Amy Goodman y Denis Moynihan
“La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”, escribió George Orwell en “1984”, su famosa novela distópica sobre el autoritarismo. El libro nos legó el término “orwelliano”, el cual se utiliza comúnmente para describir situaciones en las que se pasan por alto los hechos, se distorsiona la verdad o se sostiene que dos más dos es igual a cinco. Ahora, casi 75 años después de la publicación de la obra, Estados Unidos se encuentra inmerso en su propio enfrentamiento con el autoritarismo, luego de la imputación penal del expresidente Donald Trump por intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 para permanecer en el poder.
Uno de los recientes recursos que interpuso ante los tribunales federales de Estados Unidos el equipo legal de Trump es verdaderamente orwelliano. El intento del expresidente era retrasar su juicio casi tres años. El escrito presentado establece una comparación entre Trump —una persona que se describe a sí misma como multimillonaria— y los llamados “chicos de Scottsboro”, nueve jóvenes negros que sufrieron una de las persecuciones judiciales más notoriamente racistas de la historia de Estados Unidos.
El 25 de marzo de 1931, un tren de carga que iba de Chattanooga a Memphis, en Tennessee, cruzaba el estado de Alabama. Dos mujeres blancas que viajaban en ese tren —Victoria Price, de 23 años, y Ruby Bates, de 17— acusaron a nueve jóvenes negros que viajaban en el mismo tren de violarlas en grupo. Los jóvenes, que tenían entre 12 y 20 años, fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la ciudad de Scottsboro, Alabama. Una turba de personas blancas se congregó en frente de la prisión, con la intención de linchar a los jóvenes acusados. Afortunadamente para los prisioneros, tanto el sheriff como el gobernador de Alabama se opusieron al linchamiento. El gobernador ordenó a la Guardia Nacional de Alabama que rodeara la cárcel.
Si bien fueron protegidos de la turba, los “chicos de Scottsboro” estaban completamente indefensos ante el sistema judicial profundamente racista de Alabama. Al día siguiente de su detención, los nueve jóvenes fueron imputados. Dos semanas después, ocho de los “chicos de Scottsboro” habían sido juzgados, declarados culpables y condenados a muerte. Su calvario se prolongó durante décadas. En un juicio posterior, Ruby Bates se retractó de su acusación y testificó a favor de los nueve jóvenes. Dos apelaciones que fueron presentadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos resultaron en sentencias significativas que establecieron las normas respecto al derecho a tener un equipo legal competente y tiempo suficiente para preparar la defensa y también prohibieron las medidas racistas que permitían excluir la participación de personas de color en los jurados.
Esto nos lleva nuevamente a Donald Trump. El 1 de agosto de este año, el expresidente fue imputado penalmente por cuatro cargos relacionados con sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado. Dentro de los cuatro cargos señalados en la acusación, uno de ellos es conspirar contra los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. Este cargo fue establecido como delito originalmente en 1870 para poder enjuiciar al Ku Klux Klan por negarles a los ciudadanos negros liberados su derecho al voto. El fiscal especial Jack Smith pidió que el juicio contra Trump comenzara en enero de 2024.
Sin embargo, el equipo legal de Trump contraatacó con una petición para que el juicio se retrasara hasta abril de 2026. En el recurso presentado ante el tribunal, los abogados hicieron referencia al fallo de la Corte Suprema en el “caso Powell contra Alabama”, una de las apelaciones presentadas ante el alto tribunal para impugnar el juicio contra los “chicos de Scottsboro”. En esa ocasión, la Corte estadounidense determinó que la rapidez escandalosa en la detención y condena a muerte de los jóvenes, junto con la deficiente representación legal que recibieron, eran inconstitucionales.
En su rechazo a la extravagante petición de Trump, la jueza federal Tanya Chutkan expresó: “Muchos casos se retrasan de manera excesiva debido a que una persona acusada carece de una defensa apropiada o no puede examinar adecuadamente la presentación de pruebas a causa de su detención. No es esta la situación que se presenta aquí”. LaDoris Hazzard Cordell, una jueza retirada del Tribunal Superior de California, declaró a la cadena de noticias CNN que la infortunada comparación de Trump con los “chicos de Scottsboro” es “sorprendentemente estúpida”.
Por su parte, Anthony Michael Kreis, profesor adjunto de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo a Democracy Now!: “La lección más importante que se extrae del caso de los “chicos de Scottsboro” es que en Alabama, a principios de la década de 1930, existían autoridades que empleaban el sistema de justicia penal para reforzar el supremacismo blanco. [Esto se evidenciaba a través] de jurados compuestos exclusivamente por personas blancas, juicios amañados y apresurados, así como la falta de procesos y procedimientos penales adecuados. Eso no es en absoluto lo que está ocurriendo aquí en Washington D.C., en el caso [que supervisa] el fiscal especial [Smith]. Donald Trump ha tenido todas las oportunidades para tener una defensa sólida”.
Los “chicos de Scottsboro” fueron víctimas del racismo. Por el contrario, Trump es bien conocido por sus actitudes racistas. Estas actitudes incluyen denegar la oportunidad de alquiler a personas de color en sus propiedades en la década de 1970 y publicar un anuncio a toda página en el periódico para solicitar la ejecución de “los cinco del Central Park”, cinco jóvenes negros y latinos que fueron injustamente acusados de un crimen que tuvo lugar en 1989. Trump no se retractó ni se disculpó por ese anuncio, a pesar de que los hombres fueron posteriormente exonerados tras pasar varios años en prisión. En 2017, el expresidente describió como “gente muy buena” a la turba de supremacistas blancos que participó en las manifestaciones racistas llevadas a cabo en la ciudad de Charlottesville, estado de Virginia y que incluía a miembros del Ku Klux Klan y neonazis.
Los “chicos de Scottsboro” fueron falsamente acusados de violación y sus vidas quedaron arruinadas. Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada y de agresión sexual o violación por no menos de 26 mujeres. Sin embargo, hasta ahora, el expresidente ha evitado cualquier consecuencia legal al respecto, salvo un reciente veredicto que lo obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por abusar sexualmente de ella.
Clarence Norris fue el único miembro de los “chicos de Scottsboro” que recibió el indulto en vida, en 1976. Eso ocurrió en 1976 y murió en 1989. En 2013, el resto de los jóvenes recibió indultos póstumos del estado de Alabama. La historia de su injusta condena y la demora en recibir justicia debería ser incluida en los programas educativos de todas las escuelas, en lugar de ser eliminada de la currícula, tal como está ocurriendo actualmente con otros hitos de la historia de la comunidad negra en algunos estados liderados por republicanos, como los de Arkansas y Florida. Pero, lo que es seguro, es que el caso de los “chicos de Scottsboro” no guarda relación alguna con los juicios que enfrenta Donald Trump y no debería ser mencionado en los recursos legales cínicos y orwellianos que su equipo legal presenta.
© 2023 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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