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Respondiendo a la indignación de las activistas a favor de los derechos reproductivos, el 8 de julio el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para garantizar el acceso a medicamentos abortivos y anticonceptivos de emergencia. La medida se tomó luego que la Corte Suprema de EE.UU. anulara el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto en el país. Conversamos con las directoras de dos importantes centros de salud reproductiva del sur profundo de EE.UU. acerca de cómo están brindando atención a sus pacientes, ahora que el aborto está criminalizado. Diane Derzis es directora ejecutiva de la única clínica de aborto de Misisipi, Jackson Women’s Health Organization, que estuvo en el centro del caso de la Corte Suprema que llevó a la anulación del derecho al aborto. El mes pasado, la clínica cerró poco después de que el fallo fuera anulado y se prevé que vuelva a la actividad en Las Cruces, Nuevo México. También conversamos con Robin Marty, directora de operaciones del Centro de Mujeres de West Alabama, que el 11 de julio reabrió sus puertas y ofrece una variedad de servicios de salud sexual tras interrumpir el servicio del aborto. “La única manera de detener esto es aprobar una ley federal que proteja el derecho de una mujer a tomar la decisión más privada de su vida”, dice Derzis. “Nuestra clínica será un lugar seguro que no hace preguntas y que, simplemente, atiende a las personas con problemas de sangrado y hace prácticas avaladas por la ley”, dice Marty.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Robin Marty y Diane Derzis.
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