Titulares21 de julio de 2023

Los ataques de Rusia contra los depósitos de granos de Ucrania han destruido al menos 60.000 toneladas de cereales, en un momento en que la seguridad alimentaria mundial enfrenta crecientes amenazas. La Armada rusa también llevó a cabo ejercicios militares con fuego real en el mar Negro. Esto se produce días después de que Rusia se retirara de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, y luego de que tanto las autoridades de Rusia como las de Ucrania advirtieran que los buques con destino a puertos rusos o ucranianos a través de esa vía fluvial podrían ser considerados objetivos militares. El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó este viernes que sostendrá conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que podría propiciar la restauración del acuerdo sobre granos.

Mientras tanto, Ucrania ha empezado a utilizar en el campo de batalla municiones en racimo suministradas por Estados Unidos. Más de 100 países han firmado un tratado internacional que prohíbe el uso de este tipo de armas debido al peligro que representan para la población civil, pero Rusia, Ucrania y Estados Unidos no han suscrito dicho tratado.

En Estados Unidos, en el estado de Nebraska, una adolescente que utilizó píldoras abortivas para interrumpir su embarazo fue condenada a 90 días de cárcel. Luego de que la red social Facebook suministrara sus mensajes privados, la policía presentó cargos contra Celeste Burgess, de 19 años, y contra su madre, Jessica Burgess, quien ayudó a la joven a conseguir las píldoras y a desechar el feto. La joven solo tenía 17 años cuando su madre encargó los medicamentos por Internet. Los hechos ocurrieron antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara, en junio de 2022, el histórico fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo el país. En aquel momento, en Nebraska, el aborto estaba prohibido después de las 20 semanas de embarazo. A principios de 2023, el gobernador de dicho estado, Jim Pillen, promulgó una ley que prohíbe el aborto después de las doce semanas de gestación.

Un tribunal de la ciudad estadounidense de Austin escuchó esta semana el testimonio de las mujeres que presentaron una demanda contra la prohibición del aborto en el estado de Texas. Las demandantes argumentan que la prohibición puso en grave riesgo sus vidas, ya que no pudieron interrumpir sus embarazos, a pesar de que estos no eran viables. La demandante Samantha Casiano vomitó en el estrado del tribunal mientras relataba su traumática experiencia. Casiano se vio obligada a seguir adelante con su embarazo incluso después de que le diagnosticaran anencefalia, un grave trastorno congénito que provoca que un bebé nazca sin partes del cerebro y del cráneo. Otra de las demandantes, Elizabeth Weller, habló este miércoles en una rueda de prensa.

Elizabeth Weller: “Me mandaron a casa a esperar a que mi bebé falleciera o a que mi infección comenzara a manifestar síntomas físicos, a pesar de que esos síntomas ya estaban presentes. Pero no estaba lo suficiente enferma para recibir la atención que necesitaba. No hay ninguna consideración por la vida en este estado cuando me envían a casa a esperar a que mi bebé muera dentro de mí o hasta que llegue a un punto en el que tenga que arriesgar mi útero, mi vida y cualquier posibilidad futura de quedar embarazada. Eso no es estar a favor de la vida. En cierto sentido, implica más bien estar a favor de la tortura”.

La rueda de prensa fue convocada por el Centro de Derechos Reproductivos, la organización que presentó la demanda en nombre de 13 pacientes y dos miembros del personal médico.

En noticias relacionadas, nuevos datos muestran que la prohibición del aborto en Texas está posiblemente causando un incremento de la mortalidad infantil, ya que las mujeres se ven forzadas a llevar a término embarazos no viables. La mortalidad infantil en Texas aumentó más de un 11% en 2022 con respecto al año anterior. Mientras tanto, las muertes de bebés con graves defectos genéticos y congénitos aumentaron más de un 21% tras la tendencia descendente que se venía registrando en los años anteriores.

La Junta de Educación de Florida aprobó nuevas pautas para la enseñanza de la historia negra después de que el gobernador Ron DeSantis y los legisladores republicanos del estado aprobaran, en el contexto de su campaña contra la cultura “woke”, nuevas leyes que restringen el contenido que se puede enseñar en las aulas. Las nuevas normas incluyen enseñar a los escolares que “los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, pudieron utilizar para su beneficio personal”. Asimismo, se instruye a los educadores a enseñar sobre los actos de violencia cometidos por personas negras. La Asociación de Educación de Florida criticó las nuevas normas y expresó: “El gobernador DeSantis está adoptando una agenda política que muy seguramente va a generar choques entre buenas personas, y en ese proceso está engañando a nuestros hijos, quienes merecen conocer toda la verdad sobre la historia estadounidense, tanto la buena como la mala”. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará este viernes a la ciudad de Jacksonville para repudiar este ataque del estado de Florida contra la historia negra y la educación.

En otras noticias relacionadas con el estado de Florida, organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron una demanda contra la ley SB 1718, una nueva legislación que restringe los derechos de las personas migrantes y les dificulta, entre otras cosas, el acceso al trabajo y a la atención médica. Uno de cada cinco residentes de Florida es inmigrante. La delegación en Florida de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles declaró en un comunicado: “Esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios y de infundir temor en familias y trabajadores vulnerables que ya están abrumados por las dificultades del proceso de inmigración federal”.

El Comité de Restauración de Derechos de Florida ha interpuesto una demanda contra el gobernador del estado, Ron DeSantis. El comité acusa a DeSantis de intimidar ilegalmente a personas que han cumplido sentencias por delitos graves para que no ejerzan su derecho al voto. En la demanda se alega que el estado de Florida ha dificultado de manera deliberada la comprobación de los requisitos para votar y que ha establecido una “policía electoral” para capturar a las personas que podrían haber emitido su voto sin saber que aún no estaban legalmente autorizadas a hacerlo. Personas negras y votantes del Partido Demócrata eran los principales blancos de esa fuerza policial.

En Estados Unidos, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció que otras 191.000 personas serán removidas de los padrones electorales del estado, a pesar de estar registradas como votantes. La medida está dirigida a los ciudadanos considerados “inactivos” debido a que no se les ha podido entregar el material electoral enviado por correo, así como a aquellos que no hayan notificado oficialmente un cambio de dirección. Kendra Cotton, directora de la organización New Georgia Project Action Fund, declaró al respecto: “[El estado de] Georgia es bien conocido por sus numerosos y creativos intentos para restringir la participación electoral. Votar es un derecho. Si alguien decide no ejercer ese derecho, no significa que lo pierda”.

Mientras tanto, la Legislatura del estado de Alabama aprobó esta semana una nueva redistribución de los distritos congresuales que sigue sin incluir un segundo distrito congresual de mayoría negra, como ordenó la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado.

En Estados Unidos, el estado de Alabama ejecutó este viernes por la mañana a James Barber después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una petición para suspender su ejecución. Esta es la primera ejecución por inyección letal que se lleva a cabo en Alabama luego de que, en 2022, una serie de ejecuciones fallidas obligaron a detener todas las ejecuciones a nivel estatal para realizar una revisión del sistema de pena capital de Alabama. La organización Reprieve declaró: “No existe ningún método humano de ejecución. Las ejecuciones no funcionan y son una tortura”.

En India, miles de manifestantes han salido a las calles después de que se hiciera viral en redes sociales un video que muestra cómo decenas de hombres agreden sexualmente a dos mujeres en el estado nororiental de Manipur. El incidente ocurrió en mayo, pero el video salió a la luz recién esta semana debido a la prohibición del uso de Internet en la región. El principal sospechoso fue detenido el jueves y se le acusa de arrastrar a la calle a las dos mujeres, de 21 y 42 años, respectivamente, de incitar a una veintena de hombres a agredirlas sexualmente y, posteriormente, forzarlas a desfilar desnudas por la calle. Al menos una de las mujeres fue violada por la muchedumbre violenta. En Manipur se ha producido recientemente un aumento de la violencia étnica entre los Meitei, un grupo étnico mayoritario, y los Kuki, una minoría tribal. Las dos mujeres agredidas en el incidente que se hizo viral pertenecen a la comunidad Kuki. Las familias de las dos víctimas han denunciado una conducta indebida por parte de la policía y afirmaron que las fuerzas del orden tardaron meses en ocuparse del caso.

Unos 1.200 barriles de crudo se derramaron este miércoles en el océano Pacífico, en el noroeste de Ecuador, y contaminaron más de tres kilómetros de costa. Funcionarios de la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, afirmaron que el derrame se produjo debido a que un tanque ubicado en una terminal marítima había rebasado su capacidad máxima. La compañía solo pudo contener aproximadamente la mitad del crudo derramado, mientras que el resto se acumuló en el paseo marítimo de la popular playa de Las Palmas. Las tareas de limpieza están en curso, mientras que organizaciones ambientalistas advierten sobre los efectos que el vertido podría tener en la fauna local.

En la ciudad de Nueva York, un grupo de abogados, demandantes y funcionarios municipales celebraron este jueves una rueda de prensa tras el anuncio de que la ciudad acordó pagar 13 millones de dólares a los manifestantes por la justicia racial que fueron maltratados por la policía neoyorquina durante las protestas que se desataron en 2020 luego del asesinato de George Floyd. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado Wylie Stecklow.

Wylie Stecklow: “El acuerdo alcanzado hoy es histórico, y estoy muy orgulloso de que se haga justicia a casi 1.400 personas que salieron a la calle y se enfrentaron a la brutalidad policial. Pero, como contribuyente de Nueva York, esto me molesta. El pago es una señal disuasoria, pero todavía tenemos oficiales ejecutivos de la policía de Nueva York, como el jefe de patrulla John Chell y el inspector Elias Nikas, que lideran prácticas policiales inconstitucionales contra las personas que se manifiestan en esta ciudad. El ejemplo que estos altos cargos le dan al resto de los 35.000 miembros del servicio es que la Constitución no se aplica cuando se trata de ellos”.

El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos avanzó en el proceso de aprobación de una ley que obligaría a la Corte Suprema a adoptar un código ético y establecer normas más estrictas acerca de la divulgación de información financiera. La iniciativa se produce luego de las revelaciones impactantes en torno a varios jueces del alto tribunal, especialmente las del juez Clarence Thomas, de quien se supo que durante décadas recibió lujosos viajes y regalos del multimillonario donante del Partido Republicano Harlan Crow y no informó adecuadamente acerca de ellos. Ningún legislador republicano votó a favor de la medida, aunque sí intentaron añadir enmiendas para facilitar que los jueces puedan portar armas y prohibir que los periodistas publiquen borradores de veredictos sin la aprobación de la Corte Suprema. Las enmiendas fueron rechazadas.

En el ámbito laboral, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales evitó una huelga que habría paralizado a Broadway, tras alcanzar un acuerdo provisional para mejorar las condiciones de trabajo de unos 1.500 tramoyistas, peluqueros, maquilladores y personal de vestuario.