Titulares02 de noviembre de 2021

Más de 120 líderes mundiales se reunieron el lunes en la ciudad de Glasgow, en Escocia, para la apertura de una decisiva cumbre contra el cambio climático de Naciones Unidas cuyo resultado podría determinar la habitabilidad futura del planeta. La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, se inauguró con una grave advertencia por parte del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Secretario general António Guterres: “Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos con el carbono. Basta de tratar a la naturaleza como un retrete. Basta de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas. Estamos cavando nuestra propia tumba”.

En el primer día de la COP26, los líderes de más de 100 países se comprometieron a detener y revertir la deforestación para 2030. India también dio a conocer su plan para reducir las emisiones de carbono a cero emisiones netas, pero solo para 2070. Además, Estados Unidos anunciará este martes un nuevo plan para reducir las emisiones de metano. En un discurso ante los líderes presentes, el presidente Joe Biden se disculpó por la decisión del expresidente Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Biden dijo que Estados Unidos y los otros países que más han contribuido a la crisis del cambio climático tienen “la abrumadora obligación” de ayudar a los países más pobres a enfrentar la emergencia climática. Los comentarios de Biden se produjeron pocos días después de que el presidente estadounidense pidiera a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que aumentara la producción de petróleo para reducir los costos del combustible. Miles de manifestantes se han congregado fuera del recinto donde se celebra la cumbre climática de Glasgow para exigir que los países tomen medidas significativas con el fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados Celsius. Estas fueron las palabras expresadas por María Reyes, una activista mexicana contra el cambio climático de 19 años.

María Reyes: “Mi mensaje para los líderes mundiales es que no pueden tener una negociación climática sin que estén presentes las personas más afectadas por la crisis del cambio climático. Si se lo permitimos, la COP26 será una conversación entre ricos. Y los ricos no son los más afectados por la crisis del cambio climático. Pero nosotros sí”.

La agenda en política interna del presidente Biden recibió un duro golpe el lunes cuando el senador demócrata conservador Joe Manchin se negó a comprometerse a apoyar la ya limitada Ley Reconstruir Mejor (Build Back Better Act), un plan de gastos públicos a diez años vista valuado en 1,75 billones de dólares destinado a mitigar la crisis del cambio climático y ampliar los programas sociales. Entre otras medidas, el proyecto de ley ampliaría los programas de energía limpia; brindaría educación preescolar universal para los niños y niñas de tres y cuatro años de edad; y ampliaría Medicaid y Medicare, dos programas públicos de salud que garantizan el acceso a la atención sanitaria a millones de personas pobres, discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. La oposición de Manchin ha paralizado un proyecto de ley para construir infraestructura cuyo presupuesto asciende a un billón de dólares aprobado por el Senado en agosto, ya que el sector progresista del Partido Demócrata se niega a aprobar el proyecto de ley hasta tener garantías de que los senadores aprobarán el paquete más amplio de gastos públicos. El lunes, el senador Manchin dijo que necesitaba más tiempo para sopesar el impacto que tendría la Ley Reconstruir Mejor en la deuda y la economía de Estados Unidos, a pesar de instar a los demócratas de la Cámara de Representantes a votar de inmediato sobre el proyecto de ley para construir infraestructura.

Senador Joe Manchin: “Por el bien del país, insto a la Cámara de Representantes a votar y aprobar el proyecto de ley bipartidista para construir infraestructura. Mantener estancado este proyecto no les servirá para obtener mi apoyo para el proyecto de ley de gastos públicos”.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el lunes alegatos orales sobre si se debe mantener la prohibición del aborto promulgada en el estado de Texas a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas. La ley, conocida como S.B. 8, también permite que los ciudadanos privados de cualquier lugar de Estados Unidos puedan demandar a los trabajadores sanitarios y a otras personas por facilitar un aborto en Texas. Este es el intento más grave hasta el momento de anular el fallo histórico del caso de 1973 Roe contra Wade, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos Los tres jueces liberales del alto tribunal preguntaron si permitir que la ley de Texas se mantenga invitaría a otros poderes legislativos estatales a aprobar leyes que invaliden otros derechos constitucionales. Estas fueron las palabras expresadas por la jueza Elena Kagan.

Jueza Elena Kagan: “Viviríamos en un mundo muy diferente del mundo en el que vivimos hoy. Básicamente, estaríamos invitando a otros estados, a los 50 estados del país, en lo que respecta a los derechos constitucionales no preferenciales para ellos, a que intenten anular la ley establecida por este tribunal en cuanto al contenido de esos derechos”.

Hoy se celebran elecciones en Estados Unidos. En el estado de Virginia, un número récord de personas votaron de forma anticipada en vísperas de la esperada contienda para gobernador de este martes entre el candidato demócrata Terry McAuliffe y el candidato republicano Glenn Youngkin, un ex director ejecutivo de una firma de capital privado que cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump. Terry McAuliffe es cercano a Bill y Hillary Clinton, y es uno de los recaudadores de fondos más prolíficos del Partido Demócrata. Anteriormente McAuliffe se desempeñó como gobernador de Virginia durante un período y fue presidente del Comité Nacional Demócrata de 2001 a 2005.

Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reúnen este martes para analizar la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Pfizer BioNTech para menores de cinco años de edad en adelante. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ya ha aprobado la vacuna para menores de entre cinco y once años, y declaró que los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos. El Gobierno de Biden dice que ya han comenzado a distribuirse por todo el país millones de dosis de vacunas pediátricas, que podrían empezar a administrarse a finales de esta semana, una vez que la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, conceda la autorización final.

La ciudad de Nueva York ha impuesto la licencia sin goce de sueldo para alrededor de 9.000 trabajadores municipales que no cumplieron con la vacunación obligatoria contra la COVID-19. El alcalde Bill de Blasio declaró que el 91% de los empleados públicos de la ciudad recibieron al menos una dosis de la vacuna antes de la fecha límite del lunes. En el estado de Illinois, un juez del condado de Cook ha bloqueado la orden de vacunación obligatoria antes del 31 de diciembre para los agentes de policía de la ciudad de Chicago, y declaró que el asunto debía resolverse mediante arbitraje. Unos 1.700 oficiales de policía de Chicago informaron que no están vacunados y otros 3.000 se han negado a reportar a la ciudad su estado de vacunación.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha extendido por un año más su misión de mantenimiento de la paz en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. La resolución aprobada el viernes pide la reanudación de las negociaciones mediadas por la ONU entre Marruecos, que ocupa el territorio del noroeste de África desde 1975, y el Frente Polisario, el movimiento de liberación saharaui que lucha por conseguir la independencia. La invasión de Marruecos desencadenó décadas de tortura, desapariciones, asesinatos y represión contra los saharauis independentistas que viven en el Sahara Occidental ocupado. En noviembre pasado, Marruecos violó el alto un fuego de 29 años de duración con el Frente Polisario, y la guerra regresó a la región por primera vez desde 1991. Haga clic aquí para ver nuestro reportaje “Cuatro días en el Sahara Occidental ocupado: Una mirada exclusiva desde la última colonia en África”.

En Birmania, los medios locales informan que las fuerzas armadas bombardearon Thantlang, una inestable localidad ubicada en el estado noroccidental de Chin. El ataque contra la región destruyó alrededor de 160 edificios, incluidas al menos dos iglesias. Naciones Unidas y grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron recientemente que la junta militar, que derrocó al Gobierno civil en febrero, ha estado planeando llevar a cabo ataques en la región. Mientras tanto, un nuevo informe de la agencia de noticias Associated Press revela que las fuerzas armadas birmanas han sido culpables de torturar a prisioneros desde la toma de poder en febrero. Más de 1.200 personas han muerto y miles han sido arrestadas desde el golpe de Estado.

En Afganistán, al menos 15 personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que un importante hospital militar ubicado en la ciudad capital de Kabul fuera atacado con disparos y dos explosiones. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque, pero testigos dijeron ver a combatientes del Estado Islámico enfrentándose a los talibanes. Esta última escalada de violencia se produce después de que Naciones Unidas advirtiera que, a menos que se tomen medidas urgentes para evitarlo, Afganistán está a punto de sumirse en la peor crisis humanitaria del mundo. Algunas familias desplazadas por el conflicto han estado viviendo en tiendas de campaña, al tiempo que la comida sigue siendo escasa y el frío invernal se asienta en el país. Estas fueron las palabras expresadas por Halima, una mujer desplazada en Kabul.

Halima: “Hasta ahora han nacido entre cuatro y cinco bebés aquí, que luego murieron a causa del frío. Ayer, un anciano y un niño que salieron a la calle para ganar dinero y comprar comida tuvieron un accidente automovilístico y murieron. Estamos viviendo situaciones muy difíciles”.

En Estados Unidos, unos 10.000 trabajadores de la empresa John Deere votarán este martes sobre un contrato tentativo que podría poner fin a la huelga que comenzaron el 14 de octubre. De aprobarse, el acuerdo concedería a los trabajadores sindicalizados un aumento inmediato del 10%, sumado a un aumento del 5% en el tercer y en el quinto año del contrato. El acuerdo también mejoraría los planes de jubilación de los empleados y brindaría un bono de ratificación de contrato de 8.500 dólares. Esta medida representa una mejora considerable en comparación con la oferta final que hizo John Deere antes de que los trabajadores iniciaran la huelga.

En el estado de Wisconsin, los fiscales y la defensa presentarán este martes sus exposiciones iniciales en el juicio contra Kyle Rittenhouse, un adolescente blanco que enfrenta siete cargos, incluido homicidio, por matar a disparos a dos hombres y herir a un tercero en medio de las protestas contra la brutalidad policial que se llevaron a cabo en la ciudad de Kenosha el año pasado. Solo hay una persona de color en el jurado. Rittenhouse tenía solo 17 años en agosto de 2020 cuando cruzó la frontera del estado de Illinois con un rifle de asalto semiautomático AR-15 que obtuvo de manera ilegal y se unió a otras patrullas de civiles blancos armados en las calles de la ciudad de Kenosha durante las protestas por el ataque policial contra Jacob Blake. El juez que supervisa el juicio dictaminó que no se podrá usar la palabra “víctimas” para hacer referencia a los tres manifestantes a quienes disparó Rittenhouse, pero sí se podrán usar las palabras “alborotadores”, “saqueadores” o “pirómanos” si la defensa puede presentar pruebas que justifiquen dichos términos.

El Senado de Estados Unidos votó el lunes para confirmar a Beth Robinson como jueza del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que representa a los estados de Connecticut, Nueva York y Vermont. Robinson es una líder de larga data de la comunidad LGBTQ que en 1999 participó en un caso histórico en Vermont que les concedió amplias protecciones legales a las parejas del mismo sexo. Robinson es la primera persona de la comunidad LGBTQ+ en servir en un tribunal federal de circuito en Estados Unidos. Solo dos senadores republicanos votaron a favor de la confirmación de Robinson: Lisa Murkowski, del estado de Alaska, y Susan Collins, del estado de Maine.

En la ciudad de Washington D.C., el activista por los derechos civiles reverendo Jesse Jackson fue hospitalizado el lunes después de caerse y golpearse la cabeza mientras visitaba la Universidad de Howard. Jackson había ido a Howard, una de las universidades más importantes del país que históricamente han contado con un alumnado de mayoría afroestadounidense, para visitar a estudiantes que iniciaron una sentada el mes pasado a modo de protesta por sus precarias condiciones de vivienda, incluidos moho tóxico, roedores y cucarachas en los dormitorios del campus. Los estudiantes ocuparon el centro universitario Blackburn y han estado acampando en tiendas de campaña desde el 12 de octubre. Según se informa, antes de su accidente, Jesse Jackson consiguió que los administradores de Howard prometieran que no expulsarán ni suspenderán a los estudiantes por llevar a cabo las protestas no violentas.