Las inundaciones sin precedentes que están afectando el noreste de Estados Unidos han provocado ya 46 víctimas mortales después de que los coletazos del huracán Ida causaran estragos desde el estado de Pensilvania hasta el de Massachusetts. Gran parte de la autopista Vine Street Expressway de la ciudad de Filadelfia se inundó por completo, asemejándose a un canal.
En la ciudad de Nueva York, al menos once personas fallecieron ahogadas en los sótanos inundados de sus viviendas. Un número cada vez mayor de personas pobres y de clase trabajadora, muchas de ellas inmigrantes, se han visto obligadas a vivir en sótanos ilegales debido a la escasez de viviendas a precios asequibles.
Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se unió el jueves a la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y al senador Chuck Schumer para exigir que el Congreso de Estados Unidos apruebe un proyecto de ley federal para construir infraestructura que ayude a las ciudades a afrontar adecuadamente los efectos de la crisis del cambio climático.
Alcalde Bill de Blasio: “Ahora las tormentas son repentinas y su impacto es más devastador. Las precipitaciones de los últimos días no tienen precedentes: hace dos semanas se batió un récord, ahora se está registrando otro. Es una gran llamada de atención que estamos recibiendo”.
El número de muertes por el paso del huracán Ida a lo largo de la costa del golfo ha aumentado a 16. Más de 830.000 usuarios continúan sin servicio de electricidad y las autoridades del estado de Luisiana afirman que la escasez crítica de combustible está obstaculizando las labores de ayuda.
Las autoridades estatales y federales de Estados Unidos están evaluando los informes sobre derrames de petróleo y de sustancias químicas provocados por el paso del huracán Ida a lo largo de la costa estadounidense del golfo de México. Las investigaciones se producen después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicara fotografías aéreas que muestran manchas negras de varios kilómetros de largo en el río Misisipi y en el golfo de México. Las imágenes difundidas muestran también derrames cerca de una refinería de la empresa Phillips 66 y de una plataforma de la compañía Enterprise Offshore Drilling.
En Afganistán, los vuelos humanitarios de la ONU se han reanudado en algunas partes del país. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que la actual agitación política que vive Afganistán ha agravado la inseguridad alimentaria provocada por los años de conflicto y una devastadora sequía. Unos 14 millones de personas —es decir, un tercio de la población del país— se enfrentan a una “inseguridad alimentaria grave” y la mitad de los menores de cinco años sufren desnutrición. La empresa Western Union anunció el jueves que reanudará los servicios de transferencia de dinero a Afganistán.
En la ciudad de Herat, al oeste del país, decenas de mujeres salieron este jueves a las calles para exigir a los talibanes que respeten sus derechos humanos y que se les permita participar plenamente en la sociedad afgana.
Farzana Karami: “Exigimos tener derecho a la educación, el empleo, la libertad, la seguridad y también tener presencia en foros públicos, actividades sociales y cargos políticos. Tenemos derecho a participar en la vida política, social y pública del país. Hemos luchado durante años por estos importantes derechos”.
Mientras tanto, la intensificación de los combates entre fuerzas rebeldes afganas y los talibanes en la provincia de Panjshir, ubicada al norte de la ciudad de Kabul, ha provocado víctimas en ambos bandos. Esto ocurre al tiempo que los talibanes están a punto de anunciar la formación de un nuevo Gobierno en Kabul. La agencia de noticias Reuters informa que el cofundador de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar, que regresó recientemente al país, será el líder del nuevo Gobierno.
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dijo el viernes que no buscará su reelección y que renunciará el 30 de septiembre, menos de un año después de que asumiera el cargo. Suga ha sido objeto de críticas generalizadas por su fallida respuesta a la pandemia del coronavirus y por seguir adelante con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a pesar del aumento de casos de COVID-19 en el país. Japón sigue registrando alrededor de 20.000 contagios diarios y sus hospitales, que están al tope de su capacidad, se ven obligados a rechazar el ingreso de miles de pacientes cada día.
En Estados Unidos, las muertes por COVID-19 continúan aumentando de manera exponencial, con casi 3.000 muertes reportadas este jueves. En el estado de Florida, que en agosto registró una cifra récord de muertes por coronavirus, los hospitales informan que más del 90% de todas las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas y que hay una importante escasez de oxígeno. Mientras tanto, la cadena NBC News informa que al menos 15 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 se han desperdiciado en Estados Unidos. Esta cifra representa aproximadamente el 3% de todas las dosis administradas en el país.
En Estados Unidos, los demócratas dicen que se están preparando para luchar contra la nueva ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, después de que la Corte Suprema se negara a detener la entrada en vigor de dicha legislación. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la cámara baja votará este mes sobre la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que podría ayudar a proteger el derecho al aborto. Sin embargo, es poco probable que la legislación alcance la mayoría de 60 votos que se necesitan para eludir el obstruccionismo legislativo en el Senado, cámara que cuenta con la misma cantidad de representantes de ambos partidos. El presidente Biden criticó el “caos inconstitucional” que la prohibición del aborto en Texas desató en el país y prometió movilizar todos los recursos de su gobierno para garantizar que se respete el histórico fallo del “caso Roe contra Wade” de 1973 en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos. Mientras tanto, los proveedores de servicios de aborto del estado de Texas afirman que se ven obligados a rechazar a una gran cantidad de pacientes angustiadas, muchas de las cuales ahora tendrán que abandonar el estado, si pueden pagar el traslado, para acceder a los abortos.
Millones de residentes de Estados Unidos perderán este fin de semana sus subsidios de desempleo relacionados con el coronavirus, a pesar de que muchos estados del país están atravesando el peor momento de la pandemia. Aproximadamente 3,3 millones de personas que han agotado la ayuda estatal por desempleo perderán sus beneficios relacionados con la pandemia. También está a punto de expirar un programa que proporciona ayuda a alrededor de 4,2 millones de trabajadores autónomos y trabajadores de la economía del trabajo esporádico que están desempleados. Casi tres millones de personas en situación de desempleo perderán el beneficio semanal adicional de 300 dólares que reciben. El Gobierno de Biden se ha negado repetidas veces a pedir al Congreso controlado por los demócratas que extienda los subsidios de desempleo.
En Estados Unidos, el senador de Virginia Occidental Joe Manchin enfureció este jueves a sus compañeros demócratas al pedirles que “detuvieran” los planes para aprobar un proyecto de ley de gastos públicos valuado en 3,5 billones de dólares. Para justificar el pedido, el senador Manchin citó el costo del proyecto de ley y el riesgo de inflación. La medida crearía millones de empleos sindicales bien remunerados en un Cuerpo Civil del Clima, un programa destinado a combatir la crisis del cambio climático. Asimismo, la legislación extendería el alcance del programa Medicare, ampliaría el crédito tributario por hijos y proporcionaría fondos para establecer la universalidad de la educación preescolar y la gratuidad de los centros comunitarios de educación superior. Es poco probable que el proyecto de ley se pueda aprobar sin el apoyo de Manchin en el Senado, cámara en donde los demócratas y los republicanos tienen el mismo número de escaños. La senadora demócrata de Arizona Kyrsten Sinema también ha dicho que está a favor de un proyecto de ley de menor alcance. La congresista del estado de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, publicó en Twitter: “Manchin tiene reuniones semanales con la empresa Exxon y es uno de los muchos senadores que permite que los cabilderos redacten los proyectos de ley denominados 'bipartidistas' sobre los combustibles fósiles. Esto está provocando la muerte de mucha gente. Nuestra gente. Al menos 12 anoche. Estoy harta de esta corrupción 'bipartidista' que se disfraza de postura moderada y transparente”.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte en un nuevo informe que las comunidades de color serán las más afectadas por la crisis del cambio climático. La agencia concluyó que los afroestadounidenses tienen un 40% más de probabilidades de vivir en áreas donde las temperaturas extremas provocarán más muertes, especialmente si en el futuro la temperatura del planeta aumenta dos grados Celsius.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que el huracán Ida y los incendios forestales que han afectado el oeste del país son otro recordatorio de que la crisis climática ha llegado. Sin embargo, durante el mismo discurso, Biden dijo que el Departamento de Energía estaba autorizando el préstamo de 1,5 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo para hacer frente a la escasez de combustible que sufre el estado de Luisiana tras el paso del huracán Ida.
Presidente Joe Biden: “No esperaremos a evaluar el impacto total que tendrá la tormenta en la producción de petróleo y en las refinerías. Ya nos estamos moviendo, rápidamente, para aumentar la disponibilidad de combustible y abaratar los precios del combustible en todo el país”.
El presidente Biden viajará este viernes al estado de Luisiana para evaluar los daños causados por el huracán Ida.
Una jueza federal estadounidense falló en contra de la práctica del Gobierno de Estados Unidos de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La política, conocida como “dosificación”, fue aplicada por primera vez durante la presidencia de Obama y limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en los pasos fronterizos de entrada al país y permanecer en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes. El expresidente Trump amplió más tarde la política a la frontera sur, lo que obligó a que miles de solicitantes de asilo fueran colocados en largas listas de espera y tuvieran que permanecer durante meses en ciudades fronterizas mexicanas, donde corrían riesgo de ser secuestrados, sufrir agresiones sexuales o ser asesinados. El abogado Stephen Medlock, que argumentó el caso en nombre de los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado: “Los mismos funcionarios gubernamentales que deberían haber dado la bienvenida y asistido a las víctimas de persecución y tortura tenían la orden de alejar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que eso era claramente ilegal”.
En el estado de Georgia, una ex fiscal de distrito ha sido imputada por mala conducta por interferir en la investigación del asesinato de Ahmaud Arbery, un joven afroestadounidense de 25 años que fue perseguido y asesinado a tiros mientras hacía deporte a comienzos de 2020. Un gran jurado ha acusado a la exfiscal Jackie Johnson de encubrir a los tres hombres blancos involucrados en el asesinato de Arbery e impedir que fueran acusados de cargos penales. Johnson había trabajado anteriormente con uno de los hombres, el oficial de policía retirado Greg McMichael. Johnson pidió a los agentes que no arrestaran al hijo de McMichael, Travis. McMichael, su hijo Travis y su amigo William Bryan se enfrentan a numerosos cargos en Georgia, incluido un cargo de delito grave de asesinato.
En el territorio ocupado de la Franja de Gaza, un palestino murió a manos de las fuerzas armadas israelíes durante una protesta que se llevó a cabo el jueves en la barrera de separación. Al menos otras 15 personas resultaron heridas, incluido un menor. Los habitantes de Gaza han estado realizando manifestaciones nocturnas contra el bloqueo israelí y la continua violación de sus derechos humanos.
En El Salvador, cientos de personas salieron a las calles de la capital San Salvador a principios de esta semana para protestar por la adopción del bitcóin como moneda oficial, lo que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en hacerlo. La ley, impulsada por el presidente Nayib Bukele, entrará en vigor la próxima semana. Los opositores a la medida advierten sobre las fluctuaciones drásticas en el valor de la criptomoneda y afirman que el bitcóin se usa a menudo para el lavado de dinero. Los críticos también están preocupados por los impactos económicos que el uso de la criptomoneda tendrá en las comunidades más pobres, muchas de las cuales no tienen acceso a cuentas bancarias o teléfonos inteligentes. Estas fueron las palabras expresadas por un dirigente sindical salvadoreño.
Stanley Quintero: “La tecnología que se está implementando para ese uso de moneda todavía le cuesta a nuestra población salvadoreña, a nuestros adultos mayores, poder usar tecnología de alta gama para manejar esta moneda virtual”.