Titulares17 de marzo de 2021

En la ciudad de Atlanta, un hombre armado mató a tiros a ocho personas en tres salones de masajes el martes por la noche. Seis de las víctimas eran de ascendencia asiática y todas menos una eran mujeres. Se ha detenido a un sospechoso blanco de 21 años de edad, Robert Aaron Long. Los delitos de odio contra la población asiática se han disparado desde el comienzo de la pandemia. El centro Stop Asian American Pacific Islander Hate (Paren el odio contra los asiático estadounidenses y los isleños del Pacífico, en español) sostiene que se han denunciado casi 4.000 delitos contra la comunidad asiática en el último año. Varias ciudades, incluida Nueva York, han anunciado que desplegarían más agentes de policía en los vecindarios asiáticos tras el ataque, a pesar de que muchas personas de las comunidades asiáticoestadounidenses argumentan que aumentar la vigilancia policial no hace nada para solucionar los problemas subyacentes, sino que contribuye al racismo estructural y sistémico.

Un nuevo informe de la organización Public Citizen revela que alrededor de un tercio de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos estuvieron vinculadas a la falta de seguro de salud. Se han registrado casi 537.000 muertes desde el inicio de la pandemia en el país. Public Citizen también afirmó que probablemente se habrían prevenido millones de contagios si hubiera un programa como Medicare para Todos vigente, una propuesta que busca ampliar a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare, que en la actualidad garantiza cobertura sanitaria a las personas mayores de 65 años o discapacitadas.

Esto se produce al tiempo que las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Debbie Dingell presentaron el miércoles la Ley Medicare para Todos de 2021, un año después de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en los 50 estados y el Distrito de Columbia. El proyecto de ley tiene más de 100 copatrocinadores. El presidente Biden ha rechazado la propuesta de Medicare para Todos, a pesar de que el proyecto cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población estadounidense.

La cadena de noticias CNN informa que la Casa Blanca planea distribuir más vacunas contra la COVID-19 en áreas del país que recientemente están presentando altos niveles de contagios en un intento por frenar nuevos brotes, incluidos aquellos vinculados a las variantes que se consideran más contagiosas. Aunque en general los casos de coronavirus han disminuido de forma drástica desde el aumento presenciado entre diciembre y enero en el país, más de una docena de estados han registrado un incremento en la cantidad de casos nuevos.

En el estado de Oklahoma, la Nación Chickasaw y otros territorios tribales han comenzado a ofrecer citas para vacunar a todos los residentes del estado. Las comunidades indígenas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, pero los prestadores de servicios sanitarios de las tribus han llevado a cabo una distribución de las vacunas más eficaz que muchos estados y condados del país.

La empresa Moderna ha iniciado ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en menores y bebés a partir de los seis meses de edad.

En la ciudad de Washington, D.C., el Senado confirmó a Isabel Guzmán como directora de la Administración de Pequeños Negocios, donde supervisará la implementación del Programa de Protección de Sueldos, una parte clave del paquete de ayuda financiera por el coronavirus que acaba de aprobarse.

La Organización Mundial de la Salud pidió prudencia a los países que estén considerando implementar certificados de vacunación, incluso el posible uso de “pasaportes de vacunación”.

Doctor Michael Ryan: “Tenemos que ser muy cuidadosos, porque en este momento estamos lidiando con una situación de gran iniquidad en el mundo, donde la probabilidad de conseguir o recibir una vacuna tiene mucho que ver con el país donde uno vive, con el nivel de riqueza, con el nivel de influencia de cada uno o de su Gobierno en los mercados mundiales”.

En Yemen, la organización Human Rights Watch publicó el martes un informe sobre el devastador incendio que provocó la muerte de al menos 60 refugiados, en su mayoría de Etiopía, a principios de marzo en una cárcel para inmigrantes ubicada en la capital, Saná. Según se informa, el incendio se desató luego de que las fuerzas de seguridad hutíes lanzaran proyectiles hacia el interior de la cárcel, donde los refugiados habían estado protestando por sus condiciones precarias. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los sobrevivientes del incendio.

Ibrahim Mohamed: “Inhalé el humo, me ahogué y me desmayé. Me envolví con una manta y salté por la ventana. Vi a mis amigos quemarse hasta morir”.

En otras noticias de Yemen, decenas de manifestantes irrumpieron el martes en el palacio presidencial en la ciudad portuaria de Adén para exigir el pago de salarios atrasados y mejores condiciones de vida. Los manifestantes, que eran trabajadores del sector público, se retiraron de manera pacífica después de hacer sus exigencias. La guerra y el bloqueo liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos han paralizado la economía de Yemen y han creado el peor desastre humanitario del mundo.

La periodista colombiana Jineth Bedoya ha acusado a paramilitares de derecha respaldados por el Estado de secuestrarla, torturarla y violarla en el año 2000. Bedoya le dijo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue secuestrada en las afueras de una cárcel en la ciudad de Bogotá mientras realizaba un viaje para hacer un reportaje. Luego, fue drogada, golpeada y violada repetidas veces por varios atacantes. En ese momento, Bedoya estaba investigando escuadrones de la muerte paramilitares de derecha respaldados por Estados Unidos en Colombia. Bedoya dijo que, desde entonces, ha enfrentado décadas de “persecución, intimidación y amenazas constantes”. Colombia está tratando de impedir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siga adelante con el caso intentando obtener la recusación de cinco de los seis jueces de la corte. Bedoya habló sobre el impacto de su caso en un video publicado en las redes sociales a principios de marzo.

Jineth Bedoya: “Llevar mi caso ante un tribunal internacional no solamente es reivindicar lo que me ha ocurrido a mí como mujer y periodista, es también abrir una puerta de esperanza para miles de mujeres y niñas que como yo tuvieron que enfrentar la violencia sexual en medio del conflicto armado colombiano”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que su Gobierno expandirá el límite de su arsenal nuclear, aumentando el número de ojivas nucleares Trident en más de un 40%. La medida pone fin a tres décadas de un desarme nuclear gradual en el país.

Mientras tanto, en Estados Unidos, un nuevo informe de la Federación de Científicos Estadounidenses revela que existen planes para construir un nuevo misil nuclear de 100 mil millones de dólares. El proyecto ha sido impulsado por grupos de presión industriales y políticos cuyos estados obtendrían un beneficio económico por el proyecto, a pesar de las objeciones por parte de líderes militares y civiles con respecto al costo y la falta de relevancia para la seguridad nacional que un “arma de la era de la Guerra Fría” representa. El costo de construir y mantener el misil disuasivo estratégico terrestre podría ascender a 264 mil millones de dólares en las próximas décadas y sería construido por el contratista militar Northrop Grumman con la ayuda de la empresa armamentista Lockheed Martin, entre otras.

En Washington, D.C., continúa el debate sobre la regla de obstruccionismo legislativo en el Senado. El martes, el presidente Biden dijo que apoya el regreso a la regla de obstruccionismo legislativo que permite que los legisladores retrasen la aprobación de un proyecto de ley mediante largas intervenciones en el pleno del Senado.

El miércoles por la mañana, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, amenazó con que, si los demócratas toman medidas para eliminar el obstruccionismo, su partido podría recurrir a una estrategia de “tierra arrasada”, en referencia a una táctica militar que consiste en destruir todo lo que sea de utilidad al enemigo durante la retirada. Además, McConnell sostuvo que la situación en el Senado se asemejaría al bloqueo en el tráfico generado por “un choque de cien automóviles”, y advirtió que los republicanos tomarían represalias con leyes conservadoras si vuelven a controlar el Senado, o cuando lo hagan.

El lunes, el jefe de disciplina de la mayoría demócrata en el Senado, Dick Durbin, tomó la palabra para pedir el fin del obstruccionismo, después de argumentar que el Senado había “tocado el fondo del proceso legislativo”.

Senador Dick Durbin: “Hoy, casi 65 años después de la maratónica defensa de Jim Crow por parte de Strom Thurmond, el obstruccionismo sigue burlándose de la democracia estadounidense. Algunos senadores todavía hacen un uso indebido del obstruccionismo para bloquear legislaciones urgentes que cuentan con el apoyo de la gran mayoría del pueblo estadounidense”.

Al menos dos senadores demócratas, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, se han opuesto a acabar con la regla de obstruccionismo legislativo, aunque Manchin indicó recientemente que podría estar dispuesto a apoyar una reforma.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse está pidiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue la verificación de los antecedentes del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh llevada a cabo por el FBI en 2018, ya que argumenta que fue “políticamente limitada y quizás falsa”. El juez Kavanaugh fue acusado por Christine Blasey Ford de haberla agredido sexualmente cuando eran adolescentes, además de enfrentar varias otras acusaciones de conducta sexual inapropiada. Sin embargo, el FBI no entrevistó a Blasey Ford ni a otras personas que hicieron acusaciones similares durante su investigación. Whitehouse también está planteando preguntas sobre el historial de deudas personales considerables de Kavanaugh, que al parecer desaparecieron poco antes de que Donald Trump lo nominara a la Corte Suprema.

Al tiempo que continúan las investigaciones sobre la insurrección mortal del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, una joven de 16 años testificó en una audiencia judicial del juicio contra su padre, un residente del estado de Texas que es miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha conocido como Three Percenters y que presuntamente abrió una empresa de seguridad para eludir las leyes para el control de armas. Después de la insurrección, Guy Reffitt amenazó con asesinar a sus dos hijos adolescentes si lo denunciaban y les dijo que “los traidores mueren a balazos”.

En Nueva York, más de 3.000 asistentes de investigación y de cátedra de la Universidad de Columbia iniciaron un paro después de dos años de negociaciones fallidas con la prestigiosa universidad sobre el primer contrato de su sindicato. Los estudiantes de posgrado que trabajan como asistentes de cátedra exigen salarios justos y mejoras en los beneficios de atención médica y cuidado infantil, así como protecciones contra la discriminación y el acoso sexual en el trabajo. Los trabajadores sostienen que Columbia ha amenazado con retener el pago de quienes están en huelga y que está difundiendo mensajes antisindicales a los estudiantes.

En más noticias laborales de Nueva York, los taxistas han estado liderando manifestaciones diarias durante más de una semana contra el plan del alcalde Bill de Blasio que, según él, ofrecerá alivio a los dueños de medallones de taxis que estaban fuertemente endeudados y que han sufrido profundas pérdidas económicas durante la pandemia. Los taxistas se manifestaron contra los suicidios y la bancarrota que su gremio en la ciudad de Nueva York está experimentando.

Taxistas: “¡No más suicidios! ¡No más bancarrota! ¡No más bancarrota! ¡No más suicidios!”.

El plan del alcalde Bill de Blasio no brinda ningún alivio de la deuda. En su lugar, ofrece préstamos modestos a los taxistas para que paguen sus deudas, acumuladas en gran parte debido al costo inflado artificialmente de los medallones de taxi. Bhairavi Desai, de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, dijo lo siguiente al respecto: “Se trata de un rescate en efectivo para los prestamistas, mientras que los conductores se ahogan en deudas, ejecuciones hipotecarias y bancarrotas. (…) El plan del alcalde es una traición deplorable por parte de una ciudad que ya tiene las manos manchadas de sangre”.