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El Gobierno de Israel lanzó una campaña de “máxima presión” contra Ben & Jerry’s y su empresa matriz Unilever, luego que la icónica marca de helados anunciara que dejaría de ofrecer sus productos en los asentamientos israelíes del territorio ocupado de Cisjordania. Israel les pidió a 35 gobernadores estadounidenses que ejecuten leyes estatales que tipifican el apoyo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como delito. Los fundadores de Ben & Jerry’s, que ya no tienen el control operativo de la empresa, apoyaron la decisión. Varias organizaciones de la comunidad judía, entre ellas J Street, New Israel Fund y Americans for Peace Now, que se oponen al BDS, defendieron la decisión de Ben & Jerry’s y negaron que esta fuera antisemita. “Lo que estamos viendo es un ataque agresivo, exagerado y fuerte de altos funcionarios del Gobierno israelí […] contra Ben & Jerry’s, simplemente porque la empresa tomó la decisión ética de respetar la distinción entre el Estado de Israel y los territorios que este ocupa más allá de la Línea Verde”, dice Logan Bayroff, vicepresidente de comunicaciones de la organización J-Street. “Estas leyes anti-boicot no solo entran en conflicto con la primera enmienda; en realidad, están castigando a las empresas que hacen lo correcto, es decir, empresas que dejan de ser cómplices de violaciones a los derechos humanos”, agrega Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina.
Para ampliar esta información, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Omar Shakir y Logan Bayroff.
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