El número de muertes en Gaza ha llegado a 213, al tiempo que Israel continúa bombardeando el territorio sitiado por aire, tierra y mar usando bombas y aviones de combate fabricados en Estados Unidos. Los funcionarios de salud de Gaza dicen que hay 61 menores y 36 mujeres entre los fallecidos. Más de 1.400 palestinos han resultado heridos. Otros 58.000 han tenido que desplazarse a otras partes de la franja y se enfrentan a una escasez de alimentos, medicamentos y suministros.
El domingo, rescataron a una niña de seis años de edad, Suzy Eshkuntana, que había quedado atrapada debajo de los escombros de su casa en la ciudad de Gaza después de que un ataque aéreo matara a su madre y a sus cuatro hermanos. Su padre, Riyad, fue el único otro miembro de su familia que sobrevivió.
Riyad Eshkuntana: “Corrí a ver cómo estaban las niñas. Mi esposa se levantó corriendo. Abrazó a las niñas y las sacó de la habitación. Luego, un segundo ataque impactó en la habitación. Sentí cómo se destruía el techo y quedé bajo los escombros. La última vez que vi a mi esposa, vi que se arrojaba al suelo y que el concreto le caía sobre la cabeza”.
Un ataque aéreo israelí llevado a cabo el lunes causó daños en la oficina de la organización humanitaria catarí Media Luna Roja. Otro de los bombardeos afectó el único laboratorio de pruebas de diagnóstico de COVID-19 en Gaza. Una clínica administrada por Médicos sin Fronteras fue impactada por un ataque israelí el domingo. La Organización Mundial de la Salud informa que los ataques israelíes han dañado al menos 18 hospitales y clínicas de Gaza.
La Casa Blanca dijo que el presidente Biden expresó su apoyo a un alto el fuego durante una llamada telefónica el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, pero no exigió directamente que Israel detuviera los ataques. El presidente estadounidense se enfrenta a la presión de más de veinte senadores demócratas que piden un alto el fuego.
Además, la congresista demócrata del estado de Minesota Ilhan Omar exigió que el Gobierno detenga sus planes de venderle armas a Israel y escribió: “Sería terrible que el Gobierno de Biden siguiera adelante con sus planes de venderle a Netanyahu armamento teledirigido de alta precisión por un valor de 735 millones de dólares sin ningún tipo de condiciones ante la intensificación de la violencia y los ataques contra civiles”.
En Etiopía, la cadena de noticias CNN informa que tropas eritreas se están haciendo pasar por soldados etíopes para impedir que ayuda humanitaria de importancia crítica llegue a las poblaciones hambrientas en Tigray, una región devastada por la guerra. La Organización Mundial de la Salud afirma que casi cinco millones de personas en Tigray necesitan ayuda humanitaria, al tiempo que cada vez más personas sufren de desnutrición aguda y grave. Algunas personas ya han muerto de hambre y se están registrando masacres indiscriminadas y violencia sexual generalizada por parte de los combatientes. Durante el fin de semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a los Gobiernos de Etiopía y Eritrea que dejen de impedir la llegada de ayuda humanitaria a la región.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes que escucharía una impugnación a una ley de Misisipi que prohíbe casi todos los tipos de aborto después de las 15 semanas de embarazo, incluso en casos de violación o incesto. Es la primera vez que los jueces designados por Trump, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, presidirán una impugnación importante al fallo histórico del caso de 1973 Roe contra Wade, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos. Los alegatos orales tienen programado comenzar en octubre. Se espera que el fallo se emita el próximo año. Staci Fox, de Southeast Advocates de la Federación de Estados Unidos para la Planificación Familiar, dijo en un comunicado: “Sabíamos que llegaría el día en que esa peligrosa legislación no solo amenazaría la salud, la vida y las libertades de los habitantes de Misisipi, sino de todo el país. Ese día finalmente ha llegado”.
En Nueva York, el juicio federal contra el abogado medioambientalista y defensor de los derechos humanos Steven Donziger concluyó el lunes, y la defensa se negó a llamar testigos al estrado después de desestimar el juicio como una “farsa”. Donziger ha estado bajo arresto domiciliario durante más de 600 días por acusaciones de desacato al tribunal después de negarse a entregar su computadora y teléfono celular para la causa. El caso se deriva de la campaña legal sin precedentes de la compañía Chevron contra Donziger por su papel en conseguir un acuerdo de 18.000 millones de dólares en nombre de 30.000 indígenas amazónicos que sufrieron los efectos de los desechos tóxicos de la extracción de petróleo realizada por Chevron en el Amazonas. En un giro legal inusual, el juez nombró a un bufete de abogados privado vinculado a Chevron para ejercer de acusación contra Donziger, luego de que la fiscalía federal se negara a presentar cargos. Donziger habló con periodistas antes de que concluyera el juicio.
Steven Donziger: “Los testigos de Chevron admitieron que se habían reunido varias veces con los abogados corporativos de un bufete de abogados de Chevron que actuaban como parte acusatoria para ayudarlos a preparar sus cargos públicos en mi contra en un intento de condenarme. […] Este es un proceso que está diseñado estructuralmente para favorecer a Chevron y pisotear mi derecho a un debido proceso. No puedo tener un juicio justo”.
Se espera que se emita un veredicto en junio. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista completa con Steven Donziger.
En el estado de Arizona, dirigentes republicanos del condado de Maricopa están exigiendo el fin del recuento solicitado por el Partido Republicano de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2020, y lo han calificado como un “chiste” y un “engaño disfrazado de auditoría”. En abril, los republicanos del Senado de Arizona formularon citaciones formales para tener acceso a 2,1 millones de boletas, máquinas para contar las boletas y discos duros de computadoras en el condado de Maricopa, la región más poblada del estado. El recuento está presidido por Cyber Ninjas, una empresa sin antecedentes de trabajo en seguridad electoral. El director ejecutivo de la empresa ha defendido teorías conspirativas que afirman que Biden ganó las elecciones presidenciales de forma fraudulenta. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Jack Sellers, se pronunció el lunes al respecto.
Jack Sellers: “Esta junta ya le no explicará más nada a estas personas que están jugando a ser investigadores con las boletas y el equipo de nuestros votantes, pagados con dólares que vienen de los impuestos de personas reales. Las boletas y el dinero de las personas no son ficción. Es hora de terminar con esta locura y continuar con los asuntos críticos que le competen a nuestro condado”.
En noticias de inmigración, un nuevo informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles dice que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no hizo casi nada para prevenir los brotes de COVID-19 dentro de las cárceles de inmigrantes e incluso ocultó la cantidad de personas bajo su custodia hospitalizadas durante la pandemia. Un total de más de 14.000 personas dieron positivo por COVID-19 mientras estaban bajo la custodia del Servicio de Inmigración. Las cifras oficiales reportaron la muerte de nueve reclusos por coronavirus en las cárceles de Inmigración, pero varias otras personas murieron poco después de su liberación.
Esto se produce al tiempo que más de 20.000 inmigrantes se encuentran actualmente encarcelados bajo la custodia del Servicio de Inmigración, cifra que ha aumentado desde las casi 15.000 personas que estaban detenidas cuando concluyó el mandato de Trump. En una carta firmada por más de 30 demócratas de la Cámara de Representantes, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez escribió: “En Estados Unidos, estamos ajustando cuentas con la injusticia racial, las comunidades de todo el país piden el fin del encarcelamiento masivo y de la vigilancia policial racista. Es hora de acabar con el enfoque carcelario de la inmigración, que se fundamenta en estos mismos defectuosos sistemas”.
El lunes, las autoridades españolas detuvieron a unos 5.000 refugiados que nadaron desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta en el norte de África. Entre ellos había unos 1.500 menores. Un portavoz del Gobierno español dijo que una persona murió mientras intentaba cruzar hasta Ceuta. Mientras tanto, el grupo de ayuda humanitaria alemán Sea-Eye dice que rescató a por lo menos 330 refugiados en los últimos días que intentaban cruzar el Mediterráneo para huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
En El Salvador, el lunes, líderes transgénero salieron a las calles de la capital, San Salvador, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y para exigir que el Gobierno salvadoreño promulgue protecciones para la comunidad trans. Estas fueron las palabras expresadas por la activista trans Britany García.
Britany García: “Y poder marchar para exigirle a la Asamblea Legislativa la discusión y una pronta aprobación de una ley de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? La ley de identidad de género es el cambio de nombre, sexo y género en nuestros documentos de identidad. Y que esta pueda ser la puerta para poder acceder a nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales en el país. Ya que las personas trans en El Salvador no existimos”.
El Salvador, así como los vecinos Guatemala y Honduras, se encuentra entre los países más violentos para las personas transgénero y LGBTQ.