Titulares01 de septiembre de 2023

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró “no culpable” de 13 cargos por delitos graves relacionados con sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Trump también solicitó que se le juzgue de forma separada de las 18 personas que fueron coacusadas en este caso. Al respecto, el equipo legal de Trump argumentó que la fecha de inicio del juicio, prevista para el 23 de octubre, no otorgaba suficiente tiempo para preparar la defensa, mientras que algunos de los coacusados han solicitado un juicio rápido. Mientras tanto, la fecha de publicación del informe final emitido por el gran jurado del condado de Fulton está fijada para el 8 de septiembre. Un juez dijo que el juicio contra Trump será televisado y transmitido en directo.

En noticias relacionadas, el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, desestimó los llamamientos para iniciar un proceso de destitución contra Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton que actuó en este caso.

Una de las personas que fueron acusadas junto con Trump en esta causa penal, el abogado John Eastman, apareció esta semana en el canal Fox News y admitió haber presionado al entonces vicepresidente Mike Pence para que retrasara la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

John Eastman: “El 4 de enero [de 2021], le dije explícitamente al vicepresidente Pence en el Despacho Oval que, aunque no estaba claro si él podía o no [negarse a certificar los resultados], esa opción era la menos conveniente dadas las circunstancias y que era imprudente que él hiciera uso de esa potestad, si realmente la tenía. Lo que le recomendé, y lo he mencionado en varias ocasiones, es que accediera a las peticiones de más de un centenar de legisladores estatales de los estados disputados, quienes solicitaban que [la certificación se retrasara] una semana, con el objetivo de intentar resolver lo que todos reconocieron como una irregularidad en el desarrollo de las elecciones”.

Un juez federal de Estados Unidos condenó a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, a Joseph Biggs y Zachary Rehl, dos exlíderes del grupo de extrema derecha Proud Boys. Ambos fueron declarados culpables de conspiración sediciosa por asaltar el Capitolio de Washington D.C. con el fin de mantener a Trump en el poder. Hasta el momento, estas constituyen las sentencias más duras contra personas involucradas en la insurrección del 6 de enero de 2021, aunque los fiscales habían solicitado más de 30 años de cárcel para los dos hombres. Norman Pattis, uno de los abogados de Biggs, habló tras conocerse la sentencia de su defendido.

Norman Pattis: “Si tu presidente te dice que han robado a tu país, el país por el que mucha gente luchó y murió, y que algunas personas están intentando revocar el voto que tú has emitido, ¿cómo se supone que tienes que reaccionar ante eso? Estas personas reaccionaron de manera violenta, lo que resultó en su propio perjuicio. Creo que estos casos han sido exagerados de una manera grotesca”.

Otros dos miembros de los Proud Boys, Dominic Pezzola y Ethan Nordean, recibirán sus condenas este viernes. Enrique Tarrio, un exlíder del grupo, será sentenciado el martes de la próxima semana.

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La Unión Africana ha decidido suspender la membresía de Gabón en ese bloque de países tras el golpe de Estado militar ocurrido el miércoles en ese país y la consecuente destitución del presidente Ali Bongo. La ONU también ha condenado el golpe de Estado, pero muchos ciudadanos gaboneses han expresado su apoyo a la toma de poder militar.

Mouele Kavi: “Es importante recordar que durante varios años hemos estado esperando esta liberación. El régimen de Bongo lleva varios años repartiéndose la riqueza de Gabón. Han fomentado la corrupción y el desempleo. Estamos hartos. Hemos estado esperando esto con ansias y estamos realmente satisfechos. Hoy me enorgullece decir que la independencia de Gabón tuvo lugar el 30 de agosto de 2023”.

Mientras tanto, el principal líder de la oposición, Albert Ondo Ossa, quien perdió ante Ali Bongo en las disputadas elecciones celebradas el sábado, ha instado a la junta militar a que finalice el recuento de votos y transfiera el poder a un Gobierno civil.

En la República Democrática del Congo, la agencia de noticias Agence France-Presse informa que al menos 48 personas murieron este miércoles a manos de militares congoleños cuando las fuerzas armadas congoleñas reprimieron una protesta que se llevaba a cabo en la ciudad de Goma contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Decenas de personas resultaron heridas y más de 150 fueron detenidas. La manifestación era liderada por una secta cristiana. Las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Democrática del Congo han sido objeto de fuertes críticas, ya que muchas comunidades sostienen que la presencia de las fuerzas de la ONU no ha logrado prevenir conflictos de manera efectiva. Los actos de violencia se han disparado en los últimos años, especialmente en la región oriental del país.

El Gobierno de Chile ha iniciado la búsqueda de más de 1.000 personas desaparecidas durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, que contó con el respaldo de Estados Unidos. El presidente chileno, Gabriel Boric, hizo el anuncio el miércoles, pocos días antes del aniversario número 50 del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente elegido democráticamente Salvador Allende. Las personas sobrevivientes del régimen de Pinochet llevan mucho tiempo exigiendo justicia.

Juana Andreani: “Teníamos la ilusión de que estuvieran vivos. Pero ya con los años pensamos en que no. Pero al menos que nos dijeran qué pasó, qué fue de ellos, qué hicieron con ellos. Eso creo que es lo más ingrato de estos 50 años”.

En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró al general Mario Montoya, entrenado en Estados Unidos, responsable de 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones entre 2002 y 2003. Montoya está acusado de clasificar deliberadamente como “combatientes enemigos” a civiles que murieron a manos de militares a su cargo, un hecho que fue conocido como el escándalo de los “falsos positivos”. Más de 6.000 civiles, entre ellos menores de edad y personas discapacitadas, murieron a manos de las fuerzas armadas de Colombia entre 2002 y 2008, que luego clasificaron a sus víctimas como combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.

El Gobierno de Biden llevó a cabo este jueves otro vuelo de deportación hacia Haití con al menos 60 solicitantes de asilo. Esto se produjo un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos instara a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato Haití debido al aumento de los actos de violencia en ese país. Activistas en defensa de los derechos de las personas migrantes criticaron duramente las deportaciones. Estas fueron las palabras expresadas por Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance.

Guerline Jozef: “Para resaltar realmente el carácter inhumano de esas deportaciones, quiero decirles que una de las personas que fueron deportadas esta mañana es una mujer que ha estado detenida desde febrero y que ha estado lidiando con dolores crónicos y problemas médicos muy delicados. [Esta mujer] se desmayó tres veces mientras estaba detenida en [el estado de] Florida. Al volver del hospital, la pusieron en un avión y la deportaron esta mañana. Está atrapada, no tiene a dónde ir. Y su familia en Estados Unidos ha estado llamando y pidiendo ayuda para ella”.

Decenas de miles de solicitantes de asilo haitianos, incluidos menores, han sido deportados desde que Biden asumió la presidencia, a pesar de la condena internacional y las peticiones de ayuda humanitaria. Esto ocurre en un momento en que Haití enfrenta una creciente crisis política y económica en la que grupos criminales están tomando el control de amplias zonas del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar a Taiwán por valor de 80 millones de dólares, en el marco de un programa que se suele utilizar únicamente para Estados soberanos. El Gobierno de China ha criticado duramente la medida, ya que la considera como un nuevo desafío a su soberanía sobre Taiwán.

En su declaración financiera anual, el desacreditado juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas admitió que en 2022 realizó cuatro viajes en el jet privado del multimillonario donante del Partido Republicano Harlan Crow. Thomas también modificó declaraciones anteriores para agregar información que supuestamente había “omitido de forma involuntaria”. Esto se produce después de que ProPublica y otros medios de comunicación revelaran que Thomas no reportó al menos 38 viajes de lujo que Crow y otros tres multimillonarios de derecha le obsequiaron a lo largo de décadas. Thomas y su familia también le vendieron tres propiedades a Crow. El senador demócrata del estado de Rhode Island Sheldon Whitehouse afirmó al respecto: “Este esfuerzo tardío para 'limpiar este reguero' no nos disuadirá de investigar a fondo la influencia masiva, secreta y multimillonaria de la derecha en la que está envuelta esta Corte”.

En Estados Unidos, este viernes entra en vigor la ley estatal de Texas que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a jóvenes trans, después de que la Corte Suprema del estado anulara el fallo emitido por una jueza de Texas que consideraba inconstitucional dicha prohibición. La ley no solo impedirá que menores de edad transgénero accedan a la atención médica relacionada con su afirmación de género, sino que también obligará a aquellas personas en este rango de edad que ya están tomando medicamentos de transición a suspender su tratamiento. Organizaciones de defensa de los derechos humanos están apelando el fallo. Por otra parte, un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Texas que impone restricciones a los espectáculos “drag”. En su fallo, el juez declara que el bloqueo de la ley se mantendrá en vigor mientras delibera sobre una orden más permanente.

Mientras tanto, Canadá ha emitido una advertencia de viaje para sus ciudadanos de la comunidad LGBTQ+ que visiten Estados Unidos debido a la reciente oleada de leyes discriminatorias contra dicho colectivo que han sido aprobadas recientemente por estados liderados por republicanos.

En la ciudad estadounidense de San Francisco, trabajadores del sector tecnológico y otros manifestantes se congregaron esta semana frente a la sede donde se llevaba a cabo la conferencia conocida como Google Cloud Next. Los manifestantes protestaron contra el contrato de Google con Israel, que provee servicios de computación en la nube al sector público y militar israelí, que incluye labores de vigilancia sobre personas palestinas. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Ariel Koren.

Ariel Koren: “Estamos aquí en representación de la campaña 'No a la tecnología para el apartheid'. Somos una coalición de trabajadores de Google y miembros de la comunidad que se han unido para enviar a la empresa el firme mensaje de que los trabajadores de Google se niegan a permitir que su trabajo se utilice para alimentar la violencia del apartheid [israelí] contra el pueblo palestino”.

El Proyecto Nimbus es un acuerdo en inteligencia artificial y tecnología informática valuado en 1.200 millones de dólares que fue suscrito entre Google, Amazon Web Services y el Gobierno israelí y que entró en vigor en julio de 2021. Una declaración del movimiento “No a la tecnología para el apartheid” decía: “La tecnología debe utilizarse para unir a la gente, no para permitir el apartheid, la limpieza étnica y el colonialismo de colonos”.