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El Gobierno de Biden afirma que retendrá un 10% de la ayuda militar que EE.UU. destina a Egipto por año, dada la preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi. Egipto seguirá recibiendo casi 1.200 millones de dólares en concepto de ayuda militar, aun cuando un nuevo informe de Human Rights Watch llega a la conclusión de que, en los últimos años, es probable que las autoridades de ese país hayan ejecutado extrajudicialmente a cientos de opositores detenidos en secreto. Egipto tiene cerca de 60.000 presos políticos, entre ellos, el destacado activista y bloguero Alaa Abd El-Fattah, que compareció ante un tribunal esta semana acusado de haber difundido “noticias falsas” en las redes sociales. El-Fattah está en la cárcel desde septiembre de 2019. Lo detuvieron apenas seis meses después de haber cumplido una condena previa de cinco años por participar en las manifestaciones pacíficas de 2011. La madre de El-Fattah, Laila Soueif, profesora de matemáticas en la Universidad de El Cairo, dice que su hijo está sometido a severas restricciones, que no le dan tiempo para hacer ejercicios ni acceso a materiales de lectura permitidos en la cárcel. “Ha estado en prisión preventiva durante más de tres años, lo cual es completamente ilegal”, dice Soueif. El juicio contra el activista es parte de una represión más vasta contra la sociedad civil, sostiene Sharif Abdel Kouddous, corresponsal de Democracy Now! y periodista del medio independiente egipcio Mada Masr. “La gran mayoría de los presos políticos en Egipto no han sido condenados por ningún delito”, dice.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Laila Soueif y Sharif Abdel Kouddous.