Titulares09 de junio de 2021

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, concluyó el martes su visita a América Latina después de reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y elogiar la “nueva era” de relaciones bilaterales entre los dos países. Estados Unidos y México se comprometieron a continuar con sus iniciativas conjuntas para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a la frontera, para lo cual México ha recibido fondos de Estados Unidos durante años. Los solicitantes de asilo que atraviesan México para llegar a Estados Unidos a menudo enfrentan racismo y actos mortales de violencia por parte de las autoridades mexicanas y del crimen organizado.

Harris fue criticada por no haber visitado aún la frontera entre Estados Unidos y México. El presentador de la cadena NBC News Lester Holt cuestionó a la vicepresidenta al respecto el martes.

Vicepresidenta Kamala Harris: “Así que, con respecto a todo este asunto de la frontera, nosotros hemos ido a la frontera. Hemos estado en la frontera”.

Lester Holt: “Usted no ha estado en la frontera”.

Vicepresidenta Kamala Harris: “Y tampoco he ido a Europa. La verdad, no entiendo a qué apunta ese comentario”.

Más de 2.000 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México aún podrían seguir sin reunirse con sus padres, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional. El informe reveló que casi 4.000 menores fueron sometidos a la política de separación de familias impuesta por el Gobierno de Trump. Un grupo de trabajo creado por el Gobierno de Biden para reunir a las familias separadas solo ha reunificado a siete menores hasta el momento.

En otras noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN informa que se han desplegado agentes fronterizos de Estados Unidos en la ciudad mexicana de Cancún para vigilar y detener a los viajeros que se sospeche que pasan por esa ciudad costera del sur de México con la intención de solicitar asilo en la frontera.

En otras noticias sobre inmigración, la gran empresa canadiense de medios y datos Thomson Reuters se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner fin a sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Reuters acaba de firmar un nuevo contrato multimillonario con el Servicio de Inmigración para concederle acceso a un lector de matrículas de automóviles que tiene el fin de ayudar a la agencia a rastrear el movimiento de vehículos en todo el país. Hasta hace poco, Reuters también le proporcionaba al Servicio de Inmigración un software llamado CLEAR, que contribuía a vigilar y consolidar los registros públicos de inmigrantes que luego podían ser blanco de deportación. Reuters celebrará una reunión anual de accionistas este miércoles, y los activistas piden que los inversores le exijan a la junta directiva que corte sus lazos con el Servicio de Inmigración. La agrupación de justicia para inmigrantes Mijente, que ha estado liderando la campaña, dijo: “Esta tecnología continúa facilitando deportaciones y redadas, lo que aterroriza y angustia a las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos. Esto debe terminar”.

En la ciudad de Washington D.C., el presidente Biden abandonó las conversaciones con los republicanos del Senado para alcanzar un acuerdo bipartidista sobre su propuesta para incentivar el empleo y construir infraestructura, después de semanas de negociaciones fallidas. Los republicanos han rechazado las propuestas de aumentar los impuestos a las corporaciones y a los ultrarricos para ayudar a financiar el plan. La Casa Blanca anunció que Biden comenzará a negociar con otro grupo bipartidista de senadores con la esperanza de rescatar el proyecto de ley. Mientras tanto, un bloque bipartidista en el Congreso de Estados Unidos conocido como los “Solucionadores de Problemas”, formado por docenas de miembros de la Cámara de Representantes, ha propuesto un paquete de gastos públicos valuado en 1,2 billones de dólares. Biden se embarcará en un viaje de una semana a Europa para asistir a la cumbre del G7, entre otras actividades.

Destacados líderes y grupos de defensa de los derechos civiles se reunieron el martes con el senador del estado de Virginia Occidental Joe Manchin con la esperanza de convencer al demócrata conservador de que apoye la “Ley para el Pueblo 2021”, un amplio proyecto de ley destinado a proteger el derecho al voto a nivel federal en Estados Unidos. Manchin dijo que las conversaciones no cambiaron su oposición a la iniciativa, a pesar de que copatrocinó el proyecto de ley hace solo dos años, en 2019, aunque la medida tampoco contaba con el apoyo republicano en ese momento. Manchin ahora afirma que su motivo para oponerse al proyecto de ley es la falta de apoyo bipartidista. A su vez, el senador demócrata ha insinuado que votaría a favor de la Ley del Derecho al Voto John R. Lewis que cuenta con un limitado respaldo de los dos partidos. No obstante, el martes, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se pronunció en contra de la Ley del Derecho al Voto John R. Lewis y dijo que era “innecesaria”. El reverendo doctor William Barber anunció que la Campaña de los Pobres llevará a cabo una “marcha moral contra Manchin” el próximo lunes en Virginia Occidental.

El medio CNBC informa que la organización Americans for Prosperity, un grupo de cabildeo respaldado por el multimillonario Charles Koch, ha estado presionando al senador Manchin para que se oponga a iniciativas legislativas clave del Partido Demócrata, incluyendo la reforma de la regla de obstruccionismo legislativo y legislaciones para proteger los derechos electorales. Mientras tanto, el martes, los senadores republicanos bloquearon la aprobación de la Ley de Igualdad Salarial, que tiene el objetivo de remediar la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que generó incluso más llamados para abolir la regla de obstruccionismo legislativo.

Un informe publicado el martes por dos comisiones del Senado enumera una serie de fallas de las fuerzas de seguridad encargadas de proteger el Congreso que condujeron a la insurrección mortal en el Capitolio de Estados Unidos. La policía del Capitolio recibió advertencias al menos dos semanas antes del ataque del 6 de enero por parte del servicio de Inteligencia de que extremistas armados partidarios de Trump intentarían “irrumpir” en el edificio, pero no tomó ninguna medida al respecto ni difundió la información de manera correspondiente. El senador del estado de Michigan Gary Peters declaró: “La realidad es que todos vieron cómo se organizó el ataque”.

En noticias relacionadas, los abogados que defendieron a Trump durante su segundo juicio político están defendiendo al menos a tres personas que enfrentan cargos relacionados con la insurrección en el Capitolio.

Una variante más contagiosa del coronavirus identificada por primera vez en India, conocida como la “variante Delta”, representa ahora alrededor del 6% de los casos en Estados Unidos. En el Reino Unido, esta variante se está propagando con gran rapidez y obliga a las autoridades a sopesar si reanudar o no todas las actividades económicas en el país. No obstante, el asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, afirmó que las dos dosis de las vacunas desarrolladas por Pfizer o AstraZeneca parecen ser muy eficaces para combatir esta variante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron nuevas pautas de viaje para más de 120 países, con recomendaciones separadas para los viajeros vacunados y los no vacunados. Treinta y tres países, entre los que se encuentran Israel y Singapur, han pasado a la categoría de destinos con el riesgo de contagio más bajo, mientras que se recomienda que las personas que no están vacunadas se abstengan de realizar viajes no esenciales a países como México, Rusia e Irán. Brasil e India se encuentran en la categoría con el riesgo de contagio más alto, por lo que se recomienda evitar viajar a esos destinos.

Un amplio operativo encubierto de alcance internacional ha conducido a más de 800 arrestos y a la incautación de drogas y decenas de millones de dólares. Los arrestos se produjeron después de que el FBI y la Policía australiana desarrollaran su propia empresa de dispositivos encriptados, ANOM, a la que recurrieron redes del crimen organizado en más de 100 países. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal federal interino del Distrito Sur del estado de California, Randy Grossman.

Randy Grossman: “Los usuarios delincuentes no sabían que, durante más de 18 meses, el FBI capturó más de 27 millones de mensajes entre usuarios de todo el mundo, y revisó, grabó y tradujo las conversaciones delictivas”.

Un funcionario de Naciones Unidas advirtió sobre posibles muertes en masa, enfermedades y hambruna en Birmania después de que unas 100.000 personas se vieran obligadas a huir de los ataques militares que se están produciendo en el estado oriental de Kayah. La ONU está pidiendo que se tomen medidas inmediatas para evitar una mayor tragedia mientras que el Ejército birmano continúa con sus ataques indiscriminados contra grupos étnicos y manifestantes que han estado saliendo a las calles desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

En El Salvador, una mujer que cumplía una condena de 30 años de cárcel fue liberada después de pasar casi una década tras las rejas por acusaciones de un supuesto aborto. Sara Rogel fue arrestada en 2012 después de ir al hospital con heridas sangrantes que ella alegó haber sufrido durante una caída. Rogel, quien entonces era una estudiante de 22 años, fue procesada y sentenciada por la interrupción voluntaria de su embarazo. Rogel se pronunció al respecto el martes, después de su liberación.

Sara Rogel: “Sé que yo no soy un peligro para la sociedad. Así sé que también mis compañeras que se han quedado allá tampoco son un peligro para la sociedad. Así que yo exijo justicia para ellas y que ellas puedan tener esa libertad como yo hoy la tengo”.

El Salvador ha criminalizado durante mucho tiempo los abortos, que están totalmente prohibidos desde 1998. También se ha condenado y encarcelado a decenas de personas que han sufrido abortos espontáneos o cuyos embarazos han terminado en muertes fetales.

Legisladores demócratas de Estados Unidos han vuelto a presentar la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que evitaría que las legislaturas estatales impongan restricciones al aborto. La medida se produce en medio de los crecientes ataques republicanos contra los derechos reproductivos y tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de escuchar una impugnación a una ley de Misisipi que desafía la legalización del aborto en el país. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del estado de Massachusetts Ayanna Pressley cuando habló el martes para expresar su apoyo al proyecto de ley.

Rep. Ayanna Pressley: “En este momento, en el que las legislaturas contra el aborto han dejado en claro que nada detendrá sus intentos para prohibirlo, ya no alcanza con solo decir que uno está a favor del aborto. Tenemos que promulgar leyes proactivas en defensa de la justicia racial y reproductiva y promover políticas pertinentes que afirmen que la interrupción del embarazo constituye atención médica y que la atención médica es un derecho humano fundamental”.