Nuevos datos sobre el empleo en Estados Unidos mostraron que la semana pasada se presentaron por primera vez 965.000 solicitudes de seguro de desempleo, la cifra más alta de solicitudes en casi cinco meses y una cifra muy por encima de los promedios históricos. Todo esto se produce cuando Estados Unidos registró el jueves su décimo día consecutivo de más de 200.000 nuevos contagios y más de 3.700 muertes por COVID-19. Se prevé que el número total confirmado de muertes supere las 400.000 antes de la investidura presidencial de Joe Biden el próximo miércoles.
Varias personas que estuvieron presentes en la ciudad de Washington D. C. el 6 de enero, cuando el presidente Trump incitó a una turba violenta de insurrectos a atacar el Capitolio, estaban dentro de una lista de vigilancia de terroristas, según informa The Washington Post. El periódico informa que la mayoría de los alborotadores que están en la base de datos nacional de detección de terroristas son defensores de la supremacía blanca. El FBI declara que más de 100 insurrectos han sido detenidos hasta el momento y más de 200 sospechosos han sido identificados. Entre las últimas detenciones, se encuentran las siguientes personas: Kevin Seefried, quien fue fotografiado portando una bandera de batalla de la Confederación por los pasillos del Congreso; el ex medallista olímpico de Estados Unidos Klete Keller, quien vestía la chaqueta del equipo olímpico de natación durante los disturbios; y Robert Sanford, un bombero retirado que fue filmado mientras arrojaba un extintor de incendios a los oficiales de la policía del Capitolio y golpeaba a tres de ellos en la cabeza.
En el estado de Arizona, el abogado del alborotador Jacob Anthony Chansley, integrante del grupo extremista QAnon, dijo que intentará obtener un indulto del presidente Trump para su cliente. Chansley enfrenta cargos penales de entrada violenta y alteración del orden público. Diversas filmaciones lo muestran con el torso desnudo, con cuernos de búfalo y sosteniendo una lanza en el estrado del Senado de Estados Unidos. En un expediente judicial presentado el jueves, los fiscales federales de Phoenix, capital del estado de Arizona, informaron que Chansley dejó una nota para el vicepresidente Mike Pence en la que se leía: “Es solo cuestión de tiempo, la justicia está llegando”. En el expediente, los fiscales escribieron: “Pruebas sólidas, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de los alborotadores del Capitolio era capturar y asesinar a funcionarios electos del Gobierno de Estados Unidos”. El video del 6 de enero publicado en la red social Parler, actualmente inactiva, muestra a Chansley jactándose de su participación en la insurrección.
Periodista: “¿Cómo saliste?”.
Jacob Chansley: “¿Cómo salí de qué?”.
Periodista: “¿Cómo saliste?”.
Jacob Chansley: “¿Del Senado?”.
Periodista: “Sí”.
Jacob Chansley: “La policía me sacó”.
Periodista: “¿Simplemente te dejaron ir?”.
Jacob Chansley: “Sí”.
Periodista: “¿Y cuál es tu mensaje para todos ahora? ¿Qué es lo que tienes para decir en este momento?”.
Jacob Chansley: “Que Donald Trump les pidió a todos que se fueran a casa. Eso dijo. Acaba de publicar un video en Twitter que dura un minuto. Les pidió a todos que se fueran a casa”.
Periodista: “¿Por qué crees que hizo eso?”.
Jacob Chansley: “¡Porque, amigo, en este p*** día logramos lo que queríamos!”.
El periódico The Washington Post informa que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos cerrará el National Mall el día de la investidura presidencial de Joe Biden por el temor de posibles ataques terroristas domésticos. Peter Meijer, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del estado de Michigan, dijo el jueves que compró un chaleco antibalas y que el Congreso le reembolsará los gastos de la compra. Esto se debe a que Meijer se unió a otros nueve legisladores republicanos y a los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que votaron el miércoles a favor de someter a Trump a un juicio político.
Se han registrado más de 93 millones de casos de la COVID-19 en el mundo. Ante el registro de más de dos millones de muertes confirmadas en todo el mundo, un análisis del periódico The Wall Street Journal concluyó que al menos otras 820.000 muertes adicionales fueron causadas por el coronavirus.
En Brasil, las autoridades del estado de Amazonas, el estado más grande del país, han impuesto un toque de queda a las 7 p. m. y los trabajadores de la salud dicen que están desesperados por suministros de oxígeno y otros recursos, debido al aumento drástico de los casos. Los hospitales de la capital del estado, Manaos, están recurriendo a la ventilación manual para tratar de salvar la vida de las personas. Un epidemiólogo local calificó la situación como una “calamidad sin precedentes”. Las autoridades dicen que una nueva variante del virus podría ser parcialmente culpable de la explosión de nuevos casos.
El Reino Unido está prohibiendo los viajes desde gran parte de América del Sur, así como desde Portugal, por temor a esta nueva variante. Brasil ha registrado más de 207.000 muertes, la segunda cifra más alta después de Estados Unidos.
En noticias sobre el clima, el año 2020 superó al 2016 como el año más caluroso registrado hasta el momento, con temperaturas de la superficie global que tuvieron un promedio de 2,25 grados Fahrenheit, o 1,2 grados Celsius, por encima de los promedios históricos. Los últimos siete años han sido los más cálidos de los que se tiene registro. El empeoramiento de la crisis del cambio climático provocó olas de calor y récords de incendios, sequías devastadoras y la temporada más activa de huracanes en el Atlántico registrada hasta el momento. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera superaron las 410 partes por millón en 2020, también un récord, lo que constituye un aumento inexorable y continuo. El desastroso informe sobre el clima se produce incluso cuando la pandemia de coronavirus desaceleró el ritmo mundial de las emisiones en 2020 y cuando las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos cayeron un 10 %.
En Yemen, los grupos de ayuda humanitaria están haciendo sonar la alarma por las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de designar a los rebeldes hutíes como grupo terrorista. La ONU advierte de “una hambruna sin precedentes en 40 años”. Los hutíes controlan la capital de Yemen, Sana’a, administran instituciones financieras y se coordinan con grupos internacionales que suministran alimentos y otros productos básicos a la zona. Los yemeníes también dependen en gran medida de las remesas, que ya se han reducido mucho durante la pandemia y que ahora podrían verse afectadas aún más.
Yosra Abdullah: “Mi familia y yo dependemos en gran parte de los expatriados para nuestro sustento. Tengo parientes en Arabia Saudí, Estados Unidos y otros países. Dependo de ellos para cubrir mis gastos. La decisión, si se aprueba, afectará a las remesas y la situación de mi familia se deteriorará. La decisión va en contra nuestra y el sector privado está en peligro. El trabajo puede detenerse en cualquier momento”.
En Estados Unidos, el exgobernador del estado de Michigan Rick Snyder y otros ocho exfuncionarios estatales fueron acusados el jueves en una amplia investigación penal sobre la crisis del agua en la ciudad de Flint. Snyder enfrenta dos cargos de negligencia intencional en el cumplimiento del deber, un delito menor. El exdirector de Salud de Snyder, Nick Lyon, enfrenta nueve cargos de homicidio involuntario. En 2014, el gerente de emergencias no electo de Flint, designado por el entonces gobernador Snyder, cambió el suministro de agua de la ciudad al río Flint como una medida para ahorrar costos. La medida se ha relacionado con al menos doce muertes por un brote de legionelosis y por una intoxicación generalizada por plomo en los residentes, incluidos menores, en una ciudad cuya población es afroestadounidense en su mayor parte. El jueves, la procuradora general de Michigan, Fadwa Hammoud, dijo lo siguiente:
Fadwa Hammoud: “En este mismo momento, la gente de Flint continúa sufriendo el fracaso rotundo de los funcionarios públicos en todos los niveles de Gobierno, que pisotearon la confianza de la gente y eludieron sus responsabilidades durante demasiado tiempo. […] Nadie está impune en nuestro sistema de justicia penal. Nadie, no importa cuán poderoso o bien conectado esté, puede evadir su responsabilidad penal cuando comete un delito”.
Haga clic aquí para ver nuestro documental “Sed de Democracia: El envenenamiento de una ciudad estadounidense”.
En noticias de inmigración, un nuevo informe condenatorio del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos implica directamente al presidente Trump. El informe acusa al presidente de abogar por la implementación de políticas de inmigración más duras y crueles, a pesar de saber que esas políticas podrían separar a miles de familias que intentaban solicitar asilo en el país.
Según el informe, el ex fiscal general Jeff Sessions dijo en una reunión en 2018 “necesitamos llevarnos a los niños”, y que Trump ejerció una tremenda presión para enjuiciar a más solicitantes de asilo. El informe también señala que Trump y altos funcionarios no estaban bien preparados para implementar la política de “tolerancia cero”.
En respuesta, Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles afirmó lo siguiente: “La cruel práctica de separar a las familias era inmoral e ilegal. […] Este nuevo informe muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno de Donald Trump para destruir a estas familias”.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Jonathan Fahey, ha renunciado a su cargo después de solo dos semanas en el puesto. Fahey es el último funcionario de seguridad nacional en renunciar, pocos días antes de que el presidente Trump deje el cargo. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renunció a principios de esta semana.
Se espera que una caravana de cientos de solicitantes de asilo de América Central parta hoy de Honduras con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Es probable que la caravana enfrente varios obstáculos mientras intenta cruzar la región e ingresar a México. La agencia de noticias Reuters informa que, hace apenas una semana, Guatemala, Honduras, El Salvador y México emitieron una declaración conjunta que requeriría que los solicitantes de asilo presenten un resultado negativo de la prueba de COVID-19 en los puestos de control fronterizos. Decenas de miles de centroamericanos fueron desplazados luego de que dos huracanes consecutivos, los huracanes Iota y Eta, azotaran la región en noviembre pasado. La pandemia también agravó una crisis económica ya devastadora en América Central.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, acusando a los agentes de policía de abusos generalizados contra personas que se manifestaban en forma pacífica en reclamo de justicia racial en 2020. Esta es la primera vez en la historia que un fiscal general del estado demanda a un departamento de policía. Estas fueron las palabras expresadas por James en una conferencia de prensa el jueves:
Fiscal general Letitia James: “Descubrimos que durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre mayo y diciembre de 2020, los agentes del Departamento de Policía de Nueva York realizaron un flagrante uso excesivo de la fuerza y que a menudo tuvieron conductas impropias. Estas conductas incluyen el uso indiscriminado, injustificado y repetido de porras, gas pimienta, bicicletas y una táctica de control de multitudes, conocida como encapsulamiento o contención, que causó un daño físico significativo a los manifestantes. También descubrimos que los agentes del Departamento de Policía de Nueva York detuvieron ilegalmente a observadores legales, médicos y otros trabajadores esenciales que prestaban servicios”.
Esto se produce cuando nuevos datos muestran que la policía tiene tres veces más probabilidades de usar la fuerza contra manifestantes progresistas y de izquierda que contra agitadores de derecha.
Laura Poitras, cineasta ganadora del Oscar y periodista ganadora del premio Pulitzer, publicó una carta abierta el jueves afirmando que la habían despedido en noviembre de su trabajo en la organización de noticias First Look Media, donde cofundó, junto a Glenn Greenwald y Jeremy Scahill, el portal periodístico The Intercept. En su carta abierta, Poitras escribió: “Mi despido se produjo dos meses después de que hablara con la prensa sobre el fracaso de The Intercept para proteger a la denunciante Reality Winner y sobre el encubrimiento y la falta de rendición de cuentas que se presentó subsecuentemente”. Winner es una exlingüista de la Agencia de Seguridad Nacional que ahora cumple una condena de cinco años de prisión por filtrar documentos a The Intercept sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. La organización First Look Media refutó el relato de Poitras, sosteniendo que su contrato no fue renovado porque “ella había estado completamente inactiva en la empresa durante más de dos años”. Esto ocurre cuando la madre de Reality Winner está liderando una campaña para que el presidente Donald Trump o el presidente entrante Joe Biden le concedan un indulto a su hija.