Titulares03 de junio de 2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso que prohíba las armas de asalto, amplíe las verificaciones de antecedentes para quienes compran armas y cree nuevas leyes de las conocidas como leyes de “bandera roja” que prohíban que ciertas personas posean armas de fuego. Biden hizo este llamado el jueves por la noche desde la Casa Blanca, durante un inusual discurso en horario estelar.

Presidente Joe Biden: “Apoyo los esfuerzos bipartidistas de un pequeño grupo de senadores demócratas y republicanos que intentan encontrar una solución. Pero, Dios mío, el hecho de que la mayoría de los republicanos del Senado no quieran que ninguna de estas propuestas se debata ni se someta a votación me parece inconcebible”.

Los comentarios de Biden se produjeron en momentos en que la violencia mortal con armas de fuego continúa en todo Estados Unidos. El jueves, en el estado de Iowa, un hombre mató a disparos a dos mujeres y luego se suicidó. El hecho ocurrió en el estacionamiento de una iglesia al norte de la ciudad de Des Moines. Por su parte, en la ciudad de Racine, en el estado de Wisconsin, cinco personas resultaron heridas el jueves cuando se realizaron disparos en un cementerio donde los dolientes se habían reunido para despedir a un hombre que murió a manos de un oficial de policía durante un control de tránsito en mayo. Además, en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, los investigadores identificaron a las cuatro personas que fallecieron el miércoles después de que un hombre armado abrió fuego contra un centro médico antes de suicidarse. La policía ha señalado que el objetivo principal del atacante era el Dr. Preston Phillips, un cirujano afroestadounidense que le había realizado una cirugía de espalda hace menos de dos semanas. El hombre había comprado el rifle semiautomático utilizado en el ataque solo tres horas antes de matar no solo al Dr. Phillips, sino además a otra doctora, a su repecionista y a un paciente. El atacante portaba también una pistola semiautomática que había comprado unos días antes.

El jueves, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó siguiendo las líneas partidarias a favor de apoyar un nuevo paquete de control de armas. La legislación elevaría la edad mínima para la compra de armas de fuego semiautomáticas de 18 a 21 años. También regularía el almacenamiento de armas en propiedades residenciales, al tiempo que tomaría medidas enérgicas contra la venta ilegal de armas, así como contra la venta de cargadores de municiones de alta capacidad. Es probable que la legislación enfrente maniobras obstruccionistas republicanas en el Senado. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista Lucy McBath, del estado de Georgia, cuyo hijo Jordan Davis, de 17 años, fue asesinado por un hombre armado en 2012.

Rep. Lucy McBath: “¿Nuestro país tiene el derecho divino de vivir libre de este flagelo de la violencia con armas de fuego, del sufrimiento sin sentido, de la muerte y la desesperación? Porque no podemos seguir haciendo esto. Toda una generación de niños está aprendiendo que los adultos a quienes admiran no pueden o no quieren protegerlos. Todos estamos de acuerdo en que el statu quo es inaceptable. Todos entendemos que el asesinato de nuestros hijos no puede continuar. Y tenemos soluciones en las que la mayoría de los estadounidenses cree”.

La Cámara de Representantes del estado de Ohio aprobó un proyecto de ley que facilita que el personal educativo y de apoyo de las escuelas porten armas cuando están en las aulas. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, dijo que espera firmar el Proyecto de Ley 99 de la Cámara de Representantes estatal, que permitiría al personal escolar portar armas de fuego después de solo una hora de entrenamiento. La vicepresidenta de la Federación de Docentes de Ohio, Shari Obrenski, criticó la legislación durante una audiencia en el Senado estatal esta semana. Obrenski mencionó una iniciativa paralela de los republicanos de Ohio que busca prohibir en las bibliotecas escolares los libros que tratan temas como la raza y los derechos LGBTQ+.

Shari Obrenski: “No se confía a los docentes la elaboración de un plan de estudios. No se nos confía la elección de los libros. ¿Pero de alguna manera se supone que se nos debe confiar un arma en la escuela?”.

En el centésimo día de la invasión rusa, miles de personas huyeron de las localidades en el frente de batalla en la región oriental de Dombás, en Ucrania. Las fuerzas armadas rusas buscan ir más allá de Severodonetsk, donde ya han logrado tener el control de la mayor parte de la ciudad. Mientras tanto, Ucrania está lanzando una contraofensiva en la región sur de Jersón. El jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia ahora controla alrededor del 20% del territorio ucraniano.

El jueves, las autoridades de Arabia Saudí señalaron que el país impulsará la producción de petróleo para compensar el aumento del costo del combustible, el cual se ha disparado desde la invasión rusa de Ucrania. La coalición de países productores de petróleo conocida como OPEP+ aceptó los planes de Arabia Saudí de extraer 650.000 barriles adicionales por día en julio y agosto. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Arabia Saudí a finales de junio para pedirle al príncipe heredero Mohammed bin Salman incrementar la extracción de petróleo. Un hecho que sucederá pese a la promesa de Biden durante un debate de 2019 de convertir a Arabia Saudí en un “paria” debido al asesinato patrocinado por el Estado saudí del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi.

Andrea Mitchell: “El presidente Trump no castigó a los principales líderes saudíes. ¿Usted lo hará?”.

Joe Biden: “Sí. Y lo dije en su momento. Khashoggi fue asesinado y desmembrado, según creo, por orden del príncipe heredero. Y dejaría muy claro que, de hecho, no les venderemos más armas. De hecho, les haríamos pagar el precio de sus acciones y los convertiríamos en los parias que son”.

Esas fueron las palabras del entonces candidato Joe Biden durante un debate presidencial en 2019. En 2021, el presidente Biden aprobó una venta de armas por un valor de 650 millones de dólares a Arabia Saudí y, a principios de 2022, Biden firmó la venta de armas por un valor de 5.000 millones de dólares a Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Los rebeldes hutíes de Yemen acordaron extender un alto el fuego con la coalición liderada por Arabia Saudí por dos meses más. Las partes en conflicto primero acordaron una tregua durante el mes sagrado del Ramadán en abril.

Esta semana, 48 congresistas de EE.UU. presentaron una resolución de poderes de guerra en la que piden al Gobierno de Biden que ponga fin al apoyo militar y la venta de armas de EE.UU. a la coalición liderada por Arabia Saudí. En un comunicado, la presidenta del Bloque Progresista del Congreso, Pramila Jayapal, escribió: “Hay más de 16 millones de yemeníes que viven al borde de la inanición y más de dos millones de niños y niñas que sufren desnutrición aguda —y los dólares de los impuestos del pueblo estadounidense están ayudando a financiar ese sufrimiento”.

En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes acabaron con la vida de al menos cuatro palestinos en solo dos días. Una de las víctimas fue Odeh Sadaka, de 17 años, quien recibió un disparo en el pecho el jueves. Estas son las palabras de un testigo.

Saber Sadaka: “Cuando lo mataron, estaba con otros jóvenes en los alrededores de la barrera. No estaban cerca de la barrera ni cerca del área de peligro. Estaban cerca de las casas en el pueblo. Le dispararon. Dispararon la bala con dirección a su corazón. También dispararon contra los otros muchachos que estaban con él. Ellos huyeron. No pudieron ayudarlo”.

En México, activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes realizaron el jueves un funeral para dos solicitantes de asilo haitianos que murieron en la ciudad de Tijuana después de que se les impidió ingresar a Estados Unidos y se les obligó a esperar en la ciudad fronteriza mexicana en condiciones peligrosas. Jocelyn Anselme, de 34 años, fue asesinado; mientras que Calory Archange, de 30 años, sufrió un ataque al corazón y murió. De acuerdo con los activistas, Archange falleció luego que se le negara la atención médica adecuada. La organización Haitian Bridge Alliance y otros grupos culparon de estas muertes a la aplicación de la disposición prevista en el Título 42 del Código de Regulación Federal por parte del Gobierno de Biden, una política de la era de Trump que permite que las autoridades estadounidenses expulsen a los solicitantes de asilo en la frontera sur sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. Desde marzo de 2020, se ha impedido que más de dos millones de personas soliciten asilo en EE.UU., un acto que va en contra del derecho internacional.

El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección ocurrida en el Capitolio el 6 de enero de 2021 programó su primera audiencia pública en horario estelar para la próxima semana. La audiencia está fijada para el jueves 9 de junio a las 8 p.m., horario del este de Estados Unidos. Visite democracynow.org para ver la transmisión en vivo de la audiencia.

Grupos a favor de la libertad de prensa exigen justicia para Ricardo Ávila, un operador de cámara y presentador de televisión de 25 años asesinado en el suroeste de Honduras. Los medios hondureños informan que Ávila recibió un disparo en la cabeza la semana pasada mientras conducía su motocicleta. El periodista fue llevado a un hospital en la capital Tegucigalpa, donde falleció el domingo a causa de sus heridas. Ávila cubrió los movimientos sociales y las manifestaciones contra un desastroso proyecto económico conocido como ZEDE, cuyo objetivo era atraer inversión extranjera a Honduras. Los compañeros de Ávila dicen que lo mataron en represalia por informar sobre estos temas.

El grupo centroamericano de derechos humanos Cristosal señala que, en El Salvador, al menos 18 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas del orden desde que se impuso el estado de emergencia a fines de marzo en respuesta al aumento de homicidios atribuidos a las pandillas. Amnistía Internacional acusa al Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele de graves violaciones de los derechos humanos. Estas fueron las palabras de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Erika Guevara Rosas: “La situación en el país es crítica. En poco más de dos meses son ya, de acuerdo con las propias cifras oficiales, 36.000 personas, entre ellas menores de 18 años, que han sido detenidas, en su mayoría de forma arbitraria. Cuya privación de la libertad es ilegal, enfrentando procesos penales sin las más elementales garantías judiciales”.

El miércoles, la destacada activista por los derechos humanos de origen saharaui Sultana Khaya llegó a salvo a territorio español, donde recibirá tratamiento médico después de más de 500 días de arresto domiciliario con su familia en el Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos. Las autoridades marroquíes han sometido a Khaya a hostigamiento, palizas y agresiones sexuales. Además contaminaron el suministro de agua de su familia, destruyeron sus muebles y propiedades y cortaron la electricidad de la casa. El miércoles, Sultana Khaya habló con simpatizantes que esperaban su llegada a un aeropuerto de las Islas Canarias.
bq. Sultana Khaya: “Envío este mensaje al Estado español, que si apoya el plan de autonomía del Sahara Occidental, está apoyando la violación de mujeres, la tortura y la detención ilegal de la población saharaui. Díganle al Gobierno español que ya nos abandonó hace 50 años, y hemos sufrido estas atrocidades. Hemos seguido luchando por nuestra autonomía y estamos más que listos para seguir luchando por nuestra libertad”.

Haga clic aquí para ver nuestro documental “Cuatro días en el Sahara Occidental: la última colonia en África”.