El abogado Steven Donziger cumple prisión domiciliaria en Nueva York tras demandar a Chevron por los derrames de petróleo en el Amazonas ecuatoriano

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de la cuarentena. Soy Amy Goodman. Pasamos ahora a lo que se ha descrito como el Chernóbil del Amazonas: 4.400 kilómetros cuadrados de tierra en la Amazonía ecuatoriana devastada por décadas de perforación petrolera irresponsable. Hace diez años, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador le ordenó a Chevron pagar 18.000 millones de dólares por el derrame de más de 70.000 millones de litros de crudo y desechos tóxicos en el Amazonas. El fallo se produjo tras una demanda presentada en nombre de 30.000 miembros de pueblos indígenas amazónicos, quienes han estado sufriendo desde mediados de los 60, cuando Texaco comenzó a realizar perforaciones en sus tierras ancestrales. Chevron compró Texaco en el año 2000. El histórico fallo fue visto como una gran victoria para el medio ambiente y los esfuerzos por la rendición de cuentas corporativa. Pero Chevron se negó a pagar o limpiar la tierra. La organización Amazon Watch ha documentado durante años la destrucción ambiental en Ecuador. Este es un fragmento de un corto producido por esa organización y narrado por el actor Peter Coyote.

PETER COYOTE: Hoy en día, en una región de la selva amazónica del noreste de Ecuador llamada Oriente, decenas de miles de hombres, mujeres y niños se encuentran rodeados por la polución causada por el petróleo, por tierras contaminadas y aguas envenenadas. Durante casi 25 años, la gigante petrolera estadounidense Chevron, operando en ese momento bajo el nombre de Texaco, llevó a cabo prácticas irresponsables de “bombeo y descarga” de petróleo que devastaron miles de kilómetros cuadrados de lo que alguna vez fue la impoluta selva amazónica. Con el fin de aumentar sus ganancias en un par de dólares por barril de petróleo, la empresa tomó atajos y utilizó el poblado ecosistema de una selva tropical como su vertedero tóxico. ¿El resultado?: decenas de miles de personas, que viven en lo que un día fuera un paraíso terrenal, ahora enfrentan una horrible epidemia de cáncer, defectos congénitos, abortos espontáneos y otras enfermedades relacionadas con la explotación petrolera. Y las comunidades indígenas, que han vivido de la generosa abundancia de la selva tropical por innumerables generaciones, ahora luchan por sobrevivir.

AMY GOODMAN: En lugar de limpiar la Amazonía ecuatoriana, Chevron ha pasado la última década librando una batalla legal sin precedentes para evitar pagar por el daño ambiental causado, al tiempo que ha tratado de desprestigiar al abogado ambientalista Steven Donziger, quien ayudó a llevar el histórico caso ante la Justicia. Con la ayuda de decenas de firmas de abogados, Chevron ha acabado con la carrera legal de Donziger, a quien le revocaron su licencia de abogado, le congelaron sus cuentas bancarias y le obligaron a entregar su pasaporte. Además, Steve Donziger ha pasado casi 600 días bajo arresto domiciliario, luego de que un juez federal presentara cargos penales de desacato en su contra por negarse a entregar su celular y su computadora. En un giro legal inusual, el juez designó a una firma privada de abogados con vínculos con Chevron para ejercer como parte acusatoria contra Donziger, después de que la fiscalía federal se negaran a presentar cargos. Muchos de sus seguidores ven a Donziger como prisionero político de una corporación privada. Su caso atrae cada vez más la atención del mundo legal, así como de grupos ambientalistas y activistas de derechos humanos. Cincuenta y cinco premios Nobel, incluyendo diez Nobel de Paz, han pedido el fin de los ataques judiciales contra Donziger. Una coalición de grupos, entre ellos Amnistía Internacional, Amazon Watch, el Gremio Nacional de Abogados de EE.UU., entre otros, le pidieron recientemente por escrito al fiscal general Merrick Garland que investigue lo que describen como “ataques legales perturbadores” en contra de Donziger. El 4 de marzo, un tribunal de apelaciones desestimó un veredicto clave de los cargos por desacato contra Donziger, quien ahora espera que se determine si se pondrá fin a su detención domiciliaria. Steve Donziger nos acompaña desde su casa en Nueva York. Y desde Oakland, nos acompaña Paul Paz y Miño, director asociado de Amazon Watch. Paz y Miño ha estado trabajando con la campaña Clean Up Ecuador durante los últimos 14 años. Les damos la bienvenida a ambos a Democracy Now! Steve Donziger, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué se encuentra bajo arresto domiciliario? ¿Lleva usted puesta una tobillera electrónica en este momento?

STEVEN DONZIGER: Sí, tengo puesta una tobillera electrónica del tamaño de un control remoto para abrir la puerta del garaje. Ha estado en mi tobillo desde el 6 de agosto de 2019. La llevo puesta cuando duermo, cuando como, cuando me baño. Siempre está en mi tobillo. Y le permite al Gobierno monitorear mi ubicación 24 horas al día, 7 días a la semana. El problema fundamental aquí es que Chevron destruyó la Amazonía ecuatoriana y yo era parte de un equipo legal que hicimos que la compañía rindiera cuentas por ello. La decisión de la Justicia ecuatoriana ha sido ratificada por múltiples tribunales de apelación en Ecuador y Canadá. Lo que Chevron hizo, en lugar de pagar la suma establecida en la sentencia que le debe a las miles de personas en Ecuador a las que envenenó, fue atacarme a mí y a otros abogados. Y en Estados Unidos, Chevron me demandó por 60.000 millones de dólares, la cual podría ser la mayor multa por responsabilidad personal en la historia de nuestro país. Yo soy abogado de derechos humanos. Vivo en un apartamento de dos habitaciones con mi esposa y mi hijo en el barrio Upper West Side de Manhattan. Chevron lanzó una campaña para tratar de inhabilitarme en el caso. Y como parte de su estrategia, exigieron ver mis comunicaciones confidenciales con mis clientes, incluyendo todo el contenido de mi celular y de mi computadora. Yo impugné esa orden ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y, mientras el recurso de apelación estaba pendiente, el juez Kaplan me acusó de desacato al tribunal por no cumplir con dicha orden mientras que la legalidad de esta estaba en proceso de apelación. Luego, ordenó mi arresto domiciliario. Este es un cargo menor con una sentencia máxima de 180 días de prisión. Yo sigo afirmando mi total inocencia. Kaplan designó a un juez que negó mi derecho a un jurado. Soy la única persona en la historia de este país, de la que se tenga conocimiento, que está acusada de un delito menor por el sistema federal, sin tener antecedentes penales, y que haya sido retenida por tan solo un día antes del juicio. Al día de hoy he pasado 585 días en detención bajo un cargo que, de ser declarado culpable, conllevaría una sentencia máxima de 180 días de cárcel. Y es muy poco probable que yo vaya a la cárcel, porque la sentencia más larga que se le haya impuesto a un abogado condenado por desacato en este distrito es de 90 días de confinamiento domiciliario. Y el tiempo que ya he cumplido es más de seis veces mayor. Así que lo que sucede en realidad es que Chevron y sus aliados han utilizado el sistema judicial para intentar atacar la idea misma de la rendición de cuentas corporativa y de la lucha por la justicia ambiental que deriva en resultados legales significativos. Creo que no solo están tratando de tomar represalias en mi contra, sino que también intentan enviar un mensaje más amplio a la comunidad activista y jurídica, de que este tipo de casos que de verdad desafían a la industria de los combustibles fósiles, que están íntimamente relacionados con la supervivencia de nuestro planeta, no deberían ser admitidos en un tribunal, al menos no a este nivel. Ya tuvimos una gran victoria la semana pasada en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que se desestimó el fallo principal en mi contra por parte del juez Kaplan por los cargos de desacato. Espero que prevalezca la sensatez y que el Segundo Circuito emita otra decisión, basada en los argumentos presentados la segunda semana de marzo, que me permita recuperar la libertad.

AMY GOODMAN: Todo lo relacionado con este caso es muy inusual y desconcertante. ¿Puede explicar qué es la Regla 42 y hablarnos del hecho de que el juez no logró que la fiscalía federal lo imputara, lo que permitió que designara a una firma de abogados privada, un abogado de una firma privada con vínculos con Chevron, para que ejerciera de acusación en su contra?

STEVEN DONZIGER: Bueno, yo no creo que eso sea ni apropiado ni legal. Es legal que un juez presente cargos de desacato penal contra alguien siguiendo unas bases sólidas. No creo que esas bases existan en mi caso. Bajo la Regla 42 [de las Reglas Federales de Procedimiento Penal], el juez debe presentar los cargos ante la fiscalía. En este caso, la fiscalía se negó a aceptar el caso. Y creo que tuvo una buena razón para hacerlo, porque todo esto tiene que ver conmigo y mi trabajo como abogado tratando de defender los derechos de mis clientes. No tiene que ver con que haya desafiado a la corte. Yo estaba tratando de lograr una mayor revisión judicial. No estaba desafiando a la corte cuando apelé la orden del juez Kaplan, la cual resultó ser ilegal. Así que, cuando la fiscalía se negó a aceptar el caso, el juez Kaplan designó a una firma privada de abogados. Es legal que un juez nombre a un abogado privado para que ejerza de acusación en esas circunstancias, pero no es apropiado nombrar un bufete de abogados que tiene vínculos financieros con Chevron y tiene una relación de abogado-cliente con Chevron. En otras palabras, estoy siendo procesado por Chevron. El nombre del bufete de abogados, por cierto, es Seward & Kissel. Son un bufete de abogados de tamaño medio aquí en Nueva York. Lo realmente inusual en todo esto es que Seward & Kissel no solo tienen una relación financiera con Chevron, sino que también tienen estrechos vínculos con la industria del petróleo y del gas en general, y están facturando a los contribuyentes por ejercer de acusación por un delito menor. Hasta ahora se les ha pagado, con dinero de los contribuyentes, 464.000 dólares para enjuiciarme y detenerme bajo un cargo menor de desacato. Aunque creo que en realidad se les ha pagado mucho más. No hemos visto todas sus facturas. Amy, esto es, sin lugar a dudas, un procesamiento corporativo, privado, con fines de lucro, en nombre del Gobierno contra un abogado de derechos humanos. Y esto nunca ha pasado antes en la historia de este país. Es aterrador, no solo para mí y mi familia, sino también para cualquiera que realice este tipo de trabajo. Y espero que más y más gente se entere de esto para aumentar la presión y así poner fin a este caso. De hecho, la carta al fiscal general Merrick Garland, firmada por Amnistía Internacional y otros grupos, le pide específicamente que el Departamento de Justicia revise la forma inadecuada en que, en nuestra opinión, se ha manejado este caso y los flagrantes conflictos de interés que han permitido que la firma privada de abogados de una corporación actúe en nombre del Estado para privar de la libertad a un abogado de derechos humanos. Simplemente no es correcto. Ese no es el sistema judicial que conocemos. Y esto ha causado consternación a muchas personas en muchas partes del mundo. Me refiero a abogados serios de varios países del mundo que han apoyado a los ecuatorianos, han apoyado a sus abogados, y están horrorizados al ver que esto está sucediendo en Estados Unidos de América.

AMY GOODMAN: Steve, como usted lo indicó y como lo mencionamos en la introducción, este caso va más allá de su experiencia personal. La esencia del caso es la devastación en Ecuador, lo cual usted señala repetidamente al hablar de cómo se involucró en esto. Háblenos sobre los 9.500 millones de dólares, que en un principio eran 18.000 millones, que Chevron le debe al pueblo ecuatoriano. La mayor parte estaría destinado no solo a limpiar el suelo y el agua, sino también a crear un sistema de salud de apoyo para tratar a los pacientes con cáncer. ¿Qué fue lo que lo llevó a involucrarse en este caso inicialmente y hasta el día de hoy?

STEVEN DONZIGER: Gracias, Amy. En primer lugar, gracias por mencionar eso, porque, a fin de cuentas, esto no se trata de Steven Donziger. Chevron quiere que esa sea la historia. Esto se trata de lo que hizo Chevron al envenenar Ecuador y la Amazonía y devastar las vidas de decenas de miles de personas, resultando incluso en la muerte de miles de personas a causa del cáncer y otras enfermedades relacionadas con la extracción petrolera. Yo fui por primera vez a Ecuador en 1993 como parte de un equipo de abogados y médicos, liderado por Cristóbal Bonifaz, para investigar este asunto. Durante varios años yo fui un abogado más dentro de un equipo mucho más grande. Con el tiempo me involucré cada vez más en el caso. Yo he trabajado en otros litigios. Y quiero ser claro: este no es mi caso. Quienes controlan y manejan este caso son las comunidades afectadas en Ecuador, que tienen muchos otros abogados trabajando en esto. Pero, al igual que otras personas que estaban en ese primer viaje, no pude darle la espalda a este problema. Año tras año, hemos intentado buscar una solución, ayudar a salvar vidas y a reparar la Amazonía, y hacer que Chevron rinda cuentas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y tuvimos mucho éxito en nuestra labor. La sentencia en Ecuador fue confirmada por la Corte Suprema del país, por la Corte Constitucional de Ecuador. Fue ratificada por la Corte Suprema de Canadá, para efectos de ejecución, en una decisión unánime en 2015. Y los ataques en mi contra son en realidad esfuerzos por utilizar un juez federal de Nueva York para, en esencia, socavar mi labor de apoyo, porque he estado muy involucrado durante muchos años en muchos aspectos de este caso, incluida la recaudación de fondos. He estado en Ecuador más de 200 veces para reunirme con mis clientes. [Chevron] no quiere que yo esté involucrado en este caso y cree que, si estoy encerrado en mi casa, el proceso se irá muriendo. Quiero señalar algo brevemente: este es un caso muy viable. Hay abogados en diferentes países alrededor del mundo, que están explorando posibilidades para hacer cumplir la sentencia contra los activos de Chevron. Y eso esta pasando independientemente de lo que suceda conmigo. Así que, aunque espero que mi familia y yo salgamos bien librados de esto, yo quiero volver a ejercer como abogado de derechos humanos o como defensor de los derechos humanos. Este caso seguirá adelante conmigo o sin mí. Es muy importante que la gente entienda que el caso tiene el respaldo de tribunales de todo el mundo, excepto de este juez de primera instancia en la corte de apelaciones de Nueva York, quien de verdad ha hecho todo lo posible, con base en pruebas sumamente cuestionables que Chevron ha presentado, para intentar atacarme a mí y a los ecuatorianos.

AMY GOODMAN: Quiero invitar a esta conversación a Paul Paz y Miño, director adjunto de la organización Amazon Watch. Usted, junto con Amnistía Internacional, el Gremio Nacional de Abogados de EE.UU., entre otros, está ahora recurriendo al fiscal general Merrick Garland. ¿Puede hablarnos, tanto de lo que le piden al fiscal general que haga, como de usted mismo y su involucramiento con Amazon Watch y otros grupos en Ecuador? Su linaje familiar tiene raíces en Ecuador. ¿Puede hablar sobre lo que debe pasar ahora?

PAUL PAZ Y MIÑO: Sí, absolutamente. Gracias. Y gracias por cubrir este caso, Amy. No puedo pensar en un tema más importante cuando se trata de justicia climática, responsabilidad corporativa y lo que enfrentamos en términos del poder corporativo en EE.UU. La carta que Amazon Watch, Amnistía Internacional EE.UU. y otros grupos han enviado es, como señaló Steven, una solicitud para que el nuevo fiscal general lleve a cabo una revisión del manejo que se le ha dado a este caso, debido a los actos indebidos de arremeter contra Steven Donziger y encerrarlo en su casa durante un año y medio acusado del delito menor de desacato a la corte. Lo que realmente sucede aquí es que Chevron está intentando criminalizar a un abogado de derechos humanos que los venció. Él nunca ha sido acusado, ni mucho menos condenado, por un crimen en ningún lugar. Y ahora las maquinaciones de Chevron a través de Lewis Kaplan, este juez federal, y Loretta Preska, la jueza que él ha designado, están a punto de convertirlo en un delincuente porque no acató las órdenes descabelladas de Kaplan por desacato a la corte. Por lo tanto, para Chevron, Steven Donziger es una táctica. Es una táctica para que ellos no tengan que hablar de lo que realmente hicieron, y que el mundo no ponga atención en lo que hicieron en la Amazonía ecuatoriana. Lo que queremos desde la comunidad que trabaja por los derechos humanos y la justicia ambiental, es que este nuevo Gobierno haga una revisión del poder corporativo, que ha manipulado el sistema judicial para convertir a Steven Donziger en un ejemplo de las consecuencias de enfrentarse al poder corporativo en EE.UU. Y esto es algo escalofriante. Hay una coalición de organizaciones llamada Protect the Protest, que incluye a nuestro grupo, Amnistía Internacional, Greenpeace, y muchas otras organizaciones que se han unido para protegerse mutuamente de los ataques corporativos conocidos como SLAPP. Y eso es esencialmente lo que estamos viendo en este caso, porque…

AMY GOODMAN: Explíquenos qué significa ”SLAPP”.

PAUL PAZ Y MIÑO: ”SLAPP” es la sigla [en inglés] para “pleito estratégico contra la participación pública”. Y así es como las corporaciones evitan que activistas y organizaciones hagan frente a sus abusos. Inmediatamente los atacan con acciones legales infundadas y, en muchas ocasiones, los obligan a gastar todo el dinero que tienen en su defensa. Muchos estados de EE.UU. no tienen legislaciones anti-SLAPP, por lo que, si una corporación presenta ese tipo de demandas en el lugar correcto, te ves obligado a defenderte contra un enorme equipo legal, en algunos casos. En el caso de Chevron, hablamos de 60 firmas de abogados. Y que quede claro: no solo fueron contra Steven Donziger, aunque Steven ha sido quien más ha sufrido sus ataques. También fueron contra Amazon Watch, contra Rainforest Action Network, contra sus propios accionistas, contra los periodistas. Chevron y su bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher, cuya sede está en Washington, D.C, han utilizado tácticas de tierra quemada. Esta firma se enorgullece de lo que llaman el “kill step”, que es una táctica cuyo objetivo es evitar fallos internacionales contra corporaciones estadounidenses atacando a los demandantes en EE.UU. Lo realmente importante aquí es que el racismo ambiental, que ha impregnado desde un principio las operaciones de una empresa petrolera estadounidense, ahora goza de la complicidad del poder judicial de Estados Unidos, y lo que sucede es que los ecuatorianos nunca han tenido acceso a la justicia en Estados Unidos. Como Steven dijo, cuando se presentó por primera vez la demanda contra Texaco en Nueva York, la compañía peleó el caso por ocho años. Y luego la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la misma que ahora tiene a Steven confinado en su casa, envió el caso de vuelta a Ecuador, diciendo que no era la jurisdicción adecuada. Esto se basó en el argumento de Texaco de que el caso no debería ser juzgado en Nueva York. Los ecuatorianos, que han estado sufriendo la contaminación a diario, llevaron su caso a su país y lucharon por casi otra década para responsabilizar a Chevron. Y luego de obtener ese fallo, de hecho dos semanas antes del fallo, Chevron entabló una demanda de manera preventiva en Nueva York, para evitar que ese fallo lo hicieran efectivo en Estados Unidos. La razón por la que esto es importante es que Chevron se libró de una situación en la que debería confrontar la realidad de sus abusos en la Amazonía, y hasta ahora ningún juez en Estados Unidos ha evaluado las actuaciones de Chevron para determinar si deberían pagar por las labores de limpieza. Por otro lado, el peligro para Chevron es que solo han logrado obtener protección en Estados Unidos, pero sin embargo tienen activos en todo el mundo. Entonces, cuando Steven Donziger estaba trabajando con otras personas para hacer cumplir ese fallo internacionalmente, [Chevron] recurrió, no solo a una demanda SLAPP, sino a criminalizarlo, silenciándolo y asegurándose de que no pudiera continuar con su trabajo de procurar el cumplimiento del fallo ecuatoriano.

AMY GOODMAN: El medio Vice produjo un corto documental titulado “El peor desastre petrolero del mundo del que nunca has oído hablar”. Quiero mostrar un fragmento.

PABLO FAJARDO: Texaco utilizó la tecnología más barata con tal de tener mayores ganancias, como recursos económicos, pero a cambio del mayor efecto ambiental y el mayor efecto en la salud de la gente.

ROSA MORENO: De 20 niños que nacen, a 15, 16 niños les da esto.

MADRE ECUATORIANA: Ahora es con mi hija, que tan guambra es mi hija y que tenga esa enfermedad como es el cáncer.

AMY GOODMAN: Steve Donziger, usted escribió en un tuit: “El líder indígena Emergildo Criollo, de la comunidad Cofán, es un hombre al que admiro mucho. Él fue un importante impulsor de la exitosa demanda contra Chevron. Los ingenieros de Chevron le dijeron que el petróleo era 'como la leche' y estaba lleno de vitaminas. Perdió a dos de sus hijos a causa del cáncer”. ¿Puede hablar de él?

STEVEN DONZIGER: Dios mío. Emergildo es uno de los grandes líderes en la Amazonía ecuatoriana y ha sido uno de los principales impulsores de la demanda durante años. Lo conozco desde principios de la década de 1990. Es un líder del pueblo indígena Cofán. Él cuenta historias increíbles de la década de 1980, cuando era un hombre joven. Perdió a varios de sus hijos por la contaminación petrolera. Y cuando los pueblos indígenas se quejaron de ello, los ingenieros de Chevron les dijeron: “Oh, no, esto no es un problema. Este [petróleo] contiene vitaminas. Es como la leche”. ¿Se puede imaginar la falta de respeto y el nivel de abuso? Y esto ejemplifica un asunto más amplio. Este caso lo han liderado personas como Emergildo y otros líderes indígenas, chamanes y líderes de comunidades rurales, como Luis Yanza y otros abogados ecuatorianos, quienes obtuvieron una contundente victoria en los tribunales. En realidad este caso no tiene que ver conmigo. Chevron ha intentado caricaturizar el proceso centrándose en mí. Y es importante que nos enfoquemos en las personas que de verdad continúan sufriendo en Ecuador.

AMY GOODMAN: Solo nos quedan 10 segundos. Hubo una sentencia, que fue reducida a un pago de 9.000 millones de dólares. ¿Qué pasa ahora?

STEVEN DONZIGER: Los ecuatorianos, con sus abogados, continuarán luchando por hacer cumplir la sentencia contra los activos de Chevron y obligar a la empresa a cumplir con la ley. Hemos logrado que rindan cuentas. Ganamos el juicio. Y continuaremos haciendo que rindan cuentas, hasta que de verdad paguen la suma establecida en el fallo. Este caso es viable y aún prosigue.

AMY GOODMAN: Usted continúa bajo arresto domiciliario luego de 600 días.

STEVEN DONZIGER: Sí, sí.

AMY GOODMAN: Steve Donziger, quiero agradecerle por acompañarnos. Abogado de derechos humanos que ganó una demanda contra Chevron en Ecuador. Él está a la espera de una decisión sobre su libertad después de casi 600 días de arresto domiciliario. Soy Amy Goodman. Protéjanse. Usen mascarilla.

Traducido por Iván Hincapié. Editado por Igor Moreno Unanua.