En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han ordenado a los cincuenta estados y a cinco grandes ciudades que hagan preparativos para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a fines de octubre. En una carta dirigida a los gobernadores del país, el director de la agencia, Robert Redfield, instó a los estados a prescindir de cualquier requisito que impida que los centros de distribución de vacunas estén completamente operativos para el 1º de noviembre. El Gobierno ha contratado a la empresa privada McKesson Corporation para distribuir la vacuna una vez aprobada. Existe una preocupación creciente de que el Gobierno de Trump pueda otorgar una aprobación de emergencia a una vacuna antes de que finalicen los ensayos clínicos, en un intento de aumentar las posibilidades de reelección del presidente. Autoridades de salud pública han advertido que apresurar una vacuna no probada podría presentar peligros para la salud y enardecer posturas en contra de las vacunas. Todo esto ocurre al tiempo que el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos se acerca a 186.000.
Los casos de COVID-19 han aumentado vertiginosamente en la región Medio Oeste de Estados Unidos. Más de 260 casos registrados en nueve estados han sido vinculados con un reciente evento de motociclismo llevado a cabo en la ciudad de Sturgis, en el estado de Dakota del Sur. Uno de los motociclistas falleció. Esto se produce mientras el estado de Iowa registra actualmente la mayor tasa de COVID-19 per cápita del país. La cifra de nuevos casos en Iowa se ha disparado en un 90% durante las últimas dos semanas. Mientras tanto, la senadora de Iowa Jodi Ernst se ha convertido en la republicana más reciente en adoptar una teoría conspirativa que sostiene que muchas menos personas mueren por COVID-19. Asimismo, Ernst sugirió que los médicos podrían estar clasificando erróneamente los casos de COVID-19 para ganar más dinero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando su guerra contra la Organización Mundial de la Salud. El Departamento de Estado del país ha anunciado que este año redirigirá los 62 millones de dólares adeudados a la OMS. Además, Estados Unidos retirará de sus puestos a los empleados gubernamentales que asesoran a dicho organismo. Trump ha anunciado ya que Estados Unidos se retirará de la OMS, pero eso no sucederá oficialmente hasta el próximo año. Todo esto se produce mientras la OMS trabaja con más de 170 países para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, aunque Estados Unidos se ha negado a unirse a la iniciativa global.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a la fiscal general de la Corte Penal Internacional y a otro alto funcionario de dicho tribunal de justicia. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida el miércoles.
Mike Pompeo sostuvo: “En junio, el Gobierno del presidente Trump autorizó la imposición de sanciones económicas contra personas extranjeras directamente involucradas en los intentos de la Corte Penal Internacional de investigar a personal estadounidense o aliado, así como a aquellos que los ayudaron materialmente en ese intento. Hoy damos el siguiente paso porque la Corte Penal Internacional sigue teniendo como objetivo a ciudadanos estadounidenses, lamentablemente”.
El Gobierno de Trump ha atacado repetidamente al tribunal internacional por investigar crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, así como crímenes israelíes en los territorios ocupados. Agrupaciones jurídicas y a favor de los derechos humanos criticaron la medida. Katherine Gallagher es abogada del Centro de Derechos Constitucionales y representa a víctimas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel.
* Katherine Gallagher *: “Las sanciones anunciadas por el secretario de Estado Mike Pompeo contra Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, constituyen un ataque frontal al Estado de derecho. […] Esta acción muestra que el Gobierno de Trump está dispuesto a apoyar dictadores y criminales de guerra en lugar de víctimas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige hoy a la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, para reunirse con la familia de Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado después de que la policía de Kenosha le disparara siete veces por la espalda el mes pasado. Trump visitó Kenosha el martes, pero en ningún momento mencionó el nombre de Blake. Mientras tanto, el secretario de Prensa de la campaña del presidente Trump pareció justificar la muerte de dos manifestantes en Kenosha a manos de un miliciano de 17 años partidario de Trump. Hogan Gidley habló para la cadena de televisión CNN.
* Hogan Gidley *: “El problema es que tantos gobernadores demócratas, tantos alcaldes demócratas le han dicho [a la policía]: 'No hagan su trabajo. Retírense. Dejen que estos disturbios, que estos saqueadores sigan cometiendo crímenes en nuestras comunidades'. Y el presidente no quiere eso. Quiere que puedan defenderse. Pero tiene sentido, lógicamente, si no permitimos que la policía haga su trabajo, entonces el pueblo estadounidense tiene que defenderse de alguna manera.”
El presidente Trump ordenó a funcionarios federales que encuentren formas de recortar miles de millones de dólares en fondos federales asignados a ciudades dirigidas por demócratas que han tomado iniciativas para reducir la financiación de la Policía. En un memorando publicado el miércoles, Trump afirmó: “Es imperativo que el Gobierno federal revise el uso de fondos federales por parte de jurisdicciones que permiten la anarquía, la violencia y la destrucción en ciudades de Estados Unidos”. El memorando enumera varias ciudades entre las que se incluyen Portland, en el estado de Oregón, Washington D.C., Seattle y Nueva York. También ordena al Departamento de Justicia que compile una lista de lo que llama “jurisdicciones anarquistas”. La oficina del alcalde de Nueva York condenó la medida tomada por Trump y sostuvo: “Esto es una maniobra racista de campaña proveniente de la Oficina Oval para atacar a millones de personas de color”.
Han surgido nuevos detalles impactantes sobre la muerte a manos de la policía de un hombre negro llamado Daniel Prude en Rochester, Nueva York, en marzo. El video publicado por su familia muestra que Prude murió por asfixia después de que los agentes lo esposaran, lo encapucharan y luego apretaran su rostro contra el piso frío durante dos minutos apoyándole la rodilla en la espalda para inmovilizarlo. Prude estaba desnudo y desarmado. Murió siete días después. El encuentro con la policía comenzó cuando el hermano de Prude llamó al 911 pidiendo ayuda porque su hermano actuaba de forma extraña. El miércoles, tres activistas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) fueron arrestados durante una protesta por la muerte de Prude. La familia de la víctima pide que se despida a los agentes involucrados y que se recorten los fondos al Departamento de Policía de Rochester.
En noticias de California, un oficial de policía de San Leandro ha sido acusado de homicidio culposo después de haber matado a tiros a un hombre negro de 33 años llamado Steven Taylor dentro de un Walmart, el 18 de abril. En un lapso de 40 segundos, el oficial Jason Fletcher entró en el Walmart, le disparó a Taylor con una pistola paralizante y luego le disparó en el pecho con su pistola. En una declaración, el fiscal de distrito del condado de Alameda declaró: “El señor Taylor no suponía ninguna amenaza de fuerza mortal inminente ni de lesiones corporales graves para el acusado Fletcher ni para nadie más en la tienda”. La policía fue llamada al Walmart porque Taylor estaba tratando de salir de la tienda con una carpa y un bate. Su familia dijo que en ese momento él se encontraba viviendo en la calle.
La familia de un adolescente salvadoreño estadounidense asesinado a tiros en junio ha demandado al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles por su muerte. Andrés Guardado, de 18 años, falleció tras recibir cinco disparos en la espalda. Guardado estaba trabajando como guardia de seguridad en un taller de carrocerías en Gardena cuando dos oficiales se le acercaron. Uno de sus compañeros de trabajo afirma que Guardado se asustó y comenzó a correr después de que un oficial sacara un arma. Un informante dentro del Departamento del Sheriff dice que el oficial que disparó a Guardado era un miembro potencial de una banda violenta de policías formada dentro del departamento conocida como “Executioners” (los “Verdugos”). El informante, Art González, dijo a principios de este verano: “Los miembros reciben su tatuaje de ‘verdugos’ después de ejecutar a miembros del público o de cometer actos de violencia acorde a los intereses de la pandilla”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las personas en el estado de Carolina del Norte infrinjan la ley al votar dos veces en las próximas elecciones presidenciales, una vez por correo y otra en persona, para poner a prueba el sistema electoral.
Presidente Donald Trump: “Que envíen [el voto por correo] y que luego vayan a votar [en persona], y si su sistema es tan bueno como dicen, entonces obviamente no podrán votar. Si no está tabulado, podrán votar. Así es como funciona. Y eso es lo que deberían hacer”.
Según la ley federal, votar dos veces es ilegal. En Carolina del Norte también es ilegal inducir a alguien a votar dos veces. Mientras tanto, el Comité Nacional Republicano y la campaña de Trump han demandado al estado de Montana con el fin de bloquear una expansión de la votación por correo.
En otras noticias electorales estadounidenses, Lara Trump, consejera principal de campaña y nuera del presidente Trump, hizo campaña en el estado de Florida el miércoles con Laura Loomer, una candidata al Congreso de extrema derecha y partidaria de teorías de conspiración. Loomer se describe a sí misma como una “orgullosa islamófoba” y ha llamado a los musulmanes “salvajes” y al islam “un cáncer”, y también festejó en una ocasión la muerte de migrantes que cruzaban el Mediterráneo. Loomer, que ha sido bloqueada de Facebook y Twitter por promover el odio en esas plataformas, es la candidata republicana por el distrito congresional 21 de Florida, que incluye Mar-a-Lago, el club privado del presidente.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la recopilación masiva de registros telefónicos de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) era ilegal. El programa fue expuesto por el denunciante Edward Snowden en 2013. Snowden tuiteó el miércoles “El fallo de la corte derriba la defensa más antigua a la vigilancia masiva. Después de tomar en cuenta la mejor evidencia del Gobierno, el tribunal encontró que el programa era ilegal e ineficaz, estableciendo que las afirmaciones públicas del Gobierno respecto a su ‘necesidad’ eran engañosas”.
En Francia ha comenzado el juicio de más de una docena de personas acusadas de ser cómplices en una serie de ataques en los que murieron 17 personas en París y sus alrededores durante tres días en enero de 2015. Los ataques comenzaron cuando dos hermanos franco-argelinos irrumpieron en las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo, matando a 11 personas en sus oficinas. El día siguiente, otro hombre armado mató a cuatro hombres judíos en un supermercado kosher. Los tres principales sospechosos murieron. Charlie Hebdo fue atacado por publicar caricaturas del profeta Mahoma. Antes del juicio, el periódico volvió a publicar varias de las caricaturas.
Cuarenta y cuatro miembros del Congreso, así como Amnistía Internacional y otros grupos, instan al Gobierno del presidente Donald Trump a bloquear la inminente deportación de un pastor ugandés, alegando que probablemente será asesinado si es forzado a volver a su país. El pastor Steven Tendo huyó de Uganda y buscó asilo en Estados Unidos en 2018 después de ser torturado y arrestado decenas de veces en Uganda por apoyar a los presos políticos y el derecho al voto. Durante una sesión de tortura, le cortaron dos dedos. Tendo ha permanecido en prisión durante más de 18 meses mientras solicitaba asilo en Estados Unidos.
En el estado de Oklahoma, una mujer de 105 años lidera una demanda que exige compensación por una de las peores masacres de afroestadounidenses en la historia de Estados Unidos. En junio de 1921, una turba de personas blancas quemó hasta los cimientos el próspero barrio afroestadounidense de Greenwood en Tulsa, conocido como el Wall Street Negro, matando al menos a 300 residentes. Lessie Benningfield Randle es una de los dos supervivientes vivos conocidos de la masacre. Según la demanda, la comunidad todavía siente las secuelas de la masacre, ya que la desigualdad racial existente en Tulsa casi un siglo después se remonta a este hecho.