La protesta de la congresista Bush, que en el pasado fue una persona sin techo, obliga a la Casa Blanca a extender la prohibición de los desalojos

Amy Goodman y Denis Moynihan

En Estados Unidos, los inquilinos han tenido una cierta protección contra los desalojos durante la pandemia de COVID-19 a través de una combinación de leyes federales aprobadas por el Congreso en proyectos de ley de ayuda económica de emergencia y una moratoria a los desalojos emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta amalgama de protecciones se derrumbó el sábado, día en que los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonaron raudamente el Capitolio rumbo a sus hogares en sus estados de origen para comenzar el largo receso de agosto. La mayoría de los congresistas; no todos. La congresista Cori Bush, del estado de Misuri, no se fue a ninguna parte ese sábado. La congresista Bush, que en el pasado fue una madre soltera sin techo, decidió acampar en las escalinatas del recinto parlamentario a modo de protesta contra la expiración de la última moratoria a los desalojos. A ella se le unieron decenas de partidarios y otras congresistas del sector progresista del Partido Demócrata, como Ayanna Pressley, del estado de Massachusetts, e Ilhan Omar, del estado de Minesota.

El martes, en medio de la creciente presión que ejercía su protesta, el Gobierno de Biden extendió por dos meses más la prohibición temporal de los desalojos establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“No podía alejarme de aquí e irme de vacaciones, al receso, sabiendo que millones de personas podrían terminar en la calle”, dijo la congresista Bush a Democracy Now! desde las escalinatas del Capitolio. “[Estoy aquí] para asegurarme de que entre siete y once millones de personas no se vean forzadas a abandonar sus hogares. No puede ser que nuestros legisladores, nuestro Gobierno y los funcionarios gubernamentales que tienen algún tipo de incidencia en relación con esta crisis opten por no hacer nada al respecto”.

La prohibición de los desalojos durante una pandemia es una medida muy acertada. Las personas que son desalojadas de sus viviendas a menudo se ven obligadas a quedarse en lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llaman “entornos de aglomeración” donde el coronavirus puede propagarse a gran velocidad. A la prohibición de los desalojos se ha sumado la asistencia para pagar el alquiler, incluida en los paquetes de ayuda económica por el coronavirus. Dicha asistencia asegura que los propietarios de viviendas puedan recibir su renta incluso si los inquilinos están sin trabajo. Sin embargo, de los 47.000 millones de dólares asignados por el Congreso de Estados Unidos para la asistencia de alquiler, solo se han desembolsado unos 3.000 millones de dólares.

Las autoridades políticas se culpan unas a otras por este desordenado y caótico programa de ayuda para pagar el alquiler. El Congreso culpa a la Casa Blanca por solo darles dos días para aprobar una nueva moratoria a los desalojos. La Casa Blanca dice que tiene las manos atadas luego del fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos dictó en junio, en el que el juez Brett Kavanaugh escribió: “Se necesitará una autorización clara y específica del Congreso (a través de una nueva ley) para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades extiendan la moratoria [a los desalojos]”. Los republicanos culpan al Gobierno de Biden por no desembolsar los fondos, pero los proyectos de ley bipartidistas que asignaron los 47.000 millones de dólares para ayudar a las personas a pagar el alquiler delegan en gran medida los detalles de los programas a cada uno de los estados del país.

Mientras tanto, el sector progresista del Partido Demócrata culpa en parte a los llamados demócratas “moderados” del fracaso en aprobar la moratoria. Según el sector progresista, estos demócratas moderados están protegiendo los intereses de los grandes propietarios. Después de que el medio The Daily Poster informara que Grant Marcus, el patrocinador multimillonario de Biden y un conocido magnate inmobiliario, donó un millón de dólares al Comité de Acción Política de la mayoría demócrata de la Cámara baja —un comité que recauda dinero para ayudar a los demócratas a ser elegidos para el Congreso—, la congresista demócrata Rashida Tlaib, de Detroit, pidió a dicho comité que devuelva cualquier donación proveniente de Marcus.

A medida que la congresista Cori Bush continuaba acampando en las escalinatas del Capitolio, aumentaba también la presión sobre la Casa Blanca para tomar medidas. El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una nueva y modificada moratoria a los desalojos, dirigida al 90% de los condados de Estados Unidos que tienen altas tasas de contagios de COVID-19.

“Soy una activista. Trabajo por la comunidad”, dijo la Representante Bush. “Comencé mi activismo en 2014, después de la muerte de Michael Brown [a manos de un agente de policía] en la ciudad de Ferguson. Reclamamos justicia por esa muerte durante más de 400 días. Después de eso, seguimos protestando durante años contra las injusticias relacionadas con la brutalidad policial y la crisis de la vivienda. Si luché contra esas injusticias en St. Louis, no podía ahora estar aquí y ser indiferente a la atrocidad que está ocurriendo; no podía no hacer nada y dejarlo pasar”.

Como activista experimentada, la congresista Bush sabe que no es suficiente con reaccionar a las situaciones de crisis. Tres días antes de que expirara la moratoria a los desalojos, la congresista Bush presentó la Resolución 568 de la Cámara de Representantes.

“La Declaración de Derechos para las Personas sin Vivienda establece protecciones de derechos civiles”, explicó Bush. “De qué se trata la dignidad de los vecinos que no tienen hogar. […] Los derechos de cada persona sin techo, de cada persona que no tiene dónde vivir deben ser protegidos. Esas personas deben gozar de la misma dignidad que las personas que tienen un techo”.

Las filiales de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Alabama y Georgia presentaron una petición ante un tribunal federal para anular la nueva prohibición de los desalojos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Mientras tanto, los contagios de la variante delta del coronavirus están aumentando de forma exponencial en todo Estados Unidos y los hospitales del país están al tope de su capacidad. Más del 99% de las muertes recientes por COVID-19 corresponden a personas que no están vacunadas.

La pandemia ha puesto de manifiesto lo que activistas como la congresista Cori Bush han sabido desde siempre: tanto la vivienda como el cuidado de la salud son derechos humanos y ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos estemos protegidos.

© 2021 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.