Titulares04 de mayo de 2021

El presidente Biden aumentó a 62.500 la cuota de refugiados que Estados Unidos admitirá este año fiscal. El anuncio de Biden se produce después de semanas de críticas por parte de grupos de defensa de los derechos de los refugiados y algunos demócratas que condenaron su decisión anterior de mantener el límite máximo de 15.000 refugiados impuesto por el Gobierno de Trump, un mínimo histórico. Biden también puso fin a las restricciones impuestas por el Gobierno de Trump a los refugiados provenientes de Siria, Yemen y Somalia, además de aumentar las cuotas reservadas para refugiados provenientes de América Central, África y el Medio Oriente. Los grupos de defensa de los derechos humanos celebraron la medida del presidente, ya que se espera que allane el camino para cumplir la promesa original de campaña de Biden de aumentar el límite máximo a 125.000 refugiados para el próximo año fiscal. No obstante, Biden admitió el lunes que es probable que Estados Unidos no logre alcanzar ninguno de esos objetivos para 2021 o 2022, debido a la pandemia y a los obstáculos que dificultan el proceso de reasentamiento de refugiados, por los que el actual presidente estadounidense responsabiliza al Gobierno de Trump. El grupo humanitario World Relief dijo en abril que el argumento del Gobierno de Biden de que es necesario reconstruir por completo el proceso de reasentamiento de refugiados es “una narrativa completamente falsa” y “un cálculo puramente político”. Solo alrededor de 2.000 refugiados fueron reasentados en Estados Unidos entre octubre del año pasado y marzo de este año.

En más noticias sobre inmigración, el Gobierno de Biden va a permitir que cuatro familias provenientes de Honduras, Guatemala y México que fueron separadas por el Gobierno de Trump tras su llegada a la frontera sur de Estados Unidos puedan reencontrarse. Estas son las primeras familias que se reunirán en territorio estadounidense desde que el Gobierno de Biden inició su proceso de reunificación. Al menos dos de las madres han estado separadas de sus hijos desde 2017. De los más de 1.000 menores que continúan separados de sus familias, el Gobierno de Biden ha acordado por ahora reunir a 35 progenitores con sus hijos. La agrupación de justicia para inmigrantes Al Otro Lado dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha hecho nada para facilitar el ingreso de los cuatro padres al país, sino que la agrupación fue la que se encargó de negociar sus visas de viaje, pagar por sus boletos de avión y organizar el reencuentro. En un comunicado, el grupo declaró: “Estas madres llevan más de tres años esperando [la reunificación] mientras están en peligro en México. […] Representamos a más de otros 30 padres y madres que, al igual que ellas, estaban listos para regresar al país el primer día de la presidencia de Biden. […] No hay ningún motivo, aparte de la falta de voluntad política, para que el Departamento de Seguridad Nacional haga que estas familias pasen por un día más de separación y tortura”.

India registró el martes otros 357.000 casos nuevos de coronavirus y casi 3.500 muertes por la enfermedad, al tiempo que el número total de casos del país desde el inicio de la pandemia superó los 20 millones. No hay indicios de que se pueda solucionar la escasez crítica de oxígeno en el país, y sus residentes han recurrido a las redes sociales para pedir cilindros de oxígeno para familiares y amigos enfermos. Mientras tanto, las largas filas en los crematorios y los hospitales desbordados de todo India indican que el Gobierno está subestimando inmensamente las dimensiones de la crisis en el país. Estas fueron las palabras expresadas por un trabajador de un crematorio en la capital, Nueva Delhi.

Om Prakash: “La gente está esperando al menos entre cinco y siete horas para tener la oportunidad de cremar los cuerpos. Los cuerpos ni siquiera tienen una cremación como corresponde porque solo hay cuatro o cinco sacerdotes para llevar a cabo los rituales. Aunque, como pueden ver, las cremaciones son rápidas, todavía hay una larga fila de ambulancias que transportan cadáveres de víctimas de COVID-19 esperando fuera del crematorio”.

La crisis de la COVID-19 que devasta India se ha propagado al vecino Nepal, que registró un récord de casos diarios el martes. El Ejército de Nepal comenzó a cremar los restos de las víctimas de COVID-19 en áreas abiertas de la ciudad de Katmandú después de que los templos y los crematorios se quedaran sin espacio. El Ministerio de Salud del país hizo un llamado urgente para solicitar millones de dosis de vacunas y declaró que la crisis está “fuera de control”.

La crisis de la COVID-19 no parece tener fin en América del Sur. En Argentina, el número total de casos de coronavirus alcanzó los tres millones esta semana, con muchas camas de hospital y unidades de cuidados intensivos al máximo de su capacidad. En Brasil, donde la pandemia ha sido la causante de una de cada tres muertes en 2021, las autoridades han comenzado a retrasar las citas para recibir la segunda dosis debido a la escasez de vacunas contra la COVID-19.

El Gobierno de Biden enfrenta una creciente presión para respaldar una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, al tiempo que la Organización Mundial del Comercio prepara reuniones para el miércoles y el jueves. Decenas de países del hemisferio sur, liderados por India y Sudáfrica, están presionando para que se establezca una exención que permita a los países aumentar la producción de vacunas, inocular a más personas y poner fin a la pandemia lo antes posible. El lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la regla de la Organización Mundial del Comercio que permite una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual se redactó con el fin específico de abordar emergencias globales como la pandemia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus: “La disposición para eximir los derechos de propiedad intelectual estaba destinada a abordar esta situación, estaba destinada a abordar emergencias, y esta crisis no tiene precedentes”.

El lunes, la empresa Moderna anunció que pondría 500 millones de dosis de su vacuna a disposición de los países más pobres a fines de este año. Kate Elder, la asesora principal de políticas de vacunas de Médicos sin Fronteras, celebró con satisfacción el anuncio de Moderna, pero señaló que la distribución de las grandes tandas de dosis está programada para 2022. Elder publicó lo siguiente en Twitter: ”LAS DOSIS SE NECESITAN AHORA”.

Estados Unidos registró menos de 50.000 casos nuevos de coronavirus el lunes, mientras que el promedio de nuevos contagios en los últimos siete días llegó a su nivel más bajo desde octubre. Las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 continúan disminuyendo gradualmente.

En el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis suspendió el lunes la última de las restricciones destinadas a frenar la propagación de la COVID-19 en el estado, luego de aprobar un proyecto de ley que le permitirá anular las órdenes locales de emergencia.

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut anunciaron el lunes que retirarán la mayoría de las restricciones contra la COVID-19 el 17 de mayo. El metro de la ciudad de Nueva York volverá a funcionar las 24 horas del día, mientras que los restaurantes, museos, teatros, gimnasios y comercios minoristas se preparan para aumentar sus servicios.

Asimismo, el periódico The New York Times informa que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tiene programado autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica Pfizer para jóvenes de 12 a 15 años de edad a principios de la próxima semana.

En el estado de Carolina del Norte, Andrew Brown Jr. fue sepultado el lunes en medio de crecientes interrogantes sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a los agentes de policía a matarlo a disparos el 21 de abril. Brown era un hombre negro de 42 años y padre de diez hijos que vivía en la ciudad de Elizabeth City y que recibió cinco disparos por parte de agentes de policía que cumplían una orden de arresto. Una de las balas impactó a Brown en la nuca. A los familiares de Brown solo se les ha permitido ver un video de 20 segundos de una de las cámaras corporales de la policía, que según ellos muestra que Brown tenía las manos en el volante de su automóvil en el momento de su muerte. El lunes, el reverendo Al Sharpton pronunció la elegía en el funeral de Andrew Brown.

Reverendo Al Sharpton: “Reconozco una estafa cuando la veo. Publiquen toda la grabación y dejen que la gente vea lo que le pasó a Andrew Brown. […] ¡Esto debe terminar! ¡Ya es suficiente! ¿Cuántos funerales tenemos que organizar antes de decirles al Congreso y al Senado que deben actuar ahora?”.

El presidente Joe Biden comenzó el lunes una gira por todo el país para promocionar su propuesta de destinar cuatro billones de dólares para construir infraestructura, y alegó que es hora de que las corporaciones y los hogares más ricos “comiencen a pagar su parte equitativa” de los impuestos. Biden habló desde un centro de formación comunitario en la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia.

Presidente Joe Biden: “Vengo de la capital corporativa del mundo. Hay más empresas registradas en el estado de Delaware que en todo el resto de la nación. Y yo no estoy en contra de las corporaciones, pero ya es hora de que comiencen a pagar lo que les corresponde”.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tomó medidas el lunes para eliminar de forma gradual el uso de hidrofluorocarbonos, gases de efecto invernadero altamente potentes que suelen usarse como refrigerantes. El plan de la agencia exige que el uso de sustancias químicas se reduzca en un 85% durante los próximos 15 años. Científicos especialistas en clima afirman que una rápida eliminación escalonada de los hidrofluorocarbonos en todo el mundo ayudaría a prevenir un aumento de medio grado Celsius de la temperatura mundial para fines de siglo.

En el estado de Virginia Occidental, el lunes se inició un juicio histórico en un tribunal federal al tiempo que los Gobiernos locales pretenden hacer que las compañías farmacéuticas rindan cuentas por la crisis de opioides en el país. La ciudad de Huntington y el condado de Cabell, en Virginia Occidental, buscan obtener una indemnización de más de 1.000 millones de dólares por parte de los tres distribuidores de medicamentos más grandes del país: McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health. Los demandantes afirman que las compañías distribuyeron montones de analgésicos adictivos en sus comunidades a pesar de los peligros conocidos de estos narcóticos, lo que provocó un “perjuicio público” y alimentó la devastadora epidemia de opioides del país, que se ha cobrado cientos de miles de vidas. Si las compañías pierden la demanda, el caso podría tener consecuencias importantes para miles de demandas similares presentadas en todo el país por ciudades, condados, tribus de indígenas estadounidenses, entre otros.

En Colombia, la familia de Marcelo Agredo, de 17 años, exige justicia después de que un agente de policía le disparara y lo matara mientras participaba en una protesta contra las reformas fiscales propuestas la semana pasada por el Gobierno. Un video perturbador recientemente publicado muestra que Agredo patea a un oficial de policía y luego sale corriendo mientras el agente saca una pistola y le dispara en la cabeza. Agredo estaba en la marcha con su hermano. Su padre es un taxista jubilado. Al menos 19 personas han muerto y cientos más han resultado heridas durante las manifestaciones.

Las manifestaciones multitudinarias continúan en el país incluso después de que el presidente Iván Duque retirara las reformas fiscales que tenía planificada, al tiempo que aumenta la ira contra su Gobierno de derecha debido al incremento de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad en el país.

En El Salvador, grupos de defensa de los derechos humanos advierten sobre un agravamiento de la crisis política luego de que la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el partido político del presidente Nayib Bukele, votara para destituir a cinco jueces de la Corte Suprema. El fiscal general salvadoreño también ha sido destituido. El Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, o CISPES, ha calificado su destitución como ilegal y como un ataque a las instituciones democráticas. Otros grupos salvadoreños condenaron la medida.

José Marinero: “Condenamos categóricamente este golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, que, mediante la cooptación de la justicia, pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona”.

En respuesta, CISPES está exigiendo que Estados Unidos retire los fondos para la policía y el Ejército salvadoreños y que deje de enviar ayuda, ya que, según ellos, solo beneficia los intereses económicos de la élite corrupta.

En la Ciudad de México, al menos 23 personas murieron y otras decenas resultaron heridas el lunes por la noche después de que colapsara un tramo de una vía elevada mientras pasaba un tren. Dos vagones del metro quedaron colgando del puente desplomado. Las operaciones de rescate se interrumpieron durante la noche para que las autoridades usaran una grúa para estabilizar los restos del tren y evitar que terminara de caerse. Los residentes locales habían denunciado grietas en el puente después de que un fuerte terremoto sacudiera la ciudad en 2017.

El senador republicano del estado de Texas Ted Cruz enfrenta duras críticas luego de amenazar con tomar represalias contra las corporaciones cuyos directores ejecutivos se han pronunciado en contra de las iniciativas de restricción de la participación de votantes, como la ley electoral recientemente aprobada en el estado de Georgia. En un artículo de opinión recientemente publicado en el periódico The Wall Street Journal y titulado “Su dinero con 'conciencia social' no nos sirve”, el senador Cruz escribe: “Esta vez, no miraremos para otra parte con respecto a los doce mil millones de dólares en impuestos adeudados por Coca-Cola. Esta vez, cuando las Grandes Ligas de Béisbol presionen para preservar su excepción a las leyes antimonopolio, la cual les genera miles de millones de dólares en beneficios, les diremos que no, gracias”. En respuesta, Walter Shaub, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, publicó lo siguiente en Twitter: “Esta podría ser la declaración pública más corrupta que haya hecho un senador”.

Los legisladores republicanos del estado de Kansas no consiguieron promulgar una legislación para prohibir que los y las atletas transgénero participen en competencias deportivas para mujeres y niñas. La votación de 26 contra 14 celebrada el lunes en el Senado estatal de Kansas no llegó, por un solo voto, a la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly. Recientemente, se han aprobado proyectos de ley antitransgénero similares en los estados de Alabama, Arkansas, Idaho, Misisipi, Tennessee y Virginia Occidental.

La comunidad transgénero está de luto por la muerte de la leyenda del baile de salón y activista Jahaira DeAlto, a quien asesinaron a puñaladas el domingo en la ciudad de Boston. DeAlto tenía 43 años de edad. DeAlto pertenecía a la Casa de Balenciaga, que declaró en un comunicado: “No nos olvidemos de su trabajo constante contra el maltrato doméstico y continuemos conmemorando su nombre y asegurándonos de que su memoria viva en este giro irónico del destino”. La Casa de Balenciaga es una organización dedicada a acoger a las personas que tienen que abandonar sus hogares debido a la discriminación que sufre la comunidad transgénero. DeAlto también fue la cuidadora de otros miembros de la comunidad trans. El año pasado, en el Día de la Madre, DeAlto escribió en Twitter: “Soy la madre que crió a aquellos menores cuyo arco iris era tan brillante que cegaba a sus madres biológicas. Yo encontré valor en lo que ellas descartaron. […] Cuando sus bebés todavía necesitaban que los criaran, yo lo hice”. DeAlto es al menos la vigésimo primera persona trans asesinada en Estados Unidos en lo que va del 2021. Los grupos activistas están preocupados de que este año se convierta en el más mortífero para las personas trans en el país.