanencia del presidente Vladimir Putin en el poder por otros 16 años. Las elecciones se realizaron en el correr de la semana pasada. Golos, la organización de Rusia especializada en observación de procesos electorales —que recibió financiación de Estados Unidos—, describió la votación como fraudulenta.

En Brasil, nuevos datos oficiales señalan que los incendios en la región amazónica aumentaron en un 20% en el mes de junio, el registro más alto en 13 años en lo que respecta a dicho mes. Activistas afirman que la mayoría de los incendios fueron ocasionados por la minería y la ganadería ilegal, con el la aprobación del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. El ambientalista Carlos Souza Jr. indica que el humo de los incendios podría agravar los problemas respiratorios de los brasileños, quienes están padeciendo uno de los mayores brotes mundiales de COVID-19.
bq. Carlos Souza Jr. manifestó: “La deforestación ya constituía de por sí un problema grave para la salud. Si juntamos la deforestación con el COVID-19, esto podría generar consecuencias catastróficas para los habitantes de la región”.