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El martes 16 de agosto, el presidente Biden promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, que destina 739 mil millones de dólares a abordar la crisis climática, reducir los costos de los medicamentos y establecer un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones, entre otras disposiciones. Si bien Biden ha elogiado esta ley como una de las más significativas en la historia de los Estados Unidos, muchas organizaciones ambientalistas, así como activistas indígenas en defensa de la tierra y el agua, critican la inclusión de importantes beneficios para las empresas de combustibles fósiles y otras entidades corporativas en el paquete de medidas. El profesor Ashley Dawson de la coalición Public Power, que trabaja por justicia climática y energética en el estado de Nueva York, dice que las disposiciones de crédito fiscal de la ley otorgan “poder a los grandes bancos para decidir qué proyectos se desarrollan, dónde se construyen y quién los construye”. Dawson promueve la creación de una “alternativa pública”, una entidad controlada democráticamente que tenga el poder de construir infraestructuras de energías renovables a la velocidad necesaria para mitigar la emergencia climática.
Para ampliar esta información, vea (en inglés) nuestra conversación con Ashley Dawson.
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